Alejandro Huerta Salas

Expediente 770/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
770/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Huerta Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de septiembre del presente año por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la constancia levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso **********, el proveído de veinte de septiembre del año en curso, por las razones que ahí expone; en consecuencia, se ordena realizar la citada notificación y las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador número I del Fuero Común, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato y de otra autoridad, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 770/2018-II. el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La privación de la libertad con motivo de la orden de citación de doce de septiembre de dos mil dieciocho emitida dentro de la carpeta de investigación ************, por la Agencia de Investigación Criminal, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, en la que se le requiere a efecto de que se presente a las diez horas, ante dicha representación social, a rendir declaración ministerial en relación con los hechos que se investigan, los días trece, catorce o quince de septiembre del año en curso. Ahora bien, tomando en consideración la fecha en que se acuerda la presente demanda, en relación con el citado acto reclamado, este juzgador asume que respecto del mismo, el objeto o materia del presente amparo dejó de existir. Lo anterior se explica partiendo de que el día para el cual se citó al quejoso para efecto de que rindiera su declaración ministerial, ya aconteció, por lo que, aun cuando la citación reclamada sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia temporal de referencia. Esto es así habida cuenta que, con base a los hechos narrados en la demanda de amparo, se desprende que no obstante que materialmente subsiste la citación emitida dentro de la carpeta de investigación 22642/2018 de la Agencia de Investigación Criminal de Apaseo el Grande, Guanajuato, a efecto de realizar una diligencia ministerial, lo cierto es que al llevar acabo un razonamiento lógico sobre dicho acontecimiento, es posible colegir que la temporalidad dentro de la cual debió haberse realizado la comparecencia del aquí quejoso ya aconteció, y por ende, el fin del presente amparo carece de objeto. Lo anterior merced de que aun cuando la citación para que rinda declaración ministerial subsiste, dado que no ha sido invalidada expresamente por la autoridad responsable, la misma no puede surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma, puesto que como ya se dijo, la fecha de tal diligencia ya aconteció, generando que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia. Aseveración que cobra relevancia en función de que el objeto formal y material que persigue el impetrante con el presente amparo radica en no comparecer a la diligencia programada para los días trece, catorce o quince de septiembre del año en curso a efecto de rendir su declaración ministerial en relación con los hechos que ahí se investigan. Bajo esta guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó la citación reclamada, la concesión del amparo que en su casó se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones o circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejo de existir materialmente dado que, se insiste, la fecha en la cual se solicitó la comparecencia del quejoso ya aconteció. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, al contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; a ******************, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador número I del Fuero Común, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato y de otra autoridad, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 770/2018-II. el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La privación de la libertad con motivo de la orden de citación de doce de septiembre de dos mil dieciocho emitida dentro de la carpeta de investigación ************, por la Agencia de Investigación Criminal, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, en la que se le requiere a efecto de que se presente a las diez horas, ante dicha representación social, a rendir declaración ministerial en relación con los hechos que se investigan, los días trece, catorce o quince de septiembre del año en curso. Ahora bien, tomando en consideración la fecha en que se acuerda la presente demanda, en relación con el citado acto reclamado, este juzgador asume que respecto del mismo, el objeto o materia del presente amparo dejó de existir. Lo anterior se explica partiendo de que el día para el cual se citó al quejoso para efecto de que rindiera su declaración ministerial, ya aconteció, por lo que, aun cuando la citación reclamada sigue subsistiendo, la materia u objeto del presente amparo dejó de existir debido a la circunstancia temporal de referencia. Esto es así habida cuenta que, con base a los hechos narrados en la demanda de amparo, se desprende que no obstante que materialmente subsiste la citación emitida dentro de la carpeta de investigación 22642/2018 de la Agencia de Investigación Criminal de Apaseo el Grande, Guanajuato, a efecto de realizar una diligencia ministerial, lo cierto es que al llevar acabo un razonamiento lógico sobre dicho acontecimiento, es posible colegir que la temporalidad dentro de la cual debió haberse realizado la comparecencia del aquí quejoso ya aconteció, y por ende, el fin del presente amparo carece de objeto. Lo anterior merced de que aun cuando la citación para que rinda declaración ministerial subsiste, dado que no ha sido invalidada expresamente por la autoridad responsable, la misma no puede surtir efecto legal ni material, en razón de que dejó de existir el objeto de la misma, puesto que como ya se dijo, la fecha de tal diligencia ya aconteció, generando que en el presente asunto el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su materia. Aseveración que cobra relevancia en función de que el objeto formal y material que persigue el impetrante con el presente amparo radica en no comparecer a la diligencia programada para los días trece, catorce o quince de septiembre del año en curso a efecto de rendir su declaración ministerial en relación con los hechos que ahí se investigan. Bajo esta guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entorno en el cual se materializó la citación reclamada, la concesión del amparo que en su casó se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, empero, debido a las condiciones o circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejo de existir materialmente dado que, se insiste, la fecha en la cual se solicitó la comparecencia del quejoso ya aconteció. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, al contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; a ******************, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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