Alejandro Herrero Vivanco
Expediente 924/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Herrero Vivanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guarda el expediente, se advierte el proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidos en caso de omitir hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I y 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara dicho acuerdo ha CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME), y se tiene consentido por las partes. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido en forma total y definitiva, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, pues carece de relevancia documental por el sentido de la resolución dictada; por tanto, debe conservarse la demanda y sentencia respectiva. Se instruye al secretario para realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. También, se ordena glosar copia certificada de este acuerdo al incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes.
- Incidental
Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte con esta fecha se ordenó el archivo en el juicio de amparo del cual deriva este incidente, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por lo que resulta procedente el archivo de esta incidencia. Asimismo, se desprende no existe billete de depósito, ni garantía alguna exhibida por la quejosa cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina el original del incidente de suspensión es destruible, pues se negó la medida solicitada, así como el cuaderno duplicado; lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, se instruye al secretario haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y con posterioridad realice la certificación correspondiente.
- Principal
Vista la certificación precedente y el estado procesal que guarda este juicio de amparo se advierte que ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 203), para manifestarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, sin que hayan realizado manifestación alguna. Por consiguiente, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria protectora, en relación con lo resuelto por la autoridad responsable, sobre las circunstancias existentes alrededor del núcleo esencial de la sentencia . En el caso, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se terminó de engrosar la sentencia definitiva, en la cual se concedió el amparo a la parte quejosa *** (fojas 83 a 96). Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, motivo por el cual mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la sentencia alcanzó el rango de ejecutoria (fojas 110 y 111) y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la misma. Con todo lo anterior, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, previo requerimientos, se dio vista a las partes con el cumplimiento del fallo protector (foja 203). Ahora, en la sentencia dictada en este asunto se concedió el amparo al quejoso para los efectos siguientes: Efectos de la ejecutoria de amparo: Cumplimiento dado por la autoridad responsable: a) Dejar insubsistente el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecisiete (foja 104), ordenó dejar insubsistente el acuerdo de veintitrés de agosto del año pasado. b) Ordenar la notificación inmediata y conforme al artículo 44 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la parte agraviada dentro del proceso penal de origen, del proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete (foja 44), en que se acordó formar el expedientillo (del incidente planteado) y se registró, así como se le dio trámite y vista a las partes intervinientes en el proceso penal de origen, a fin de que en el plazo de dos días manifestaran lo que a su derecho correspondiera. En el mismo proveído ordenó notificar de forma inmediata a la parte agraviada el auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 44 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. c) Una vez desahogada dicha vista o transcurrido el plazo de dos días hábiles otorgado a la parte agraviada, según sea el caso, deberá proveer lo conducente a fin de señalar día y hora para el verificativo de la audiencia incidental dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a ese auto (durante ese término, así como en la audiencia, según sea el caso, se recibirán las pruebas), tal como lo prevé el artículo 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla , a efecto de que cite a las partes intervinientes en el proceso penal de origen para que estén presentes en esa audiencia. Por oficio 10139 (foja 142) remitió copia certificada del proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 143), en el que señaló las doce horas del quince de diciembre del año pasado, para que tuviera verificativo la audiencia relativa al incidente de revisión de medida cautelar; misma en que se hizo constar la presencia de las partes (fojas 146 y 147). d) Deberá decidir (acorde con los principios de igualdad, presunción de inocencia y excepcionalidad en la afectación del derecho humano a la libertad personal) el incidente planteado con plenitud de jurisdicción en audiencia con la presencia de las partes, previo debate de éstas si concurrieren; para ello, dicho juzgador deberá resolver lo planteado respecto de la revisión de la prisión preventiva decretada al quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos jurídicos, que remite a las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente, en los artículos 153 a 171. La autoridad responsable determinó que ". la presente resolución se dicta atendiendo lo previsto en los artículos 10, 13 y 19 del Código Nacional de Procedimientos penales (sic), atendiendo los principios de igualdad, presunción de inocencia y excepcionalidad en la afectación del derecho humano a la libertad personal." (foja 199 vuelta). e) En el entendido de que la posibilidad (procedencia) de hacer el análisis sobre la revisión de tal medida, no tiene el alcance de que el juzgador natural declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma; sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez penal de origen deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del código nacional en cita. Mediante resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, determinó con plenitud de jurisdicción que es procedente modificar la medida cautelar impuesta al imputado (fojas 199 a 201). Parámetros aplicables que se desprenden de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que pese a la libertad de jurisdicción tuvieron que considerarse por el juez de la causa al resolver la interlocutoria respectiva, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo: Se atendió a la parte conducente de los parámetros aplicables de los preceptos legales, a saber: La autoridad responsable señaló que el indiciado se encontraba en la prisión preventiva por encontrase bajo los efectos del auto de formal prisión dictado en su contra (foja 199). Estableció que dentro del proceso habían quedado fijados los hechos materia del mismo, por lo que resultó procedente la radicación del incidente y el estudio de la viabilidad del cambio de la medida cautelar toda vez que se le había dictado auto de formal prisión y que la causa se tramitaba conforme al sistema tradicional. El juez responsable tomó en cuenta en su esencia los argumentos vertidos por la defensa a los que dio contestación, así como las manifestaciones vertidas por el Representante Social de la adscripción, en las que se opuso a que le fuera concedida la modificación de la medida cautelar planteada por la defensa y consideró los medios de prueba consistentes en la evaluación de riesgos *** , así como las actuaciones del proceso ** . Explicó que con fundamento en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en consideración de que la causa penal se instruyó por el delito de fraude específico, no era considerado como grave, que mereciera prisión preventiva oficiosa, era idóneo y proporcional imponer al procesado las medidas cautelares contenidas en las fracciones I y II del artículo 155 del mismo ordenamiento legal. Además, el juez expuso las razones por las que justificó que la medida cautelar impuesta (presentación periódica y exhibición de una garantía económica) son las que resultaron menos lesivas para el inculpado, pues adujo que previo análisis de la evaluación de riesgo *** , el nivel de riesgo es medio, argumentó lo anterior al establecer que no existía medio de prueba de que el imputado tuviera la intención de sustraerse de la acción penal o que haya inobservado alguna medida cautelar previamente impuesta o desacatado las órdenes de esa autoridad judicial, tampoco existían datos de prueba de las que advirtiera que el imputado destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba, que influenciará a coimputados, testigos o peritos o intimidará, amenazará o obstaculizará la labor de los servidores públicos. También al desprenderse que su situación económica es regular, pues es empleado y percibe un sueldo de *** semanales. Por lo que la presentación periódica y exhibición de una garantía económica, resultó proporcionales y menos lesivas al imputado. Se resolvió en audiencia con presencia de las partes, la revisión de la medida cautelar, sin embargo, con posterioridad dicha resolución se dejó insubsistente y se dictó la de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Hubo uso de la voz en la audiencia incidental, por las partes, donde pudieron debatir al respecto. Impuso la medida cautelar presentación periódica, para la cual señaló los lunes en el horario de las ocho horas hasta las quince horas, para lo cual se registraría su comparecencia mediante la firma que estampara ante la autoridad judicial, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se dejarían a salvo los derechos de la Agente del Ministerio Público Investigador. En cuanto a la exhibición de una garantía económica, determinó que consistió en la cantidad de *** . La autoridad responsable citó a las partes a la audiencia incidental, quienes pudieron debatir sobre la modificación de la medida cautelar impuesta al imputado. Durante el trámite del incidente que precedió a la interlocutoria, las partes sí estuvieron en aptitud de hacer sus manifestaciones y aportar los medios que consideraron. Se evaluó el riesgo por el juzgador, al recabar la información que consideró pertinente del Director de áreas de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Policía Procesal, durante el trámite del incidente el estudio respectivo. Se indicó que el delito atribuido al quejoso merecía pena privativa de la libertad. Se sostuvo que el quejoso es menor de ** años y sin hallarse afectado por enfermedad grave o terminal, por lo que no se actualizaba excepción alguna a su favor. Manifestó que era innecesario el análisis del artículo 167 del código adjetivo penal nacional invocado, porque estimó que su hipótesis no se actualizaba y agregó que no había material probatorio que indicara que se ponía en riesgo a la víctima del delito, testigos o a la comunidad. Estableció que no había material probatorio que indicara que se podía en riesgo a la víctima del delito, testigos o a la comunidad. Las partes estuvieron en aptitud de invocar medios de prueba para resolver lo atinente sobre la modificación de la prisión preventiva. De modo que ningún defecto puede considerarse en el acto emitido en cumplimiento al fallo protector, pues la autoridad judicial responsable bajo su más estricta responsabilidad y al contar con plena jurisdicción emitió una resolución en la que sostuvo procedente modificar la medida cautelar impuesta al quejoso por las de presentación periódica y exhibición de una garantía económica. En tales condiciones, se determina con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, que la ejecutoria pronunciada en este juicio ha quedado cumplida por la autoridad judicial responsable obligada -sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas- . Encuentra sustento lo anterior (además) , en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 201/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, materia común, visible en la foja 301, de rubro: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. " Asimismo, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse (si lo desea) en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído a las partes, para los efectos del primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo vigente. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se hace saber que: a) La sentencia fue terminada de engrosar el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 83 a 96); b) Mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete la sentencia alcanzó el rango de ejecutoria (fojas 110 y 111) y se requirió el cumplimiento en ese fallo a la autoridad responsable. c) La autoridad judicial señalada como responsable dio cumplimiento a tal ejecutoria de amparo el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (fojas 199 a 201) ; d) El veinticinco de enero de dos mil dieciocho de la presente anualidad, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado el oficio 813 (foja 198), por el que dicha autoridad judicial responsable comunicó tal situación relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y e) En la presente fecha (nueve de febrero de dos mil dieciocho) se declara cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
Se ordena agregar el oficio con anexo de cuenta, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el cual en cumplimiento al fallo protector remite copia certificada de diversas constancias que obran dentro del incidente *** de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin ser necesario dar vista a las partes con dichas constancias, pues mediante oficio 813 recibido en este juzgado el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable comunicó el cumplimiento al núcleo esencial de la ejecutoria de amparo y mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se concedió vista a las partes conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo.
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