Alejandro Muñiz Ortiz

Expediente 886/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
886/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Muñiz Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de ocho de agosto del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por Alejandro Muñiz Ortiz, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 1/2009 En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del escrito de demanda que se analiza, se desprende que el quejoso ALEJANDRO MUÑIZ ORTIZ, pretende reclamar en esta instancia constitucional del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Zamora, Michoacán; y del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana, Mesa VI, de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, el auto donde señalan las nueve horas del ocho de agosto de este año, para la audiencia inicial de formulación de imputación, dictado dentro de la causa penal 176/2019. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XII, de la ley en cita, establece: "El juicio de amparo es improcedente: . . . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" También, es necesario señalar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Por su parte, el artículo 103, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . . .". Tal principio es acogido por el artículo 1°, de la Ley de Amparo, por cuanto establece: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . . .". Por su parte el artículo 107, fracción I, Constitucional, dice: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.." En tanto que el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" Lo preceptos constitucionales y legales transcritos, permiten establecer que en el presente caso y en torno del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1°, 6°, este numeral aplicado a contrario sensu y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones legales que enseguida serán expuestas. Ahora, previo a exponer las razones por las cuales este Juzgado de Amparo considera actualizada la causa de improcedencia que sirve de fundamento al sentido que a la presente resolución se otorga, es pertinente hacer una breve referencia a lo que por principio de agravio personal y directo que rige en nuestro Juicio Constitucional, tutelado por la fracción I, del artículo 107, de la Carta Magna, y 6o., de la Ley de Amparo, debe entenderse. El juicio de amparo únicamente puede ser promovido por la persona que esté legitimada para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, es decir, aquel gobernado en cuya esfera jurídica se cause un perjuicio a consecuencia directa del acto de autoridad; por lo que para estimar procedente la vía de amparo intentada por el quejoso, éste debe, en todo caso, estar legitimado, esto es, demostrar su interés jurídico para acudir a la acción constitucional, pues de lo contrario, el Juzgador Federal no puede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por no afectar la esfera jurídica del promovente. Lo anterior significa que si un acto de autoridad no lesiona ninguna situación concreta que se haya establecido conforme a una situación determinada, de manera abstracta y previamente tutelada por la ley, contra dicho acto no es procedente la acción de amparo, aunque tal acto pueda perjudicar material o económicamente al promovente, pues si la ley no prevé esta obligación específicamente determinada, no existirá derecho subjetivo, considerado éste como una facultad que la norma jurídica objetiva concede a cualquier sujeto, de donde deriva su denominación, es decir, la facultad o potestad de exigencia que tienen los individuos cuya institución deriva o consigna la norma objetiva. Bajo ese tenor, al principio de agravio personal y directo, en términos de lo que establece la fracción I, del artículo 107, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o, de la Ley de la Materia, se le debe entender como aquél que impone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le perjudique la ley o el acto que se reclama y por agravio a todo menoscabo patrimonial o no, u ofensa física o moral, siempre que tal menoscabo sea apreciable objetivamente, esto es, la afectación debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo o simple, dicho de otra forma, el principio que se analiza, implica que la acción de amparo sólo será promovida por la persona (física o moral) que se vea afectada en su esfera jurídica por el acto de autoridad y que exista una inmediatez entre la emisión del acto y el surtimiento de sus consecuencias en la esfera jurídica del gobernado. Definido el principio rector del juicio de amparo denominado de agravio personal y directo, el suscrito juzgador procede a exponer las razones lógicas y jurídicas que servirán de base a la presente determinación. En el caso concreto, la parte quejosa ALEJANDRO MUÑIZ ORTIZ, pretende reclamar en esta instancia constitucional del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Zamora, Michoacán; y del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana, Mesa VI, de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, el auto donde señalan las nueve horas del ocho de agosto de este año, para la audiencia inicial de formulación de imputación, dictado dentro de la causa penal 176/2019; de donde se colige, que en el caso particular respecto del acto de molestia del que se duele la promovente y que lo constituyen, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII. Se estima de esa forma, pues el acto reclamado, no afecta en los intereses jurídicos o legítimos del aquí quejoso, esto es, no incide en su esfera jurídica, ya que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. En suma de lo anterior, cabe decir, que la facultad que ejerce el Juez de control para citar al investigado para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, ya que únicamente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial, y donde habrá de definirse si queda o no vinculado a proceso; sin que ello implique una afectación directa su libertad personal, púes aún y cuando de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, ello es un acto futuro de realización incierta, que se encuentra supeditado a la propia actuación del investigado -aquí quejoso-, esto es, que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública., En estas condiciones, en su contra se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, ya que en el caso, la mera citación para llevar a cabo una audiencia inicial, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal; máxime que el eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta de investigación determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público; o en caso de que se ordene la comparecencia forzosa del investigado por no haber comparecido a la audiencia inicial. Sirve de apoyo a la determinación a la que se arriba, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Página: 239 "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO MUÑIZ ORTIZ, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Zamora, Michoacán; y del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana, Mesa VI, de la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Omar Anguiano Romero, Alfredo Anguiano García y Erick Velasco Romero, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que acreditan que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho; y el restante únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite encontrarse facultado para ejercer la aludida profesión. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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