Alejandro Julián Imperial
Expediente 212/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juez de Control y Juicio Oral Penal en el Estado de Sonora
- Alejandro Julián Imperial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino del cuaderno incidental de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el cuaderno principal en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración del original (único). Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintidós minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto admisorio, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación de las autoridades responsables que los rindieron; a lo anterior el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de las constancias de autos, entre estas, de los informes justificados de las autoridades que los rindieron. Con excepción de las autoridades denominadas como juez de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Sonora; agente del Ministerio Público Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado; agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones; director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Elementos bajo su mando; jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Base Operativa Hermosillo; y, Elementos del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, todos de esta ciudad, en virtud de que por auto de dos de marzo pasado se declararon inexistentes, y se ordenó suspender toda comunicación con estas. Abierto el período de pruebas, se hace constar que no se ofrecieron medios de prueba en el presente juicio; el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; el juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos, con lo que se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y Resultando: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Alejandro Julián Imperial solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados del juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Sonora; juez de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado; agente del Ministerio Público Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado; agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar; agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones; Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora; director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Elementos Bajo su Mando; jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Base Operativa Hermosillo; y, Elementos del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, todos de esta ciudad, por lo que a dicho escrito de demanda le correspondió el número de juicio ********************. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio a la representación social la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de dos de marzo del presente año, y en virtud de que el quejoso no desahogó la vista a que se refiere el auto de veintitrés de febrero del presente, se tuvo por inexistentes a las autoridades denominadas como agente del Ministerio Público Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado; juez de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado; agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones; director General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Elementos Bajo su Mando; jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Base Operativa Hermosillo; y, Elementos del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, todos de esta ciudad, y se ordenó suspender toda comunicación con estas. Finalmente, se celebró la audiencia en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: I. Competencia 5. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Precisión de los actos reclamados 6. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: a) Órdenes de detención, aprehensión y la privación de libertad del quejoso, así como su ejecución. III. Inexistencia de los actos reclamados 7. No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables: Juez de Control y Juicio Oral Penal en el Estado de Sonora, y Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. 8. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, en relación con la existencia de una orden de detención o aprehensión, ni desvirtuó la negativa formulada por las autoridades apenas mencionadas; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. 9. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos. 10. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 11. De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 12. Por otra parte, no es el caso tener por presuntivamente cierto el acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en relación con la orden de aprehensión reclamada, en virtud de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, el libramiento de la orden de aprehensión corresponde a la autoridad judicial, precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su ejecución. Análisis de fondo 13. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la orden de detención reclamada. 14. Sin que sea necesario para su estudio transcribir el concepto de violación esgrimido, pues no existe precepto legal que obligue al juzgador a ello; además, tal circunstancia no deja en estado de indefensión al quejoso, al no privarle de la oportunidad para recurrir esta sentencia y alegar lo que estimare pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. 15. Así, el quejoso aduce esencialmente respecto del acto reclamado (orden de detención), que los mandatos tendientes a privarlo de la libertad (entre estos la orden de detención), violentan flagrantemente sus garantías de libertad, legalidad y de seguridad jurídica, que contemplan los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 16. Ahora, previo a examinar el aludido concepto de violación, analizado aún en suplencia de la queja, se impone acudir a ciertos aspectos generales que giran en torno a la interpretación del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. 17. Así, cabe destacar que lo relativo a la obligación oficiosa del juez de Distrito de recabar pruebas o actuaciones procesales que no obren en el expediente, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, prevista en el diverso numeral 75, párrafo tercero, del mismo cuerpo legal, no emerge en el caso justiciable, merced a que, esta hipótesis únicamente surge cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y las constancias relativas se estiman necesarias para la emisión de la sentencia constitucional; sin embargo, cuando la autoridad es omisa y el acto reclamado a ella, no es en sí mismo violatorio de derechos fundamentales, no tiene aplicación el precitado dispositivo legal, pues en esos casos debe aplicarse el numeral 117, conforme al cual, corresponde a la parte quejosa demostrar que el acto reclamado es inconstitucional. 18. Retomando el análisis del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, atinente a la presunción de certeza del acto reclamado, se advierten dos hipótesis distintas, a saber: El acto reclamado sea inconstitucional en sí mismo, en cuyo caso, la parte quejosa queda relevada de probar lo que resulta evidente: su inconstitucionalidad; y El acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo, en este supuesto, la parte impetrante se encuentra obligada a demostrar que el actuar de la autoridad es contrario a las normas elementales constitucionales, por lo que tal actuar le depara un daño o perjuicio judicial tutelado. 19. Para entender cuándo se está en alguno de los supuestos antes destacados se hace necesario precisar que la inconstitucionalidad o no, a la que el artículo analizado alude, entraña entender, si la autoridad señalada como responsable, conforme a la legislación a ella aplicable, puede o no actuar en los términos que se le reclaman; es decir, sopesar si la emisión de la actuación controvertida cumple el principio elemental de legalidad, el cual, en tratándose de órganos gubernamentales, se traduce en la posibilidad de hacer únicamente lo que la ley les permite hacer. 20. De tal suerte que ante la presunción de certeza de un acto reclamado, a una potestad que no rindió su informe, para determinar si aquél tiene la calidad de inconstitucional (en sí mismo), deberá analizarse si la legislación que regula a esa autoridad, le faculta o no para actuar en los términos que lo hizo. 21. Así, en el supuesto de que la normatividad aplicable no le permita actuar como lo hizo, la inconstitucionalidad del acto reclamado será manifiesta; y, en caso contrario, esto es, de tener facultades para actuar en los términos reclamados, será necesario que el quejoso aporte elementos de prueba para evidenciar que el ejercicio de la facultad concedida por la ley es contraria a los principios mínimos de legalidad, y así estar en posibilidad de concederle la protección constitucional. 22. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en una orden de detención, que se tuvo por presuntamente cierta, ante la omisión de la autoridad responsable que ha quedado precisada con anterioridad, el cual, es un acto que la legislación le permite realizar al representante social que fue omiso, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que la propia legislación le exige, en el caso concreto, conforme a lo previsto en el artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone, que solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad, ordenar la detención, fundado y expresando los indicios que motiven su proceder. 23. En ese orden argumentativo, el acto reclamado de trato, constituye una actuación que válidamente puede efectuar el representante social señalado como responsable (omiso en rendir el informe justificado), como en el caso acontece; de ahí que su actuar no pueda ser catalogado como inconstitucional en sí mismo, en los términos del artículo 117, párrafo tercero, ya analizado en los párrafos precedentes. V. Decisión 24. En consecuencia, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado III, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. 25. Por otra parte, en relación con el acto catalogado como presuntivamente cierto, enunciado en el apartado IV, no puede estimarse que sea en sí mismo, violatorio de derechos fundamentales, porque: a) la legislación aplicable, esto es, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén la posibilidad de que la responsable actúe en los términos reclamados (artículo 16 Constitucional, párrafo sexto); y b) el quejoso no probó y/o preparó pruebas, a efecto de que este órgano jurisdiccional pudiera obtenerlas, para poder realizar el estudio de su constitucionalidad o no, aún en suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal instado, respecto de dicho acto reclamado. VI. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Julián Imperial, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Julián Imperial, contra el acto de la autoridad precisada en el considerando IV de este fallo, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
IV. Re s u e l v e: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Alejandro Julián Imperial, contra los actos precisados en el punto II, reclamados a las autoridades que se numeraron en el punto III, de esta resolución. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
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