Alejandro López Magallón y Otros.
Expediente 869/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro López Magallón y Otros.
- Alejandro López Magallón
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se enviaron los autos originales del expediente de amparo 869/2018. Asimismo, informa que en auto de tres de octubre del año en curso, dicho juzgado se avocó al conocimiento de dicho asunto y admitió a trámite la demanda que dio origen al cuaderno en que se actúa, mismo que se registró con el número de amparo indirecto 305/2018, de su índice. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase por personal autorizado de este juzgado de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandro López Margallón y Adán Andrade Álvarez, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 869/2018. Por otra parte, como los promoventes no señalaron representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa con tal carácter a Alejandro López Margallón, sin perjuicio de que con posterioridad designen al diverso de entre ellos. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda se advierte que la parte quejosa solicita amparo contra el acto que enseguida se precisa: La sentencia condenatoria de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, derivado de un procedimiento abreviado dentro de la causa penal 795/2017, en la que se les impone a los aquí quejosos pena privativa de la libertad, así como una multa, por la comisión de los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Ahora bien, de acuerdo con los artículos 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, el cual procede entre otras, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por tanto, en el presente asunto el acto reclamado consiste en una sentencia que reviste el carácter de definitiva, lo que torna procedente la vía de tramitación directa y por ende, se surte la competencia legal a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En tal virtud, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandro López Margallón y Adán Andrade Álvarez, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad y de otra autoridad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Remítase la demanda original, así como las copias de la misma al Tribunal Colegiado antes mencionado, solicitándole que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que menciona la parte quejosa para oír y recibir notificaciones y por autorizada para tales efectos a la persona que precisa, quien podrá gozar de las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo siempre y cuando tenga registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito o, en su caso, acredite estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho; ya que de no cumplir con ese requisito, solamente se le tendrá como autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante el acuerdo general 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte QUEJOSA ALEJANDRO LOPEZ MAGALLON Y ADAN ANDRADE ALVAREZ por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de once de octubre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
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