Alejandro Nava Martínez

Expediente 199/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
199/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Nava Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de doce de abril del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ******, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Recepción de escrito inicial. Por recibida la demanda de amparo a nombre de ***, en contra de actos de la juez Único Civil de Partido del Distrito Judicial de Apaseo el Grande, estado de Guanajuato, por violación a los artículo 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 199/2021-7. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En principio, es necesario destacar que la parte quejosa reclama el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinario civil *** sobre "cumplimiento de contrato y otorgamiento y firma de escritura pública del índice de la responsable", donde se declara improcedente su solicitud de citar a sentencia en el controversial de origen. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, pues el suscrito considera que se actualiza la causa improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Ahora bien, con el objeto de demostrar por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se precisa que el quejoso es parte actora en el juicio **** sobre "cumplimiento de contrato y otorgamiento y firma de escritura pública", del índice del juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo El Grande, Guanajuato. En ese orden, cabe señalar que el acto reclamado en este juicio de amparo, consiste en el auto dictado el diez de marzo del año en curso, que declara improcedente citar a sentencia a las partes. Acto, contra el cual el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa ordinario, esto es, el recurso de revocación, previsto en el numeral 2322 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En ese tenor, la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el recurso de revocación en contra del auto reclamado, pues se trata de un proveído que no está previsto como apelable ni resuelve un incidente, en términos del artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato3; de ahí que puede ser revocados por el juez o tribunal que lo dictó. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional por el quejoso -acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno- a través del cual se declara improcedente citar a sentencia a las partes en el controvertido de origen, debió ser impugnado mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 232 de la legislación citada, numeral que establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó. Por tanto, es evidente, que el quejoso estaba obligado a agotar el aludido recurso previo a promover el presente juicio constitucional, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que no se advierte que se esté en alguno de los supuestos de excepción que el mismo prevé. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. De igual forma, se destaca que la solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que es parte en el juicio de origen; en virtud de lo anterior, está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que le perjudiquen, pues de no hacerlo, incumple con el referido principio de definitividad, exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el recurso de revocación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que en contra de los actos aquí reclamados procede revocación de conformidad con el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que el referido medio de defensa es procedente en contra del auto aquí reclamado. En tal sentido, no nos encontramos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe destacar que no pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa refiere en su escrito inicial que a su parecer agotó el principio de definitividad, pues en contra del acto reclamado interpuso recurso de apelación. Empero, como la propia quejosa lo señala, dicho medio de defensa fue desechado por improcedente, pues no es el recurso idóneo en contra del auto reclamado en esta vía constitucional. De ahí que no puede estimarse colmado el principio de definitividad, dado que no basta la interposición de cualquier recurso o medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, como en el caso, lo era el recurso de revocación. Por lo que, si en el caso, la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que tilda de inconstitucional, como lo es el recurso de revocación previsto por el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, es evidente, que no agotó el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis asilada II.4o.C.1 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad4". Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, y como autorizados únicamente para recibir notificaciones y documentos a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Sin que pueda tenerse por hecha la designación que pretende como "representante común" de los autorizados a la persona que nombra, ya que dicha figura es únicamente aplicable a los quejosos que acuden al amparo con un interés común, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.

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