Alejandro Pablo Martínez Castro

Expediente 218/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
218/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Pablo Martínez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera de relevancia documental y se conservará en su integridad. Ahora, en atención a la Jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. DEBERES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL EN LOS JUICIOS RELACIONADOS CUANDO EXISTAN SENTENCIAS PROTECTORAS QUE ORDENEN SU RECÍPROCA OBSERVANCIA"; se hace la precisión que vistas las actuaciones que integran el amparo directo 225/2020, asunto que se encuentra relacionado con el expediente en que se actúa, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo, en razón de que transcurrió el término a que se refiere el citado precepto 202 de la ley de la materia, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado en contra de la determinación que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 307 y 308), siendo que al Director General de Defensa Jurídica Federal adscrito a la Consejería adjunta de control constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación de la tercera interesada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le tuvo por desahogada mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, (fojas 319 a 321), manifestando su conformidad con el cumplimiento al fallo constitucional realizado por la autoridad responsable (fojas 312 a 315). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintidós de julio de dos mil veintiuno, este órgano colegiado concedió a ********************, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que: A. Tome en cuenta lo resuelto en la ejecutoria emitida en esta misma sesión, dentro del juicio de amparo directo ********************, esto es: Determine que para calcular el monto de la indemnización que habrá de cubrirse al actor, debe tomarse como base el valor comercial que tenía la superficie afectada al momento de la ilegal ocupación, más la actualización correspondiente. Reitere la condena en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que inicie y concluya el procedimiento de indemnización al accionante, con motivo de la afectación a una fracción de su parcela. Funde y motive su determinación de conceder a dicha enjuiciada, el plazo de sesenta días para que inicie y concluya el citado procedimiento de indemnización. Partiendo de la base de que no es nulo el convenio de ocupación previa de diez de mayo de dos mil seis, resuelva lo que proceda en cuanto a dicha ocupación y los daños y perjuicios derivados de la misma. B. Deje firmes las absoluciones decretadas en favor de la enjuiciada, por concepto de pago de bienes distintos a la tierra y pago indemnizatorio de percepciones agrícolas. C. Reitere la condena en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por concepto de indemnización respecto de la superficie de ********************hectáreas, de la parcela del quejoso ********************, la cual resultó afectada por la construcción de la autopista denominada Arco Norte de la Ciudad de México, tramo Ciudad Sahagún-San Martín Texmelucan, Puebla. D. Reitere su determinación en el sentido de que corresponde al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), realizar el avalúo de la superficie afectada, para el pago de la indemnización correspondiente. E. Prescinda de considerar que operó la prescripción en relación con el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación previa, dado que la enjuiciada no opuso tal excepción y, en consecuencia, resuelva lo que corresponda en relación con las prestaciones respecto de las cuales consideró que operó dicha figura jurídica." (fojas 252 vuelta y 253 frente). I. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintidós de enero de dos mil veinte. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, pronunció un nuevo fallo en el que: 1. Tomó en cuenta lo resuelto en la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo directo ********************, esto es: a. Determinó que para calcular el monto de la indemnización que habrá de cubrirse al actor, debe tomarse como base el valor comercial que tenía la superficie afectada al momento de la ilegal ocupación, más la actualización correspondiente (foja 301 vuelta). b. Reiteró la condena en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que inicie y concluya el procedimiento de indemnización al accionante, con motivo de la afectación a una fracción de su parcela (foja 301 frente y vuelta). c. Fundó y motivó su determinación de conceder a la enjuiciada, el plazo de sesenta días para que inicie y concluya el citado procedimiento de indemnización (fojas 302 vuelta a 303 vuelta), para lo cual expuso lo siguiente: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá iniciar, tramitar y concluir el procedimiento indemnizatorio, en un término de sesenta días, contados a partir de que la sentencia dictada en el presente asunto cause estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 420 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y 191 de la Ley Agraria. Las reglas en cita no establecen de forma expresa el término concedido a la demandada para que cumpla la indemnización relativa, pero puede sustentarse con su contenido, pues la norma invocada en primer orden prevé que en la ejecución de un hecho o en la prestación de alguna cosa, se fijará al obligado un plazo prudente para su observancia, atendiendo a las circunstancias, si no estuviere fijado en sentencia o en el documento relativo; mientras que la segunda dispone que los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes. Al fijar el plazo dado a la enjuiciada para el cumplimiento de la indemnización, se toma en consideración: i) Los trámites administrativos que la Secretaría demandada deberá realizar en el ámbito de sus atribuciones para su debido acatamiento, en particular, el avalúo correspondiente, las notificaciones, el pago del bien a indemnizar, entre otras gestiones; y ii) Que el juicio agrario inició el veintiocho de octubre de dos mil diez (tal que como se acredita con el acuse de presentación de la demanda en la oficialía de partes), y la ocupación de la parcela por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ocurrió al menos desde el diez de mayo de dos mil seis, lo cual pone de manifiesto que han transcurrido más de quince años. Tales circunstancias hacen justo para el actor que el trámite de indemnización que lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones Transportes se realice dentro de un término prudente y que no se prolongue por mucho más tiempo. Esta medida atiende el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cumplir con el imperativo de justicia pronta y expedita. Invoca las tesis de rubro: "SENTENCIA AGRARIA. EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA QUE SEA DEBIDAMENTE EJECUTADA.", y "TRIBUNAL AGRARIO. FACULTAD QUE LE OTORGA LA LEY AGRARIA EN SU ARTÍCULO 191. PARA DICTAR MEDIDAS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS." d. Partiendo de la base de que no es nulo el convenio de ocupación previa de diez de mayo de dos mil seis (foja 291 frente y vuelta), estimó improcedentes las prestaciones consistentes en la declaración de ineficacia del citado convenio y de los documentos accesorios al mismo, así como la condena al pago de los daños y perjuicios derivados de dicha ocupación (esta última determinación se sustenta en las razones que más adelante se exponen). 2. Dejó firmes las absoluciones decretadas en favor de la enjuiciada, por concepto de pago de bienes distintos a la tierra y pago indemnizatorio de percepciones agrícolas (fojas 294 vuelta a 296 vuelta). 3. Reiteró la condena en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por concepto de indemnización respecto de la superficie de ********************hectáreas, de la parcela del quejoso ********************, la cual resultó afectada por la construcción de la autopista denominada Arco Norte de la Ciudad de México, tramo Ciudad Sahagún-San Martín Texmelucan, Puebla (foja 301). 4. Reiteró su determinación en el sentido de que corresponde al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), realizar el avalúo de la superficie afectada, para el pago de la indemnización correspondiente (foja 301). 5. Prescindió de considerar que operó la prescripción en relación con el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación previa, dado que la enjuiciada no opuso tal excepción y, en consecuencia, analizó (fojas 293 vuelta a 294 vuelta) dicho reclamo de la forma siguiente: El ejidatario autorizó y propició la ocupación de la superficie a favor de la Secretaría demandada, a través del citado convenio, mismo que continúa surtiendo todos sus efectos legales, conforme a los artículos 95 de la Ley Agraria antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (el cual establece que se encuentra prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de éstas se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, autoricen dicha ocupación), y 66 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vigente al momento en que se otorgó el convenio disputado (el cual dispone que la ocupación previa de terrenos ejidales o comunales sólo puede autorizarse por asamblea, salvo que se tratara de tierras formalmente parceladas, en cuyo caso se requiere autorización escrita de los ejidatarios titulares). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acreditó el pago por concepto de indemnización de los bienes distintos a la tierra, como lo establece el numeral 81 del Reglamento señalado, con la documental consistente en el recibo de pago de seis de diciembre de dos mil cuatro, el cual adquiere valor probatorio en términos del numeral 189 de la Ley Agraria, pues no fue objetado por la parte actora en cuanto a su contenido y firma. La documental mencionada demuestra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó al accionante la cantidad de $********************(******************** pesos ********************), a través del cheque número ******************** de la institución bancaria denominada ******************** ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple. Por esas razones, resulta improcedente condenar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al pago legal y justo por concepto de daños y perjuicios derivado de la ocupación previa, referente a la superficie de ******************** hectáreas (********************áreas, ******************** centiáreas), comprendida en el convenio de ocupación previa de diez de mayo de dos mil seis, correspondiente a la parcela ********************, del ejido de ********************. II. El Director General de Defensa Jurídica Federal adscrito a la Consejería adjunta de control constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación de la tercera interesada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, manifestó su conformidad con el cumplimiento al fallo constitucional realizado por la responsable, pues señaló que al dictar la nueva sentencia el tribunal agrario se apegó de manera estricta a la normatividad aplicable y consideró los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional al quejoso. Además, expuso que no debe brindarse al impetrante ningún beneficio procesal ajeno a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, y se reservó el derecho para impugnar lo conducente en caso de que estime transgredidos sus derechos. De ahí que no se realiza mayor pronunciamiento al respecto. En conclusión, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese, personalmente al quejoso, por oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Consejería adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por lista al Comisariado Ejidal de ********************, Tlaxcala. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de nueve de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo la segunda de las mencionadas; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. Por otra parte, agréguese para los efectos legales procedentes, la copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 225/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, la cual guarda relación con el expediente en que se actúa.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio signado por Miguel Ángel Martínez Lara, en su carácter de Director General de Defensa Jurídica Federal adscrito a la Consejería adjunta de control constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación de la tercera interesada Secretaría de Comunicaciones y Transportes; mediante el cual, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, realiza manifestaciones respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable en el presente asunto. Por otra parte, con relación a la petición de tener por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que no ha lugar a proveer favorablemente, pues la circunstancia de que tenga un interés contrario al quejoso no desvirtúa su naturaleza de autoridad, pues no queda desprovista de su carácter de ente público; de ahí que no puede asimilarse a un particular y señalar autorizados; no obstante, se tienen como delegadas conforme al diverso 9 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 147/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 478 del Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARADESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN. La circunstancia de que la autoridad haya intervenido como contraparte del agraviado, derivado de la impugnación de algún acto u omisión, o de que tenga un interés contrario a éste en el juicio de amparo, no desvirtúa su naturaleza de autoridad, pues no queda desprovista de su carácter de ente público y, por ende, en ningún momento puede asimilarse a un particular o confundirse con éste. Así, la porción normativa que corresponde al último párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo alude a una regla que debe observarse cuando se trate de establecer cómo opera en el juicio de amparo la representación de la autoridad cuando tenga el carácter de tercero interesada, misma que remite al artículo 9o. de la ley citada, es decir, la representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o, en todo caso, por medio de oficio podrán acreditar delegados para que actúen conforme a sus propios intereses. Por tanto, la autoridad tercero interesada no está facultada para designar autorizados y, por tanto, éstos no están legitimados para interponer recursos de revisión, pues su representación en juicio se rige por el último párrafo del artículo 10 del ordenamiento mencionado". Con fundamento en lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene al promovente proporcionando el correo electrónico que refiere, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano