Alejandro Ortiz Longoria
Expediente 1338/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1338/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Ortiz Longoria
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada el seis de enero de dos mil veintitrés en el conflicto competencial 6/2022 de su índice. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la superioridad determinó: "PRIMERO.- Si existe conflicto competencial. SEGUNDO.- Se declara que la competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre". En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, archívese el presente cuaderno de antecedentes como totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, comunica el proveído de veintinueve de noviembre del actual, dictado por la Magistrada presidente de ese Tribunal en el Conflicto de Competencia 6/2022, formado con motivo de la controversia suscitada entre este órgano y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para conocer de la demanda de amparo de la que deriva este incidente. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está a la espera de la determinación correspondiente.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo Distrito en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite en un tomo, el juicio de amparo 1339/2022 de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por Alejandro Ortiz Longoria, cinco copias de escrito aclaratorio y seis copias de dicha demanda. Lo anterior, con motivo de que en acuerdo de tres de noviembre pasado, el órgano oficiante declinó competencia legal para conocer de la demanda de amparo de referencia a favor del juzgado de distrito en turno en esta ciudad; fórmese el expediente de amparo indirecto correspondiente. Registro. Regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 1338/2022-III dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Argumentos del juzgado declinante. El juez oficiante declinó competencia para conocer de la demanda de amparo, porque considera que será el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, quien ejecutará la resolución interlocutoria (liquidación de alimentos incumplidos por el demandado, ahora quejoso), y requerirá de pago al que fue condenado. Sobre esa base, el juez sostiene que es legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo y que es competente este juzgado de distrito porque tiene jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de origen. No se acepta la competencia declinada. Este juzgado disiente del respetable criterio del juzgado oficiante y, por tanto, rechaza la competencia declinada. El artículo 16 constitucional, prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que antes de cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. El sistema para establecer la competencia, se encuentra previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De acuerdo con el precepto anterior es competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el cual se presente la demanda, cuando la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en jurisdicciones diferentes (párrafo segundo). Se estima que dicho párrafo debe interpretarse de forma sistemática con el anterior, en el sentido de que es competente cualquiera de los jueces, a elección del quejoso, que ejerza jurisdicción en los lugares de materialización del acto reclamado. c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda, si el acto reclamado no requiere ejecución material (párrafo tercero). Al resolver la contradicción de tesis 389/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo debía ser interpretado de manera literal, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, a fin de evitar conflictos competenciales y facilitar el acceso a la justicia a los gobernados.. Para arribar a dicha conclusión definió el derecho a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder sin obstáculos a los tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, lo cual, en principio, no puede supeditarse a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales. Posteriormente citó la fracción VII del artículo 107 constitucional, que establece que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado deberá ejecutarse y consideró que tal regla pretendía facilitar la promoción del juicio para asegurar el pronto cumplimiento de las determinaciones de amparo. Sin embargo, explicó, tal precepto no establece la competencia en caso de que los actos carezcan de ejecución. Luego, hizo referencia al artículo 36 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que establecía competencia para conocer de actos declarativos a favor de los jueces que tuvieran jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable. Y después realizó un estudio del proceso legislativo que dio origen al artículo 37 de la ley vigente. Explicó que en la iniciativa de reforma se propuso el texto de manera idéntica al 36 de la ley anterior, pero que el veintidós de septiembre de dos mil once el senador Tomás Torres Mercado propuso: "con el objeto de garantizar la accesibilidad de la Justicia Federal en materia de amparo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el quejoso." Tal legislador explicó que en ocasiones se dificultaba el acceso al expediente, ya que el quejoso debía trasladarse a lugares lejanos a su residencia. Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, que presentaron un dictamen en el que se redactó la norma de la manera en que se aprobó su texto, sin expresar la razón del cambio de su redacción. Con base en lo anterior, la Corte determinó que el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo debía interpretarse de manera literal (no sistemática o teleológica), porque, al no explicar el cambio de la redacción del texto, la intención del legislador quedó asentada claramente en el precepto normativo en estudio. Y dijo que con tal interpretación se evitarían conflictos competenciales y se lograría una mejor operatividad de los recursos humanos, lo que favorecía el acceso a la justicia por los gobernados. De dicha resolución derivó la tesis 1a./J. 17/2014 (10a.), Décima Época, registro 2006529, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, p. 500, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea que conceda o niegue lo que se le pidió, sea que ordene o prohíba, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si éste redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone a la quejosa una carga a la que está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio. En el caso, de acuerdo con el análisis de la demanda y escrito aclaratorio, el quejoso reclama el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el que desechó el recurso de revocación interpuesto por el propio quejoso, contra el diverso de cinco de ese mismo mes y año, a través del cual declaró inapelable la interlocutoria de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, en el incidente de ejecución de sentencia que promovió en su contra por Elizabeth Mitre Díaz de León, dentro del juicio F429/2019 de ese índice. Tal acto, por sí mismo, no puede reputarse como uno de ejecución material, pues constituye un pronunciamiento meramente declarativo, ya que solamente se estableció que contra el proveído de cinco de ese mismo mes y año, en el que se declaró inapelable la interlocutoria de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, no procede el recurso de revocación interpuesto; sin que ello implique per se que el acto tenga ejecución material, pues el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós solo estableció que contra el diverso del día cinco anterior no procedía el recurso de revocación, sin imponer el cumplimiento de alguna prestación ni medios de apremio que requirieran de ejecución, es decir, de un cambio en el mundo físico, sino únicamente en el ámbito formal; en otras palabras, la sola emisión de ese pronunciamiento agotó sus efectos. Así, la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintidós, por sí misma, no puede reputarse como un acto de ejecución material, pues sus efectos no modificaron el estado de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal, sin extinguir modificar o transmitir derechos; por ende, tampoco se ejecuta, ni requiere de ejecución y sus efectos son estrictamente formales. Sobre estas premisas, se surte la tercera hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, según la cual es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda. Sostener lo contrario a lo ya determinado, vulneraría la condición constitucional del artículo 16, párrafo primero, constitucional, de que esta resolución sea emitida por autoridad competente, lo cual trascendería en los alcances del acceso a la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 17 constitucional. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 141/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1681, Materias Común, Administrativa, Registro digital 2010273, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo 34 de la Ley de Amparo se advierte la existencia de 2 reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo: una general y otra especial. En efecto, en su párrafo segundo, establece que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado (regla general), mientras que su párrafo último dispone que, en materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, el competente será el que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial). Así, cuando la sentencia o resolución recurrida dictada por un tribunal agrario no requiera de ejecución material, como por ejemplo, cuando en tal decisión se desechó un recurso, no se actualiza el supuesto normativo previsto en el párrafo último del mencionado numeral 34, sino el del segundo, en razón de que sólo se trata de una resolución de segunda instancia que produce consecuencias y efectos meramente declarativos; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo directo contra esa decisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable" (énfasis añadido). Así como la diversa VII.2o.T. J/63 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 700 del Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021783, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 119/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta del tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material." Este juzgado sostuvo el mismo criterio en el juicio de amparo 633/2020-ll, el cual fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, al resolver el conflicto competencial 12/2020, de su índice. Asimismo, en el juicio de amparo 955/2019-III, el cual fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, en el conflicto competencial 10/2019 de su índice. Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 37 en relación con el numeral 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada. Por lo expuesto, se resuelve: a) Devolver al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, los autos originales del amparo 1339/2022 de su índice, así como las copias de demanda escrito aclaratorio que se reciben, solicitándole que comunique su decisión para los efectos legales correspondientes. b) Formar el cuaderno de antecedentes correspondiente y hacer las anotaciones en los libros de gobierno respectivos.
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