Alejandro Ramos Vallarino

Expediente 589/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
589/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Ramos Vallarino

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En veintiséis de junio de dos mil diecinueve el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de junio de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de junio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de once de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obren documentos que por sus características deban ser devueltos. Por otra parte, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Alejandro Ramos Vallarino, contra un acto del Juez Quinto del Ramo Mercantil de esta Ciudad, que estima es violatorio de los derechos fundamentales previstos por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 589/2019-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio, Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - El acuerdo emitido el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, en autos del juicio ejecutivo civil 31/2012, a través del cual en la etapa de ejecución de sentencia se dictó lo siguiente: ".Visto su contenido, como lo solicita el ocursante, se le tiene realizando las manifestaciones que esgrime; sin embargo, por el momento no ha lugar en girar el oficio de cancelación de las inscripciones que refiere, pues no existe auto o sentencia que hubiese levantado tanto la providencia precautoria de embargo ni del embargo trabado en autos sobre los bienes que indica, además, no puede perderse de vista que MIGUEL ANGEL MAYA ROMERO, embargó los inmuebles que indica y otros, también lo es, que en la sentencia de adjudicación emitida en autos se le adjudicaron a dicha persona los inmuebles que se indican en dicho fallo, pero es el caso que, con posterioridad, por auto de fecha 20 veinte de marzo del año que transcurre se dejó sin efecto la adjudicación de los bienes consistentes: 1) bien inmueble ubicado en la calle Capitán Caldera número 350 (antes 18) del Barrio de Tequisquiapan de esta Ciudad, inmueble que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE: 27.200 metros y linda con propietario cuyo nombre se ignora; AL SUR: 27.200 metros y linda con propiedad particular; AL ORIENTE: 7.550 metros, linda con calle Capitán Caldera; AL PONIENTE: 7.500 metros, linda con propiedad particular; 2) Predio rustico ubicado en la fracción de San José de Buena Vista del Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, inmueble que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE: 56.100 metros y linda con Anastacia Flores; AL SUR: 58.000 metros y linda con resto de la propiedad; AL ORIENTE: 70.000 metros, linda con propiedad de Emeterio Sánchez Pérez; AL PONIENTE: 70.000 metros, linda con propiedad del señor Rafael Ramos Molleda; y 3) bien inmueble ubicado en Avenida Manuel J. Clouthier (antes Prolongación Santos Degollado) número 160-C, colonia Garita de Jalisco de esta ciudad, inmueble que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE: 6.670 metros y linda con propiedad de los señores MARGARITA LOPEZ y PANTALEON BRAVO; AL SUR: 7.160 metros y linda con camino de Jalisco, Prolongación Santos Degollado (actualmente Manuel J. Clouthier; AL ORIENTE: 60.300 metros, linda con propiedad del vendedor; AL PONIENTE: 60.300 metros, linda con propiedad del señor JOSE MARTINEZ, por lo cual, la parte procesal en comento, puede válidamente pedir sacar a remate dichos bienes o inclusive cualquier otro bien inmueble embargado y esta autoridad judicial no puede vincularlo a rematar específicamente determinados bienes. Ahora bien, de considerar que se actualiza el exceso de embargo, tiene expedito su derecho para promover en la vía y forma correspondiente lo que a su derecho convenga, pues evidentemente, no es factible levantar el embargo y ordenar la cancelación registral respectiva, sin respetar el derecho de audiencia del titular del referido gravamen.". Precisado lo anterior, cabe destacar que en este momento se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2, el diverso juicio de amparo 432/2018-IV del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, promovido por (i) Alejandro Ramos Vallarino, quien reclama del Juez Quinto Mercantil de esta ciudad y de otra autoridad: ".De la autoridad responsable, ordenadora y a su vez ejecutora reclamo la ilegalidad del auto de fecha trece de Abril del año dos mil dieciocho dentro de los autos que integran el expediente 31/2010 del Juzgado Quinto Mercantil de este distrito judicial de San Luis Potosí, San Luis Potosí consistente en autorización para que gire oficio a la DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, A FIN DE LLEVE A CABO LA INSCRIPCION SOBRE LOS INMUEBLES EMBARGADOS EN EL PRESENTE JUICIO AL ACTOR RAFAEL EPIFANIO RAMOS TAPIA Y DE LOS HEREDEROS DE LA SUCESION LOS SEÑORES ELENA RAMOS VALLARINO, ALEJANDRO RAMOS VALLARINO Y RAFAEL RAMOS VALLARINO, INMUEBLES REGISTRADOS BAJO LOS FOLIOS REALES 273634, 273641, 273640, 273639, 273638, 273632, 273633, 273635, 225469, 273630, 273631, 273636 Y 273629 SIEMPRE Y CUANDO LOS BIENES EMBARGADOS SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL ACTOR RAFEL EPIFANIO RAMOS TAPIA, Y DE LOS HEREDEROS DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, SEÑORES ELENA RAMOS VALLARINO, ALEJANDRO RAMOS VALLARINO Y RAFAEL RAMOS VALLARINO, HACIENDOLE SABER QUE SE TRABÓ EMBARGO POR LA CANTIDAD DE $3,920,567.60 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 60/100 M.N.); además de las consecuencias legales de hecho y de derecho que deriven del acto reclamado." Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, derivados del diverso juicio de amparo 432/2018-IV y de la demanda de amparo que vierte bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: 1.- El quejoso se ostenta propietario de los inmuebles identificados con los números de folio 273630, 273631, 273635 y 225469, bienes que según refiere adquirió por medio de adjudicación hereditaria, derivada del juicio sucesorio intestamentario de su señor padre Rafael Epifanio Ramos Tapia, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, quien lo radicó bajo el número 1177/2013. 2.- Aduce que en el referido expediente 1177/2013, se presentó el proyecto de partición, el cual fue aprobado el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, y a través del cual se estableció la forma en la que sería distribuida la masa hereditaria de los bienes del señor Rafael Epifanio Ramos Tapia, y en el que se señaló que el "bien litigioso" consistente en el juicio 31/2012 del índice del Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, en el que comparece como actor Rafael Epifanio Ramos Tapia y como demandado Miguel Ángel Maya Romero, le fue adjudicado a Rafael y Elena ambos de apellido Ramos Vallarino. 3.- Señala que no obstante lo anterior, está siendo afectado en su patrimonio, pues por auto de doce de abril del año en curso (y no trece de abril como aduce en su escrito de demanda), el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, ordenó girar oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, a efecto de que llevara a cabo la inscripción sobre los inmuebles embargados en el juicio al actor Rafael Epifanio Ramos Tapia, y de los herederos de la sucesión intestamentaria Elena, Alejandro, y Rafael todos de apellido Ramos Vallarino. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto del acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aquel aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Ahora bien, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es de señalarse que en auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el citado juicio 432/2018, se hizo una narrativa de los antecedentes del juicio de amparo 169/2017-IV, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, cuya copia certificada se allegó a dicho juicio, en específico: 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el uno de febrero de dos mil diecisiete, Alejandro Ramos Vallarino promovió juicio de amparo contra la anotación preventiva, gravamen, embargo, o similar, al folio 273630 relativa a un bien inmueble de su propiedad. 2. De dicho asunto, como se señaló correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, quien por auto de tres de febrero de la presente anualidad ordenó admitir a trámite la demanda. 3. Por escrito presentado ante el aludido Juzgado de Distrito el seis de marzo siguiente, el quejoso amplió su demanda, respecto de la anotación en los folios 225469, 273631 y 273635. 4. Seguido el trámite legal, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia respectiva, a través de la cual se concedió el amparo solicitado. 5. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado Miguel Angel Maya Romero interpuso en su contra recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número de revisión civil 422/2017, y en sesión plenaria de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, revocó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión soltados. En relación con este último punto, cabe destacar que en la ejecutoria respectiva, la Superioridad en comento destacó que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño como pretendió, sino de causahabiente de Rafael Epifanio Ramos Tapia en el juicio ejecutivo civil 31/2012 de origen. En efecto, en la ejecutoria en comento, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, señaló textualmente lo siguiente: "De lo anterior, se estima que el quejoso Alejandro Ramos Vallarino al promover el juicio de amparo indirecto contra la inscripción marginal del litigio de diversos inmuebles en el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, ya le asistía el carácter de causahabiente de Rafael Epifanio Ramos Tapia en el juicio ejecutivo civil 31/2012 de origen; y no de tercero extraño como pretende. Es decir, el derecho sobre los bienes inmuebles que defiende lo obtuvo posteriormente al inicio del juicio ejecutivo civil referido, del cual deriva el acto reclamado y respecto del cual tuvo conocimiento. Esto es así, porque contra la sentencia dictada en el juicio civil en comento su causante, Rafael Epifanio Ramos Tapia, interpuso recurso de apelación 125/2015, quien durante su tramitación falleció, por lo que, Elena Ramos Vallarino, en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de aquél se apersonó y solicitó que se les tuviera por adjudicados los derechos litigiosos del juicio ejecutivo civil aludido, asimismo, que se continuara con la substanciación del procedimiento. Posteriormente, dicha albacea promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en el medio de impugnación en comento. Máxime, que la aprobación del proyecto de partición de los bienes correspondientes a la masa hereditaria del juicio sucesorio, así como, su adjudicación se realizó el veinticinco de noviembre de dos mil catorce. Sin que sea óbice a lo expuesto, que la tramitación del recurso de apelación y la interposición de la demanda de amparo se realizara por conducto del albacea provisional de la sucesión testamentaria, porque desde el momento de la citada adjudicación, y ante el conocimiento que dichos bienes se encontraban en litigio, el interesado se encontraba en aptitud de defender lo que a sus intereses conviniera respecto de los bienes de su propiedad. De ahí, que no se encuentra en aptitud de controvertir la legalidad de las inscripciones referidas como tercero extraño a juicio." Como se puede advertir de la transcripción anterior, el aquí quejoso Alejandro Ramos Vallarino, no resulta tercero extraño al juicio ejecutivo civil 31/2012, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el recurso de revisión civil 422/2017 de su índice, concluyó que el quejoso es causahabiente del actor Rafael Epifanio Ramos Tapia. En ese tenor, es de concluirse que el ahora inconforme es parte formal en el juicio de origen, de ahí que, como lo señaló el Tribunal Colegiado en la ejecutoria a que se ha hecho referencia, se encuentra en aptitud de defender lo que a sus intereses conviniera respecto de los bienes de su propiedad. Asentado lo anterior, se concluye que el acto reclamado, el cual se emitió en la etapa de ejecución de sentencia, consistente en el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, a través del cual el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, negó levantar el embargo decretado en el juicio de origen y ordenar la cancelación registral a que hace referencia el aquí quejoso, de ninguna manera constituye la última resolución en dicha fase de ejecución, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se afirma lo anterior, pues como se señaló en párrafos que anteceden, la determinación reclamada en la parte que aquí interesa, el Juez Quinto del Ramo Mercantil de esta Ciudad, negó levantar el embargo decretado en el juicio de origen y ordenar la cancelación registral a que hace referencia el aquí quejoso, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento de ejecución de los fallos una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, pudiéndose reclamar hasta entonces las probables infracciones que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Lo anterior, en virtud de que el proveído reclamado de veintitrés de mayo del año en curso, no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en el juicio del cual deriva su reclamo, sino que por el contrario, no es ajeno a la misma, ya que tiende a ejecutar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural 31/2012, a través de la cual, como lo señaló el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito (en la ejecutoria emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión civil 422/2017), confirmó la sentencia recurrida y condenó a la parte actora al pago de costas en ambas instancias; sentencia respecto de la cual el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, negó el amparo solicitado. Razón por la cual, seguidos los trámites legales, mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 304 del tomo II del anexo que obra por separado), emitido en el juicio de origen, la Juez Quinto Mercantil de esta ciudad ordenó requerir a la parte actora por el pago inmediato de la cantidad de $3,920,567.60 (tres millones novecientos veinte mil quinientos sesenta y siete pesos 60/100 moneda nacional), a que fue condenada a pagar por concepto de costas y gastos, o en su defecto por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes a garantizar la deuda, y en caso de no hacer una u otra cosa, se trabara ejecución sobre los bienes que al efecto designara la parte demandada. En cumplimiento a lo anterior, con fecha dos de abril de dos mil dieciocho, el actuario judicial adscrito al área de ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, asociado de la parte demandada, se constituyó en el domicilio del actor y lo requirió por el pago de la cantidad a que resultó condenado por concepto de costas y gastos, y al no haber hecho el mismo, la parte demandada señaló para garantizar la condena los bienes inmuebles a que se hacen referencia en el acta respectiva. Motivo por el cual, a través del proveído de doce de abril del año en curso, el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, ordenó girar oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, a efecto de que llevara a cabo la inscripción sobre los inmuebles embargados en el juicio al actor Rafael Epifanio Ramos Tapia, y de los herederos de la sucesión intestamentaria Elena, Alejandro y Rafael todos de apellido Ramos Vallarino. De ahí que el acto reclamado, a través del cual el Juez responsable negó levantar el embargo decretado en el juicio de origen, y ordenar la cancelación registral solicitada por el aquí quejoso, no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en dicho juicio, sino que por el contrario, tiende a ejecutarla. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de mérito, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Obed Melgarejo García y Jenny Lizette Melgarejo García, cuyas cédulas profesionales números 5307609 y 10344668, se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y sólo para imponerse de los autos a los pasantes de derecho que indica para tales efectos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Alejandro Ramos Vallarino, contra un acto del Juez Quinto del Ramo Mercantil de esta Ciudad, que estima es violatorio de los derechos fundamentales previstos por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 589/2019-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio, Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - El acuerdo emitido el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, en autos del juicio ejecutivo civil 31/2012, a través del cual en la etapa de ejecución de sentencia se dictó lo siguiente: ".Visto su contenido, como lo solicita el ocursante, se le tiene realizando las manifestaciones que esgrime; sin embargo, por el momento no ha lugar en girar el oficio de cancelación de las inscripciones que refiere, pues no existe auto o sentencia que hubiese levantado tanto la providencia precautoria de embargo ni del embargo trabado en autos sobre los bienes que indica, además, no puede perderse de vista que MIGUEL ANGEL MAYA ROMERO, embargó los inmuebles que indica y otros, también lo es, que en la sentencia de adjudicación emitida en autos se le adjudicaron a dicha persona los inmuebles que se indican en dicho fallo, pero es el caso que, con posterioridad, por auto de fecha 20 veinte de marzo del año que transcurre se dejó sin efecto la adjudicación de los bienes consistentes: 1) bien inmueble ubicado en la calle Capitán Caldera número 350 (antes 18) del Barrio de Tequisquiapan de esta Ciudad, inmueble que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE: 27.200 metros y linda con propietario cuyo nombre se ignora; AL SUR: 27.200 metros y linda con propiedad particular; AL ORIENTE: 7.550 metros, linda con calle Capitán Caldera; AL PONIENTE: 7.500 metros, linda con propiedad particular; 2) Predio rustico ubicado en la fracción de San José de Buena Vista del Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, inmueble que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE: 56.100 metros y linda con Anastacia Flores; AL SUR: 58.000 metros y linda con resto de la propiedad; AL ORIENTE: 70.000 metros, linda con propiedad de Emeterio Sánchez Pérez; AL PONIENTE: 70.000 metros, linda con propiedad del señor Rafael Ramos Molleda; y 3) bien inmueble ubicado en Avenida Manuel J. Clouthier (antes Prolongación Santos Degollado) número 160-C, colonia Garita de Jalisco de esta ciudad, inmueble que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE: 6.670 metros y linda con propiedad de los señores MARGARITA LOPEZ y PANTALEON BRAVO; AL SUR: 7.160 metros y linda con camino de Jalisco, Prolongación Santos Degollado (actualmente Manuel J. Clouthier; AL ORIENTE: 60.300 metros, linda con propiedad del vendedor; AL PONIENTE: 60.300 metros, linda con propiedad del señor JOSE MARTINEZ, por lo cual, la parte procesal en comento, puede válidamente pedir sacar a remate dichos bienes o inclusive cualquier otro bien inmueble embargado y esta autoridad judicial no puede vincularlo a rematar específicamente determinados bienes. Ahora bien, de considerar que se actualiza el exceso de embargo, tiene expedito su derecho para promover en la vía y forma correspondiente lo que a su derecho convenga, pues evidentemente, no es factible levantar el embargo y ordenar la cancelación registral respectiva, sin respetar el derecho de audiencia del titular del referido gravamen.". Precisado lo anterior, cabe destacar que en este momento se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2, el diverso juicio de amparo 432/2018-IV del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, promovido por (i) Alejandro Ramos Vallarino, quien reclama del Juez Quinto Mercantil de esta ciudad y de otra autoridad: ".De la autoridad responsable, ordenadora y a su vez ejecutora reclamo la ilegalidad del auto de fecha trece de Abril del año dos mil dieciocho dentro de los autos que integran el expediente 31/2010 del Juzgado Quinto Mercantil de este distrito judicial de San Luis Potosí, San Luis Potosí consistente en autorización para que gire oficio a la DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, A FIN DE LLEVE A CABO LA INSCRIPCION SOBRE LOS INMUEBLES EMBARGADOS EN EL PRESENTE JUICIO AL ACTOR RAFAEL EPIFANIO RAMOS TAPIA Y DE LOS HEREDEROS DE LA SUCESION LOS SEÑORES ELENA RAMOS VALLARINO, ALEJANDRO RAMOS VALLARINO Y RAFAEL RAMOS VALLARINO, INMUEBLES REGISTRADOS BAJO LOS FOLIOS REALES 273634, 273641, 273640, 273639, 273638, 273632, 273633, 273635, 225469, 273630, 273631, 273636 Y 273629 SIEMPRE Y CUANDO LOS BIENES EMBARGADOS SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL ACTOR RAFEL EPIFANIO RAMOS TAPIA, Y DE LOS HEREDEROS DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, SEÑORES ELENA RAMOS VALLARINO, ALEJANDRO RAMOS VALLARINO Y RAFAEL RAMOS VALLARINO, HACIENDOLE SABER QUE SE TRABÓ EMBARGO POR LA CANTIDAD DE $3,920,567.60 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 60/100 M.N.); además de las consecuencias legales de hecho y de derecho que deriven del acto reclamado." Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, derivados del diverso juicio de amparo 432/2018-IV y de la demanda de amparo que vierte bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: 1.- El quejoso se ostenta propietario de los inmuebles identificados con los números de folio 273630, 273631, 273635 y 225469, bienes que según refiere adquirió por medio de adjudicación hereditaria, derivada del juicio sucesorio intestamentario de su señor padre Rafael Epifanio Ramos Tapia, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, quien lo radicó bajo el número 1177/2013. 2.- Aduce que en el referido expediente 1177/2013, se presentó el proyecto de partición, el cual fue aprobado el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, y a través del cual se estableció la forma en la que sería distribuida la masa hereditaria de los bienes del señor Rafael Epifanio Ramos Tapia, y en el que se señaló que el "bien litigioso" consistente en el juicio 31/2012 del índice del Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, en el que comparece como actor Rafael Epifanio Ramos Tapia y como demandado Miguel Ángel Maya Romero, le fue adjudicado a Rafael y Elena ambos de apellido Ramos Vallarino. 3.- Señala que no obstante lo anterior, está siendo afectado en su patrimonio, pues por auto de doce de abril del año en curso (y no trece de abril como aduce en su escrito de demanda), el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, ordenó girar oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, a efecto de que llevara a cabo la inscripción sobre los inmuebles embargados en el juicio al actor Rafael Epifanio Ramos Tapia, y de los herederos de la sucesión intestamentaria Elena, Alejandro, y Rafael todos de apellido Ramos Vallarino. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto del acto reclamado se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Aquel aspecto es tratado en la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 27/99, correspondiente a la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Tesis P./J. 32/2001, página 31, que a continuación se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Ahora bien, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es de señalarse que en auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el citado juicio 432/2018, se hizo una narrativa de los antecedentes del juicio de amparo 169/2017-IV, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, cuya copia certificada se allegó a dicho juicio, en específico: 1. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el uno de febrero de dos mil diecisiete, Alejandro Ramos Vallarino promovió juicio de amparo contra la anotación preventiva, gravamen, embargo, o similar, al folio 273630 relativa a un bien inmueble de su propiedad. 2. De dicho asunto, como se señaló correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, quien por auto de tres de febrero de la presente anualidad ordenó admitir a trámite la demanda. 3. Por escrito presentado ante el aludido Juzgado de Distrito el seis de marzo siguiente, el quejoso amplió su demanda, respecto de la anotación en los folios 225469, 273631 y 273635. 4. Seguido el trámite legal, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia respectiva, a través de la cual se concedió el amparo solicitado. 5. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado Miguel Angel Maya Romero interpuso en su contra recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número de revisión civil 422/2017, y en sesión plenaria de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, revocó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión soltados. En relación con este último punto, cabe destacar que en la ejecutoria respectiva, la Superioridad en comento destacó que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño como pretendió, sino de causahabiente de Rafael Epifanio Ramos Tapia en el juicio ejecutivo civil 31/2012 de origen. En efecto, en la ejecutoria en comento, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, señaló textualmente lo siguiente: "De lo anterior, se estima que el quejoso Alejandro Ramos Vallarino al promover el juicio de amparo indirecto contra la inscripción marginal del litigio de diversos inmuebles en el Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, ya le asistía el carácter de causahabiente de Rafael Epifanio Ramos Tapia en el juicio ejecutivo civil 31/2012 de origen; y no de tercero extraño como pretende. Es decir, el derecho sobre los bienes inmuebles que defiende lo obtuvo posteriormente al inicio del juicio ejecutivo civil referido, del cual deriva el acto reclamado y respecto del cual tuvo conocimiento. Esto es así, porque contra la sentencia dictada en el juicio civil en comento su causante, Rafael Epifanio Ramos Tapia, interpuso recurso de apelación 125/2015, quien durante su tramitación falleció, por lo que, Elena Ramos Vallarino, en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de aquél se apersonó y solicitó que se les tuviera por adjudicados los derechos litigiosos del juicio ejecutivo civil aludido, asimismo, que se continuara con la substanciación del procedimiento. Posteriormente, dicha albacea promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en el medio de impugnación en comento. Máxime, que la aprobación del proyecto de partición de los bienes correspondientes a la masa hereditaria del juicio sucesorio, así como, su adjudicación se realizó el veinticinco de noviembre de dos mil catorce. Sin que sea óbice a lo expuesto, que la tramitación del recurso de apelación y la interposición de la demanda de amparo se realizara por conducto del albacea provisional de la sucesión testamentaria, porque desde el momento de la citada adjudicación, y ante el conocimiento que dichos bienes se encontraban en litigio, el interesado se encontraba en aptitud de defender lo que a sus intereses conviniera respecto de los bienes de su propiedad. De ahí, que no se encuentra en aptitud de controvertir la legalidad de las inscripciones referidas como tercero extraño a juicio." Como se puede advertir de la transcripción anterior, el aquí quejoso Alejandro Ramos Vallarino, no resulta tercero extraño al juicio ejecutivo civil 31/2012, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el recurso de revisión civil 422/2017 de su índice, concluyó que el quejoso es causahabiente del actor Rafael Epifanio Ramos Tapia. En ese tenor, es de concluirse que el ahora inconforme es parte formal en el juicio de origen, de ahí que, como lo señaló el Tribunal Colegiado en la ejecutoria a que se ha hecho referencia, se encuentra en aptitud de defender lo que a sus intereses conviniera respecto de los bienes de su propiedad. Asentado lo anterior, se concluye que el acto reclamado, el cual se emitió en la etapa de ejecución de sentencia, consistente en el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, a través del cual el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, negó levantar el embargo decretado en el juicio de origen y ordenar la cancelación registral a que hace referencia el aquí quejoso, de ninguna manera constituye la última resolución en dicha fase de ejecución, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se afirma lo anterior, pues como se señaló en párrafos que anteceden, la determinación reclamada en la parte que aquí interesa, el Juez Quinto del Ramo Mercantil de esta Ciudad, negó levantar el embargo decretado en el juicio de origen y ordenar la cancelación registral a que hace referencia el aquí quejoso, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento de ejecución de los fallos una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, pudiéndose reclamar hasta entonces las probables infracciones que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Lo anterior, en virtud de que el proveído reclamado de veintitrés de mayo del año en curso, no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en el juicio del cual deriva su reclamo, sino que por el contrario, no es ajeno a la misma, ya que tiende a ejecutar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural 31/2012, a través de la cual, como lo señaló el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito (en la ejecutoria emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión civil 422/2017), confirmó la sentencia recurrida y condenó a la parte actora al pago de costas en ambas instancias; sentencia respecto de la cual el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, negó el amparo solicitado. Razón por la cual, seguidos los trámites legales, mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 304 del tomo II del anexo que obra por separado), emitido en el juicio de origen, la Juez Quinto Mercantil de esta ciudad ordenó requerir a la parte actora por el pago inmediato de la cantidad de $3,920,567.60 (tres millones novecientos veinte mil quinientos sesenta y siete pesos 60/100 moneda nacional), a que fue condenada a pagar por concepto de costas y gastos, o en su defecto por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes a garantizar la deuda, y en caso de no hacer una u otra cosa, se trabara ejecución sobre los bienes que al efecto designara la parte demandada. En cumplimiento a lo anterior, con fecha dos de abril de dos mil dieciocho, el actuario judicial adscrito al área de ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, asociado de la parte demandada, se constituyó en el domicilio del actor y lo requirió por el pago de la cantidad a que resultó condenado por concepto de costas y gastos, y al no haber hecho el mismo, la parte demandada señaló para garantizar la condena los bienes inmuebles a que se hacen referencia en el acta respectiva. Motivo por el cual, a través del proveído de doce de abril del año en curso, el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, ordenó girar oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, a efecto de que llevara a cabo la inscripción sobre los inmuebles embargados en el juicio al actor Rafael Epifanio Ramos Tapia, y de los herederos de la sucesión intestamentaria Elena, Alejandro y Rafael todos de apellido Ramos Vallarino. De ahí que el acto reclamado, a través del cual el Juez responsable negó levantar el embargo decretado en el juicio de origen, y ordenar la cancelación registral solicitada por el aquí quejoso, no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en dicho juicio, sino que por el contrario, tiende a ejecutarla. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de mérito, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Obed Melgarejo García y Jenny Lizette Melgarejo García, cuyas cédulas profesionales números 5307609 y 10344668, se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y sólo para imponerse de los autos a los pasantes de derecho que indica para tales efectos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa."

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