Alejandro Lopez Leiva
Expediente 1191/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Lopez Leiva
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos el oficio 5494/2049, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el Estado de Tlaxcala con residencia en Apizaco, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 1/2019 de su índice, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala y este órgano jurisdiccional, dentro del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, en el que la superioridad resolvió: "ÚNICO. Es competente el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Alejandro López Leiva, contra actos de la Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, de esta entidad federativa, y otra autoridad." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de alzada, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 271/2019, proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Apizaco, Tlaxcala, mediante el cual, se informa que en proveído de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco y este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula; mismo que se radicó con el número de expediente 1/2019 de su índice administrativo; de lo anterior, queda enterado el suscrito Juez de Distrito, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 95/2019, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco y, en atención a su contenido, se le tiene informando que en proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, dicho juzgado insistió en declinar la competencia planteada en autos, a favor de este órgano jurisdiccional, y que turnó el juicio de amparo en controversia al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, a fin de que se resuelva el conflicto competencial suscitado; de lo anterior, queda enterado el suscrito Juez de Distrito, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese el oficio 42602/2018 signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 883/2018-II-A de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Alejandro López Leiva, contra actos de la Jueza Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en el Estado de Tlaxcala (Marisol Barba Pérez) y Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala; de cuyo contenido se advierte que mediante auto de dieciocho de diciembre del año en curso, dicha autoridad se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo citado y lo envía para que este juzgado de Distrito se avoque a su conocimiento; al respecto se provee. RADICACIÓN. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1191/2018-E. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA. Ahora bien, vista la comunicación de cuenta se advierte que la autoridad oficiante declina competencia territorial, por estimar que, respecto del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en contra del aquí quejoso dentro de la causa judicial 152/2018 del índice del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, y su ejecución atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, es competente el Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, en turno, por ser aquél en cuya jurisdicción reside el órgano jurisdiccional que actualmente conoce del proceso penal instaurado en contra del peticionario de amparo (Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución, Región Judicial Centro Puebla). Sin embargo, el suscrito Secretario encargado del despacho, muy respetuosamente, no acepta la competencia legal declinada en favor de este juzgado de Distrito de Amparo Materia Penal en el Estado de Puebla, por las consideraciones siguientes. De las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio de amparo indirecto 883/2018-II-A del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, se tiene que: Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Alejandro López Leiva promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso dictado el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en contra del aquí quejoso dentro de la causa judicial 152/2018 del índice del Juzgado Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, y su ejecución, atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala; el cual fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco. Por auto de tres de octubre del año en curso, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco radicó la demanda bajo el número de amparo 883/2018-II-A y previno al promovente para que señalara el domicilio completo de la parte tercera interesada. Desahogada la prevención, el diez de octubre de dos mil dieciocho, el homólogo federal admitió la demanda de mérito (con incidente de suspensión), señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el juez declinante recibió el informe justificado de la autoridad responsable Encargado del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, quien convino en la existencia del acto que le fue atribuido. Toda vez que el multicitado juez Federal advirtió del referido informe que el Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala declinó competencia en favor del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, para conocer de la causa penal de origen, requirió a la primera de las mencionadas autoridades para que le informara si habían aceptado la competencia legal planteada. En auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco recibió el informe justificado de la Jueza Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, quien aceptó la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado e informó que declinó su competencia legal en favor del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, quien aceptó la competencia planteada y seguirá conociendo del procedimiento de origen. Por lo que, en atención a lo manifestado por la referida autoridad responsable, requirió al quejoso para que en el término de tres días, manifestara si era su voluntad señalar como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolvería el juicio como fue planteado. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco hizo efectivo el apercibimiento decretado al quejoso en el auto mencionado en el punto que antecede, por no haber señalado como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla; y, determinó que se resolvería el juicio tal y como fue planteado. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el quejoso Alejandro López Leiva manifestó su voluntad de señalar como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla; sin embargo, por auto de tres de diciembre siguiente, el juez declinante ordenó agregar el referido ocurso y tener al quejoso haciendo las manifestaciones aludidas, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, por auto de dieciocho de diciembre del año en curso, la autoridad oficiante fue informada por el Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala que el veintidós de noviembre del presente año, el quejoso egresó del centro penitenciario a su cargo, para ser trasladado al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla; por lo que, en ese mismo acuerdo determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por el quejoso Alejandro López Leiva, correspondía por razón de territorio, a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, por ser aquél en cuya jurisdicción reside la autoridad que conoce del procedimiento penal instaurado en contra del quejoso. Ahora bien, el suscrito respetuosamente no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe, ya que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el órgano jurisdiccional, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que aparece publicada en la página 456, del tomo VI, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Lo anterior, lleva a establecer que un juzgador puede abstenerse de conocer de un asunto por incompetencia en razón de territorio, materia, cuantía o grado, siempre y cuando se haga en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda, ya que en atención al principio, previsto implícitamente en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, relativo a que los órganos jurisdiccionales no pueden revocar sus propias determinaciones, una vez aceptada tácita o expresamente la competencia por parte de un Juez de Distrito éste, de manera oficiosa, no puede declinar aquélla a favor de otro, sino hasta que se dicte sentencia y en ésta estudie nuevamente el tema. De lo contrario, se contravendrían las garantías del debido proceso y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el quejoso no tendría certeza de qué autoridad es la que tramitará el juicio que promovió, pues a discreción y en cualquier momento procesal, se analizarían cuestiones relativas a la competencia. Máxime, que el artículo 48 de la Ley de Amparo prevé expresamente que, en el caso de que se presente una demanda de amparo ante juez de distrito que estime carecer de competencia, éste la remitirá de plano, con sus anexos, al juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sin que en la especie, se actualice alguna de las hipótesis de excepción. Luego, de los antecedentes que se precisaron en párrafos anteriores, el suscrito secretario encargado del despacho muy respetuosamente concluye que el trámite dado al asunto no se ajustó al procedimiento establecido en el numeral precisado, respecto al tópico que se analiza. Por lo que, si el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco admitió a trámite la demanda, requirió informes justificados, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, por estimar inicialmente que era competente legalmente para conocer del asunto, esta autoridad Federal, considera respetuosamente que, a efecto de dar certeza jurídica al justiciable, él debería continuar con la tramitación del juicio y, una vez que celebre la audiencia constitucional, si determina que carece de competencia legal para resolver la litis, entonces pronunciarse al respecto, ya que al realizar diversas gestiones con la finalidad de allegarse de información, para saber si era o no competente, tácitamente aceptó su competencia legal para continuar conociendo del asunto. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN TÁCITA. Tratándose de conflictos competenciales entre tribunales sujetos a diferente régimen, si el tribunal en favor del cual se declina la competencia, al recibir el oficio del declinante, no se pronuncia expresamente sobre su competencia, pero dicta un proveído previniendo a la parte actora para que ajuste su demanda a los requisitos legales establecidos por la ley que regula el régimen al que se encuentra sujeto, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda, es indudable que tal auto constituye aceptación tácita de su competencia. Lo anterior porque al ser la competencia un presupuesto procesal de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda, de considerarse incompetente el tribunal lo hubiera declarado así, en vez de dictar un proveído por el que se decidirá el destino de la demanda, el cual sólo puede llevar a cabo el órgano jurisdiccional que se considera competente para conocer del negocio, pues en tal hipótesis es claro que el auto de prevención no puede tener como finalidad únicamente la de allegarse información, incluso para saber si se es competente o no, en virtud de los términos en que se sustenta la incompetencia del declinante por razón del régimen y en atención a la materia de la reclamación. Consecuentemente, atendiendo a las peculiaridades de este tipo de cuestiones competenciales por declinatoria no jurisdiccionales, debe considerarse que el auto de prevención dictado por el tribunal en favor del cual se declina una competencia para que la parte actora ajuste su demanda a los requisitos previstos en la ley que funda la competencia del tribunal, constituye el acto de aplicación que actualiza el perjuicio que la ley le causa para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." Máxime que si bien, del estudio de las constancias remitidas por la Jueza Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado, se advierte que actualmente la autoridad que conoce del procedimiento penal que se instruye al quejoso Alejandro López Leiva, es el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla; lo cierto es que, como ya se precisó en los antecedentes narrados con anterioridad, el quejoso no amplió su demanda de amparo respecto de tal autoridad, es decir, no señaló como nueva autoridad responsable al referido juez de control con sede en la ciudad de Puebla; aunado al hecho de que por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco determinó que se resolvería el juicio tal y como fue planteado por el quejoso en su escrito inicial de demanda. Por tanto, resulta inconcuso que las únicas autoridades responsables en el juicio de amparo 883/2018-II-A, siguen siendo la Jueza Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala y el Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala; de lo que se sigue que, al no existir autoridad responsable con residencia en la jurisdicción de este órgano Federal, no existe motivo que finque competencia legal a este órgano de amparo para el conocimiento del asunto. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el suscrito secretario encargado del despacho muy respetuosamente se permite expresar los motivos y fundamentos por los que, no comparte las consideraciones que tuvo el juez oficiante para declinar competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Alejandro López Leiva, contra el auto de vinculación reclamado a la Jueza Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala y su ejecución atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. DOMICILIO. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente fue trasladado al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario.
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