Alejandro Mendoza Machado
Expediente 250/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alejandro Mendoza Machado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. En resolución constitucional de seis de abril de dos mil veintidós, que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado, para efecto de que la responsable: "[.] dicte el laudo en el juicio laboral 1776/2006." El dos de mayo anterior, se declaró que causó ejecutoria el fallo protector, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la resolución constitucional. III. Calificativo de cumplimiento. Por oficio recibido en la oficialía de partes común de este juzgado el trece de mayo del presente año, remitió documentales de las que se observa que el dos de mayo de dos mil veintidós, emitió laudo en el juicio de origen 1776/2006, de su índice. Por lo anterior, mediante acuerdo de diecisiete de mayo de los corrientes, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. V. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta suscrito por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Del estado de los autos se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para efecto de que la autoridad responsable: "[.] dicte el laudo en el juicio laboral 1776/2006." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. Conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar a este juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de incumplir injustificadamente, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6 K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del seis de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, registrado con folio 4509. El juez acuerda. Se tiene por hecha la certificación anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable; asimismo, tómese en consideración al emitir la sentencia constitucional. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que no les transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica: No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado (hoy tercero interesado), no comparezcan a esta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el presente caso, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del juicio de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documental ofertada por la responsable; así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su triple aspecto, ofertadas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza la documental en trato, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional. Ahora, en relación con la prueba de inspección judicial ofertada por la quejosa en su demanda, con fundamento en el primero de los citados preceptos, se desecha al no resultar el medio idóneo para acreditar la existencia del acto reclamado; aunado a que resultaría ocioso el desahogo de esta, toda vez que las documentales exhibidas por las partes y las allegadas por este juzgador, resultan suficientes para resolver la cuestión planteada. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 250/2022 L -II; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Alejandro Mendoza Machado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. El nueve de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La omisión de la autoridad responsable de dictar laudo dentro del juicio laboral 1776/2006. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la junta laboral, cuya certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas por la responsable al rendir su informe justificado, así como de la constancia que remitió en apoyo, de la que se desprende la existencia del acto en reclamo. Consideraciones jurídicas Toda vez que la autoridad responsable no hizo valer alguna causal de improcedencia en su informe justificado, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; en consecuencia, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Ahora, la parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo para el dictado del laudo. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, de los numerales 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el secretario hará la certificación correspondiente y se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con la precisión que de no realizar manifestación alguna, de oficio se procederá al cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, el auxiliar de la junta, dentro del plazo de diez días, formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará copia a los integrantes de esta, quienes a su vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán ordenar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo dentro de un lapso de ocho días. Después de haber transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias pendientes, el presidente de la junta citará a los miembros para la audiencia, discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes al que haya concluido el término fijado, o el desahogo de las diligencias respectivas. Finalmente, una vez aprobado el proyecto de resolución, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los integrantes de la junta, el cual, se pasará al actuario para que lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, suma un aproximado de treinta y tres días. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable radicada bajo el número de expediente 1776/2006. Seguida la secuela procesal, el doce de marzo de dos mil veintiuno, la responsable declaró cerrada la instrucción y se citó el juicio de origen para oír resolución definitiva, y no existe constancia alguna que acredite que se haya dictado la resolución correspondiente. Por lo que es notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral, toda vez que a la fecha han transcurrido más de doce meses, sin que se advierta que se hubiere dictado el laudo respectivo. En ese tenor, se concluye que vulnera la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VI. Decisión En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, dicte el laudo en el juicio laboral 1776/2006. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: VII. Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Mendoza Machado, respecto del acto reclamado precisado en el del apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, para los efectos precisados en el diverso VI, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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