Alejandro Quiyono Jiménez
Expediente 780/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/08/2022
Partes del expediente
- Alejandro Quiyono Jiménez
Actuaciones
- Principal
EN ESTA MISMA FECHA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE DOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: "Ciudad de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga en relación a lo manifestado por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a hacer el pronunciamiento correspondiente en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, conviene destacar que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal en la sentencia dictada en autos, fue para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad liquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Asimismo, mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 362/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, del cual deriva el expediente auxiliar 10/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en la que determinó resolver lo siguiente: "ÚNICO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida." En acatamiento a lo anterior; en el mismo proveído se requirió a la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria a fin diera cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos siguientes: "En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: JUICIO QUEJOSA 3348/2014 CONSORCIO INMOBILIARIO DINTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas." En acatamiento a la sentencia de amparo, en proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informando que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónico, respecto de la quejosa CONSORCIO INMOBILIARIO DINTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, oficio con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa. CUMPLIMIENTO SIN MATERIA RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. En ese sentido, al advertirse que la sociedad quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna al respecto, no obstante haber sido notificada legalmente, según consta de las constancias de notificación que obran en autos, y dado que la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria manifestó que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de la quejosa CONSORCIO INMOBILIARIO DINTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes; por tanto, se concluye que no existen actos que dejar insubsistentes y en consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, lo que -se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese personalmente a las quejosas esta determinación y una vez que transcurra el plazo establecido en artículo 202 de la Ley de Amparo se proveerá lo conducente. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y personalmente a la parte quejosa."NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto que en términos del Acuerdo General 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, el cual es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, este órgano federal se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Vista la certificación de cuenta, se desprende que el secretario adscrito a este órgano jurisdiccional hizo constar que en el incidente de suspensión en que se actúa no obran recursos pendientes de acordar, tramitar, enviar y resolver por el Tribunal Colegiado de Circuito, cuestión que se certificó en cumplimiento a lo dispuesto en las responsabilidades y funciones descritas en los puntos II.2, numerales 4 y 14, del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2018. Lo anterior se acuerda para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual remite testimonio pronunciado en sesión de siete de octubre del año en curso, en el incidente en revisión 3340/2019 de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que el referido órgano colegiado determinó lo siguiente: De ahí, que al no contar la quejosa con un derecho vigente durante dos mil diecinueve, como sujeto del beneficio otorgado durante el año anterior o anteriores, la suspensión no puede servir para constituirlo conforme al artículo 131, último párrafo, de la Ley de Amparo. Derecho que, como ya se dijo, no se obtiene del convenio de concertación exhibido por la quejosa para acreditar el interés suspensional que hacía valer, pues de su cláusula decimotercera se advierte que el mismo sería vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Sin que en el incidente que se revisa se advierta alguna otra prueba con la que la solicitante de tutela constitucional acreditará precisamente, su interés suspensional para que en el año dos mil diecinueve, se le continuaran entregando recursos con sustento en un convenio que ya no tenía vigencia. Lo anterior, con independencia de que se trate de un beneficio indirecto a favor de los menores, ya que en todo caso es respecto a éstos en el supuesto de que promueve un amparo que se analizará en su caso, la forma y términos en que tal beneficio debe traducirse, más no a las operadoras de las estancias que sólo se constituyen en auxiliares del Estado en atención a dichos menores. Por ende, si no se trata de un ente a quien se le puede reconocer en este momento procesal un derecho para recibir los recursos públicos que pretende, (bajo el esquema de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil), no es factible conceder la suspensión definitiva para los efectos precisados en la interlocutoria recurrida, sino únicamente para que no se apliquen a la parte quejosa los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; es decir, no se le obligue a devolver los recursos que haya obtenido con motivo del Programa vigente en dos mil dieciocho. Lo anterior, debido a que este tribunal considera que en la especie se cumplen con los presupuestos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar dicha medida definitiva en los términos indicados. Es así, pues por lo que hace a la exigencia contenida en artículo 128, fracción I, se estima colmada, pues basta la lectura que se haga del escrito inicial de la demanda de amparo, para evidenciar que la parte quejosa solicitó en forma expresa la suspensión de los actos combatidos. De igual forma, en el caso, conforme al artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de Ley de Amparo, que permite al juzgador de amparo decidir sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social, se considera que es posible conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados en los términos señalados, sin que se lastime el interés social; además de que no se advierte que con el otorgamiento de la suspensión definitiva se le prive a la colectividad de un beneficio otorgado por las leyes ni se le infiere daño y, porque en el caso de no concederse la medida solicitada se causarían daños de difícil reparación a la parte quejosa al obligársele a devolver los recursos que haya obtenido con motivo del Programa vigente en dos mil dieciocho, de ahí que se considerara acreditada la urgencia y necesidad para el otorgamiento de la misma, dada la improbable y no comprobada afectación a la colectividad. No se inadvierte la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito sin embargo, este órgano jurisdiccional no la comparte, pues como ya se estableció en líneas precedentes, la parte quejosa (estancia infantil) sí tiene interés suspensional pero sólo para que no se le obligue a devolver los recursos que haya obtenido con motivo del Programa vigente en dos mil dieciocho, más no para que las condiciones del Convenio de Concertación vigente al treinta y uno de diciembre de ese año, se prorroguen o continúen para el año dos mil diecinueve. En esa tesitura, al resultar fundado uno de los agravios planteados por la autoridad responsables en la materia del recurso, debe MODIFICARSE la interlocutoria recurrida y se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la quejosa para los siguientes efectos: No se apliquen a la parte quejosa los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; y, No se le obligue a devolver los recursos que haya obtenido con motivo del Programa vigente en dos mil dieciocho. Ahora, respecto de los alegatos que formuló la Directora General de Políticas Sociales de la Secretaría de Bienestar, debe decirse que los mismos deben desestimarse, dado que en el recurso de revisión dicha figura procesal no se encuentra expresamente prevista por el legislador, según lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 2a./J. 133/2019 (10a.)154 Además, su pretensión de que en el presente recurso se atendiera, como hecho notorio, a diversos precedentes emitidos por este tribunal, ha sido debidamente atendida, según lo expuesto en las consideraciones previas de la presente ejecutoria. Finalmente, debe destacarse, que conforme a los artículos Quinto155, Décimo156 y Décimo Primero157 Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles158, la resolución del presente recurso, atiende a las disposiciones vigentes al momento en que se inició el juicio de amparo. Además, algunas de las tesis aisladas y jurisprudencias transcritas en la presente resolución resultan aplicables al caso, con independencia de que se hayan emitido o integrado conforme a la abrogada Ley de Amparo, puesto que no se oponen a lo establecido en la legislación vigente, según lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.)159. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E : "PRIMERO. Se desechan los recursos de revisión interpuestos en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Se MODIFICA la resolución interlocutoria recurrida. TERCERO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados a *****, responsable de la estancia infantil ******, para los efectos establecidos en considerando último de la presente resolución." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Atento lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en esta Ciudad, en el incidente en revisión 3340/2019, y considerando que es una cuestión de orden público el acatamiento de una sentencia interlocutoria y a efecto de preservar viva la materia del juicio de amparo, con copia de la ejecutoria en cita y con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas contados a partir de la notificación de la presente resolución, remitan copia certificada completa y legible, de la totalidad de las constancias que acrediten que el cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece el artículo 262, fracción III del propio ordenamiento legal. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista dada a las partes en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Congreso del Estado de Guerrero. Asimismo, se advierte que aún no obra diligenciado el exhorto girado en el citado auto de once de noviembre, a efecto de emplazar a juicio a la autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por lo que, para dar tiempo a lo anterior, integrar debidamente los autos y a efecto de no violar las reglas esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISÉIS SE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por *****, parte quejosa en este juicio, por medio del cual, en desahogo a la vista ordenada en autos, amplía su demanda de amparo respecto de la autoridad que señala como responsable Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federal, y el acto que le atribuye consistente en la Publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el diario oficial de la federación el once de diciembre de dos mil diecinueve; atento a su contenido se acuerda: ADMISIÓN DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN Visto el escrito de ampliación de demanda presentado por *****, parte quejosa en este juicio; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta y ocho minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS Conforme a lo acordado en el párrafo que antecede y en términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere únicamente a la autoridad señalada como responsable en el escrito de ampliación de demanda, a saber, Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federal, su respectivo informe justificado, relativo al acto que se les atribuye, el cual deberá hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad de los actos reclamados, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas. De igual manera, se solicita a dicha autoridad responsable que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señale el último período vacacional del que gozó, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendió sus labores, desde la emisión del acto reclamado hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo, o de su ampliación en su caso. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En atención a que la parte quejosa solicitó la suspensión en relación con el acto reclamado en la ampliación de demanda, con copia de dicho escrito, así como del presente auto, provéase lo conducente en dicha incidencia respecto de la suspensión solicitada. NOTIFICACIÓN AL FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Fiscal Ejecutivo Asistente. Al respecto, siendo que en el presente asunto se reclaman normas generales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquense vía oficio las determinaciones de este expediente a la representación social. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,142 expedientes
- Alejandro Morfín García186/2022
- Alejandro Nemo Gómez Strozzi612/2021
- Alejandro Orozco Paez1319/2023
- Alejandro Pérez González71/2023
- Alejandro Portilla Leroux50/2023
- Alejandro Quiyono Jiménez2281/2022
- Alejandro Ramírez López y Otros.3066/2019
- Alejandro Ramos Delgado233/2023
- Alejandro Razo Martinez3106/2022
- Alejandro Rivera Bautista119/2019
- Alejandro Rivera Bautista121/2019
- Alejandro Rodriguez Angeles21/2022