Alejandro Molina Medina

Expediente 1023/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1023/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Molina Medina
  • ENRIQUE DE JESUS PIÑERO RAMOS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual comunica que por auto dictado el veintisiete de septiembre del año en curso, en el juicio de amparo 1711/2022-II-A, de su estadística, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, en cuanto a la solicitud realizada por el homólogo federal, de remitir copia certificada de la notificación personal de los directos quejosos; 1. ***, 2. ***, 3. ***, 4. ***, 5. ***, 6. ***, 7. ***, 8. ***, 9. ***, y de la persona menor de edad 10. ***., respecto a la ratificación o no de la demanda de garantías promovida por ***y ***, dígasele, que mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó remitir dicha constancia, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese por oficio al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; y, cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 1023/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por JOSÉ GILDARDO GALDÁMEZ PEREGRINO, y KARLA VANESA GARCIA CORTES, a favor 1. ALEJANDRO MOLINA MEDINA, 2. MARIO MIRANDA MELGAREJO, 3. DIGNA ACANDA IGLESIAS, 4. DANNEY LOBATO HERRERA, 5. KARENIA ALVAREZ VIDAL, 6. LISANDRA TORNE LOZADA, 7. YOANGEL SILVEIRA HUNG, 8. ENRIQUE DE JESUS PIÑERO RAMOS, 9. NIURKA ULLOA CRUZ, y de la persona menor de edad 10. E.D.J.P.U., contra los actos reclamados consistentes en: "a. La negativa de aperturar a favor de los quejosos el procedimiento administrativo que les permita salir de la estación migratoria en donde se encuentran actualmente por medio de un OFICIO DE SALIDA DEFINITIVA DEL PAÍS, que les permita abandonar territorio nacional POR CUALQUIER FRONTERA sin que la autoridad migratoria por donde efectúen su salida les exija documento alguno. Lo anterior con fundamento en los artículos 43 Fracción I, 47 fracción 111 (sic) fracción III de la ley de migración. b. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria en Puebla con domicilio en calle 21ª. Sur número 106 Colonia San Matías. Puebla, Puebla. c. La incomunicación de la que son objeto al no permitirles la visita de su representante legal Licenciado JOSÉ GILDARDO GALDÁMEZ PEREGRINO y/o KARLA VANESA GARCIA CORTES y de nuestros familiares y amigos, dentro de la estación migratoria de Puebla, Puebla. d. La incomunicación que me impide entregar identificaciones y documentos personales a mi representante legal a fin de legalizar nuestra estancia en México para gozar de nuestra libertad. e. De todas las autoridades señaladas como responsables, reclamo la inminente ORDEN DE DEPORTACIÓN VERBAL O ESCRITA que emitirán o que hayan emitido en contra del quejoso para que esta deportación se suspenda de oficio y de plano f.- La negativa de expedir a su favor el Oficio de Salida de la estación migratorio en donde se encuentra privado de su libertad, otorgándonos cualquiera de las medidas prescritas el artículo 102 de la Ley de Migración. g. El tener privado de su libertad a un menor de edad y sus padres y el de no garantizar su derecho a la unidad familiar sin otórgales la condición de refugiados y no proteger la organización y el desarrollo de la familia, así como el interés superior del niño, al no resolver su situación migratoria y remitirlos a un albergue." Todos estos actos son atribuidos a las autoridades responsables: 1. Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Puebla, 2. Subdirector del área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria en Puebla, 3. Subdirector de operación, seguridad y custodia de la Estación Migratoria en Puebla, 4. Subdirector de Servicios operativos y atención al migrante de la Estación Migratoria en Puebla; y, 5. Jefe del departamento de asuntos jurídicos de la Estación Migratoria en Puebla. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. I. Suspensión de plano por cuanto hace al alojamiento y/o detención de los quejosos directos mayores de edad, por un término mayor a treinta y seis horas. Tomando en consideración que los promoventes señalaron que los directos quejosos llevan alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, más de treinta y seis horas, a partir de su detención la cual se llevó a cabo desde el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, sin que tenga conocimiento de la emisión de acuerdo alguno dentro de sus respectivos procedimientos administrativos. Al respecto, el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, establece que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esa ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. En ese tenor, tomando en consideración que la presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es menester, que la autoridad responsable a quien se atribuye el alojamiento de los quejosos mayores de edad por un plazo mayor a las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de la legislación antes invocada, emita el acuerdo de presentación respectivo y lo haga del conocimiento de los migrantes -aquí directos quejosos-, así como la información a que hace alusión el diverso precepto 69 de la Ley de Migración invocada. Expuesto lo anterior, se concede la suspensión de oficio y de plano a los peticionarios de amparo adultos, para el efecto, que las autoridades responsables emitan de inmediato, el acuerdo de presentación a que hace referencia el artículo 68 de la Ley de Migración y le proporcionen la información sobre los tópicos destacados en el numeral 69 del mismo ordenamiento legal, atendiendo a que de acuerdo a lo narrado por la parte promovente, transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas que prevé el primero de los preceptos legales invocados, para la presentación de los migrantes. Por tanto, al rendir el informe sobre el acatamiento a dicha medida suspensional, las aludidas autoridades responsables deberán allegar en original o en su caso, copia certificada, de las constancias que acrediten que emitió el acuerdo de presentación respectivo, en el que se justifique el alojamiento de los quejosos en esa estación migratoria, hasta la fecha de la presentación de la demanda (veintisiete de septiembre de dos mil veintidós), y que tal determinación fue notificada a los mencionados impetrantes de amparo. II. Suspensión de plano por cuanto hace al alojamiento, presentación y/o detención decretada en favor de niñas, niños y/o adolescentes . Ahora bien, tomando en consideración que la demanda que se provee, fue presentada en favor de diverso menor de edad -a decir de los promoventes- se encuentra presentado o alojado en la Estación Migratoria de Puebla del Instituto Nacional de Migración, lo que a todas luces contraviene lo establecido en los artículos 99 y 112 de la Ley de Migración, con fundamento en el citado numeral y atendiendo los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los quejosos que tengan la condición de niña, niño o adolescente, para el efecto que la autoridad responsable migratoria que los tenga a su disposición: 1. Identifiquen e individualicen al menor migrante; 2. Especifiquen la temporalidad de la detención y si ha tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corroboren el estado de salud, o si tiene necesidades específicas, en caso de que se trate de lactantes, por ejemplo; 4. Provean la designación de algún tutor o representante legal, o bien, traductor o intérprete para facilitar la comunicación; 5. Canalicen al menor al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Sistema Estatal DIF, respectivo; y 6. Lo ponga en inmediata libertad, sin condición alguna, de lo cual deberá dar fe el actuario judicial adscrito a este juzgado. En ese sentido, atendiendo a los principios de unidad familiar, y al interés superior del menor de edad, en caso que el quejoso menor de edad esté bajo el cuidado de algún adulto que también se encuentre presentado en la estación migratoria, deberá permitírsele su salida, quedando a cargo de la autoridad migratoria tomar las medidas que considere pertinentes para continuar, en su caso, con el procedimiento administrativo migratorio que se le instruya. En la inteligencia que, únicamente para el caso que la autoridad migratoria se encuentre jurídicamente impedida para dejar en libertad a los quejosos adultos que se encuentren al cuidado de menores, o bien, que estos últimos no se encuentren acompañados, deberá justificarlo así ante esta autoridad, y de inmediato, deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 112 de la Ley de Migración, que a la letra dice: "Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente sea puesta a disposición del Instituto, quedará bajo su total responsabilidad en tanto procede la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección y la canalización al Sistema DIF correspondiente, y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: I. Por lo que respecta a la seguridad y cuidado de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá ponerles de inmediato a disposición del Sistema Nacional DIF o su equivalente en las diferentes entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales y notificar del caso a la Procuraduría de Protección, para proceder a su gestión conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño y adolescente migrante la condición de Visitante por Razones Humanitarias, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. El Instituto emitirá un acta de canalización de la niña, niño o adolescente en la que conste la notificación a la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño o adolescente al Sistema DIF correspondiente; II. Por lo que respecta a la determinación y resolución de la situación administrativa migratoria de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá iniciar el procedimiento administrativo migratorio previa notificación a la Procuraduría de Protección para su oportuna intervención; III. Será el Instituto quien determine y resuelva el procedimiento administrativo correspondiente, atendiendo las determinaciones que en ese sentido provea el plan de restitución de derechos emitido por la Procuraduría de Protección. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección recomiende la permanencia de la niña, niño o adolescente, el Instituto lo podrá regularizar bajo los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y tendrá derecho a la preservación de la unidad familiar. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección estipule la posibilidad de que la niña, niño o adolescente salga del país, el Instituto procederá al retorno asistido y se notificará de esta situación al Consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia. El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. Todo traslado y retorno asistido deberá de hacerse en acompañamiento de personal especializado en el tema de infancia. Tratándose de niña, niño o adolescente nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que correspondan, garantizar el eficaz retorno asistido de la niña, niño o adolescente con sus familiares adultos o personas adultas bajo cuyos cuidados se encuentre habitualmente ya sea en virtud de ley o por costumbre, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras; IV. Se informará en lenguaje claro y conforme a su edad y madurez a la niña, niño o adolescente de las implicaciones de la canalización al Sistema DIF, la notificación de su caso a la Procuraduría de Protección, del proceso administrativo migratorio, de sus derechos y del proceso de retorno a su país o comunidad de origen, en el caso de las niñas, niños y adolescentes nacionales repatriados; V. Se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud de la niña, niño o adolescente pudiera acceder al asilo político, al reconocimiento de la condición de refugiado, o se identifiquen indicios de necesidad de protección internacional, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular. En estos casos, además de a la Procuraduría de Protección, el Instituto deberá notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de manera inmediata. En los casos en que corresponda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, sobre la canalización al Sistema DIF y la notificación a la Procuraduría de Protección, incluyendo los datos de contacto para ambos casos; VI. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, podrá entrevistarles con el único objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica. Dicha información se compartirá con los Sistemas DIF y la Procuraduría Federal en los términos que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o adolescente." III. Suspensión de plano en caso que la detención o privación de la libertad tenga como fin, la deportación o expulsión decretados fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra de los quejosos directos 1. ALEJANDRO MOLINA MEDINA, 2. MARIO MIRANDA MELGAREJO, 3. DIGNA ACANDA IGLESIAS, 4. DANNEY LOBATO HERRERA, 5. KARENIA ALVAREZ VIDAL, 6. LISANDRA TORNE LOZADA, 7. YOANGEL SILVEIRA HUNG, 8. ENRIQUE DE JESUS PIÑERO RAMOS, 9. NIURKA ULLOA CRUZ, y de la persona menor de edad 10. E.D.J.P.U., todos de NACIONALIDAD CUBANA, la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial, o traslado a cualquier otra ubicación geográfica y/o recinto y/o albergue y/o Estación Migratoria y/o Estancia Provisional Migratoria, y permanezcan en el lugar donde actualmente se encuentran (salvo la persona menor de edad, quien por ningún motivo podrá permanecer en la Estación Migratoria, como quedó establecido en el apartado anterior), a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Así mismo, la autoridad migratoria deberá atender a las medidas sanitarias debido a la pandemia provocada por SARS-Cov-2 (coronavirus), en el alojamiento de los migrantes quejosos. Tal medida no surtirá efecto alguno, siempre que el traslado sea con la finalidad de salvaguardar la salud, la integridad, la seguridad o la vida de los quejosos, de la seguridad institucional, del personal o el resto de los migrantes alojados en la Estación Migratoria de la ciudad de Puebla, donde se encuentran actualmente los quejosos directos. De igual forma, en caso de que a los quejosos se les impute la comisión de algún delito, sean puestos a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. IV. Detención y deportación emitidas en un procedimiento administrativo. Ahora bien, en el supuesto de que los ahora quejosos directos: 1. ALEJANDRO MOLINA MEDINA, 2. MARIO MIRANDA MELGAREJO, 3. DIGNA ACANDA IGLESIAS, 4. DANNEY LOBATO HERRERA, 5. KARENIA ALVAREZ VIDAL, 6. LISANDRA TORNE LOZADA, 7. YOANGEL SILVEIRA HUNG, 8. ENRIQUE DE JESUS PIÑERO RAMOS, 9. NIURKA ULLOA CRUZ, y de la persona menor de edad 10. E.D.J.P.U., todos de NACIONALIDAD CUBANA, se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que los mismos no sean deportados por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto que la autoridad migratoria que los tenga a su disposición los ponga en inmediata libertad, siempre y cuando los quejosos directos mayores de edad, realicen lo siguiente- en el entendido que no se encuentren al cuidado de las personas menores de edad -por estar otra persona-, pues en esas circunstancias, deberá estarse a lo determinado en el apartado II de este acuerdo-: a) Otorgue una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Puebla, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Establezcan un domicilio o lugar en el que permanecerá, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarla en libertad y se cumplan con las medidas impuestas. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que cuando los quejosos directos comparezcan ante ellas para cumplir con las medidas de aseguramiento fijadas, deberán proporcionarles la siguiente información: Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; b) El motivo del inicio del procedimiento administrativo; c) Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; d) La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiesta ser nacional (Cubana), excepto en el caso de que la extranjera pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; e) La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, y f) La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. Justificación de los efectos de la suspensión con efectos restitutorios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, determinó que conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, consideró que al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión en no sólo a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importaría si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho, durante la tramitación del juicio, una vez que hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. Concluyendo que la medida suspensional también puede tener efectos de un amparo provisional. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado en la materia penal, el artículo 162 de la Ley de Amparo también lleva implícitos los efectos restitutorios a los que se hace mención, ya que indica que cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad -sin distinguir si fue emanado fuera o dentro de procedimiento penal-, la suspensión tendrá por efecto que dicho acto no se ejecute o cese inmediatamente, para lo cual el órgano de amparo podrá tomar las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la exhibición de una garantía, la obligación de presentarse ante la autoridad que lleva el proceso y ante quien concedió la suspensión cuantas veces sea exigido. De ahí que si los quejosos -mayores de edad- no cumplen con las medidas de aseguramiento que le fueran impuestas por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que sigan a disposición de las autoridades responsables en el lugar donde se encuentren, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que puedan ser deportados o expulsados del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerlos en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la tesis de que los quejosos directos adultos estén sujetos a proceso penal o hayan sido condenados por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenidos por la autoridad migratoria y alojada en la estación correspondiente, continúe el procedimiento migratorio que se le instruye y los interesados queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que los quejosos mayores de edad se encuentran a su disposición, para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. V. Suspensión respecto a la incomunicación. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación, o cualquier acto que atente contra la vida de los directos quejosos o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido que las autoridades responsables deberán permitir a los directo quejosos 1. ALEJANDRO MOLINA MEDINA, 2. MARIO MIRANDA MELGAREJO, 3. DIGNA ACANDA IGLESIAS, 4. DANNEY LOBATO HERRERA, 5. KARENIA ALVAREZ VIDAL, 6. LISANDRA TORNE LOZADA, 7. YOANGEL SILVEIRA HUNG, 8. ENRIQUE DE JESUS PIÑERO RAMOS, 9. NIURKA ULLOA CRUZ, y de la persona menor de edad 10. E.D.J.P.U., tengan comunicación con sus abogados y/o familiares, o bien, con los promoventes del amparo, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. A efecto de que las autoridades responsables se encuentren en posibilidad de informar el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este auto, se les hace saber que Maribel Pereda Corvera, secretaria encargada de este asunto cuenta con el teléfono 22 24 93 38 37 y correo oficial maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx, o bien, maguypereda@hotmail.com, para recibir dicha información y podrá confirmar su recepción el citado móvil. VISTA A MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción que corresponda, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de los directos quejosos 1. ALEJANDRO MOLINA MEDINA, 2. MARIO MIRANDA MELGAREJO, 3. DIGNA ACANDA IGLESIAS, 4. DANNEY LOBATO HERRERA, 5. KARENIA ALVAREZ VIDAL, 6. LISANDRA TORNE LOZADA, 7. YOANGEL SILVEIRA HUNG, 8. ENRIQUE DE JESUS PIÑERO RAMOS, 9. NIURKA ULLOA CRUZ, y de la persona menor de edad 10. E.D.J.P.U., todos de NACIONALIDAD CUBANA, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, y una vez localizados, deberá cerciorarse que la autoridad migratoria ponga en inmediata libertad a la persona menor de edad en los términos precisados en el apartado II de este acuerdo. Hecho lo anterior, deberá requerir a los quejosos mayores de edad para que manifiesten en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifican o no la demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, por cuanto hace a la persona menor de edad, deberá cerciorarse que alguno de sus progenitores cumpla con el requerimiento en cuestión por su representación; esto es, deberá requerir a los progenitores de la persona menor de edad para que manifiesten si desean promover también a favor de su menor hijo; y, en caso contrario, deberá pormenorizar su imposibilidad para ello, a efecto que este órgano jurisdiccional tome las medidas necesarias. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentran, preguntarles si se le ha permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentran detenidos o alojados y si han sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. En el entendido de que si es informado que han sido trasladados a un diverso lugar de alojamiento, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar, para lo cual deberá indagar sobre su paradero. Además, el fedatario deberá asentar las condiciones del lugar en el que están presentados o alojados los quejosos, esto es, si cuentan con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. PREVENCION DE LA DEMANDA. Ahora bien, únicamente en caso de que los quejosos directos mayores ratifiquen la demanda de amparo promovida en su favor, y a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracciones I y IV; y 114, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, ambos de la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realicen lo siguiente: ÚNICO. En caso de que los progenitores del impetrante menor de edad, manifiesten promover también a favor de su hijo, deberán, acreditar fehacientemente la personalidad con la que se ostentan al presente juicio de amparo, esto es, exhibir documento idóneo del que se advierta su entroncamiento con el menor de edad que representa. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberán presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." INCOMPETENCIA. Sentado lo anterior, resulta útil resaltar nuevamente en este apartado que, los actos reclamados en este juicio de amparo son los siguientes: a. La negativa de aperturar a favor de los quejosos el procedimiento administrativo que les permita salir de la estación migratoria en donde se encuentran actualmente por medio de un OFICIO DE SALIDA DEFINITIVA DEL PAÍS, que les permita abandonar territorio nacional POR CUALQUIER FRONTERA sin que la autoridad migratoria por donde efectúen su salida les exija documento alguno. Lo anterior con fundamento en los artículos 43 Fracción I, 47 fracción 111 (sic) fracción III de la ley de migración. b. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria en Puebla con domicilio en calle 21ª. Sur número 106 Colonia San Matías. Puebla, Puebla. c. La incomunicación de la que son objeto al no permitirles la visita de su representante legal Licenciado JOSÉ GILDARDO GALDÁMEZ PEREGRINO y/o KARLA VANESA GARCIA CORTES y de nuestros familiares y amigos, dentro de la estación migratoria de Puebla, Puebla. d. La incomunicación que me impide entregar identificaciones y documentos personales a mi representante legal a fin de legalizar nuestra estancia en México para gozar de nuestra libertad. e. De todas las autoridades señaladas como responsables, reclamo la inminente ORDEN DE DEPORTACIÓN VERBAL O ESCRITA que emitirán o que hayan emitido en contra del quejoso para que esta deportación se suspenda de oficio y de plano f.- La negativa de expedir a su favor el Oficio de Salida de la estación migratoria en donde se encuentra privado de su libertad, otorgándonos cualquiera de las medidas prescritas el artículo 102 de la Ley de Migración. g. El tener privado de su libertad a un menor de edad y sus padres y el de no garantizar su derecho a la unidad familiar sin otórgales la condición de refugiados y no proteger la organización y el desarrollo de la familia, así como el interés superior del niño, al no resolver su situación migratoria y remitirlos a un albergue. Respecto de los cuales, el suscrito juez Federal conocerá de los indicados en los incisos c), d), e), respecto del indicado en el inciso a), b), f) y g) se declina competencia a favor de un Juez de Amparo en Materia Administrativa. Sobre ese tema, cabe señalar que en sesión de diez de agosto de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió (por mayoría de votos) la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 353/2021. En dicha contracción se analizó el criterio emitido por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la contradicción de tesis 1/2020, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/1 P (11a.). de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM),SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL." publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, marzo de 2022, Tomo Ill, página 2619, con número de registro digital: 2024229; así como el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 12/2021, en el que determinó que cuando en un juicio de amparo indirecto los actos reclamados consistan en restricción de la libertad personal con motivo de la orden de presentación, aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso en una estación migratoria, la competencia se surte en favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Con el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 27/2021, el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 33/2021 y el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 26/2021, en los que sustentaron que el acto de presentación y/o alojamiento de los extranjeros en una estación migratoria, es materialmente administrativo, no penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento legal sólo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México, a efecto de preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que pretendan ingresar al país. Al respecto, la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en que sí existía contradicción de criterios y aquél que debía prevalecer era el relativo a: ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. ES UN ACTO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAME CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN ESA ESPECIALIDAD. Esto es, que la presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, constituye acto de naturaleza administrativa, ello, en atención a que dicho acto constituye una medida provisional para que la persona permanezca en aquellas estaciones hasta en tanto se resuelva su situación migratoria. Por consiguiente, la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que el juez competente para conocer sobre la impugnación de los actos a los que se ha hecho mención, corresponde a un juez de distrito en materia administrativa (en términos del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente), no así un juzgador federal que conozca de la materia penal. En ese fallo; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberó: que la orden .de presentación es una medida dictada por el Instituto: Nacional: de Migración; cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter-penal; pues a pesar de que puede restringir la libertad personal de una persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legitima conforme a los estándares desarrollados por la Corte. Interamericana de Derechos Humanos, la cual consiste en el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional Además, la referida instancia constitucional destaco que, de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias centros de encarcelamiento de reclusión preventiva o de ejecución de sentencia, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en la ley referida y su reglamento (asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otros). La conclusión anterior aconteció en atención a que el Alto Tribunal estableció que la presentación o alojamiento de las personas migrantes no constituye un acto restrictivo de la libertad personal con características de naturaleza penal, toda vez que no es una y sanción de carácter punitivo, No pasa desapercibido que, debido, a lo reciente de la resolución en comento (diez de agosto de dos mil veintidós) aún se encuentra pendiente de publicarse la jurisprudencia respectiva, sin embargo, dicho criterio es vinculante para este órgano jurisdiccional desde el momento de su emisión. Da esa forma, en este expediente resulta imperante analizar el presupuesto procesal de competencia, en atención al criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación posterior a la fecha de presentación de la demanda. Se destaca que la competencia para conocer de un juicio de amparo, constituye una formalidad esencial del procedimiento, de orden público, que armoniza con la tutela judicial efectiva. En ese sentido, si a través del criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la. Nación, al resolver la contradicción de criterios 353/2021, estableció que en los casos en que se reclame una orden de presentación o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, aquel acto constituye un acto de naturaleza administrativa, corresponde conocer al juez de amparo en dicha materia sobre la impugnación de los actos reclamados en este juicio. Máxime que como lo indicó el Alto Tribunal de referencia, los enunciados actos, así como los reclamados en este juicio, no constituyen un acto restrictivo de la libertad personal de naturaleza penal, sino que por el contrario, tales actos son una medida que procura el control, la regulación, ingreso y permanencia de personas extranjeras en territorio nacional, como lo es en el caso. Se corrobora lo anterior pues los quejosos son migrantes de nacionalidad cubana. Además, las autoridades responsables pertenecen al Instituto Nacional de Migración cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal. En esas condiciones, el suscrito juez estima carecer de competencia en razón de la materia para resolver este asunto, por lo que en términos del artículo 48, de la Ley de Amparo, y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera que el órgano facultado para conocer del presente asunto, lo es un Juez de Distrito que conozca en razón de su especialización, de la materia administrativa, como en este caso lo sería un Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P-/J. 21/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, que se transcribe a continuación: "COMPETENCIA POR RAZON DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. Resultado de lo expuesto, toda vez que se ha dejado establecido que los actos relacionados con el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos en las estaciones migratorias -y los relacionados con éstos- que se han indicado en los incisos a), b), f) y g), constituyen actos de naturaleza administrativa, este juzgador se encuentra impedido para continuar con en trámite y la solución de este asunto respecto de dichos actos. Por lo que con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se declina competencia para conocer del presente juicio de amparo 1023/2022 por lo que respecta de los actos reclamados consistentes: a. La negativa de aperturar a favor de los quejosos el procedimiento administrativo que les permita salir de la estación migratoria en donde se encuentran actualmente por medio de un OFICIO DE SALIDA DEFINITIVA DEL PAÍS, que les permita abandonar territorio nacional POR CUALQUIER FRONTERA sin que la autoridad migratoria por donde efectúen su salida les exija documento alguno; b. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria en Puebla; f.- La negativa de expedir a su favor el Oficio de Salida de la estación migratoria en donde se encuentran privados de su libertad, otorgándoles cualquiera de las medidas prescritas el artículo 102 de la Ley de Migración; y, g. El tener privado de su libertad a un menor de edad y sus padres y el de no garantizar su derecho a la unidad familiar sin otórgales la condición de refugiados y no proteger la organización y el desarrollo de la familia, así como el interés superior del niño, al no resolver su situación migratoria y remitirlos a un albergue, promovido por JOSÉ GILDARDO GALDÁMEZ PEREGRINO, y KARLA VANESA GARCIA CORTES, a favor 1. ALEJANDRO MOLINA MEDINA, 2. MARIO MIRANDA MELGAREJO, 3. DIGNA ACANDA IGLESIAS, 4. DANNEY LOBATO HERRERA, 5. KARENIA ALVAREZ VIDAL, 6. LISANDRA TORNE LOZADA, 7. YOANGEL SILVEIRA HUNG, 8. ENRIQUE DE JESUS PIÑERO RAMOS, 9. NIURKA ULLOA CRUZ, y de la persona menor de edad 10. E.D.J.P.U. a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, quienes son los facultados para conocer del presente asunto, debido a que entre las materias de su especialidad, se ubica la materia administrativa, que es acorde con los actos que por esta vía se reclaman. Por ello, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, copia certificada de las constancias del juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada respecto de los actos reclamados identificados con los incisos a), b), f) y g); y de ser así, remita el acuse de recibo. En el entendido que dicha autoridad corresponderá proveer respecto a la suspensión de los actos reclamados que cuyos actos son de su competencia y, que no son de naturaleza urgente, atento que respecto de éstos este órgano jurisdiccional ya proveyó lo conducente. DOMICILIO. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. De igual forma, no ha lugar a tener como medios de comunicación procesal el correo electrónico y número telefónico que proporciona para tal efecto; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse dichos medios, únicamente para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por esos medios. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a la persona que refiere en el ocurso de cuenta, en virtud de que así lo solicitó. DE LAS NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.s, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no la exime de recibir el oficio que contenga el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.Notifíquese personalmente a la parte promovente; a los quejosos directos en el lugar en donde se encuentran detenidos -en los términos indicados-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Maribel Pereda Corvera, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. amj En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

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