Alejandro Pablo Martínez Castro
Expediente 225/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Alejandro Pablo Martínez Castro
- Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, Tlaxcala.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad. Ahora, en atención a la Jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. DEBERES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL EN LOS JUICIOS RELACIONADOS CUANDO EXISTAN SENTENCIAS PROTECTORAS QUE ORDENEN SU RECÍPROCA OBSERVANCIA"; se hace la precisión que vistas las actuaciones que integran el amparo directo 218/2020, asunto que se encuentra relacionado con el expediente en que se actúa, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo, en razón de que transcurrió el término a que se refiere el citado precepto 202 de la ley de la materia, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado en contra de la determinación que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 322 y 323), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 353 y 354). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintidós de julio de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos. ".para que la responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que: a. Tome en consideración lo resuelto en el juicio de amparo directo 218/2020, que se falla en esta misma sesión. b. Determine que para calcular el monto de la indemnización que habrá de cubrirse al actor, debe tomarse como base el valor comercial que tenía la superficie afectada, al momento de la ilegal ocupación, más la actualización correspondiente. c. Reitere la condena en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que inicie y concluya el procedimiento de indemnización al accionante, con motivo de la afectación a una fracción de su parcela. d. Funde y motive su determinación de conceder a dicha enjuiciada, el plazo de sesenta días para que inicie y concluya el citado procedimiento de indemnización. e. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que no es nulo el convenio de ocupación previa de diez de mayo de dos mil seis, en virtud de la no intervención de la Procuraduría Agraria y, en consecuencia, es improcedente la nulidad de los documentos accesorios a dicho convenio. f. Partiendo de la base de que el citado convenio no es nulo, resuelva lo que corresponda en lo relativo a la ocupación previa y a los daños y perjuicios derivados de la misma. g. Como consecuencia de lo anterior, desestime todas las prestaciones derivadas de la ocupación previa, debiendo quedar firme lo siguiente: 1. La condena al pago de una indemnización a favor del actor; y 2. La desincorporación del régimen ejidal la superficie afectada y su incorporación al régimen del dominio Público de la Federación." Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintidós de enero de dos mil veinte. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, pronunció un nuevo fallo en el que: 1. Tomó en cuenta lo resuelto en la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo directo 218/2020, esto es: a. Dejó firmes las absoluciones decretadas en favor de la enjuiciada, por concepto de pago de bienes distintos a la tierra y pago indemnizatorio de percepciones agrícolas (fojas 309 y 311). b. Reiteró la condena en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por concepto de indemnización respecto de la superficie de 0-74-76-00 hectáreas, de la parcela del quejoso 100 Z-2 P-12, la cual resultó afectada por la construcción de la autopista denominada Arco Norte de la Ciudad de México, tramo Ciudad Sahagún-San Martín Texmelucan, Puebla (foja 311 vuelta a 315). c. Reiteró su determinación en el sentido de que corresponde al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), realizar el avalúo de la superficie afectada, para el pago de la indemnización correspondiente (foja 316). d. Prescindió de considerar que operó la prescripción en relación con el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación previa, dado que la enjuiciada no opuso tal excepción. En consecuencia, analizó dicho reclamo y lo declaró improcedente (esta determinación se sustenta en las razones que más adelante se exponen). 2. Determinó que para calcular el monto de la indemnización que habrá de cubrirse al actor, debe tomarse como base el valor comercial que tenía la superficie afectada al momento de la ilegal ocupación, más la actualización correspondiente (fojas 316 y 317). 3. Reiteró la condena en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que inicie y concluya el procedimiento de indemnización al accionante, con motivo de la afectación a una fracción de su parcela (foja 311 vuelta a 315). 4. Fundó y motivó su determinación de conceder a la enjuiciada, el plazo de sesenta días para que inicie y concluya el citado procedimiento de indemnización (fojas 317 y 318), para lo cual expuso lo siguiente: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá iniciar, tramitar y concluir el procedimiento indemnizatorio, en un término de sesenta días, contados a partir de que la sentencia dictada en el presente asunto cause estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 420 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y 191 de la Ley Agraria. Las reglas en cita no establecen de forma expresa el término concedido a la demandada para que cumpla la indemnización relativa, pero puede sustentarse con su contenido, pues la norma invocada en primer orden prevé que en la ejecución de un hecho o en la prestación de alguna cosa, se fijará al obligado un plazo prudente para su observancia, atendiendo a las circunstancias, si no estuviere fijado en sentencia o en el documento relativo; mientras que la segunda dispone que los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes. Al fijar el plazo dado a la enjuiciada para el cumplimiento de la indemnización, se toma en consideración: i) Los trámites administrativos que la Secretaría demandada deberá realizar en el ámbito de sus atribuciones para su debido acatamiento, en particular, el avalúo correspondiente, las notificaciones, el pago del bien a indemnizar, entre otras gestiones; y ii) Que el juicio agrario inició el veintiocho de octubre de dos mil diez (tal que como se acredita con el acuse de presentación de la demanda en la oficialía de partes), y la ocupación de la parcela por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ocurrió al menos desde el diez de mayo de dos mil seis, lo cual pone de manifiesto que han transcurrido más de quince años. Tales circunstancias hacen justo para el actor que el trámite de indemnización que lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones Transportes se realice dentro de un término prudente y que no se prolongue por mucho más tiempo. Esta medida atiende el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cumplir con el imperativo de justicia pronta y expedita. Invoca las tesis de rubro: "SENTENCIA AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA QUE SEA DEBIDAMENTE EJECUTADA.", y "TRIBUNAL AGRARIO. FACULTAD QUE LE OTORGA LA LEY AGRARIA EN SU ARTÍCULO 191. PARA DICTAR MEDIDAS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS." 5. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, determinó que no es nulo el convenio de ocupación previa de diez de mayo de dos mil seis, en virtud de la no intervención de la Procuraduría Agraria y, en consecuencia, estimó improcedentes las prestaciones consistentes en la declaración de ineficacia del citado convenio y la nulidad de los documentos accesorios al mismo (fojas 302 vuelta a 306). 6. Partiendo de la base de que el citado convenio no es nulo, en lo relativo a la ocupación previa y a los daños y perjuicios derivados de la misma, determinó lo siguiente: El ejidatario autorizó y propició la ocupación de la superficie a favor de la Secretaría demandada, a través del citado convenio, mismo que continúa surtiendo todos sus efectos legales, conforme a los artículos 95 de la Ley Agraria antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (el cual establece que se encuentra prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de éstas se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, autoricen dicha ocupación), y 66 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vigente al momento en que se otorgó el convenio disputado (el cual dispone que la ocupación previa de terrenos ejidales o comunales sólo puede autorizarse por asamblea, salvo que se tratara de tierras formalmente parceladas, en cuyo caso se requiere autorización escrita de los ejidatarios titulares). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acreditó el pago por concepto de indemnización de los bienes distintos a la tierra, como lo establece el numeral 81 del Reglamento señalado, con la documental consistente en el recibo de pago de seis de diciembre de dos mil cuatro, el cual adquiere valor probatorio en términos del numeral 189 de la Ley Agraria, pues no fue objetado por la parte actora en cuanto a su contenido y firma. La documental mencionada demuestra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó al accionante la cantidad de $41,005.91 (cuarenta y un mil cinco pesos noventa y un centavos), a través del cheque número 626878 de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple. Por esas razones, resulta improcedente condenar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al pago legal y justo por concepto de daños y perjuicios derivado de la ocupación previa, referente a la superficie de 0-74-76.532 hectáreas (setenta y cuatro áreas, setenta y seis punto quinientas treinta y dos centiáreas), comprendida en el convenio de ocupación previa de diez de mayo de dos mil seis, correspondiente a la parcela 100 Z-2 P-12, del ejido de San Antonio Calpulalpan (fojas 308 vuelta a 309 vuelta). 7. Como consecuencia de lo anterior, desestimó todas las prestaciones derivadas de la ocupación previa, quedando firme lo siguiente: La condena al pago de una indemnización a favor del actor; y La desincorporación del régimen ejidal la superficie afectada y su incorporación al régimen del dominio Público de la Federación (fojas 314 y 315). En conclusión, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de nueve de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. Por otra parte, agréguese para los efectos legales procedentes, la copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 218/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual guarda relación con el expediente en que se actúa.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada de la sentencia de seis del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.
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