Alejandro Magaña Tavera

Expediente 581/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
581/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Magaña Tavera
  • Director de la Dirección de Pensiones Civiles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado por el que se le informó que la sentencia dictada dentro del presente juicio causó ejecutoria, asimismo se ordenó su archivo y se le devolvieron los autos del expediente que allegó en apoyo a su informe justificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se negó la protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Séptima Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió al presente juicio en apoyo a su informe justificado mismas que obran en un tomo de pruebas, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 2-11), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, Alejandro Magaña Tavera, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 581/2019 y en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (fojas 23-26) se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve (foja 33), se reconoció el carácter de tercero interesado a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consiste en: Sentencia dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación I-115/2019, que confirmó la interlocutoria dictada el trece de marzo del año en curso, en el incidente de litisconsorcio pasivo necesario, interpuesto por Alejandro Magaña Rivera, dentro del juicio sumario civil 729/2018, que en ejercicio de la acción personal que sobre pago de pesos y real hipotecaria, promovió la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, frente al incidentista. Interlocutoria en la que se declaró improcedente la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado (foja 32), admitió la certeza del acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe la citada autoridad, consistente en el original del toca de apelación I-115/2019 [constante de un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte la sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, materia de controversia del presente juicio de amparo; de ahí que se tenga debidamente probado el mismo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, por conducto de sus apoderados jurídicos y mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, solicitó que se sobreseyera el presente juicio de amparo, para lo cual se apoyó en los argumentos siguientes: "[.] solicito que al momento de resolver la presente demanda se sobresea el presente juicio de garantías, toda vez que resulta a todas luces tedioso e improcedente el mismo ya que se origina de un juicio Sumario Civil Hipotecario, y es contemplado en la legislación local aplicable que en el presente asunto, en el Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, que nos habla de los juicios sumarios, el cual al describir sus reglas generales de procedibilidad, en su artículo 606 establece que "...Artículo 606.- Cualquier incidente que surgiere se tramitará sin suspender el procedimiento principal, oyendo al colitigante para que conteste la demanda dentro de veinticuatro horas, las pruebas se ofrecerán en los escritos que formen la litis incidental y se recibirán en el término de cinco días; los alegatos se presentarán en el plazo común de veinticuatro horas, transcurrido el cual y previa citación de oficio, el Juez o tribunal resolverá el incidente antes de dictar sentencia definitiva, salvo que la ley disponga otra cosa. La interlocutoria que se dicte no admitirá recurso alguno... ". Por lo que, de lo establecido, por la legislación local se entiende improcedente el recurso ya interpuesto y vencido pues fue resuelto como infundado e inoperante por el juzgador de origen y aun así el quejoso pretende hacer efectivo un derecho que es por demás improcedente, ilógico y que tiende únicamente a dilatar la ejecución del juicio de origen, pretendiendo evadir el pago que resulta de la obligación contraída con mi representada; por lo que deberá negarse el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, sin dilación alguna [.]". Sin embargo, como se advierte del texto transcrito, dicha autoridad no señaló cuál era la causal que estimaba se actualizaba ni argumento del que esta juzgador pudiera advertir de cuál se trataba. Máxime, no es de obvia ni de objetiva constatación, pues sólo manifiesta que se debe sobreseer porque se origina en un juicio sumario civil hipotecario, cita el artículo 606 del Código adjetivo civil del Estado y luego señala que el recurso interpuesto fue resuelto como infundado e inoperante por el juez de origen; que lo único que pretende el quejoso es dilatar la ejecución del juicio de origen; esto es, de dichos argumentos no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia. Por tanto, este juzgador se encuentra impedido para analizar la referida causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de las disposiciones legales invocadas por la responsable para fundarla. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, al resolver la contradicción de tesis 142/2006-SS, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 365, Tomo XXIV, Octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, 174086: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Ahora bien, toda vez que las partes no invocaron causal de improcedencia de la acción constitucional ni de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna de ellas; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Una vez establecido lo anterior, este juzgador considera que son inoperantes en una parte e infundados en otra los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. En primer lugar se establecerá la razón de la inoperancia y para dar sustento a lo anterior, debe precisarse que Alejandro Magaña Tavera, por conducto de su apoderado jurídico, interpuso recurso de apelación contra la interlocutoria dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el cual expresó los agravios siguientes: "ÚNICA FUENTE O CONCEPTO DE ÁGRAV10.-. La Sentencia Interlocutoria datada el 13 de marzo del año en curso, en su considerando tercero, vulnera en esencia los preceptos legales 11, 1163, del Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo en relación a los dígitos 35, 573, 575, 1005, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, 8° parte 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por dejar de encontrarse apegada y ajustada en derecho, como se verá bajo los siguientes razonamientos: En ese contexto, el precepto legal 11 del Código Civil de esta Entidad Federativa, cita "[.]". Por su parte, el cardinal 1163 de La Legislación Sustantiva Civil de esta demarcación territorial, establece "[.].Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de estos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, pero todos los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario, con relación a los otros deudores. En ese sentido, el arábigo 35 del Código de Procedimientos Civiles, cita "[.]. La excepción de litispendencia procede cuando un juez conoce ya de un juicio en el que exista igualdad entre partes, acciones y cosas con el juicio en qué se haga valer. De proceder la excepción de litispendencia, se sobreseerá el segundo juicio. Existirá litisconsorcio cuando las cuestiones materia de un juicio afecten o favorezcan a dos o más personas, de manera que no sea posible pronunciar sentencia válida, sin oírlas a todas ellas, en virtud de existir entre éstas comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso o tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa, de hecho o jurídica. Por otro lado, el dígito 573 de La Legislación Procesal Civil en el Estado menciona "[.]". Bajo esa óptica, el precepto legal 8° parte 1 de La Convención Americana de los Derechos Humanos, establece, "[.]". De tal manera, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el considerando tercero del fallo datado el 13 de marzo del año 2019, viola el artículo 11 del Código Civil en relación al precepto legal 573 del Código de Procedimientos Civiles, en el entendido QUE LA SENTENCIA DEBERÁ SER CONFORME A LA LETRA O A SU INTERPRESTACIÓN JURÍDICA, DONDE SE ENCUENTRE FUNDADA, situación que no aconteció, pues, transgrede el espíritu del legislador, ya que la reforma sufrida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el año 2008, donde el Juzgador Primario, debió prestar atención a la obligación que le impone el artículo 1°, es decir, donde todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como lo que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. En otras palabras, atendiendo a ese control de convencionalidad, lo que implica es buscar la compatibilidad entre las normas de derecho interno y la Convención Americana, con base en una interpretación expansiva de esta última para generar un espectro de mayor alcance en favor de la persona. Es decir, todos los operadores jurídicos -control difuso de convencionalidad- deben armonizar las normas nacionales y las convencionales, para establecer una efectiva protección de los derechos humanos; máxime, que el A quo, siendo una autoridad judicial, dejó de aplicar ese control de convencionalidad ex officio en el marco de sus atribuciones, como lo prevé el artículo 8 parte 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los cardinales XVII y XVIII de La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, por ende, anteponer ese principio de armonizar ese marco jurídico interno con el previsto convencionalmente, o bien en su caso, inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos, contenidos en la propia Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, me permito introducir a modo de orientación, el criterio de la ejecutoria que a continuación transcribo: "INTERPRETACIÓN CONFORME, SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA [.]". Bajo esa tesitura, tenemos que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, adolece un criterio ilegal en la sentencia motivo del presente recurso, trayendo consigo una franca violación al artículo 1163 del Código Sustantivo Civil de esta Entidad Federativa, ya que se contrapone a lo manifestado en su argumentación de los cardinales 1152 y 1154 de la referida codificación, puesto, que lo aducido por el juzgador señala la inexistencia del litisconsorcio en el presente asunto, sustentando esa determinación en una solidaridad pasiva, ante más deudores que contraigan la obligación de prestar, para ello, el acreedor puede exigir el pago de ambos o de uno solo, empero, criterio que no comparte el ahora disidente, es de explorado derecho, que a la muerte de una persona, la herencia es considerada como la sucesión de todos los bienes del difunto sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, como lo cita el arábigo 452 de La Legislación Civil del Estado, por tal motivo, trasladándose al cardinal 1163 de la propia norma sustantiva, el legislador permanente estable en sentido contrario que a la muerte de uno de los deudores solidarios, y se dejare varios herederos, cada uno de estos, tendrá la obligación de pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, empero, todos los coherederos son considerados como un solo deudor solidario, situación, por consiguiente al esbozo de ese sustento legal, existe la representación de un deudor solidario para que responda de las obligaciones del difunto, como lo es JUAN MIGUEL MAGAÑA PONCE, es decir, no basta que haya un desistimiento de la demanda que se intentara, pues, de no ser así, se estaría violando el derecho fundamental a la sucesión de ser oída y vencida en juicio, como lo prevé nuestra constitución federal en sus artículos 14 y 16. Ahora bien, no pasa por desapercibido que la representación legal de una sucesión es el albacea considerado como el órgano representativo de la copropiedad de la herencia para actuar en su nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en lo relativo a la defensa y administración de los bienes, donde contiene una función específica de obligatoriedad en la de representación de todos los juicios que se promuevan contra ella o que esta promueva como lo establecen los dígitos 844, 872 fracciones VII y VIII de La Legislación Civil del Estado de Michoacán de Ocampo; situación que pasó por alto el Juzgador, soslayando la voluntad en el espíritu del legislador, máxime, que atendiendo a las reformas sufridas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el criterio pro persona, las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no solo los derechos humanos contenidos en la propia norma general de la nación, sino que también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, al tenor del artículo 133 de la carta magna, es decir, que se adopte la interpretación más favorable al derecho humano, por ende el Juez del conocimiento vulnera el artículo 17 de la referida norma, es decir, haber dejado de llamar a la Sucesión de Juan Miguel Magaña Ponce, para así tener por acreditada una relación jurídica procesal correcta, y, no como lo plasma en su criterio plasmado en la sentencia interlocutoria que hoy se combate; pues, dicha resolución soslaya en esencia la figura jurídica del litisconsorcio, ante la falta de llamamiento a juicio de uno de los obligados, máxime, que de conformidad al cardinal 133 de la carta magna debe aplicarse In el presente asunto el control de convencionalidad ex officio, en el marco de sus atribuciones y, por ende, se debe en principio armonizar el marco jurídico interno con el previsto convencionalmente 8° parte 1, del tratado de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que, ese control de convencionalidad implica buscar la compatibilidad entre las normas de derecho interno y la Convención Americana, con base en una interpretación expansiva de esta última para generar un espectro de mayor alcance en favor de la persona. Me permito introducir la siguiente tesis de jurisprudencia que a la letra reza: "LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO, PARA QUE LOS INTERESADOS COMPAREZCAN AL PROCEDIMIENTO A DEDUCIR SUS DERECHOS Y LA SENTENCIA QUE SE DICTE SEA VÁLIDA PARA TODOS ELLOS [.]". "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. EL ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL ESTABLECER QUE DE PROSPERAR ESTA EXCEPCIÓN NO SE ENTRE AL ESTUDIO DE FONDO DE LA ACCIÓN EJERCITADA, ES INCONVENCIONAL POR VIOLAR EL DERECHO HUMANO DE 41 ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO [.]".. En esa tesitura, la sentencia que se combate, no fue hecha a la interpretación y letra del espíritu de la ley, como lo prevé el cardinal 11 de La Legislación Sustantiva Civil, criterio que a gloso modo resulta inverosímil, ya que, contrario a lo sostenido por ese resolutor primario, y siguiendo los principios generales del derecho, básicamente en la jurisprudencia, nuestro más alto tribunal de la nación ha establecido al litisconsorcio pasivo necesario, como aquel juicio no puede iniciarse, tramitarse y resolverse legalmente, sino cuando se llame a todos los que intervinieron en el negocio jurídico cuyo cumplimiento se demande, pues, la sentencia que llegare a dictarse puede tener como objeto determinar un nuevo estado de derecho debido a la naturaleza jurídica de las acciones que se ejercitan, requiriéndose por tal motivo, que los demandados mantengan una comunidad jurídica con respecto al objeto de la litis planteada, al encontrarse obligados por una misma causa. Y no a lo aducido ante la inexistencia de un litisconsorcio por virtud de la figura de una solidaridad pasiva que funda en los artículos 1152 y 1154 del Código Civil de esta Entidad Federativa. Más sin embargo, en el presente asunto, se colige que el cumplimiento de esa obligación deriva de un préstamo personal, donde un tercero lo garantizo mediante hipoteca, por consecuencia, el acreedor debe deducir su acción en contra del obligado en lo personal COMO ASÍ LO ANUNCIA EN SU ESCRITO INICIAL COMO UNA ACCIÓN PERSONAL Y REAL, por consiguiente ese juicio hipotecario surge entre el deudor principal y el tercero garante ante un litisconsorcio pasivo necesario, porque debido a la naturaleza del juicio de se trata, la sentencia que llegare a dictarse tendrá necesariamente que hacer un pronunciamiento sobre el bien hipotecado, y determinará, en su caso, un nuevo estado de derecho respecto de ese bien; de ahí que para poder iniciar, tramitar y resolver legalmente un juicio como el mencionado, es indispensable citar al, mismo no sólo al obligado personal, sino también al tercero garante, como así lo habrá de razonar ese Tribunal de Alzada al momento de revocar la sentencia que se apela. Ante tal motivo, ese Órgano Jurisdiccional Primario como una Institución de Orden Público, y, conocedor del derecho, al no encontrar una adopción jurídica aplicable, este debió ceñirse a los principios generales del derecho; Donde el legislador lo permite en su artículo 11 del Código Sustantivo Civil, ante esa situación, la sentencia se encuentra adolecida de ilegalidad, por tanto, se transgrede el principio del derecho humano, por no estar ajustada y apegada a derecho, violando la esencia de los artículos 573 y 575 del Código de Procedimientos Civiles en esta Entidad Federativa, en virtud, de que la propia resolución dejar de contener las características propias de claridad y precisión, como así lo observara esa Magistratura, esto es así, porque, la sentencia de marras, en sí misma es confusa, por tanto, infringe los principios rectores plasmados en los preceptos legales invocados; En la inteligencia, el Juez relator del veredicto dejó de explicar con argumentos sólidos su proceder, la cual estuviera robustecido por un razonamiento lógico y jurídico, para así, tener como visión el criterio adoptado, lo que se traduce en dar a conocer con detalle, de manera completa la esencia de esa circunstancias y condiciones en que procedió a determinar su criterio, empero, ante la ausencia de esa modalidad, es evidente en cuestionarla y contravenirla, por este medio de impugnación, a ello, no basta que su motivación sea pro forma, es decir, imprecisa, si no por el contrario, sea suficiente para explicar, justificar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica del derecho invocado, empero, ciñéndose al principio de tutela judicial, la cual constituye una obligación del Juzgador en apegarse a esa exigencias formales citadas y violadas. Bajo esa tesitura, me permito introducir el criterio sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia que a la letra reza: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, SURGE ENTRE EL OBLIGADO EN LO PERSONAL Y EL TERCERO GARANTE, CUANDO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL PRIMERO, SE PROMUEVE UN JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO [.]". Por último, debe precisarse ante ese Tribunal de Apelación, que partiendo del génesis de la Sentencia Interlocutoria en su considerando tercero, el Juez de Origen viola en mi perjuicio lo establecido en los artículos 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, porque no es clara y precisa, y, por consiguiente no está fundada y motivada. Por lo que, ante la interpretación sistemática del cardinal 17 de nuestra Carta Magna, donde nos permite entender, que el legislador estableció la modalidad de salvaguardar ese derecho fundamental a la tutela judicial, que por consiguiente, el Juez Origen dejo de aplicar en la Sentencia Definitiva, donde se les colige que deben evitar toda práctica que origine una negativa del derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, ya que atendiendo a ese arbitrio judicial, que adopto el resolutor, refleja una inaplicación de esa norma, como de su motivación equivocada, pues, de conformidad al artículo 11 del Código Civil deberá aplicarse los principios generales, en consecuencia soslaya el precepto legal 575 del Código Procesal Civil de esta Entidad Federativa; Ahora bien, cabe señalar que la connotación del arbitrio judicial, mencionada por tratadistas, se entiende como aquella potestad conferida a un juez, para usar en los casos sometidos a su decisión donde le permita resolver considerando las normas aplicables, por tanto, La Suprema Corte de justicia de la Nación, establece en razón a esa facultad, la valoración de las pruebas, y donde sea los más adecuado para lograr una sentencia completa e imparcial, lo que presuponen que sea útil y justa, para lograr la protección más amplia de las personas, criterio que paso por alto el A quo, y que se postro en dejar de entrar al fondo del asunto; Por lo que, transgredió el principio de CONGRUENCIA y DEBIDO PROCESO, dado que las sentencias deberán ajustarse a la litis planteada, estableciéndose en su modalidad dos clases: a).- la interna, consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos, b).- la externa, exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la Litis. Bajo esa tesitura, se desprende que toda resolución deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos, lo que significa que deberá observarse que se dicte atento a lo planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas, situación, que en la especie no aconteció por parte del juzgador Inferior, por tanto, deja de tener ese elementos la sentencia definitiva, y con ello, se estaría vulnerando los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por ello, que la esa facultad impero atributiva que le confiere a ese Tribunal de Alzada, el artículo 682 de La Legislación Procesal Civil del Estado, ante la inexistencia del reenvió, esa sala del conocimiento dará luz jurídica a su resolución, llevando acabo ese estudio minucioso de la acción planteada en juicio, así como, de las excepciones opuestas en la contestación de la demanda. De lo anterior, me permito introducir la siguiente ejecutoria que a la letra reza: "APELACIÓN. CASO EN QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR PLENITUD DE JURISDICCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) [.]". Ahora bien, en el presente juicio de amparo, el quejoso señaló los conceptos de violación siguientes: "ÚNICO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- La sentencia de fecha 30 de abril del año 2019, pronunciada por la autoridad infractora de garantías, Magistrado de la Séptima Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, viola en su entorno y esencia los artículos 1°, 14, 16, de la Carta Constitucional de La Nación Mexicana, al haberse conculcado en perjuicio del ahora imperante de amparo, en concordancia a los numerales 11, 1163, del Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo en relación a los dígitos 35, 573, 575, 1005, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, dígito 8° parte 1 de La Convención Americana de los Derechos Humanos. Por su parte el artículo 1° de nuestra carta marga cita [transcribe] [.]. Ahora bien el precepto legal 14 de La Constitución Mexicana, señala [.] Bajo ese orden, el precepto legal 16 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita [.]. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Federal señala ".". En ese contexto, el precepto legal 11 del Código Civil de esta Entidad Federativa, cita ".". Por su parte, el cardinal 1163 de La Legislación Sustantiva Civil de esta demarcación territorial establece ".". En ese sentido, el arábigo 35 del Código de Procedimientos Civiles, cita ".". Por otro lado, el dígito 573 de La Legislación Procesal Civil en el Estado, menciona ".". Así mismo, el cardinal 575 de Lo Codificación Procesal en lo Materia Civil de esta Entidad Federativa, expresa ".". Bajo esa óptica, el precepto legal 8° parte 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece ".". Bajo esa óptica, se pone de manifiesto que el Tribunal de Alzada, en su sentencia que ahora combato, violó en perjuicio del solicitante de amparo, lo palmado en los artículos 1°, 14, 16, de nuestra carta magna, en el entendido, que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución como de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como el propio ordenamiento legal 133 de la Carta Magna lo estable, en su ratificación sobre dichos instrumentos internacionales, por ende, el Tribunal de Segunda Instancia dejó de interpretar ese sentido amplio en la protección de Ios derechos fundamentales, es decir, de oficio, por consiguiente, la sentencia no medio lo establecido a las formalidades esenciales del procedimiento, a más, de que la resolución ahora combatida dejo de estar fundada y motivada, es decir, dejo de estar ajustada y apegada a derecho, transgrediendo en esencia de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna en concordancia a los numerales 573 y 575 de la Legislación Adjetiva Civil de esta Entidad Federativa, debido a que dejó de explicar con argumentos sólidos su proceder, la cual estuviera robustecido por un razonamiento lógico y jurídico, para así, tener como visión el criterio adoptado, lo que se traduce en dar a conocer con detalle, de manera completa la esencia de esas circunstancias y condiciones en que procedió a determinar, empero, ante la ausencia de esa modalidad, es evidente en cuestionarla y contravenirla, por este conducta a ella, no basta que su motivación sea pro forma, es decir, imprecisa, si no por el contrario, sea suficiente para explicar, justificar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica del derecho invocado, empero, ciñéndose al principio de tutela judicial, la cual constituye una obligación hacia el Juzgador en apegarse a esas exigencias formales citadas y violadas, amén, de haber dejado en fundamentar y motivar la ejecutoria que en vía de amparo se pretende modificar, atendiendo que la misma no se encuentra AJUSTADA A DERECHO, esto es, ante la falta de sustento, fundamento y motivación jurídico, puesto que la garantía soslayada en su orden jurídico ES LA DE MAYOR PROTECCIÓN que se imparte al gobernado en nuestro sistema jurídico mexicano, máxime, que impera sobre ella una eficacia jurídica, por lo que, en la especie nunca aconteció, en virtud, de que él propio numeral 5754 (sic) del referido Código, cita QUE TODA SENTENCIA DEBE ESTAR FUNDADA, por tanto, el ahora imperante de garantías no comparte el criterio sostenido por él Tribunal de Apelación al establecer en la sentencia la confirmación de la sentencia de primer grado; puesto, que de igual forma deja de realizar aquella exposición de razonamientos tanto lógicos como jurídicos, que avale el sentido del fallo; En consecuencia, para nuestro sistema jurídico la connotación de fundamentación, es aquella en que la autoridad tiene el deber de citar con precisión el o los preceptos legales acordes al evento. Amén, de que por motivación se refiere al acto de autoridad donde ha de expresar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada que se hubiere tenido en consideración para el sentido del fallo; para que con ello, dicho resultado sea necesaria la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configure la hipótesis normativa de los preceptos legales que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecer la relación que existe entre uno y otro, siendo que en momento alguno la sentencia contiene esos supuestos fácticos, ante esa situación, resulta carente motivación implicando una severa contraposición al espíritu de la ley; ya que, indebidamente dio una valoración a los medios de prueba, por tal razón, deviene precisar que en aras del artículo del artículo 79 de Lo Ley de Amparo, solicito se sirva aplicar la suplencia deficiencia de los conceptos de violación, ya que él legislador estableció LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, con la finalidad de que me sea CONCEDIDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Sirve de apoyo a lo narrado en ese apartado de conceptos de violación la Jurisprudencia de La Primera Sala de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 162, del Tomo XXII, del mes de Diciembre de 2005, Materia Común, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE [.]". De tal manera, la autoridad responsable en el considerando tercero del fallo datado el 30 de abril del año 2019, viola el artículo 11 del Código Civil en relación al precepto legal 573 del Código de Procedimientos Civiles, en el entendido QUE LA SENTENCIA DEBERA SER CONFORME A LA LETRA O HA SU INTERPRESTACIÓN JURÍDICA, DONDE SE ENCUENTRE FUNDADA, situación que no aconteció, pues, transgrede el espíritu del legislador, ya que la reforma sufrida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el año 2008, donde el Juzgador Primario, debió prestar atención a la obligación que le impone el artículo 1°, es decir, donde todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como lo que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. En otras palabras, atendiendo a ese control de convencionalidad, lo que implica es buscar la compatibilidad entre las normas de derecho interno y la Convención Americana, con base en una interpretación expansiva de esta última para generar un espectro de mayor alcance en favor de la persona. Es decir, todos los operadores jurídicos control difuso de convencionalidad. deben armonizar las normas nacionales y las convencionales, para establecer una efectiva protección de los derechos humano; máxime, que el A quo, siendo una autoridad judicial, dejó de aplicar ese control de convencionalidad ex officio en el marco de sus atribuciones, como lo prevé el artículo 8 parte 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como los cardinales XVII y XVIII de La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, por ende, anteponer ese principio de armonizar ese marco jurídico interno con el previsto convencionalmente, o bien en su caso, inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos, contenidos en la propia Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, me permito introducir a modo de orientación, el criterio de la ejecutoria que a continuación transcribo: "INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA [.]". Bajo esa tesitura, tenemos que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de esta Entidad Federativa, adolece un criterio ilegal en la sentencia motivo del presente recurso, trayendo consigo una franca violación al artículo 1163 del Código Sustantivo Civil de esta Entidad Federativa, ya que se contrapone a los manifestado en su argumentación de los cardinales 1152 y 1154 de la referida codificación, puesto, que lo aducido por el Juzgador señala la inexistencia del litisconsorcio en el presente asunto, sustentando esa determinación en una solidaridad pasiva, ante más deudores que contraigan la obligación de prestar, para ello, el acreedor puede exigir el pago de ambos o de uno solo, empero, criterio que no comparte el ahora disidente, es de explorado derecho, que a la muerte de una persona, la herencia es considerada como la sucesión de todos los bienes del difunto sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, como lo cita el arábigo 452 de La Legislación Civil del Estado, por tal motivo, trasladándose al cardinal 1163 de la propia norma sustantiva, el legislador permanente establece en sentido contrario que a la muerte de uno de los deudores solidarios, y se dejare varios herederos, cada uno de estos, tendrá la obligación de pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, empero, todos los coherederos son considerados como un solo deudor solidario, situación, por consiguiente al esbozo de ese sustento legal, existe la representación de un deudor solidario para que responda de las obligaciones del difunto, como lo es JUAN MIGUEL MAGAÑA PONCE, es decir, no basta que haya un desistimiento de la demanda que se intentara, pues, de no ser así, se estaría violando el derecho fundamental a la sucesión de ser oída y vencida en juicio, como lo prevé nuestra constitución federal en sus artículos 14 y 16. Ahora bien, no pasa por desapercibido que la representación legal de una sucesión es el albacea considerado como el órgano representativo de la copropiedad de la herencia para actuar en su nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en lo relativo a la defensa y administración de los bienes, donde contiene una función específica de obligatoriedad en la de representación de todos los juicios que se promuevan contra ella o que esta promueva como lo establecen los dígitos 844, 872 fracciones VII y VIII de La Legislación Civil del Estado de Michoacán de Ocampo; situación que pasó por alto el Juzgador, soslayando la voluntad en el espíritu der legislador, máxime, que atendiendo a las reformas sufridas en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el criterio pro persona, las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no solo los derechos humanos contenidos en la propia norma general de la nación, sino que también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, al tenor del artículo 133 de la carta magna, es decir, que se adopte la interpretación más favorable al derecho humano, por ende el Juez del Conocimiento vulnera el artículo 17 de la referida norma, es decir, haber dejado de llamar a la Sucesión de Juan Miguel Magaña Ponce, para así tener por acreditada una relación jurídica procesal correcta, y, no como lo plasma en su criterio plasmado en la sentencia interlocutoria que hoy se combate; pues, dicha resolución soslaya en esencia la figura jurídica del Iitisconsorcio, ante la falta de llamamiento a juicio de uno de los obligados, máxime, que de conformidad al cardinal 133 de la carta magna debe aplicarse en el presente asunto el control de convencionalidad ex officio, en el marco de sus atribuciones y, por ende, se debe en principio armonizar el marco jurídico interno con el previsto convencionalmente 8° parte 1, del tratado de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por lo que, ese control de convencionalidad implica buscar la compatibilidad entre las normas de derecho interno y la Convención Americana, con base en una interpretación expansiva de esta última para generar un espectro de mayor alcance en favor de la persona. Me permito introducir la siguiente tesis de jurisprudencia que a la letra reza: "LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO, PARA QUE LOS INTERESADOS COMPAREZCAN AL PROCEDIMIENTO A DEDUCIR SUS DERECHOS Y LA SENTENCIA QUE SE DICTE SEA VÁLIDA PARA TODOS ELLOS [.]". "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. EL ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL ESTABLECER QUE DE PROSPERAR ESTA EXCEPCIÓN NO SE ENTRE AL ESTUDIO DE FONDO DE LA ACCIÓN EJERCITADA, ES INCONVENCIONAL POR VIOLAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO [.]". En esa tesitura, la sentencia de carácter de ejecutoria, no fue hecha a la interpretación y letra del espíritu de la ley, como lo prevé el cardinal 11 de Lo Legislación Sustantiva Civil, criterio que a groso modo resultó inverosímil, ya que, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, y, siguiendo los principios generales del derecho, básicamente en la jurisprudencia, nuestro más alto tribunal de la nación ha establecido al Iitisconsorcio pasivo necesario, como aquel juicio no puede iniciarse, tramitarse y resolverse legalmente, sino cuando se llame a todos los que intervinieron en el negocio jurídico cuyo cumplimiento se demande, pues, la sentencia que lIegare a dictarse puede tener como objeto determinar un nuevo estado de derecho debido a la naturaleza jurídica de las acciones que se ejercitan, requiriéndose por tal motivo, que los demandados mantengan una comunidad jurídica con respecto al objeto de la litis planteada, al encontrarse obligados por una misma causa. Y no a lo aducido ante la inexistencia de un Iitisconsorcio por virtud de la figura de una solidaridad pasiva que funda en los artículos 1152 y 1154 del Código Civil de esto Entidad Federativo. Más sin embargo, en el presente asunto, se colige que el cumplimiento de esa obligación deriva de un préstamo personal, donde un tercero lo garantizo mediante hipoteca, por consecuencia, el acreedor debe deducir su acción en contra del obligado en lo personal COMO ASÍ LO ANUNCIA EN SU ESCRITO INICIAL COMO UNA ACCIÓN PERSONAL Y REAL, por consiguiente ese juicio hipotecario surge entre el deudor principal y el tercero garante ante un Iitisconsorcio pasivo necesario, porque debido a la naturaleza del juicio de que se trata, la sentencia que llegare a dictarse tendrá necesariamente que hacer un pronunciamiento sobre el bien hipotecado, y determinará, en su caso, un nuevo estado de derecho respecto de ese bien; de ahí que para poder iniciar, tramitar y resolver legalmente un juicio como el mencionado, es indispensable citar al mismo no sólo al obligado personal, sino también al tercero garante, como así lo habrá de razonar ese Tribunal de Control Constitucional al momento de conceder el amparo y protección de la justicia federal. Por último, cabe señalar que tanto el Órgano Jurisdiccional de Primera y Segunda Instancia son una Institución de Orden Público, y, conocedores del derecho, al no encontrar una adopción jurídica aplicable, este debió ceñirse a los principios generales del derecho; Donde el legislador lo permite en su artículo 11 del Código Sustantivo Civil, ante esa situación, la sentencia se encuentra adolecida de ilegalidad, por tanto, se transgrede el principio del derecho humano, por no estar ajustada y apegada a derecho, violando la esencia de los artículos 573 y 575 del Código de Procedimientos Civiles en esta Entidad Federativa, en virtud, de que la propia resolución dejar de contener las características propias de claridad y precisión, como así lo observara esa juez del orden federal, esto es así, porque, la sentencia de marras, en sí misma es confusa, por tanto, infringe los principios rectores plasmados en los preceptos legales invocados; En la inteligencia, el Juez relator del veredicto dejo de explicar con argumentos sólidos su proceder, la cual estuviera robustecido por un razonamiento lógico y jurídico, para así, tener como visión el criterio adoptado, lo que se traduce en dar a conocer con detalle, de manera completa la esencia de esa circunstancias y condiciones en que procedió a determinar su criterio, empero, ante la ausencia de esa modalidad, es evidente en cuestionarla y contravenirla, por este medio de impugnación, a ello, no basta que su motivación sea pro forma, es decir, imprecisa si no por el contrario, sea suficiente para explicar, justificar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica del derecho invocado, empero, ciñéndose al principio de tutela judicial, la cual constituye una obligación del Juzgador en apegarse a esa exigencias formales citadas y violadas. Bajo esa tesitura, me permito introducir el criterio sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia que a la letra reza: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, SURGE ENTRE EL OBLIGADO EN LO PERSONAL Y EL TERCERO GARANTE, CUANDO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL PRIMERO, SE PROMUEVE UN JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO [.]". Bajo esa tesitura, debe precisarse que partiendo del génesis de la Sentencia, la autoridad responsable viola en mi perjuicio lo establecido en los artículos 574 Y 575 del C6digo de Procedimientos Civiles en el Estado, porque no es clara y precisa, y, por consiguiente no está fundada y motivada. Por lo que, ante la interpretación sistemática del cardinal 17 de nuestra Carta Magna, donde nos permite entender, que el legislador estableció la modalidad de salvaguardar ese derecho fundamental a la tutela judicial, que por consiguiente, esa magistratura dejo de aplicar en la Sentencia Definitiva, donde se les colige que deben evitar toda práctica que origine una negativa del derecho fundamental de acceso a la impartici6n de justicia, ya que atendiendo a ese arbitrio judicial, que adopto refleja una inaplicación de esa norma, como de su motivación equivocada, pues, de conformidad al artículo 11 del Código Civil deberá aplicarse los principios generales, en consecuencia soslaya el precepto legal 575 del Código Procesal Civil de esta Entidad Federativa; Ahora bien, cabe señalar que la connotación del arbitrio judicial, mencionada por tratadistas, se entiende como aquella potestad conferida a un juez, para usar en los casos sometidos a su decisión donde le permita resolver considerando las normas aplicables, por tanto, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece en razón a esa facultad, la valoración de las pruebas, y donde sea los más adecuado para lograr una sentencia completa e imparcial, lo que presuponen que sea útil y justa, para lograr la protección más amplia de las personas, y que se postro en dejar de entrar al fondo del asunto; Por lo que, transgredió el principio de CONGRUENCIA y DEBIDO PROCESO, dado que las sentencias deberán ajustarse a la litis planteada, estableciéndose en su modalidad dos clases: a).- la interna, consiste en que la sentencia no contengo resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos, b).- la externa, exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la Litis. Es por ello, se desprende que toda resolución deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos, lo que significa que deberá observarse que se dicte atento a lo planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas, situación, que en lo especie no aconteció por porte del Juzgador Inferior, por tanto, dejo de tener ese elementos la sentencia definitiva, y con ello, se estaría vulnerando los artículos 14 y 16 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no estar fundada y motivada eso resolución de fecha 30 de abril del año en curso, puesto, que el solicitante de amparo, considero que dejo de explicar con argumentos sólidos su proceder, la mismo estuviera robustecido por un razonamiento lógico y jurídico, para tener como visión el criterio que adoptó, imponiéndole la obligación de dar o conocer con detalle, de una manera completa, la esencia de los circunstancias y condiciones en la que procedió a determinar su criterio, empero, ante la ausencia de esa modalidad, es evidente en cuestionarla y contravenirla, por este medio de impugnación constitucional, ante ese contexto, dejo de ser insuficiente la explicación y la supuesto justificación del razonamiento del que dedujo, la relación de pertenencia lógico del derecho que invoco, empero, en momento alguno se ciñe al principio de la tutela judicial, lo cual constituye una franca violación, pasando por alto, las razones lógicas y jurídicas, que inadecuadamente dejo de expresar y con ello, pormenorizando los medios de convicción que se aportaron y se desahogaron, en ese contexto de igual forma se soslaya la sana crítica, esto es, atendiendo el análisis sistemático y metodológico de ese razonamiento, empero esa franca violación constituye una vulneración a la garantía constitucional establecida en los dígitos 14, 16 ya que deja de seguir con los lineamientos trazados, es por ello, que esa garantía individual tiene íntima armonía con el precepto legal 573 y 575 de La Legislación Procesal Civil del Estado de Michoacán, puesto, que es una modalidad para dirimir lo controversias judiciales, es decir, que debió aplicar la unión de la lógica y la experiencia para asegurar ese razonamiento que contiene la resolución final, es por ello, que trae la vulneración de dicho precepto legal, es por ello, que solicito me sea concedido El AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Tiene aplicación la siguiente ejecutoria que a continuación se transcribe: "SANA CRÍTICA.SU CONCEPTO [.]". De la comparación entre los agravios que hizo valer el aquí quejoso ante el Magistrado responsable y los conceptos de violación que vertió en su demanda constitucional, se advierte que son -en esencia- una repetición de los agravios; por lo que sus motivos de inconformidad devienen inoperantes. Lo anterior es así, porque el quejoso al haber reproducido sustancialmente los argumentos que hizo valer contra la interlocutoria emitida el trece de marzo de dos mil diecinueve, dejó de atacar las consideraciones que vertió el Magistrado responsable en la sentencia reclamada. En efecto, el Magistrado responsable señaló que con relación a la transgresión del artículo 11 del Código Civil del Estado, vinculado al 573 del adjetivo de la Materia, estimaba que el Juez de primera instancia no vulneró el contenido de la tal dispositivo legal, pues la interlocutoria emitida se ajustó a los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en general a cada una de las legislaciones que invocó, apegándose a los principios más elementales que prescribe el ordinal señalado en segundo término. De igual manera adujo que si bien era cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 dos mil once, generó, nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex officio, ello no conlleva a que los órganos jurisdiccionales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen, amén de que el ejercicio de control constitucional o convencional, está supeditado, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistente en que, aunado al señalamiento del derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o a la interpretación que resulta más favorable hacía el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que la resolución impugnada es inconstitucional o inconvencional. Que, señaló la Sala, bajo ese contexto si en el agravio que ahora nos ocupa, el disidente omitió cumplir con los parámetros mínimos para la eficacia de su solicitud, pues sólo se limitó a señalar que se violan en su perjuicio los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, es inconcuso que el mismo resulta, como ya se dijo inoperante. Asimismo invocó las jurisprudencias de rubros: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" y "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE, INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE". También señaló que el fallo combatido se pronunció con apego a lo dispuesto por los numerales invocados por el impetrante como transgredidos, pues se advierte que el resolutor de primera instancia resolvió conforme a lo planteado como en la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, observando el principio de congruencia, ocupándose de todas las cuestiones o puntos que fueron planteadas; de manera tal, que no puede ni debe considerarse que el Juez haya faltado a uno de ellos, al contrario, se patentiza que atendió cada una de las cuestiones objeto del incidente que resolvió, lo cual tomó en consideración para resolver en la forma y términos en que lo hizo. Del mismo modo, la responsable determinó que si bien los apoderados jurídicos de "Dirección de Pensiones Civiles del Estado", demandaron en la vía sumaria civil hipotecaria a los señores Juan Miguel Magaña Ponce y Alejandro Magaña Tavera; éste último, al responder a la demanda enderezada, exteriorizó que el deudor principal falleció el 06 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete. Sin embargo, no por esa circunstancia, en el caso concreto, debe actualizarse la figura jurídica de litisconsorcio pasivo necesario; cierto es que, tal figura jurídica presupone que el derecho litigioso afecta a varias personas, ya sea en forma activa (parte actora) o pasiva (parte demandada), de tal manera que la decisión que se dicte en forma ineludible afectará a todas aquéllas. Así las cosas, la institución jurídica del litisconsorcio pasivo tiene como objetivo principal el que exista una sola sentencia para todos los litisconsortes, dado el vínculo existente en la relación jurídica que se trata. Pero debe distinguirse entre litisconsorcio pasivo voluntario y litisconsorcio pasivo necesario; el primero se da cuando la acción respectiva puede ejercerse indistintamente en contra de cada uno de los obligados, pero éstos litigan en forma conjunta, mientras que en el segundo, es indispensable dar intervención a todas las partes interesadas en el juicio para que puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que llegue a dictarse, esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas; así pues, no sería posible condenar a una parte sin que la condena alcance a la otra. Que -indicó el Magistrado- se trata de obligados solidarios, pues fueron demandados deudor principal y el ahora apelante, en su carácter de fiador que garantizó través de hipoteca el crédito adquirido. En términos de lo prescrito por el artículo 1152 del Código Civil del Estado, se define la solidaridad pasiva como la obligación que tienen dos o más deudores de prestar cada uno por sí, la totalidad de la obligación, de tal manera que si cada deudor debe responder por la totalidad de la deuda no es requisito indispensable exigirla a todos los obligados solidarios, sino que puede válidamente pedir la satisfacción de lo adeudado a uno de ellos y éste debe responder por la totalidad; de ahí que no se configure en este supuesto la figura jurídica en cuestión, al no ser necesario que a todos los deudores solidarios se les exija, mediante la acción respectiva, el cumplimiento de las obligaciones para que válidamente pueda desarrollarse el procedimiento y dictarse una sentencia definitiva, porque el aquí demandado e impetrante puede dar cumplimiento a la obligación garantizada, sin ser necesario demandar simultáneamente a la sucesión intestamentaria para que la sentencia que se pronuncie tenga validez; por ello, estimó no se le vulnera ningún derecho humano de acceso a la justicia a la sucesión intestamentaria a bienes de Juan Magaña Ponce. Al respecto, citó la jurisprudencia con número de registro 172475, de Tribunales Colegiados de Circuito, localizable a fojas 1800 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Civil, Tesis VI.2o.C. J/285, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO 'NECESARIO. ES INEXISTENTE TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS". Ante ello -precisó la Sala- si la parte actora se desistió de la demanda frente al señor Juan Magaña, ningún perjuicio le depara al apelante, al poderse incoar el presente juicio frente a uno de los deudores o frente a ambos, sin que se considere vulnerado por ello, en detrimento de la sucesión intestamentaria demandada, algún derecho humano. Determinó también la responsable que por lo que respectaba a su manifestación de que se contraviene lo dispuesto por los artículos 1163, 1152 y 11544 del Código Sustantivo Civil; cabía decir, que ello era infundado virtud a que los dos últimos preceptos establecen que cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores o de uno de ellos el pago total o parcial de la deuda, lo que significa que la acreedora no se encontraba constreñida a demandar a todos los deudores al propio tiempo para que cumplan con la obligación contraída, sin que escape el hecho de que el artículo 1163 del Código Civil señale, que si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de éstos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, lo que evidentemente no es el caso, ya que la obligación que adquirieron los deudores con la parte actora es divisible, y el impetrante contrajo las mismas obligaciones que el deudor principal, siendo además quien garantizó la satisfacción de la deuda con la hipoteca de un inmueble; sin embargo, no existe una obligación real como tal, que los herederos deban ser llamados a pagar la cuota que le corresponde al autor Juan Miguel Magaña Ponce, pues de autos se desconoce la existencia como tal de herederos, y también como ya se ha venido explicando en esta resolución la actora no se encuentra obligada a demandar a la sucesión a bienes de éste. En relación a la tesis de jurisprudencia invocada por el impetrante, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, SURGE ENTRE EL OBLIGADO EN LO PERSONAL Y EL TERCERO GARANTE, CUANDO PARA EXIGIR EL CUMPLIMENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL PRIMERO, SE PROMUEVE UN JUICIO EXTRAORDINARIO HIPOTECARIO.", la responsable adujo que tal criterio jurisprudencial no era de observancia para ese Tribunal, que no era aplicable para el caso concreto, en principio porque el aquí demandado y apelante se constituyó en deudor solidario y garante hipotecario, esto es, fue llamado a juicio el garante hipotecario, no el obligado principal, en cuyo caso no se actualiza el contenido de la tesis precitada, que cobra vigencia cuando el cumplimiento de una obligación se garantiza por un tercero con hipoteca, y el acreedor decide deducir su acción en contra del obligado en lo personal a través de juicio hipotecario, sin llamar al garante, surgía entonces entre deudor principal y garante un litisconsorcio pasivo necesario, porque la sentencia que se dicte tendrá que hacer pronunciamiento sobre el bien hipotecado; en la especie, se encuentra llamado a juicio el deudor solidario y garante hipotecario. No siendo necesario, virtud a la solidaridad llamar a juicio al obligado principal. Ahora bien, como ya se dijo, el quejoso contra dichos argumentos sólo repitió los agravios que hizo valer contra la interlocutoria de trece de marzo de dos mil diecinueve, por lo que dejó de atacar las razones torales vertidas por la responsable para confirmar la interlocutoria apelada. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Materias Civil-Común, Octava Época, registro 224423, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANCIA DE LOS. Devienen inoperantes los conceptos de violación que se enderezan contra las consideraciones que a mayor abundamiento expone la autoridad responsable en el fallo reclamado, pero sin controvertir con razonamientos jurídicos concretos los puntos considerativos en que medularmente se sustenta el sentido de dicho fallo". Por otro lado, es infundado el motivo de inconformidad en el que señala el quejoso que la resolución reclamada no está fundada ni motivada, por lo que transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales en concordancia con los diversos 573 y 575 de la legislación adjetiva civil de Michoacán, debido a que la responsable no realizó la exposición de razonamientos lógicos y jurídicos que avalaran el sentido de aquella, e "indebidamente dio una valoración a los medios de prueba", por lo que procede se supla la deficiencia de la queja a su favor en términos del artículos 79 de la Ley de Amparo. Para sustentar su argumento, citó la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, Novena Época, registro 176546, del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". La razón de dicha calificativa es porque contrario a lo señalado por el impetrante del juicio de amparo, el magistrado responsable dio contestación a los agravios hechos valer por el apelante (aquí quejoso); asimismo, estableció las razones por las cuales estimó que los mismos eran infundados, citó los artículos en que se apoyó e invocó los criterios que estimó aplicables. No pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso aduce que "indebidamente dio una valoración a los medios de prueba", por lo que procede se supla la deficiencia de la queja a su favor en términos del artículos 79 de la Ley de Amparo; sin embargo, no señala qué medios de prueba valoró indebidamente y menos aún por qué estima que no fue apegado a derecho; máxime de la sentencia reclama no se advierte que el Magistrado hubiere hecho referencia a algún medio probatorio. Aunado a ello, contrario a lo señalado por al quejoso en el caso no procede suplir la deficiencia de la queja, pues no se actualiza supuesto alguno del artículo 79 de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016)En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. ". Del contenido de dicho numeral se advierte que el impetrante del juicio de amparo no se encuentra en ninguno de los casos en los que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo. Ello, porque el acto reclamado no se funda en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; no es menor o incapaz ni se afecta el orden y desarrollo de la familia; tampoco tiene el carácter de inculpado, sentenciado, ofendido o víctima; no es ejidatario ni comunero; y, no es trabajador. Además, no se advierte que haya habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo; tampoco acredita el quejoso que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Derivado de lo expuesto, puede concluirse válidamente que el magistrado responsable no transgredió en perjuicio del quejoso el principio de congruencia, ya que expresó las razones por las cuales estimó debía confirmarse la interlocutoria apelada. Aunado a que el impetrante del juicio de amparo no señala por qué con el acto reclamado el magistrado "pormenorizó" los medios de convicción que se aportaron y se desahogaron, o a que pruebas se refiere y tampoco precisó, por qué a su juicio el magistrado responsable no aplicó la unión de la lógica y la experiencia para asegurar el razonamiento contenido en la resolución reclamada, esto es, la razón por la que estimó que no aplicó la sana crítica. En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Magñana Talavera, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable, Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy doce de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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