Alejandro Negrete Heredia
Expediente 755/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Negrete Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que no obra glosado documento original y que en la caja de seguridad de este juzgado no existe en resguardo documento de valor alguno relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio se considera de relevancia documental por versar sobre materia agraria, con fundamento en los artículos 12 y 15, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, el cual resulta de RELEVANCIA DOCUMENTAL POR LO QUE DEBERÁ CONSERVARSE DE MANERA ÍNTEGRA EN ORIGINAL. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese solo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe. /*arga*/*
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Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.********************CAUSA EJECUTORIA********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa.********************En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS********************Devuélvanse al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, la documental consistente en copias certificadas del expediente agrario número ********************.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. NO SE HACE MAYOR PRONUNCIAMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través de cual solicita copias del expediente en que se actúa; atento a ello, no se hace mayor pronunciamiento en torno a su petición, toda vez que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se acordó la expedición de copias simples y certificadas, así como el uso de instrumentos digitales a las partes. No obstante, se le informa que pudiera ser el caso que dada la voluminosidad de las constancias y atendiendo a la carga de trabajo que se pueda presentar en el centro de fotocopiado y en este órgano jurisdiccional, de ser necesario deberá agendar una diversa cita para la recepción de las copias solicitadas. En ese contexto, la parte solicitante deberá considerar que debe tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera, en atención a los lineamientos, establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, considerando además la situación que se apuntó con antelación, en el sentido de que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando tanto vía remota como presencial, pero en esta última modalidad con un número de personal y horarios reducidos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.-Mgm
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE SENTENCIA POR MEDIO DE LISTA: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo 755/2020-III, promovido por Alejandro Negrete Heredia, en contra del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el once de noviembre de dos mil veinte en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, remitido el día siguiente por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, Alejandro Negrete Heredia, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "CUARTA.- ACTO RECLAMADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. - El acto que le reclamo a la autoridad señalada como responsable es: El auto de fecha 5 cinco de octubre de 2020 dos mil veinte, dictado dentro del expediente número 255/2020, formado con motivo de la resolución del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que declinó la competencia relativa al juicio ordinario civil número 137/2020, a favor del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 con sede en esta ciudad de Morelia Michoacán, que sobre acción plenaria de posesión de inmueble y otras prestaciones promoví ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, en contra de Rogelio Anguiano Martínez y Fidel López Gil. El Acto Reclamado me fue notificado personalmente el día 6 seis de noviembre de la presente anualidad 2020 dos mil veinte.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte este órgano jurisdiccional radicó y admitió la demanda bajo el progresivo 755/2020-III de su índice, solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Asimismo, por auto de uno de diciembre del año próximo pasado se reconoció el carácter de terceros interesados en este juicio a Rogelio Anguiano Martínez y a Fidel López Gil, en términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclaman un acto emitido por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se desprende que el acto reclamado consiste en: El auto de avocamiento de cinco de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 255/2020, formado con motivo de la resolución del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en la que declinó competencia a favor del Tribunal Agrario, respecto del juicio ordinario civil 137/2020, promovido por el aquí quejoso frente a los terceros interesados mencionados con antelación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado dado que, al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las diversas constancias certificadas relativas al expediente 255/2020 del índice del tribunal responsable, en donde particularmente se observa el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte y la resolución de diez de septiembre de dos mil veinte del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, además de que este juzgado federal no observa la actualización de una hipótesis de inejercibilidad de la acción constitucional, lo que procede es entrar al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. A fin de tener una mejor contextualización del asunto es pertinente realizar una breve relatoría de antecedentes que informan el acto reclamado: Juicio sumario civil 668/2017 1. Mediante escrito de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, Alejandro Negrete Heredia presentó demanda en la vía sumaria civil sobre interdicto frente a Rogelio Anguiano Martínez y Fidel López Gil, de quienes medularmente reclamó la posesión del bien inmueble con construcción, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos sin número en la Colonia Lázaro Cárdenas en el Municipio de Villa Jiménez, Michoacán. 2. Ese ocurso correspondió conocer al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, bajo el progresivo 668/2017 de su índice, por lo que se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la parte reo. 3. Los demandados comparecieron a dar contestación a la demanda instaurada en su contra sin oponer la excepción de incompetencia por materia. 4. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva que medularmente declaró improcedente la acción ejercitada. 5. Inconforme la parte actora interpuso recurso de apelación que correspondió conocer a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado bajo el Toca I-233/2018 de su índice, quien emitió resolución el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho en el sentido de revocar la sentencia recurrida al considerar que existe la presunción fundada de que el predio en litigio se encuentra sujeto al régimen ejidal y regulado por el derecho agrario, de manera que tanto la primera instancia como la propia Sala carecen de competencia por materia para conocer de la controversia, por lo que se dejaron a salvo los derechos de la parte promovente para que los hiciera valer en la vía y forma correspondientes. 6. En contra de esa forma de resolver el actor promovió demanda de amparo directo de la cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Decimoprimer Circuito en el expediente A.D.C. 823/2018, órgano pluripersonal anotado que en sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve emitió resolución correspondiente en el sentido de negar la protección constitucional solicitada. Juicio ordinario civil 137/2020 1. Mediante escrito de siete de febrero de dos mil veinte, Alejandro Negrete Heredia presentó demanda en la vía ordinaria civil frente a Rogelio Anguiano Martínez y Fidel López Gil, de quienes medularmente reclamó el mejor derecho de posesión sobre el bien inmueble ubicado en el Boulevard y/o calle Adolfo López Mateos sin número en la Colonia Lázaro Cárdenas, marcado actualmente con el número 4 cuatro por parte del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento del Municipio de Villa Jiménez, Michoacán. 2. El libelo correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, quien lo admitió a trámite bajo el expediente número 137/2020, por lo que ordenó correr traslado a la parte demandada para que produjera su contestación. 3. En escrito de veinticinco de febrero del año próximo pasado los demandados comparecieron a promover incidente sobre incompetencia por declinatoria. 4. Integrada la incidencia relativa se remitieron las constancias a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para su substanciación dentro del cuadernillo de incompetencia 23/2020. 5. El diez de septiembre de dos mil veinte se emitió resolución que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria por considerar, primordialmente, que el bien inmueble en litigio puede tratarse de un predio que forma parte de la comunidad ejidal, por lo que se ordenó la remisión del asunto al Tribunal Agrario. 6. Finalmente, en auto de cinco de octubre de dos mil veinte el Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 17 tuvo por recibidos los autos del expediente 137/2020, y se avocó al conocimiento del asunto. Este último acto es el que constituye el reclamado en este juicio constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O GRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X `De las sentencias´, del título primero `Reglas generales´, del libro primero `Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. SÉPTIMO. Estudio de fondo. En su demanda de amparo la parte promovente medularmente aduce que la autoridad responsable no indicó las razones que tomó en consideración para declararse competente por razón de materia, dado que aun cuando expresa algunos dispositivos legales, éstos son inaplicables por no actualizarse la hipótesis normativa que contienen, pues no ser verdad que el presente asunto sea materia agraria. Que el oficio DMICH/AAT/531/2019 de dos de septiembre de dos mil diecinueve expedido por el Registro Agrario Nacional constata que el predio en conflicto no se localiza dentro de algún ejido o comunidad indígena y, en consecuencia, está acreditado que el bien mencionado no se localiza en la comunidad ejidal Colonia Lázaro Cárdenas de Villa Jiménez, Michoacán. Argumenta que esto es así ya que el oficio antes referido debe ser valorado conforme al método tasado o legal, a partir del cual tiene pleno valor probatorio y, por ello, excluye a los demás medios de prueba, especialmente, lo que hace a las documentales privadas allegadas al sumario o la presunción que ellas pudieran generar. Por ello, sostiene que el acto reclamado contraviene lo dispuesto en los artículos 129 y 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que el oficio mencionado es una documental pública indubitable. Además, la parte quejosa arguye que el contenido de citado oficio DMICH/AAT/531/2019, se corrobora con el certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto al predio urbano que nos ocupa y certificado de historia catastral, sobre todo si se toma en cuenta la información testimonial ad-perpetuam 143/2012, en donde se exhibió el correspondiente certificado elaborado por el Registro Agrario Nacional en el que se hizo mención que el inmueble materia de la información no es propiedad ejidal o comunal, en términos de lo dispuesto en el artículo 1169, fracción II, inciso c), del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Incluso, el amparista argumenta que conforme al artículo inmediatamente mencionado, se dispone la idoneidad de la prueba para demostrar la naturaleza de un bien inmueble rústico a través del correspondiente certificado expedido por el registro agrario, de manera que, tratándose de un inmueble urbano, debe aplicarse el mismo principio jurídico; de ahí que el oficio DMICH/AAT/531/2019 de dos de septiembre de dos mil diecinueve expedido por el Registro Agrario Nacional, sea la prueba idónea para acreditar que el predio en litigio no forma parte de la comunidad ejidal denominada Colonia Lázaro Cárdenas de Villa Jiménez, Michoacán. Por todo lo anterior, la quejosa concluye que se vulneran en su perjuicio el contenido de los artículo 163 y 168 de la Ley Agraria, así como los diversos 1, 2, fracción II, 5, y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Lo anterior es infundado. En principio debe partirse del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo..." Del primer precepto transcrito se coligen entre otros derechos el derecho al debido proceso legal, referente a que en cualquier procedimiento jurisdiccional seguido para dirimir una controversia mediante el dictado de una resolución, deben cumplirse las condiciones fundamentales que garanticen los derechos de las partes; pero además, obliga al juzgador a resolver el litigio considerando todos los puntos debatidos (congruencia y exhaustividad). Por su parte, el artículo 16 constitucional reconoce, entre otros, el derecho a la legalidad que obliga a las autoridades a fundar y motivar los actos que emitan, expresando las razones de hecho y de derecho que sustenten el propio acto. De esta manera, a la luz de los aludidos derechos fundamentales (contenidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna), las resoluciones materialmente jurisdiccionales satisfacen los requisitos de fundamentación y motivación mediante el análisis exhaustivo de los puntos litigiosos, con el apoyo de disposiciones jurídicas -sin la formalidad de citarlas expresamente, a diferencia de los actos administrativos, pues las razones expresadas involucran tales disposiciones- y la adecuación entre éstas con el caso particular, así como con la exposición concreta de los razonamientos y circunstancias del mismo. Así lo ha sustentado el Alto Tribunal del País, según se observa en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, que dice: Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Página: 162 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 377/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 31 de octubre de 2017. [Subrayado no es de origen]. Por otra parte, los artículos 33, 35, 149, 150, 187, 188, 199 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán disponen lo siguiente: "Artículo 33. Son excepciones dilatorias las siguientes: I. La incompetencia por declinatoria; [.]" "Artículo 35. Sólo las excepciones de incompetencia, falta de personalidad, de personería, cosa juzgada, litispendencia, litisconsorcio y la eficacia refleja de la cosa juzgada, se decidirán en artículo de previo y especial pronunciamiento. La primera se substanciaral (sic) en los términos señalados en el capítulo IV del Título Segundo y las demás en la forma señalada para los incidentes." "Artículo 149. Toda demanda debe formularse ante Juez competente. Artículo 150. La competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio." "Artículo 187. Las cuestiones de competencia sólo pueden promoverse para determinar la jurisdicción y decidir cuál es el Juez o sala que debe conocer de un negocio. La que se promoviere con un objeto diverso o con infracción de las disposiciones de este título, se declarará de plano mal promovida, y por tanto sin lugar a recibirla. Artículo 188. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria. La inhibitoria se propondrá ante el Juez a quien se considere competente, pidiéndole dirija oficio al que estuviere conociendo para que se inhiba y remita los autos. La declinatoria se intentará ante el juez que conozca del negocio, pidiéndole se abstenga de seguir conociendo y remita los autos al tribunal de competencia. Artículo 199. Recibidos en el tribunal los antecedentes e informes a que se refieren las disposiciones anteriores, se citará a las partes y al representante del Ministerio Público a una audiencia verbal dentro de los tres días siguientes al de la citación, y en pleno resolverá, según el caso, si debe iniciarse o sostenerse la competencia. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si se trata de un Juez foráneo o dentro de veinticuatro si el Juez fuere de la capital, se le comunicará la resolución motivada." "Artículo 319. La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el Juez, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio. El Juez remitirá desde luego los autos a su inmediato superior, emplazando a los interesados para que en un término de tres días comparezcan ante éste, el cual citará a las partes y al representante del Ministerio Público a una audiencia dentro de los tres días siguientes al de la citación, en la que recibirá pruebas y alegatos y pronunciará resolución, mandando inmediatamente los autos al Juez que estime competente, quien debe hacerlo saber a los litigantes. En este caso, la demanda y contestación se tendrán como presentadas ante éste." De los numerales inmediatamente transcritos se obtiene que, al contestar la demanda, el demandado puede oponer ante el juez que conoce del negocio la excepción de incompetencia que debe resolverse incidentalmente de previo y especial pronunciamiento, es decir, se trata de una cuestión que, una vez planteada, habrá de suspender el procedimiento relativo para que el tribunal de competencia resuelva lo que en derecho corresponda y el asunto se lleve ante el órgano jurisdiccional legalmente competente para en último término evitar su tramitación ante uno diverso. En la especie, la parte quejosa argumenta la falta de fundamentación y motivación del acuerdo reclamado, ya que la autoridad responsable no indicó las razones tomadas en consideración para declararse competente por razón de materia y aun cuando invoca algunos dispositivos legales, éstos son inaplicables por no actualizarse la hipótesis normativa. Como se adelantó, lo anterior deviene infundado toda vez que debe partirse del hecho de que la autoridad responsable se avocó al conocimiento del asunto remitido, virtud de lo razonado y resuelto por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del incidente de incompetencia por declinatoria promovido por los aquí terceros interesados, de manera que se estima que, al recibir el asunto el Tribunal Agrario hizo suyas las consideraciones que sostienen la competencia en su favor y, en consecuencia, acorde a los numerales 163, 181 y 190 de la Ley Agraria, así como 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, asumió el conocimiento del asunto para proveer conforme a derecho. Por ello, resulta irrelevante la reiteración de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado el magistrado responsable para asumir competencia, debido a que ya existía un pronunciamiento sobre la naturaleza agraria del asunto -que fue hecho propio en el auto reclamado-, de tal suerte que converge una adecuación entre la competencia declinada y la declaratoria de competencia por razón de materia y territorio, para conocer del asunto que se recibió, sin añadir algún cuestionamiento para rechazarla. Así, aun cuando la parte quejosa insista en que no se actualizan las hipótesis legales de los dispositivos invocados, por no estar en presencia de un asunto en materia agraria, tal interrogante se traduce en un análisis de fondo que debe ser superada en este examen constitucional. Continuando con el estudio de los conceptos de violación hechos valer es menester considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la figura de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta institución descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Aunado a lo anterior, el Tribunal señaló que la cosa juzgada en sentido estricto tiene reflejo materialmente directo respecto a juicios futuros al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse a posteriori en diverso proceso, y su actualización, se sujeta a la condición de que exista sentencia firme, es decir, que en su contra no proceda medio ordinario o extraordinario alguno de defensa que pueda modificarla o revocarla, con las salvedades o excepciones que los propios ordenamientos jurídicos prevén. Añadió que dicha figura jurídica de cosa juzgada encuentra sustento constitucional en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, y cuya finalidad, se reitera, se configura como uno de los principios esenciales de la seguridad jurídica, en virtud de que sus consecuencias constituyen un pilar del Estado de Derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Asimismo, la Corte afirmó que la cosa juzgada posee límites tanto de carácter objetivo como de carácter subjetivo, constituyéndose los primeros en supuestos que proscriben la posibilidad de plantear en un diverso proceso lo resuelto en uno previo; mientras que los denominados subjetivos se refieren a las personas sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, lo que, por regla general, se refiere a las partes que intervinieron formal y materialmente en el juicio, o bien, quienes están vinculados jurídicamente a éstos. Así, el Tribunal afirmó que para que surta con efecto directo la figura de cosa juzgada dentro de un segundo juicio, es necesario concurran los siguientes elementos: a) Identidad de las partes con la misma calidad en ambos procesos. b) Identidad en la causa aducida en el juicio. c) Identidad en el objeto. En correlación a lo anterior, el Tribunal precisó la existencia de circunstancias especiales que impiden que la cosa juzgada oponible tenga un efecto directo dentro del proceso, puesto que alguno de los elementos no son coincidentes, es decir, no guardan identidad con lo resuelto en un juicio anterior; empero, hay casos particulares en los que la influencia de la cosa juzgada derivada de un proceso anterior debe reconocerse en uno diverso, puesto que en la sentencia ejecutoriada fue resuelto un aspecto fundamental que, dentro del nuevo juicio, es fundamento esencial para su correcta resolución. Por tanto, la Corte explicó que es necesario que aun cuando se verifique que no existe la citada identidad, "se determine la medida de la interdependencia de la relación sobre la que la sentencia pronuncia y las diversas relaciones respecto a las cuales se trata de decidir si surte efecto reflejo -de la cosa juzgada-; y así decide hasta qué punto la constitución, la modificación o, en general, el acercamiento de una relación influyen en el modo de ser de otra." Por ello, el Alto Tribunal habló de la figura denominada "cosa juzgada refleja" como uno de los efectos que tendrá la sentencia ejecutoriada emitida en juicio previo sobre uno posterior, puesto que aun cuando no existan la concatenación de los elementos personales y objetivos en ambos procesos, existe una interdependencia en los conflictos de interés y, en consecuencia, lo resuelto en el fondo dentro de un proceso anterior es jurídicamente aplicable en uno posterior, en tanto que resuelve uno de los puntos de litigio en el fondo, evitando así que dicten sentencias contradictorias que vulneren las garantías constitucionales de seguridad y certeza jurídica de los gobernados. Ante ello, se establecieron como elementos condicionantes de la eficacia refleja de la cosa juzgada: La existencia de una sentencia ejecutoriada. La existencia de un diverso proceso en trámite. La existencia de una relación sustancial de interdependencia respecto al objeto sobre el que versa el juicio previo -de donde deriva la sentencia ejecutoriada- y el que se tramita. La sujeción de las partes a la obligatoriedad de la sentencia firme del primer proceso. Que en la sentencia firme se sustente un criterio de fondo preciso, claro e indudable sobre uno de los presupuestos lógicos sobre los que versa el nuevo juicio y, que a su vez, será elemento necesario para sustentar la resolución de este último, a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias. Así, la Corte concluyó que aun en aquellos casos en que la eficacia de la cosa juzgada no tiene un efecto directo respecto a un juicio diverso en tanto que no existe una identidad tripartita (partes, objeto y causa), es inconcuso que lo resuelto en el fondo de manera firme tiene una eficacia indirecta o refleja dentro de un juicio instado con posterioridad, puesto que bajo los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídica, el órgano jurisdiccional del conocimiento debe asumir dichos razonamientos por ser indispensables para apoyar su fallo en el fondo, sobre aquel o aquellos elementos que están estrechamente interrelacionados con lo sentenciado a priori, y evitar así la emisión de sentencias contradictorias en perjuicio del gobernado. Lo anterior en términos de la jurisprudencia que se transcribe enseguida: Novena Época Registro digital: 168959 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, septiembre de 2008 Materia(s): Común Tesis: P./J. 85/2008 Página: 589 "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004. Diputados Integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Procurador General de la República. 25 de septiembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán y Makawi Staines Díaz. El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 85/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho." Precisado lo anterior, conforme a la relatoría de antecedentes a supra líneas, el suscrito tiene como un hecho notorio lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, en sesión correspondiente al dos de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente A.D.C. 823/2028 de su índice, en donde medularmente se razonó que, dentro del juicio sumario civil 668/2017, promovido por Alejandro Negrete Heredia frente a Rogelio Anguiano Martínez y Fidel López Gil, de quienes medularmente reclamó la posesión del bien inmueble con construcción, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos sin número en la Colonia Lázaro Cárdenas en el Municipio de Villa Jiménez, Michoacán, existen elementos válidos para presumir que el bien materia de la controversia se encuentre sujeto a un régimen ejidal y ante ello no pueda conocer del conflicto los tribunales del orden civil. Lo anterior es relevante en la medida de que dicho pronunciamiento constituye cosa juzgada y tiene un reflejo materialmente directo respecto a juicios futuros al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse a posteriori en diverso proceso, y su actualización, se sujeta a la condición de que exista sentencia firme. No obstante, es el caso de que aun cuando se promovió un diverso juicio en el que el aquí quejoso presentó demanda en la vía ordinaria civil frente a los aquí terceros interesados, de quienes medularmente reclamó el mejor derecho de posesión del bien inmueble ubicado en el Boulevard y/o calle Adolfo López Mateos sin número en la Colonia Lázaro Cárdenas, marcado actualmente con el número 4 cuatro por parte del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento del Municipio de Villa Jiménez, Michoacán, lo cierto es que existen otros elementos que eventualmente intentan determinar la naturaleza del bien en litigio y que fueron valorados al momento de resolverse la excepción de incompetencia planteada. Es decir, aun cuando exista cierta similitud entre el juicio sumario civil 668/2017 y el diverso proceso ordinario civil 137/2020 -partes y causa-, por demandarse la posesión de aparentemente el mismo bien raíz y que lo resuelto en cuanto la naturaleza del inmueble dentro del primer proceso sea jurídicamente aplicable en el posterior, se insiste, en su resolución de diez de septiembre de dos mil veinte el Pleno del Supremo de Justicia Tribunal del Estado, por una parte, asumió razonamientos que constituyen cosa juzgada por ser indispensables para apoyar su fallo, pero en otra parte, añadió nuevos razonamientos para reiterar sus consideraciones, sobre todo al valorar diversas documentales que fueron exhibidas dentro del juicio ordinario civil 137/2020. En tales condiciones, a fin respetar los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, evitando al mismo tiempo la emisión de fallos contradictorios, para el caso en estudio el suscrito se encuentra obligado a privilegiar lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, dentro del expediente A.D.C. 823/2028 de su índice, de manera que el examen constitucional que ahora se aborda deberá superar los razonamientos adicionales sostenidos por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Ahora bien, en su libelo constitucional la parte quejosa aduce que el oficio DMICH/AAT/531/2019, de dos de septiembre de dos mil diecinueve expedido por el Registro Agrario Nacional, constata que el predio en conflicto no se localiza dentro de algún ejido o comunidad indígena y, en consecuencia, está acreditado que el bien mencionado no se localiza en la comunidad ejidal Colonia Lázaro Cárdenas de Villa Jiménez, Michoacán. Argumenta que esto es así ya que el oficio referido debe ser valorado conforme al método tasado o legal, a partir del cual tiene pleno valor probatorio y, por ello, excluye a los demás medios de prueba, especialmente, lo que hace a las documentales privadas allegadas al sumario o la presunción que ellas pudieran generar. Como se dijo, lo anterior es infundado. Al respecto los artículos 424, fracciones II y III, y 426, establecen lo siguiente: "Artículo 424. Son instrumentos públicos: [.] II. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos dependientes del Gobierno Federal, o de los particulares de los Estados, de los Ayuntamientos y del Distrito Federal; III. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones; [.]" "Artículo 426. Auténtico se llama todo instrumento que está autorizado y firmado por funcionario público que tenga derecho de certificar y que lleve el sello o timbre de la oficina respectiva." De los anteriores preceptos se colige que son documentos públicos los expedidos por funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, asimismo, que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, timbres de la oficina respectiva y firma que provenga del funcionario que tenga derecho a certificar. Lo cual, patentiza que los documentos públicos tienen una eficacia probatoria privilegiada, debido a que poseen dos requisitos esenciales: i) la autoría pública que deriva de la legitimación de su autor; y, ii) la forma pública que exige la ley. Es por ello que, en relación con la valoración de la documental pública, el juzgador debe verificar, como aspectos fundamentales, la autenticidad del documento (verificación de la autoría del documento por un funcionario público) y la atribución de su eficacia probatoria (lo que se pretende probar), como aspectos intrínsecamente relacionados, en virtud de que la eficacia del documento depende de su autenticidad. Puesto que, aun cuando la documental pública tiene el carácter de prueba tasada o legal de determinados extremos, como son la existencia del documento, la fecha de su emisión, el funcionario que lo emitió y los intervinientes; motivo por el que goce de eficacia privilegiada, la cual no puede ignorarse por el juzgador al momento de valorarlo. Sin embargo, esa eficacia no es absoluta, puesto que, los artículos 530 y 534 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán establecen que, si bien los documentos públicos hacen prueba plena, ello puede ser desvirtuado por las partes, al conferirles el legislador la oportunidad de redargüirlos de falsedad y pedir su cotejo con los originales existentes en los archivos y, por ende, que el objetante esté en aptitud de aportar pruebas y agotar los medios pertinentes para desvirtuarlos. Esto es, el valor legal de la documental pública en torno a que hace prueba plena, goza de una presunción de validez, en tanto no sea demostrada su falsedad mediante la valoración de una prueba en contrario; lo que significa, la expresión "prueba plena" corresponde a un aspecto de autenticidad, no de eficacia probatoria, ya que la falsedad del documento se circunscribe en verificar los requisitos formales de su emisión, como la autoría del documento por un funcionario público, revestido de fe pública dentro del límite de su competencia e, igualmente, que la calidad de público se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos de firmas y sellos. En ese orden de ideas, el término prueba plena no debe entenderse dirigido a su eficacia o alcance probatorio, sino que se limita a una dimensión formal o adjetiva de la prueba, es decir, a la protección de la documental pública respecto de sus elementos formales frente a su imputación basada en otros medios. Efectivamente, tratándose de pruebas documentales públicas pre constituidas con valor pleno tasado por la ley adjetiva civil de Michoacán, se identifican dos dimensiones, una formal o adjetiva, y otra sustancial o material. La primera, como se precisó, se relaciona con el trámite procesal que el legislador diseñó para establecer cuándo se está en presencia de una documental pública, es decir, con la autenticidad del documento público. En tanto que, la segunda, compete al contenido material del documento, esto es, lo declarado, realizado u ocurrido ante la presencia del funcionario público, cuya veracidad también puede ser desvirtuada en juicio; con la diferencia que, el alcance o eficacia del documento público presupone verificar su contenido material a la luz del hecho que se pretende probar. Puesto que, como se indicó, la inferencia lógica parte de la razonabilidad del vínculo que existe entre el hecho base y el hecho consecuencia, lo que tiene como resultado que el valor tasado de la prueba documental está sujeto a la valoración que realice el juzgador de si existe concordancia entre su contenido con la realidad, con base en una apreciación conjunta con el resultado del resto del material probatorio y lo que se pretende demostrar, lo que corresponde a un plano de eficacia demostrativa en su justa dimensión. De ahí que, la circunstancia de que un medio de prueba tenga valor probatorio no necesariamente conduce a concluir que demuestra los hechos afirmados por el oferente, puesto que, resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido. Habida cuenta, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 579, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, el juzgador en la sentencia deberá exponer los razonamientos que haya tenido en cuenta para valorar jurídicamente (conforme la ley) las pruebas y determinar su alcance probatorio, entre las que se encuentra la documental pública. En la especie, se toma en cuenta que la documental consistente en el oficio DMICH/AAT/531/2019, de dos de septiembre de dos mil diecinueve expedido por el Registro Agrario Nacional, -que no obra en el cuaderno de pruebas pero sí transcrita dentro de la resolución de diez de septiembre de dos mil veinte emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado-, en efecto constituye un instrumento público por ser expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en este caso, el Registro Agrario Nacional quien certifica de manera informativa que "el inmueble no se localiza dentro de algún ejido o de alguna comunidad indígena". En efecto, tal como lo sostuvo el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la información proporcionada por la autoridad registrar es meramente informativa, sin constituir derecho alguno a favor del solicitando, siendo su contenido elaborado en base a los datos recabados y proporcionados por los poseedores y posesionarios. De esta manera, se considera que la documental pública descrita, en cuanto a su dimensión adjetiva, es de carácter meramente informativo y lo ahí certificado puede ser desvirtuado por alguna prueba en contrario; de ahí que resulte infundado el relativo motivo de disenso hecho valer, cuenta habida de que incluso el Pleno resolutor señaló los motivos particulares por los cuales la información proporcionada no resultaba suficiente para demostrar que el predio no está sujeto al régimen ejidal o comunal: ".siendo su contenido elaborado en base a datos recabados y proporcionados por los poseedores y posesionarios, tanto es así, que las coordenadas del plano topográfico anexado al informe técnico -folio 11 y 12- fue expedido por la Arquitecta Tania Medina Marcos, lo cual conlleva a que dichas medidas y linderos del inmueble fueron proporcionadas por el propio interesado, sin la intervención de autoridad alguna en su elaboración". Por esta razón, aun cuando la parte quejosa arguye que el contenido del oficio DMICH/AAT/531/2019, se corrobora con el certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto al predio urbano que nos ocupa y certificado de historia catastral, sobre todo si se toma en cuenta la información testimonial ad-perpetuam 143/2012, en donde se exhibió el correspondiente certificado elaborado por el Registro Agrario Nacional en el que se hizo mención que el inmueble materia de la información no es propiedad ejidal o comunal, debe precisarse que la valoración de tales documentales ya fue efectuada en la ejecutoria de apelación 233/2018: ".Además, es de agregarse que es correcto que el actor exhibe para justificar su calidad de propietario de la cosa en litigio, invoca en este asunto interdictal unas diligencias de información testimonial ad perpetuam, empero con entera independencia de su contenido, cabe señalar que en su tramitación no se justificó por el accionante que se trataba de un predio que no perteneciere al régimen ejidal, como también se desprende, que el certificado de historia catastral que presentó el actor en esas diligencias describe un bien inmueble urbano ubicado en calle sin nombre y sin número de la colonia López Mateos, en tanto en su demanda inicial de interdicto describe el bien como un predio ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos sin número en la Colonia Lázaro Cárdenas, lo cual conlleva estar en presencia de predio con diversa localización; como tampoco tiene efectos para justificar que el predio materia de la litis está desincorporado del régimen ejidal, pues dicha oficina no es la competente para tales actos, por ende, ineficaz para el efecto pretendido." [Destacado es propio]. Así, la alegación hecha valer en este momento resulta insuficiente para robustecer el alcance probatorio del mencionado oficio expedido por el Registro Agrario Nacional, sobre todo si como queda expuesto, tiene un efecto reflejo dentro del presente asunto el pronunciamiento firme efectuado en la ejecutoria mencionada que incluso fue reiterado en la resolución de diez de septiembre de dos mil veinte que se dictó dentro del cuaderno de incompetencia 23/2020: "Información la anterior que se trae a colación para resaltar que la misma cuenta catastral 002631-9, arroja diversos datos. Según sus antecedentes, el exhibido con la información Testimonial Ad perpetuam 1443/2012 (acompañada tanto al interdicto como al plenario de posesión), ampara el inmueble ubicado en la calle sin nombre y s/n de la colonia Lázaro Cárdenas, Villa Jiménez, Michoacán. Mientras, el ajuntado al actual asunto, refiere al predio urbano ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos esquina con Teodoro González sin número de la Colonia Lázaro Cárdenas de Villa Jiménez, Michoacán; es decir, predios con localización diversa amparados en una misma cuenta catastral, lo cual confirma la ineficacia en sí de la documental en comento." [Destacado es propio]. Por último, el amparista argumenta que conforme al artículo 1169, fracción II, inciso c), del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, se dispone la idoneidad de la prueba para demostrar la naturaleza de un bien inmueble rústico a través del correspondiente certificado expedido por el registro agrario, de manera que, tratándose de un inmueble urbano, debe aplicarse el mismo principio jurídico; de ahí que el oficio DMICH/AAT/531/2019 de dos de septiembre de dos mil diecinueve expedido por el Registro Agrario Nacional, sea la prueba idónea para acreditar que el predio en litigio no forma parte de la comunidad ejidal denominada Colonia Lázaro Cárdenas de Villa Jiménez, Michoacán. Lo anterior también es infundado. Los artículos 1153 y 1165 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, disponen lo siguiente: "Artículo 1153. La jurisdicción voluntaria, o vía de autorización, comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Por tal motivo, a solicitud de los interesados y en auxilio a la administración de justicia, el Juez podrá autorizar al notario público propuesto para que conozca del asunto y resuelva lo conducente, asegurándose de que los actos se realicen conforme a la normatividad que rige la materia de que se trate precisando las acciones a seguir, de manera análoga a la normatividad procesal respectiva, interpretándola de manera sistemática y funcional exclusivamente para la actuación del notario público. El notario público, en caso de que exista o se presente controversia o contradicción entre partes, regresará el asunto al Juez respectivo de inmediato. Las actuaciones notariales en materia de jurisdicción voluntaria serán notificadas al Juez que haya autorizado, para efectos de su registro en el expediente respectivo. Artículo 1164. La información ad-perpetuam podrá decretarse cuando no tenga interés más que el promovente y se trate: I. De justificar algún hecho o acreditar un derecho; II. Cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar pleno dominio de un inmueble; y, III. Cuando se trate de comprobar la posesión de un derecho real.". Lo anteriores preceptos se encuentran dentro del capítulo relativo a la jurisdicción voluntaria que compren de todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. En particular, la información testimonial ad-perpetuam es uno de aquellos procedimientos de jurisdicción voluntaria en el que el promovente no tiene más interés que el justificar algún hecho o acreditar un derecho, de manera que éste sea debidamente sancionado por el juez. Lo anterior es relevante en la medida de que el precepto que ahora invoca la parte quejosa -1169, fracción II, inciso c)- se ubica dentro del Capítulo II De las informaciones ad perpétuam, de tal suerte que dicho precepto únicamente es aplicable para aquel procedimiento dado que, de acuerdo a su naturaleza, no existe controversia algún que se suscite. Así, no asiste razón jurídica al peticionario de amparo en su argumento antes mencionado -"donde hay la misma razón, debe ser la misma la disposición del Derecho"-, debido a que la previsión legal especial de que habla no puede ser aplicable al procedimiento contencioso en que litiga, de manera que el extremo que pretende probar con el oficio DMICH/AAT/531/2019, se encuentra sujeto a la valoración efectuada por el juzgador acorde a lo ya razonado en supra líneas. Corolario a lo anterior, toda vez que las manifestaciones vertidas a título de conceptos de violación resultaron infundadas, conllevando así la imposibilidad jurídica para demostrar la inconstitucionalidad del acto que se reclama, se concluye que para el caso en estudio queda actualizada la figura de la cosa juzgada refleja, ya que exististe una interdependencia en los conflictos de interés dentro del juicio sumario civil 668/2017 y el juicio ordinario 137/2020, de manera que lo resuelto en el fondo dentro del primer proceso es jurídicamente aplicable en lo conducente al posterior, sobre todo al considerarse que las nuevas pruebas exhibidas por el actor no demuestran que el bien en litigio no forme parte de un ejido o comunidad indígena; de ahí que se estime correcto que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado haya asumido los razonamientos previos por ser indispensables para dictar su fallo, sobre aquellos elementos que están estrechamente interrelacionados con lo sentenciado a priori, y evitar así la emisión de sentencias contradictorias en perjuicio del gobernado. En tales condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Finalmente, se hace la precisión que los criterios jurisprudenciales citados en la presente ejecutoria son aplicables aun cuando se refieren a la anterior Ley de Amparo, pues no se oponen a la ley de la materia en vigor, de conformidad con lo dispuesto a su artículo Sexto Transitorio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 75 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Negrete Heredia, contra el acto que reclamó a la autoridad responsable precisada, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe
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