Alejandro Ramirez Torres
Expediente 575/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alejandro Ramirez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se tiene por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 207/2019. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. - - - SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido tribunal colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del recurso de queja de mérito; lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el seis de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo, y toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, declaró infundado el recurso de queja interpuesto; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del recurso de queja civil 207/2019, del que se advierte la admisión del medio de impugnación interpuesto en contra del acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo; y acusa recibo del oficio 10883/2019 y anexos. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Visto el escrito signado por el quejoso Alejandro Ramírez Torres, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto que este Juzgado dictó un proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo antes referida, lo cual aconteció el seis de junio de dos mil diecinueve y para justificar lo anterior, al efecto se le remiten las constancias correspondientes. En ese tenor, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, remítase a la superioridad copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, envíese el original del escrito a través del cual se interpone el recurso de queja y se expresan los agravios correspondientes, así como copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Alejandro Ramírez Torres, contra el acto del Juez Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 575/2019-VI, y fórmese el expediente respectivo. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto del Ramo Mercantil en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 249/2018, a través de la cual se dejó sin efectos la audiencia celebrada el cinco de abril del año en curso y regularizó el procedimiento. Dicha regularización se sustentó en que existía una irregularidad en el debido proceso al no haberse desahogado plenamente la prueba pericial en grafoscópica ofrecida por la parte demanda en el juicio de origen. Ilustra lo anterior la transcripción siguiente: "CONSIDERANDO ÚNICO. Previo al estudio de la acción ejercitada por la parte actora, así como de las excepciones opuestas por el demandado, es procedente establecer que una vez hecha la revisión de los autos del presente juicio, así como de su estado procesal se advierte que por el momento no es posible resolver el fondo del asunto, ya que existe una irregularidad en el debido proceso, al no haberse desahogado plenamente la prueba pericial grafoscópica ofrecida por la parte demandada. En congruencia con las precisiones apuntadas es evidente que la prueba pericial ofrecida por el demandado debe ser de manera colegiada, de ahí que en términos del artículo 1255 del Código de Comercio en consulta y ante las conclusiones sustancialmente contradictorias emitidas por el licenciado Rigoberto Palomino Rojas, perito del demandado y la licencia Verónica Salas Lera, perito de la parte actora y al encontrar el suscrito juzgador elementos de juicio en varios sentidos le es dable nombrar perito tercero en discordia y por ende no ordenar la citación para resolver en definitiva el presente juicio. Circunstancia que al no haberse observado en esos términos constituye una violación procesal que resulta trascendental en razón a que no se observaron los preceptos legales invocados y concretamente los derechos de legalidad y seguridad jurídica del debido proceso establecido en los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, a virtud de la discrepancia advertida de los peritajes rendidos por las partes en relación a la citada prueba, al ser de carácter colegiado la prueba pericial, así como obligación de esta tribual el de nombrar perito tercero en discordia cuando los criterios técnicos sean discordantes entre sí, y para que la prueba antes referida esté debidamente integrada y que el juzgador este en posibilidad de valorar los dictámenes periciales rendidos en el juicio, en regularización del procedimiento y conforme a lo dispuesto por los artículos 145 y 149 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se deja sin efecto la audiencia celebrada el 05 cinco de abril del 2019 dos mil diecinueve, por el cual se citó para resolver el fondo del asunto y previo en proveer lo atinente a la designación de perito tercero en discordia y toda vez que el numeral 1257 del Código de Comercio aplicable, establece en la parte que interesa que los honorarios del perito tercero en discordia será pagado por ambas partes, además en acatamiento a la circular C.J.2036/2018, de fecha 19 diecinueve de junio del 2018 dos mil dieciocho, signada por el Magistrado Juan Pablo Almazán Cue, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del poder Judicial del Estado, se impone el requerir a las partes del juicio para que en el término de 3 tres días, bajo protesta de decir verdad manifiesten si se encuentran imposibilitadas en cubrir los gastos de honorarios del perito tercero en discordia, en los términos señalados, ya que de no hacerlo, tal designación se deberá realizar de entre los peritos al servicio del Estado, instituciones educativas de reconocido Prestigio y/o colegios de profesionistas expertos en la materia. En consecuencia, una vez efectuado lo anterior, y que así se solicite en su momento procesal se procederá lo que en derecho corresponda." Lo anterior, para el efecto de que se designe un perito tercero en discordia que emita su dictamen en la prueba pericial de grafoscopía, respecto del documento fundatorio de la acción, sin embargo, previo a tal designación, ordenó requerir a las partes por el término de tres días, para que manifiesten si se encuentran imposibilitados para cubrir los honorarios de dicho perito, y de no hacerlo tal designación recaería en un experto al servicio del Estado, instituciones educativas de reconocido prestigio o colegios de profesionistas expertos en la materia, y una vez efectuado lo anterior, se procedería a resolver lo que en derecho corresponda. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, de lo expuesto se advierte que el quejoso reclama en el presente asunto la resolución a través de la cual el juez responsable, dejó sin efectos la audiencia celebrada el cinco de abril del año en curso y regularizó el procedimiento del juicio ejecutivo mercantil 249/2018, para el efecto de que se designe un perito tercero en discordia que emita su dictamen en la prueba pericial de grafoscopía, respecto del documento fundatorio de la acción, el cual será designado por las partes, quienes pagaran sus honorarios, o el juzgado, de alguno que esté servicio del Estado, instituciones educativas de reconocido prestigio o colegios de profesionistas expertos en la materia, y una vez efectuado lo anterior, se procedería a resolver lo que en derecho corresponda. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que de la lectura de la resolución reclamada se advierte de manera indudable y manifiesta que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato en forma presente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones. Y es que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues se ordenó únicamente que las partes designen perito tercero en discordia que emita su dictamen respecto del documento fundatorio de la acción, cuyos honorarios serán a cargo de éstos, o en su caso se señalara uno que labore al servicio del Estado, instituciones educativas de reconocido prestigio o colegios de profesionistas expertos en la materia, y hecho lo anterior se procederá a dictar la sentencia que resuelva el asunto, lo cual no ataca sus derechos sustantivos en forma presente y de modo tal que el perjuicio irrogado puede ser reparado por un acto jurídico posterior. No se desatiende la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que de la lectura de la resolución reclamada, la cual trascribió bajo protesta de decir verdad el quejoso, se advierte que la autoridad responsable a través del acto reclamado no nulificó pruebas o actuaciones que sean imposibles de desahogar después de que la pericial en materia de grafoscopía se encuentre totalmente desahogada, pues la única actuación que la resolución reclamada dejó sin efectos es la audiencia celebrada el cinco de abril del año en curso, por la cual se citó a las partes para resolver el fondo del asunto, de ahí que tal resolución no afecta derechos sustantivos del aquí quejoso. Circunstancia que no cambiaría si se tuvieran las constancias originales del juicio génesis del acto reclamado, ya que dicha resolución fue allegada por el quejoso en los términos antes referidos, lo cual permite que la causa de improcedencia sea indudable y manifiesta, pues se conoce con exactitud el efecto de la regularización del procedimiento. Máxime que la sola admisión y desahogo de una prueba no puede considerarse de imposible reparación cuando no afecta derechos sustantivos, como en el caso acontece, pues la designación de un perito tercero en discordia, así como el análisis en materia de grafoscopía del documento base de la acción, solo se traduce en consecuencias de índole formal. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 106/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 2005, página 199, que dispone: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento". Así como la diversa 3a./J. 58 8/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 236, que ordena: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis". Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Cobra puntual apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 25, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Así como la diversa P./J. 24/92 sustentada por el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Además, debe decirse que la irreparabilidad de los actos procesales no depende de la dedicación del tiempo y molestias que deben realizarse por la tramitación o defensa en un juicio, ya que de ser así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, pues entonces se le causarían daños de imposible reparación porque fuera llamada a deducir sus derechos. Antes bien, el haber instado al órgano jurisdiccional a través del ejercicio de una acción y la tramitación respectiva, obliga a las partes a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales, por lo que no puede considerarse la sola sujeción al procedimiento judicial como un acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo y molestias que se ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues dicho procedimiento es el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia actualmente identificada con el número 498, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la página 437, del tomo VI, materia común, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." No pasa inadvertido para quien resuelve la jurisprudencia 1a./J. 9/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en el presente caso si bien es cierto que la autoridad responsable a través de la resolución reclamada ordenó la designación de un perito tercero en discordia, cuyos honorarios serán cubiertos entre las partes del juicio ejecutivo mercantil 249/2018 (tópico que aborda dicho criterio jurisprudencial), también lo es que esto no afecta derechos sustantivos del aquí quejoso (parte actora del controvertido referido), pues en caso de que éste o el demandado manifiesten que están imposibilitados para cubrir tales gastos, se designará a uno entre los peritos al servicio del Estado, instituciones educativa de reconocido prestigio o colegios de profesionistas expertos en la materia, pues así lo estableció la autoridad en el acto reclamado. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en la demanda de amparo, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Homero de León Portales y Talía Isadora Patricia Martínez Bravo, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 2827963 y 7847009 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.
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