Alejandro Peña Sánchez

Expediente 895/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
895/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Peña Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    ...SENTENCIA...se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega el amparo solicitado a ********************, en contra del acto a) y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el quinto considerando. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto b) y las autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de la presente determinación, por los motivos expuestos en el último considerando.

  2. Principal

    ....AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Irapuato, Guanajuato, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 895/2023-III, Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en esta ciudad, ante Carlos Alberto Prieto López, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario requiere al oficial de partes de este juzgado para que proporcione toda la correspondencia relativa al presente expediente, quien hace entrega de dos escritos, uno con anexo, registrados en la Oficialía de Partes con los folios 17848 y 17886. Asimismo, hace relación de las constancias que integran los autos, entre ellas: Demanda promovida por ********** por conducto de su apoderado legal ********; auto admisorio y constancia de notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; informes justificados rendidos por las autoridades responsables Director Operativo de la Dirección de Seguridad Pública, en representación del titular y los elementos de policía de su adscripción, Jefe y Actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios y Juez Primero Civil de Partido, todos con residencia en Silao, Guanajuato; así como Juez Noveno Civil de Partido de León, Guanajuato y emplazamiento del tercero interesado *********. La Jueza acuerda: Téngase hecha la relación de autos. En otro aspecto, agréguense para que obren como corresponda los escritos signados por el tercero interesado ********* y la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se reciben las documentales y se tienen hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, respectivamente, sin perjuicio de hacer relación de ello con posterioridad. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio el secretario hace relación con las documentales aportadas por el quejoso, el tercero interesado ******** y los Jueces Primero y Noveno Civiles de Partido, de Silao y León, respectivamente. La Jueza provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de cuenta, las cuales se desahogan en razón a su propia y especial naturaleza. Se cierra el periodo en que se actúa. Abierto el periodo de alegatos. El secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa, y las demás partes no hicieron manifestación al respecto. La juez provee: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos relacionados y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlos valer. Se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, se da por terminada la audiencia y se procede a dejar los autos en estado de dictar sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos los autos, se advierte que mediante proveído de doce de septiembre pasado, se reservó proveer sobre las pruebas ofertadas por el quejoso en tanto se encontrara debidamente integrado el presente asunto, lo cual ya aconteció; por tanto, se provee: El artículo 119 de la Ley de Amparo dispone que serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Sin embargo, el juzgador no está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad, de conformidad con el artículo 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. El primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. En el caso, el quejoso como tercero extraño por equiparación reclama lo actuado en el juicio ordinario civil C30/2022 del índice del Juzgado Noveno Civil de Partido con sede en León, Guanajuato, así como la desposesión del inmueble ahí litigioso, en razón de que aduce que no fue legalmente emplazado. En ese sentido, la litis constitucional se centrará en analizar si el quejoso fue legalmente emplazado o no al juicio de origen y, en su caso, conceder el amparo solicitado para dejar sin efectos lo ahí actuado. Puntualizado ello, con fundamento en el artículo 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desecha la pericial en materia de valuación y topografía ofrecida por la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes y registrado con el folio 14229, toda vez que los hechos que pretenden demostrar no guardan relación con la litis del presente asunto, pues tiende a identificar o ubicar el inmueble descrito en el documento base de la acción del sumario de origen, por lo que no es una prueba idónea ni necesaria para resolver el fondo del asunto. En todo caso, en el supuesto de una concesión del amparo solicitado -donde se deje insubsistente todo lo actuado- y previa incorporación al juicio natural, el justiciable estará en condiciones de deducir sus derechos, entre ellos, el de controvertir el documento fundatorio de la acción. Finalmente, por lo que hace a la documental pública ofrecida, deberá estarse a lo acordado en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, donde se proveyó lo conducente en torno a las documentales anexadas a la demanda de amparo.-

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese el escrito signado por el tercero interesado ****; en atención a su contenido, se provee: Respecto a las constancias que integran el juicio *** que aduce en su ocurso, comuníquese que se tuvieron recibidas en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés y proveyó lo conducente, por lo que deberá estarse a lo ahí acordado. En torno a las actuaciones relativas al expediente 354/2023, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que no fueron adjuntadas al escrito que se provee, aunado a que el acto reclamado deriva de un diverso sumario, esto es, del juicio ordinario civil *** del índice del Juzgado Noveno Civil de Partido de León, Guanajuato. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desechan las testimoniales ofrecidas por el tercero interesado, en razón de que no aportó el original del interrogatorio respectivo. Además de que una de ellas es a cargo del quejoso, cuestión que equivaldría a una confesión al ser parte en el asunto que nos ocupa y, esa probanza no es admisible. Por otra parte, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 34, 35, 36 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que el tercero interesado pueda consultar el expediente en forma electrónica con los usuarios ********************. Respecto al usuario "********************", deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciséis de octubre del año en curso. Diferimiento de audiencia. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que está en transcurso el término de ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, toda vez que fue emplazado a juicio mediante diligencia de dieciséis de octubre del año en curso (foja 78). Por tanto, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Cabe mencionar que la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional obedece a la carga de trabajo con que cuenta este órgano jurisdiccional.

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