Alejandro Medina Acosta

Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
196/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Medina Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Agréguense a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido por la juez de Ejecución en Materia Penal de Acámbaro, Guanajuato, atento a que en auto de trece de octubre actual se ordenó el archivo definitivo del presente asunto.

  2. Principal

    Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal, por una parte, decretó el sobreseimiento en el juicio y, por la otra, negó la protección constitucional, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que, por una parte, se decretó el sobreseimiento y, por otra, se negó la protección constitucional, dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), y 21, incido c), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, y el cuaderno principal del incidente de suspensión es destruible, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que, por una parte, se decretó el sobreseimiento y, por otra, se negó la protección constitucional en el cuaderno principal, mientras que en el incidente, se negó la medida cautelar provisional y definitiva. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia que negó el amparo, así como el presente acuerdo que ordena el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  3. Principal

    Celaya, Guanajuato, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. VISTOS, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 196/2021, promovido por ****, por su propio derecho, en contra de actos de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este Juzgado, *****, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, del director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato y de la jueza de Ejecución con sede en Pénjamo, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV.- Actos reclamados: De la autoridad responsable ordenadora se reclama la resolución de Segunda Instancia de fecha emitida por la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado dentro del toca de apelación **** el día 12 de marzo de 2021. De la autoridad ejecutora, Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, la ejecución material del traslado involuntario del suscrito al ce.fe.re.so., del Estado de Oaxaca. De la autoridad ejecutora, Jueza de Ejecución de Pénjamo, no obstante lo correcto de su resolución de primera instancia, se reclaman los eventuales actos deducidos del acatamiento de la sentencia de la Décima Sala, por la cual al determinarse que es legal mi traslado no voluntario del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de Acámbaro, al Centro Federal de Readaptación Social No. 13, en el Estado de Oaxaca, pone al suscrito Quejoso, en víspera de ser trasladado a ese distante centro de reinserción social, ello, en contra de mi voluntad. Fojas 2 y 3 del cuaderno de amparo. En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 196/2021; además, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. TERCERO. Previa vista otorgada por esta potestad, por auto de nueve de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la ampliación de demanda por lo que ve a una diversa autoridad a la señalada inicialmente; en consecuencia, se solicitó el informe justificado respectivo y se dio la intervención de ley a la agente del Ministerio Público de la adscripción, quien no formuló pedimento. Asimismo, reconoció el carácter de terceros interesados a los siguientes: a. Agente del Ministerio Público adscrita a la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien fue emplazada al presente juicio el doce de abril de dos mil veintiuno (foja 42 de autos). b. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Acámbaro, Guanajuato, quien fue emplazado al presente juicio el trece de mayo de dos mil veintiuno (foja 95 de autos) CUARTO. Finalmente, una vez integrado el presente asunto, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado en esta instancia es la resolución de segundo grado que revoca una determinación, para el efecto de calificar de legal el traslado del quejoso de su lugar de reclusión a un diverso centro penitenciario, determinación que tiene la naturaleza jurídica de un acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin y esta comenzó a ejecutarse en Acámbaro, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Es de invocarse la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO." Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en Acámbaro, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: I. La resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno dictada en el toca número **** que revocó la determinación de veintiuno de agosto de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución ****, actualmente registrada bajo el número ***, que declaró la legalidad del traslado del ahora quejoso del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 13 en el estado de Oaxaca. II. La ejecución de la resolución anterior. Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. 2. Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato. 3. Jueza de Ejecución de Penas con sede en Pénjamo, Guanajuato. 4. Jueza de Ejecución en Materia Penal de Acámbaro, Guanajuato. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La jueza de Ejecución de Penas de Pénjamo, Guanajuato (fojas 24 y 25 de autos) al rendir su informe justificado negó la existencia del acto de ejecución que se le atribuyó, sin que la parte quejosa desvirtuara con medio de convicción alguno dicha negativa. Ahora, este juzgador federal estima inexistente el acto de ejecución reclamado a la jueza citada, en virtud de que efectivamente dicha autoridad no ha realizado ningún acto tendente a ejecutar la resolución reclamada. En efecto, dicha autoridad señaló al rendir su informe con justificación que, si bien conoció de la carpeta de ejecución número **** y su acumulada ****, lo cierto es que por resolución de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictó una resolución en la cual declinó competencia en favor del juez de Ejecución de Acámbaro, Guanajuato, quien aceptó la competencia planteada y, en consecuencia, dio salida definitiva al asunto. En tal virtud, la jueza citada no tuvo intervención en la ejecución del acto reclamado y la parte inconforme no ofreció prueba para desvirtuar la negativa de la autoridad de que se trata, por lo que es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Por tanto, ante la inexistencia del acto de ejecución reclamado a la citada autoridad responsable -en este considerando- con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, por lo que a tal acto y autoridad se refiere. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2843, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato (foja 21), el director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (foja 45) y la jueza de Ejecución en Materia Penal (fojas 77 y 78), ambos de Acámbaro, Guanajuato, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyeron. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron las responsables, consistentes en copias certificadas toca número ****y de la carpeta de ejecución número ****; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. El quince de diciembre de dos mil once, la jueza de Ejecución de Penas de Pénjamo, Guanajuato, radicó la carpeta de ejecución número **** e inició la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del ahora quejoso en la causa penal número **** del índice del Juzgado Penal de Partido de Pénjamo, Guanajuato, por la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de quienes en vida respondieron al nombre de ***** y *****, en donde se impusieron las siguientes penas: a. Prisión de sesenta años. b. Multa de $8,810.00. c. Pago de la reparación del daño por la cantidad de $92,813.00. d. Suspensión en el ejercicio de sus derechos electorales. (Fojas 24 y 25 del tomo de pruebas número I). 2. Por auto de once de septiembre de dos mil trece, la jueza de Ejecución de Penas de Pénjamo, Guanajuato, ordenó la acumulación de la carpeta de ejecución 415/2011 a la diversa 207/2011 (fojas 9 y 10 ídem). 3. El dos de julio de dos mil veinte, la jueza de Ejecución de Penas de Pénjamo, Guanajuato, calificó de legal el traslado del ahora quejoso del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Pénjamo, Guanajuato al diverso centro penitenciario con sede en Acámbaro, Guanajuato (fojas 562 a 566 del tomo de pruebas número II) 4. Mediante oficio número SSP/SS/DGSP/CERSA/0001457-2020 de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, el encargado de la Dirección del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, solicitó el traslado del sentenciado de su lugar de reclusión al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", debido a que este cuenta con un perfil de riesgo institucional alto y puede llegar a vulnerar la seguridad de ese centro penitenciario, toda vez que requiere de medidas especiales de seguridad (fojas 644 a 681 ídem). 5. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, la jueza de Ejecución de Penas de Pénjamo, Guanajuato, no calificó de legal dicho traslado (fojas 703 a 712 ídem). 6. En contra de la anterior determinación, el director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, interpuso recurso de apelación (fojas 734 a 738 ídem). 7. El nueve de septiembre de dos mil veinte, la jueza de Ejecución de Penas de Pénjamo, Guanajuato, declinó la competencia en favor del juez de Ejecución de Acámbaro, Guanajuato (fojas 835 a 837 ídem). 8. El veintidós de septiembre de dos mil veinte, la jueza de Ejecución en Materia Penal de Acámbaro, Guanajuato, aceptó la competencia declinada en su favor y radicó la carpeta de ejecución numero ****. 9. Del recurso de apelación descrito conoció la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo radicó bajo el toca número *** y por resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, revocó la determinación impugnada y declaró la legalidad del traslado de mérito (fojas 151 a 154 del tomo de pruebas número III). Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. 10. En auto de quince de abril de dos mil veintiuno, la juez responsable recibió el oficio presentado por el subdirector jurídico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, a través del cual informó que el ahora quejoso ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca". SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta violación a los derechos del quejoso, que se deba suplir en virtud de la suplencia de la queja, pues a consideración de quien resuelve la resolución reclamada se encuentra ajustada a Derecho. En el primer concepto de violación el quejoso aduce, en esencia, que se vulneran sus derechos fundamentales debido a lo siguiente: ? Que se realizaron valoraciones de ciertos datos, los cuales no tienen la categoría de medios convictivos y, no obstante ello, se les da el valor de periciales. ? Que, por ello, el acto reclamado no se llevó a cabo conforme al debido proceso y tampoco hubo la exigencia del estándar probatorio previsto para ello. ? Que la opinión del Comité Técnico es aislada y sin sustento; que no se encuentra respaldada con fundamentos; y, no contiene un método de trabajo técnico-científico. ? Que en la resolución reclamada se sostuvo que la institución penitenciaria es de mediana seguridad, pero el reglamento que rige dicho centro de readaptación es de mil novecientos noventa y dos, por lo que debe considerarse el desfase temporal de la norma reglamentaria. ? Que se vulnera el principio de presunción de inocencia. En el segundo concepto de violación el promovente del amparo alega, de manera sintetizada, que: ? Se le impuso una sanción penal, pero la resolución reclamada no coadyuva a tener un proceso de reinserción social. ? Que el artículo 18 constitucional reconoce el derecho de la persona sentenciada a la reinserción social y de ahí se deprende un elemento esencial y este es el derecho es compurgar la pena en el centro de reclusión más cercano a su domicilio. Lo cual se vulnera al ordenar trasladarlo del centro penitenciario de Acámbaro, Guanajuato al centro de reclusión en Oaxaca. ? Que se vulnera su derecho reconocido en el artículo 18 constitucional, el cual también se encuentra reconocido en el artículo 49 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. ? Que en la resolución reclamada debió realizarse una ponderación entre su derecho a la dignidad y su derecho a la reinserción social. En el tercer concepto de violación, el peticionario sostiene que la legislación autoriza a la autoridad administrativa para trasladar a las personas privadas de su libertad, pero debe ser en casos excepcionalmente graves. Lo que en el caso no acontece. Debido a que tiene varios años como sentenciado e interno del sistema penitenciario del estado de Guanajuato, por lo que no existe urgencia. Lo cual debió ser exhaustivamente revisado en la resolución reclamada. Finalmente, en el cuarto concepto de violación refiere que también se vulnera su derecho a la familia, pues el hecho de ser trasladado a Oaxaca impacta en su familia, puesto que es más tiempo de recorrido y más gastos para poder realizar una visita familiar. Los motivos de disenso sintetizados son infundados, por las consideraciones siguientes: En principio, y con la finalidad de contar con un marco legal que sirva para la solución del presente asunto es necesario traer a colación el contenido de los artículos 49 y 52 de la Nacional de Ejecución de Penas, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Del precepto legal citado en primer término se desprende, en lo que interesa, que las personas sentenciadas "podrán" cumplir con la condena privativa de la libertad en el centro de reclusión más cercano a su domicilio, pero tal determinación no es aplicable en casos de delincuencia organizada o cuando se trate de otras personas que requieran medidas especiales de seguridad. Por su parte, el segundo de los preceptos legales transcritos establece las formalidades esenciales del procedimiento que rige a los traslados no voluntarios, pues de ahí se desprende que estos podrán efectuarse a través de una resolución administrativa que emita la autoridad penitenciaria y sin autorización judicial. Esta determinación estará supeditada a la decisión final que tendrá el juez de control o de ejecución e, incluso, el legislador ordinario estableció la posibilidad de recurrir esa decisión, quedando así en manos del poder judicial la última palabra sobre la actuación penitenciaria, a efecto de vigilar que no sean vulnerados los derechos fundamentales del interno. Así, al ser una medida urgente no rige el derecho fundamental de audiencia previa, por lo que la autoridad administrativa está facultada, excepcionalmente, para ordenar el traslado, sin la autorización previa del órgano jurisdiccional. Además, de este numeral se desprende que la autoridad administrativa tiene la obligación de justificar que el supuesto de hecho que motivó el traslado encuadre en alguna de las tres hipótesis normativas que ahí se prevén, a saber: a) en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; b) en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y c) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario, ya que si la autoridad no justifica que el traslado ocurrió con motivo de alguno de esos tres supuestos, la consecuencia será que el juez califique de ilegal el traslado y revoque los efectos de esa decisión ilegal. En la especie, en la resolución reclamada se sostuvo lo siguiente: ".Los conceptos de agravio anteriores son fundados. En primer lugar, asiste la razón al apelante en cuanto a que la necesidad de situar al sentenciado en un centro de reclusión diverso no es una conclusión aislada y sin sustento, como estableció la jueza de origen, sino que encuentra respaldo en las opiniones periciales de **** y *****, especialistas en psicología y criminalística, respectivamente, y miembros del Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro. El primero de los mencionados concluyó que el sentenciado, "desde el primero de julio del presente año, no ha presentado una evolución positiva o adecuada en su conducta [.], representa un riesgo institucional alto con una capacidad criminal alta en la cual pueda alterar la estabilidad e integridad de las personas privadas de la libertad así como la interacción con al personal del Centro. Por lo que como medida especial de seguridad se considera ubicarlo en un Centro Diverso". En el mismo sentido se manifestó la segunda de los peritos mencionados, quien determinó que el inculpado "es un riesgo para la paz, seguridad y tranquilidad de este Centro [.] una persona con una capacidad criminal peligrosidad alta, presente un riesgo institucional alto, por lo que requiere un nivel de custodia e infraestructura de máxima seguridad y medidas especiales de seguridad". A lo anterior debe añadirse el hecho señalado por el impugnante y omitido por la juzgadora, consistente en que la institución dirigida por aquél está catalogada como "institución penitenciaria de mediana seguridad, y carece de áreas diseñadas para que las habiten personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad". Lo anterior pone en evidencia la incorrección de la decisión combatida, puesto que el traslado del sentenciado no fue llevado a cabo sin justificación, sino con base en las características propias de aquél, determinadas pericialmente, relativas a que su estancia representa un riesgo alto de que el funcionamiento ordinario y la seguridad del centro penitenciario se vea impedidos. Esas circunstancias implican el imperativo de asumir medidas especiales para evitar el peligro descrito se actualice, las cuales no es posible ejecutar en el Centro Estatal de Prevención Social sito en Acámbaro, toda vez que carece de la infraestructura y el personal idóneos para ello. No obsta a lo anterior que el sentenciado no haya incurrido en faltas disciplinarias que ameriten sanciones administrativas, durante su permanencia en la institución carcelaria mencionada. Como adecuadamente señala el inconforme, la clasificación del interno como "de alta peligrosidad y riesgo institucional alto" no depende únicamente de que aquél incumpla la normatividad interna del centro, sino que también pueda derivarse, como en el caso, de sus características propias, descritas en párrafos precedentes. Además, a la determinación de la juzgadora de origen subyace la confusión de dos supuestos diversos: la puesta en peligro y su actualización, cuya distinción radica en que, mientras en el primer solo se hace manifiesta la proximidad del daño, en el segundo se han desplegado las acciones necesarias para hacerlo efectivo. En el caso, lo que se verificó fue la posibilidad de que el sentenciado afecte la gobernabilidad del centro de reclusión, circunstancia que por sí sola misma autorizaba a la autoridad carcelaria a ordenar su traslado, sin que fuera necesario esperar a que incurriera en una conducta indebida concreta. Sostener lo contrario, como pretende la jueza natural, implicaría obligar a los funcionarios penitenciarios a abstenerse de actuar hasta que la normatividad se vea transgredida, exigencia carente de razonabilidad puesto que lo que se pretende es precisamente la prevención de infracciones de esa clase. Consecuentemente, el hecho de que el sentenciado no haya desacatado el reglamento de su centro de reclusión no es una razón válida para impedir su traslado. Por último, en lo tocante a la falta de un procedimiento previo para ordenar el traslado del reo, asiste la razón al impugnante, toda vez que el Comité Técnico actúo con base en la facultad que por excepción le confiere el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin más exigencia que notificar al juez competente dentro de las 24 horas siguientes a la realización del traslado, requisito que fue cumplido. Por lo tanto, es inconcuso que para asumir la decisión de trasladar al sentenciado por las razones descritas, no era necesario agotar el procedimiento descrito por la juzgadora, pues el carácter excepcional del supuesto de que se trata facultaba a dicho comité para actuar sin conceder intervención alguna a la persona privada de la libertad. En conclusión, al ser fundados los conceptos de agravio formulados por el apelante, lo procedente es revocar el auto impugnado, emitido en veintiuno de agosto de dos mil veinte, por la Jueza de Ejecución con sede en Pénjamo, Guanajuato, dentro de la carpeta de ejecución ****, actualmente registrada bajo el número ****, en e Juzgado de Ejecución de Acámbaro, Guanajuato. En consecuencia, al ser indispensables medidas especiales de seguridad y estar en peligro la gobernabilidad del Centro Penitenciario, se declara la legalidad del traslado involuntario de *****, decretado por el Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, de conformidad con las fracciones I y III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal." De lo anterior se desprende que en la resolución reclamada se determinó revocar el auto apelado, para el efecto de calificar de legal el traslado decretado en contra del ahora quejoso, por actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penas, debido a que el ahora quejoso requiere medidas de seguridad, así como que se encuentra en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. En tal virtud, contrario a lo argumentado por el promovente del amparo en el primer concepto de violación, la resolución reclamada es apegada a Derecho. En primer lugar, es necesario señalar que el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no impone a la responsable un estándar probatorio que deba cumplirse para justificar la autorización del traslado involuntario, como lo pretende el quejoso. Además de que, al actualizarse un caso de urgencia no resulta necesario que la autoridad responsable, al examinar la legalidad de la orden de traslado, obtuviera pruebas directas, contundentes e incuestionables sobre las circunstancias personales del acusado, o de diversas situaciones que motivaron su traslado a otro centro de reclusión, ya que esas cuestiones pueden acreditarse indiciariamente. A manera orientadora se cita la tesis aislada IX.1o.5 P (10a.)5 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que establece lo siguiente: "TRASLADO DE INTERNOS QUE PURGAN PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD A OTRO CENTRO PENITENCIARIO. LAS CAUSAS QUE LO MOTIVAN, ESTABLECIDAS EN LA ORDEN CORRESPONDIENTE, PUEDEN ACREDITARSE INDICIARIAMENTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 19/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 1, octubre de 2012, página 14, de rubro: "DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE.", estableció que las personas sentenciadas a purgar una pena privativa de libertad, tienen derecho a ser internadas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio; sin embargo, este derecho no es absoluto y puede quedar sujeto a los casos y condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, con independencia de los asuntos de delincuencia organizada. Además, las restricciones a ese derecho pueden obedecer a circunstancias legalmente establecidas, como se indica expresamente en la jurisprudencia, pero también a motivos fácticos, imprevistos o ajenos al actuar de las autoridades encargadas de ejecutar las sentencias privativas de libertad, ya sea por las condiciones personales del propio interno, o bien, por causas externas, por ejemplo, el sobrecupo en un centro de internamiento, el deterioro físico del inmueble, la insuficiencia de custodios, etcétera. En esas situaciones de excepción, la autoridad encargada de la ejecución de la pena de prisión puede autorizar el traslado de los internos mediante mandamiento escrito en el que se cumplan las exigencias formales señaladas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, fundando y motivando debidamente su actuar, debiendo tenerse en cuenta, al examinar la legalidad de dicha orden, la imposibilidad o dificultad de obtener pruebas directas, contundentes e incuestionables sobre las circunstancias personales del sentenciado, o de diversas situaciones que motivaron su traslado a otro centro de reclusión, y que esas cuestiones pueden acreditarse indiciariamente." Aunado a lo anterior, debe destacarse que, una vez revisadas las constancias por quien resuelve, se advierte que obra el oficio SSP/SS/DGSP/CERSA/0001457-2020 de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, el cual será analizado oficiosamente más adelante, con la finalidad de aclarar el por qué es que estiman apegadas a Derecho las consideraciones que sustentan la resolución reclamada. Bajo ese contexto, la resolución reclamada se basó en lo determinado por el Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, en particular, en las opiniones de *********, quienes concluyeron que debe trasladarse al quejoso por dos motivos: 1. Personales, en cuanto a que representa un grado de peligrosidad alta, que puede alterar la estabilidad de las personas privadas de su libertad; y 2. Circunstancias propias del inmueble, en cuanto a que éste está clasificado como de mediana seguridad y no está habilitado para albergar internos que requieran medidas especiales. En tal virtud, la denominación que se otorgué a dichas opiniones, es decir, si tienen el carácter o no de periciales, no es suficiente para restarles eficacia probatoria, pues, aun y cuando fueran consideradas como indicios, sirven para determinar la personalidad del ahora quejoso, aunado a que estas fueron asociadas con las demás circunstancias del caso, lo que condujo a justificar el traslado del quejoso a otro centro penitenciario. Tampoco, debe desestimarse el hecho de que el centro penitenciario sea de mediana seguridad, pues como se advierte del contenido del oficio SSP/SS/DGSP/CERSA/0001457-2020 de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte y sus anexos, en dicho lugar de reclusión se encuentran internos diversos sujetos que son líderes de grupos delincuenciales antagónicos, dentro de los cuales destacan "Cartel Santa Rosa de Lima", "Cartel Jalisco Nueva Generación" y "Cartel Familia Michoacana", quienes siempre están en busca de tener más adeptos. Aunado a que existen amenazas y agresiones latentes al interior de dicho centro penitenciario. También, ahí se precisó que dadas las condiciones del centro de reclusión debe velarse no solo por el interés particular de un interno, sino que debe prevalecer el interés general de todos los que están en prisión preventiva o compurgando una sanción privativa de libertad, así como el orden, disciplina y seguridad del propio centro penitenciario. Ahora, solo con la finalidad de evidenciar la situación existente en el Centro Penitenciario de Acámbaro, Guanajuato, se transcribe lo siguiente: "..Lo anterior, además se puntualiza, primeramente, en virtud de que los niveles de inseguridad de este Centro Penitenciario se han elevado peligrosamente, a consecuencia de la gran cantidad de personas privadas de la libertad pertenecientes a grupos de delincuencia organizada que han ingresado a últimas fechas y la formación y unión de estos grupos delincuenciales al interior Centro, así como el riesgo que conlleva la convivencia de personas pertenecientes a grupos antagónicos de la delincuencia organizada, así como el sobrecupo y hacinamiento que se está verificando, contraviniendo disposiciones en materia de derechos humanos." (Fojas 657 vuelta del tomo de pruebas número II). Por tanto, contrario a lo que refiere el quejoso la opinión del Comité Técnico no es aislada y sin sustento; sino que derivó precisamente de la relación existente entre las opiniones vertidas ****, así como las demás circunctancias que rodean el caso, en particular las condiciones generales del centro de reclusión. Además, el método empleado para arribar a esas conclusiones, por sí solo, no pone de manifiesto, clara e indiscutiblemente, que lo ahí expuesto sea inverosímil como lo pretende el promovente del amparo. En tal virtud, aun y cuando las pruebas narradas con anterioridad no tuvieran valor probatorio pleno, se estima que deben considerarse suficientes para justificar el traslado del quejoso a otro centro de reinserción social. Sin que con ello se vulnere el principio de presunción de inocencia del quejoso, pues de las constancias allegadas por la autoridad penitenciaria se advierten indicios suficientes y no desvirtuados por este, de que se actualizan las hipótesis referidas para que operara su traslado a otro centro penitenciario. De ahí que, el concepto de violación en estudio es infundado, pues, contrario a lo argumentado por el quejoso, sí está justificado su traslado a un diverso centro de reclusión. Por otra parte, contrario a lo que sostiene el quejoso en su segundo concepto de violación, no se trastoca el derecho a la reinserción social, pues el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula el nuevo modelo penitenciario de reinserción social, como parte de las medidas para cumplir ese cometido, dispone que en los casos y condiciones que establezca la ley, los sentenciados podrán compurgar su pena en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a su comunidad como forma de reinserción social, con excepción de los casos de delincuencia organizada y respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. Sobre el tema el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia que la palabra "podrán", que utiliza el Constituyente, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta que el ejercicio de tal derecho representa un acto de voluntad del sentenciado que puede manifestar en una petición concreta para su traslado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues solo así, atendiendo a la cercanía de su comunidad, puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Además, abundó, el Pleno, que el hecho de que en la referida norma constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado o restringido, no así uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar ese beneficio, siempre y cuando sean necesarios y proporcionales en relación con el fin que se persigue. Entonces, ese derecho humano cuenta con supuestos de excepción, como acontece en el caso, previstos en la ley secundaria como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia P./J. 19/2012 (10a.)6 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado." En tal virtud, si el derecho que tiene el quejoso para estar recluido en un centro penitenciario cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, no es absoluto y éste no cumple con las condiciones para alcanzarlo y disfrutarlo, de ninguna forma con la determinación de trasladarlo a lugar distinto se le violenta dicho derecho reconocido en la constitución. Es así, pues como se evidenció en párrafos precedentes se está en presencia de un supuesto de excepción, como lo es el traslado involuntario previsto en artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debido a que se justificó que el promovente del amparo requiere de medidas especiales de seguridad y que se encuentra en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Por tanto, el concepto de violación en estudio es infundado. Por otro lado, carece de sustento lo argumentado en el tercer concepto de violación. Ello es así, pues la legislación aplicable autoriza los traslados involuntarios de las personas privadas de su libertad, en casos excepcionales. Lo que en el caso acontece. En efecto, como se evidenció con anterioridad el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los supuestos en los cuales opera el traslado involuntario, que en la especie consisten en: 1. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; 2. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y; 3. Cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Además, la autorización del traslado no voluntario en los supuestos referidos tiene la finalidad de garantizar los derechos humanos a la integridad física, inclusive, a la vida, no solo del sentenciado, sino también de los diversos reclusos, de los visitantes y del personal que labora en el centro penitenciario. Asimismo, no se puede perder de vista que en términos del artículo 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal7, es la autoridad penitenciaria la encargada no solo de supervisar las instalaciones de los centros penitenciarios sino que cuenta con la obligación de mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de los visitantes. Razón por la cual, tiene a su favor dicha figura legal la cual le permite actuar 7 Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria La Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del Sistema Penitenciario. sin necesidad de citar a audiencia a un recluso, a tal grado que podrá realizar la acción de traslado y después buscar la convalidación en la instancia judicial. Así, no asiste la razón al promovente cuando aduce que solo están autorizados los traslados en casos excepcionalmente graves y urgentes, por el contrario, lo que la autoridad administrativa debe considerar es si se justifica o no uno de los supuestos previstos en el artículo 52 antes citado, pues, se insiste, tal circunstancia tiene la finalidad de proteger los derechos humanos a la integridad física, inclusive, a la vida del sentenciado, de los diversos reclusos, de los visitantes y del personal que labora en el centro penitenciario, como aconteció en la especie. Por tanto, el concepto de violación en análisis es infundado. Finalmente, en el concepto de violación cuarto sostiene que el acto reclamado violenta su derecho a la familia, debido a que esta tendrá que trasladarse a Oaxaca para visitarlo, lo que generará mayores recorridos y más gastos para poder realizar una visita familiar. Argumento que es infundado. Es así, pues no se desconoce que la medida implica una carga y costos para el recluso y sus familiares; sin embargo, de un balance entre los intereses en juego, se obtiene que la limitante impuesta al quejoso es proporcional con la consecución del fin, en virtud de que la posible lesión de los derechos del promovente a la integridad física y a la vida no es desmedida, sino que resulta adecuada, pues ello atiende a que se justificó la actualización de los supuestos previstos en las fracciones I y III del numeral 52 de la ley referida. Aunado a que, se insiste, el derecho fundamental a compurgar la pena en el lugar más cercano al domicilio reconocido en el artículo 18 constitucional, es limitado; ya que tanto la propia Carta Magna, como la legislación secundaria establecen límites y condiciones al respecto, a través de los cuales se busca la protección de los derechos humanos a la integridad física y a la vida. De ahí, lo infundado del concepto de violación en estudio. En mérito de lo anterior, al ser infundados los conceptos de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras jueza de Ejecución en Materia Penal y director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social, ambos de Acámbaro, Guanajuato, debido que los actos de estas no se cuestionaron por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad atribuida a la orden reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8, que establece: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. La justicia federal no ampara ni protege a ******, en contra de los actos que reclamó de la Magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, de la jueza de Ejecución en Materia Penal y del director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social, ambos de Acámbaro, Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que aún no median ocho días entre la fecha de notificación a las partes del auto en que se ordenó dar vista con la documental que allegó a su informe justificado la juez de Ejecución en Materia Penal en Acámbaro, Guanajuato y la diversa señalada para celebrar la audiencia en este juicio. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su celebración las quince horas con cuarenta minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 191995, Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."

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