Alejandro Leautaud García
Expediente 564/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 36 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Leautaud García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de dieciocho de octubre de la presente anualidad, en el que este tribunal sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisiona y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LOS TERCEROS INTERESADOS: Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil M-53/2017 de su índice, de las que se advierte que se dejó sin efectos la ejecución de la sentencia emitida dentro del controvertido en cita, que la parte quejosa señaló como reclamado en el presente asunto. En ese sentido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a las constancias aludidas se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, de lo anterior se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: El remate o adjudicación así como la posible privación de la posesión del inmueble ubicado en lote de terreno número ***********, manzana ***********, casa habitación marcada con el número ***********, calle ***********, del fraccionamiento *********** de esta ciudad, ordenado dentro del juicio ejecutivo mercantil M-53/2017 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. b. De acuerdo con las constancias que remitió la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, se desprende que: El catorce de agosto de la presente anualidad, la citada responsable acordó el desistimiento de la ejecución de la sentencia dictada dentro del expediente M-53/2017 de su estadística, y ordenó la devolución de los documentos originales; ello, en virtud del escrito presentado por la parte actora, por medio del cual manifestó que recibió el pago convencional de la parte demandada y se desistió del procedimiento de ejecución; asimismo, obra certificación de veintiuno de agosto pasado en la cual se hace constar que no se llevó a cabo el remate, atendiendo a lo acordado en el auto descrito con antelación. Por tanto, es evidente que los actos reclamados que se tildan de inconstitucionales cesaron en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable acordó a favor el desistimiento de la ejecución de sentencia hecho por la parte actora y se suspendió la audiencia de remate de los bienes materia del juicio de origen al haberse hecho el pago de lo reclamado, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, en atención al sobreseimiento del presente asunto decretado en párrafos precedentes, se cancelan los edictos ordenados mediante auto de veintiuno de agosto pasado, dirigidos a emplazar al tercero interesado ***********.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AL QUEJOSO: Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil M-53/2017 de su índice, de las que se advierte que se dejó sin efectos la ejecución de la sentencia emitida dentro del controvertido en cita, que la parte quejosa señaló como reclamado en el presente asunto. En ese sentido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a las constancias aludidas se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, de lo anterior se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: El remate o adjudicación así como la posible privación de la posesión del inmueble ubicado en lote de terreno número ***********, manzana ***********, casa habitación marcada con el número ***********, calle ***********, del fraccionamiento *********** de esta ciudad, ordenado dentro del juicio ejecutivo mercantil M-53/2017 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. b. De acuerdo con las constancias que remitió la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, se desprende que: El catorce de agosto de la presente anualidad, la citada responsable acordó el desistimiento de la ejecución de la sentencia dictada dentro del expediente M-53/2017 de su estadística, y ordenó la devolución de los documentos originales; ello, en virtud del escrito presentado por la parte actora, por medio del cual manifestó que recibió el pago convencional de la parte demandada y se desistió del procedimiento de ejecución; asimismo, obra certificación de veintiuno de agosto pasado en la cual se hace constar que no se llevó a cabo el remate, atendiendo a lo acordado en el auto descrito con antelación. Por tanto, es evidente que los actos reclamados que se tildan de inconstitucionales cesaron en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable acordó a favor el desistimiento de la ejecución de sentencia hecho por la parte actora y se suspendió la audiencia de remate de los bienes materia del juicio de origen al haberse hecho el pago de lo reclamado, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Finalmente, en atención al sobreseimiento del presente asunto decretado en párrafos precedentes, se cancelan los edictos ordenados mediante auto de veintiuno de agosto pasado, dirigidos a emplazar al tercero interesado ***********.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, Guanajuato, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 404/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para emplazar al tercero interesado ***********. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo de estilo. Por otra parte, glósese en autos el escrito signado por ***********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que dentro del juicio M-53/2017 del que deriva el acto reclamado, se acordó el desistimiento de la ejecución de la sentencia. En ese sentido, en aras de corroborar la actualización de una posible causa de improcedencia, o bien, descartar su configuración, ya que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo su estudio es oficioso; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la Materia, requiérase a la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, para que en el término de tres días legalmente computado, informe si ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia emitida en el controvertido M-53/2017 de su índice, y con ello el remate del inmueble ubicado en lote de terreno número cuarenta y seis, manzana treinta y uno, casa habitación marcada con el número ciento treinta y siete, calle San Rafael, del fraccionamiento Residencial La Capilla de esta ciudad, lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio; en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo y conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su complemento del día siguiente. Finalmente, para dar marguen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración.
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