Alejandro Noe Cortes Tecua
Expediente 986/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 42 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Noe Cortes Tecua
- Juez de Control Y Ejecución de la Región Judicial Centro de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. I. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de la referida resolución a las autoridades responsables: 3. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, Rosario Ivonne Rivera Calzada, 4. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán Liszet Del Carmen Fuentes Trueba, 5. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, 6. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar De Matamoros, Puebla, Juan Carlos Malpica Aladro, 7. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, Karla Patricia Ambrocio Vargas, 10. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, Rosa Celia Pérez González, 11. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, Celestino Martínez Bones; y, 12. Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso, en razón que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 8. Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Puebla, por sí y a nombre de la diversa 9. Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Puebla; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, en virtud que el treinta de abril del actual, se dictó sentencia en este juicio de amparo.
- Principal
A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Alejandro Noé Cortés Tecua, por propio derecho; auto de prevención, proveído que requiere ratificación de firma, auto admisorio; informes justificados rendidos por las autoridades responsables, respecto de los cuales certifica que han transcurrido los ocho días concedidos a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de éstos. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes. Abierto el período probatorio: La secretaria da cuenta las ofrecidas por las siguientes autoridades: 1. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. La documental, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 21/1994-8 de su índice. 18. Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla: La documental, relativa a la copia certificada del oficio 697 de nueve de abril de dos mil veintiuno signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como el memorando a través del cual se remitió dicho comunicado. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y por perdido el derecho de las demás parte para ofrecerlas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: La secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. A continuación, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y, por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Por lo que, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar la siguiente: S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 986/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Alejandro Noé Cortés Tecua, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante buzón judicial, remitido en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Alejandro Noé Cortés Tecua, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) ORDENADORAS.- Tienen tal carácter: - EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN CON SEDE EN PUEBLA. CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN CON SEDE EN ATLIXCO. CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN TEZIUTLÁN (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN CIUDAD SERDAN (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCION DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TECAMACHALCO (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN' DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR. CON SEDE EN MATAMOROS (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN CON SEDE EN CHOLULA. CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN SAN JUAN DE LOS LLANOS (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN. CON SEDE EN ZACATLÁN. CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN, CON SEDE EN HUAUCHINANGO, CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Y EJECUCION, CON SEDE EN TEHUACÁN. CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE (.) - EL CIUDADANO JUEZ DE ORALIDAD Y EJECUCIÓN. CON SEDE EN ACATLÁN. CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR (.) ASÍ COMO TAMBIÉN: - EL CIUDADANO JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA (.) - EL CIUDADANO JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA (.) - EL CIUDADANO JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA (.) - EL CIUDADANO JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA (.) B) EJECUTORAS.- Tienen tal carácter: - EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. - EL DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. - EL C. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. - EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - EL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DEL ESTADO. IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LAS ORDENADORAS: RECLAMO LA ILEGAL ORDEN DE COMPARECENCIA, BÚSQUEDA, APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN, DETENCIÓN Y/O ORDEN DE PRESENTACIÓN, GIRADA EN MI CONTRA. DE LAS EJECUTORAS: Reclamo todos los actos tendientes a cumplir las instrucciones de la ordenadora para privarme de mi libertad injustificadamente". La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Radicación y prevención de la demanda. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo bajo el número de expediente 986/2020, y se previno a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días legalmente contados: "ÚNICO. Precise a qué Juez es a quien le adjudica el acto reclamado, siendo que las Casas de Justicia de las Regiones Judiciales Centro con sede en Puebla, Centro-Poniente con sede en Cholula, Oriente con sede en Teziutlán, Norte con sede en Huauchinango y Sur- Oriente con sede en Tehuacán, todas del Estado de Puebla, están integradas de diversos Jueces de Oralidad Penal y ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial". Mediante escrito recibido en este juzgado Federal el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, manifestó: "Por lo que en este sentido se hace las siguientes manifestaciones: a).- Conforme a lo que concierne a la precisión referente al qué Juez a quien se le adjudica el acto reclamado: - Se ha de manifestar a esta autoridad que, del escrito inicial de demanda de amparo, el suscrito ALEJANDRO NOÉ CORTÉS TECUA, en mi narración manifiesto lo siguiente: (.) - En este contexto, es más que evidente, que no sé qué autoridad, es la que pudiera estar girando una ORDEN DE COMPARECENCIA, BÚSQUEDA, APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN, DETENCIÓN Y/O ORDEN DE PRESENTACIÓN en contra del suscrito ALEJANDRO NOÉ CORTÉS TECUA. - Por lo que esta autoridad, al no dar la debida admisión de la presente demanda de amparo, me estarían violando garantías consagradas en nuestra carta magna, como lo son los artículos 14 y 16 Constitucionales. b).- Por lo que manifiesta esta autoridad, en el sentido de que es un requisito de forma de la demanda el señalar a una autoridad responsable a efecto de estar en aptitud de requerir a la autoridad responsable su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. (.) - En este sentido y a la literalidad del artículo en comento, es admisible el manifestar varias autoridades responsables, esto con el fin de saber y dar una certeza jurídica y así saber cuál de las mencionadas es la que pueda estar girando UNA ORDEN DE COMPARECENCIA, BÚSQUEDA, Aprehensión, REAPREHENSIÓN, DETENCIÓN Y/O ORDEN DE PRESENTACIÓN en contra del suscrito ALEJANDRO NOÉ CORTÉS TECUA. c).·Así mismo, por lo que hace referencia esta autoridad federal en el sentido de que no puede presumir la adjudicación de los actos reclamados a una autoridad determinada, ni puede presumir que le reviste el carácter de responsable, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción l, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. En este sentido de ha de manifestar a esta H. Autoridad, que como se ha dejado manifestado desde el escrito inicial de demanda, no tengo el conocimiento de que autoridad me pudiera estar girando UNA ORDEN DE COMPARECENCIA, BÚSQUEDA, APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN, DETENCIÓN Y/O ORDEN DE PRESENTACIÓN en contra del suscrito ALEJANDRO NOÉ CORTÉS TECUA. Así como también se ha de manifestar que en NINGUN MOMENTO mi escrito inicial de demanda, tiene alguna irregularidad, omisión y/o imprecisión alguna, ya que en el apartado V lo expreso bajo protesta de decir verdad, ya que se desprende del hecho de que en ningún momento me manifestaron alguna autoridad y/o juez con exactitud (.)". En proveído de doce de enero del actual, se tuvo por no cumplida la prevención formulada en autos, por lo que se requirió nuevamente al quejoso para que lo hiciera. Así, por escrito recibido este órgano jurisdiccional el veintiséis de enero siguiente, el quejoso manifestó: "a).- Señalo como ORDENADORAS y tienen tal carácter. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE CON SEDE EN ATLlXCO. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN TEZIUTLAN. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN TEZIUTLAN. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN CIUDAD SERDAN. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN CIUDAD SERDAN. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE, CON SEDE EN TECAMACHALCO. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTECON SEDE EN TECAMACHALCO. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR, CON SEDE EN MATAMOROS. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR, CON SEDE EN MATAMOROS. - JUEZ DE CONTROL DE·LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO- PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRÉS, CHOLULA. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRES, CHOLULA. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN SAN JUAN DE LOS LLANOS. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE, CON SEDE EN SAN JUAN DE LOS LLANOS. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE, CON SEDE EN ZACATLÁN. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE, CON SEDE EN ZACATLÁN. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE, CON SEDE EN HUAUCHINANGO. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL NORTE, CON SEDE EN HUAUCHINANGO.- JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN. - JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR, CON SEDE EN ACATLÁN. - JUEZ DE EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR, CON SEDE EN ACATLÁN. -ASÍ COMO TAMBIÉN: - El JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA (.) - EL JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA (.) - EL JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA (.) - EL JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA (.)" Al respecto, se emitió el proveído de veintisiete de enero del actual, en el que se requirió al quejoso para que en el plazo de tres días acudiera ante al personal actuante a reconocer la firma que lo calza. En acuerdo de dieciocho de febrero del año en curso, se señaló día y hora para llevar a cabo la respectiva diligencia de reconocimiento, lo cual tuvo verificativo el veinticuatro de febrero posterior. TERCERO. Trámite del juicio. Ratificado el escrito, y cumplida en forma íntegra la prevención, en acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; formándose por separado y duplicado incidente de suspensión; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito. CUARTO. Reexpide oficio. En auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó reexpedir el oficio 80-19 dirigido originalmente a la autoridad que la parte quejosa señaló como responsable: "Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla", en su denominación correcta: 19. Dirección de Procedimientos Constitucionales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. QUINTO. Cita para audiencia. En auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la parte quejosa reclama: Las órdenes de comparecencia, búsqueda, aprehensión, reaprehensión, detención o presentación; y, su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 1. Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez. Niega 2 2. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, David Rodríguez González Niega 3 3. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, Rosario Ivonne Rivera Calzada. Niega 4 4. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán Liszet del Carmen Fuentes Trueba. Niega 5 5. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo. Niega 6 6. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, Juan Carlos Malpica Aladro. Niega 7 7. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, Karla Patricia Ambrocio Vargas. Niega 8 8. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, Liszet del Carmen Fuentes Trueba. Niega 9 Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Puebla, a través de la 8. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, Liszet del Carmen Fuentes Trueba. Niega 10 10. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, Rosa Celia Pérez González. Niega 11 11. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, Celestino Martínez Bones. Niega 12 12. Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, Gerardo Gutiérrez Gayosso. Niega 13 13. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, Juan Carlos Malpica Aladro, quien responde por la sede de Acatlán, Puebla. Niega 14 14. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 15 16. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 16 17. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 17 18. Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 18 20. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 19 21. Director del Centro Penitenciario de Puebla. Niega Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al respecto, la autoridad responsable: 15. Jueza Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado aclaratorio aceptó la existencia de una orden de busca, aprehensión y detención dictados contra de Alejandro Cortez Tecua, y otro. Por su parte, el 19. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla en representación de la Dirección de Procedimientos Constitucionales, al rendir informe justificado aclaratorio, negó los actos reclamados, sobre la base de que no existía una orden de aprehensión vigente y/o pendiente de ejecutar, contra de Alejandro Cortés Tecua. Sin embargo, deben tenerse por ciertos los actos, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo - ocurrida el nueve de diciembre de dos mil veinte-, estaba vigente la orden de aprehensión, la que, según lo expresado por la juez responsable, fue emitida el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, y no fue sino hasta el nueve de abril de dos mil veintiuno, que se dejó sin efecto. Lo cual se corrobora con fotocopias certificadas de diversas constancias que obran en la causa penal 21/1994-8, que la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió a solicitud de este Juzgado Federal, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las cuales se advierte la orden de aprehensión reclamada. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No pasa inadvertido que las autoridades responsables difieren en cuanto al nombre de la persona que resulta afectada por el acto de molestia, ya que mientras el juez de lo penal responsable se refiere a él como Alejandro Cortez Tecua, el director responsable alude a él como Alejandro Cortés Tecua; sin embargo, se trata de la misma persona, toda vez que del auto de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, ofrecido como prueba por la primera de las mencionadas, se refieren al mismo de forma indistinta. Por otra parte, si bien es cierto que el quejoso en este juicio de amparo es Alejandro Noé Cortés Tecua, y no Alejandro Cortez Tecua o Alejandro Cortés Tecua, no menos lo es que la autoridad responsable ordenadora sostiene que es cierto el acto reclamado, y en esa medida, podría se produce la afectación en su esfera jurídica. Sirve de apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PERSONA DE NOMBRE SIMILAR AL DEL QUEJOSO. PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE DEMOSTRAR QUE PUEDE EJECUTARSE EN SU CONTRA. Cuando en un juicio de garantías se reclama la orden de aprehensión dictada en contra de una persona de nombre similar al del peticionario de garantías; a fin de que éste acredite su interés jurídico, es menester que aporte al juicio pruebas encaminadas directamente a demostrar que la misma puede ser ejecutada en su persona por alguna razón; pues de no ser así, ante la negativa de la autoridad responsable ordenadora de haber librado la orden en contra del quejoso, y el que la autoridad señalada como ejecutora aceptara la existencia de la referida orden, pero girada contra una persona de nombre similar, surge la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que atiende al principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como en los numerales 4o. y 5o. de la citada ley.". Luego, es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO.- Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito Juez Federal, pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juzgador Federal advierte de oficio que, respecto a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Acotado lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar de la 15. Jueza Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, la orden de busca, aprehensión y detención; emitida en la causa penal 21/1994-8, de su índice, y su ejecución. Al respecto, el juez penal responsable, al rendir su informe aclaratorio, manifestó que el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se decretó orden de busca, aprehensión y detención, en contra de Alejandro Cortez Tecua o Alejandro Cortés Tecua, y otro, como probables responsables del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 404 fracción I, y 406, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en agravio de Piedad Peralta Jiménez, y otras; que el veinticuatro y veintisiete de enero de mil novecientos noventa y siete, comparecieron a otorgar su perdón a favor de los inculpados; y, el veintiocho de enero siguiente, se declaró extinguida la acción penal ordenándose el archivo de la causa. Asimismo, que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que dejara insubsistente la orden de aprehensión. Por otra parte, la autoridad responsable: 19. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla en representación de la Dirección de Procedimientos Constitucionales, manifestó que por oficio 697 de nueve de abril de dos mil veintiuno, se solicitó dejar sin efecto dicha orden, lo cual se corrobora con la copia certificada del acuse de recibo del precitado oficio, que valorada en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la ley de la materia, acredita que el doce de abril se recibió por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla. En ese sentido, la orden de aprehensión reclamada ha cesado, pues el nueve de abril del actual, el juez penal responsable, dentro de la causa penal 21/1994-8, de su índice, la dejó insubsistente y fue notificado el doce del mismo mes y año a la autoridad ejecutora. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63 fracción V, del ordenamiento legal en cita. Atento a lo anterior, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación respecto de dicho acto, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alejandro Noé Cortés Tecua, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto, de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. PRUEBAS. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad la copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 21/1994-8 de su índice, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes.
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