Alejandro Lopez Muro
Expediente 447/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Lopez Muro
Actuaciones
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 20 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de julio dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis (fojas 39 a 58), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Alejandro López Muro, para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con plenitud de jurisdicción, dicte otra, en la que deberá precisar con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio en forma individual o circunstancial, sobre todo con qué medios de prueba acreditó la finalidad del narcótico, de manera que esté debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia. 2. Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". 3. En caso de que llegue a determinar que con todas las pruebas se acreditan todos los elementos del cuerpo del delito, deberá precisar qué parte de las pruebas que tome en consideración acreditan los elementos del cuerpo del delito. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Quinta Época: Amparo civil en revisión 1429/26.-Martínez Cuende Luis.-30 de abril de 1927.-Mayoría de nueve votos.-Disidente: Gustavo A. Vicencio.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil directo 2491/26.-Castilla viuda de Jiménez Carolina.-5 de octubre de 1927.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo administrativo en revisión 2677/25.-Azcárraga Pedro I.-15 de diciembre de 1927.-Mayoría de diez votos.-Disidente: Arturo Cisneros Canto.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 3126/27.-Banco Occidental de México, S.A.-11 de mayo de 1928.-Mayoría de ocho votos.-Disidente: S. M. Olea.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 888/29.-Cuautli Miguel y coagraviado.-29 de octubre de 1929.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 66, Tercera Sala, tesis 102". Por último, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. (fojas 56 vuelta y 57.) Por auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 114 a 117). Ahora bien, mediante oficio 4630 de uno de julio de dos mil dieciséis (foja 130), la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de uno de julio de dos mil dieciséis, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional realizó lo siguiente: Dejó sin efecto la resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciséis, relativa al auto de formal prisión pronunciado en contra de Alejandro López Muro, como probable responsable de la comisión del delito CONTRA LA SALUD (sic) previsto y sancionado por los artículos 476, 479 y 480 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad; y, Pronunció una nueva resolución en la que reclasificó el delito y nuevamente dictó auto de formal prisión en contra de Alejandro López Muro, pero esta vez como probable responsable de la comisión del delito CONTRA LA SALUD en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de estupefaciente (cannabis sativa-marihuana) previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V,VI y VIII, 474, 477 y 479 todos de la Ley General de Salud en relación con los diversos numerales 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, Cometido en Agravio de la Sociedad. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta (y anexo), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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