alejandro garcia romero

Expediente 1298/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1298/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • alejandro garcia romero

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1298/2022-IX. Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que ese acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la oficial administrativa encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la decisión de la superioridad. También, archívese este expediente como asunto concluido. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1298/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha terminado el plazo de cinco días concedido al quejoso, en proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, sin que presentara escrito para desahogar la prevención contenida en ese acuerdo. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en la citada determinación, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio constitucional. Por último, se ordena a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a lo decretado en este acuerdo. Notifíquese; y de manera personal al quejoso (en su domicilio procesal).

  3. Principal

    SE DEJO AVISO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 1298/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que ha terminado el plazo de cinco días concedido al quejoso, en proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, sin que presentara escrito para desahogar la prevención contenida en ese acuerdo. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en la citada determinación, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio constitucional. Por último, se ordena a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a lo decretado en este acuerdo. Notifíquese; y de manera personal al quejoso (en su domicilio procesal).

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1298/2022-VIII. Puebla, Puebla, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo y formación de expediente físico. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Irregularidades en la demanda de amparo. La lectura integral1 de la demanda de protección, llevó a encontrar diversas irregularidades en el señalamiento de los actos reclamados. De entrada, en el capítulo relativo a los actos reclamados, se advierte que el quejoso se duele de: ? La orden de detención y/o aprehensión libradas en su contra, así como la ejecución de las mismas. ? La orden de restricción a su domicilio particular, así como la ejecución de una medida de protección para desalojarlo o despojarlo del mismo. ? La omisión de acordar las peticiones realizadas por el quejoso. En primer lugar, se advierte del capítulo de hechos y abstenciones, el quejoso bajo protesta de decir verdad, refiere que el catorce de septiembre del año en curso, se presentaron unos agentes de la policía a su domicilio particular, con el propósito de sustraerlo del mismo y que traían consigo una orden de aprehensión; de igual modo refiere que los propios agentes lo retiraron de su domicilio y que le hicieron de su conocimiento de la existencia de una orden de detención; empero, el quejoso omitió realizar mayor pronunciamiento sobre las medidas de protección a las que hizo referencia. Ahora bien, cabe indicar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se prevé la figura de una orden que "ejecute una medida de protección"; pues tales atribuciones corresponden al ámbito del derecho civil. Lo que sí prevé la normativa procesal de referencia, es la posibilidad de que el ministerio público, bajo su más estricta responsabilidad, emita una medida de protección, en términos del artículo 137, de ese mismo ordenamiento, el cual refiere lo siguiente: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. " Como puede observarse del precepto legal transcrito, así como de la narrativa de antecedentes, se infiere que la voluntad del quejoso en grado razonable pudiera recaer en realidad en reclamar una de las medidas de protección previstas en el artículo 137 de dicho código, sin que a cuál de ellas pudiera referirse. Por lo expuesto, a fin de fijar la materia del acto que se pretende reclamar, surge la necesidad para esta operadora jurídica de requerir al quejoso para que aclare si su reproche se encamina a alguna de las medidas de protección a las que se ha hecho mención, ya que si desea insistir en su reclamo sobre las órdenes a que hace referencia en su escrito de demanda de amparo, debe precisar de manera clara a cuál de ellas se refiriere. En caso de señalar alguna de las medidas de protección en mención decretada en la carpeta de investigación natural, era menester que el peticionario de amparo también indicara en su escrito aclaratorio, como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, si ya fue citado por el agente del ministerio público, en su carácter de imputado en alguna indagatoria. O bien, en su caso, si ya se ha apersonado a la misma, deberá señalar la fecha en que se apersonó y el acuerdo recaído por la representación en razón de dicho escrito, así como si solicitó (por escrito) que levantara la medida de protección impuesta. Además, debió señalar si en la indagatoria, la medida de protección que reclame emitida por el Agente del Ministerio Público señalado como responsable, fue ratificada (si fuera el supuesto) por un juez de control en términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En segundo lugar, es oportuno requerir al quejoso para que manifieste bajo protesta de decir verdad, si la tercera interesada a la que hace referencia (Anselma Ascencio Rodríguez), es un miembro de su familia y el grado de parentesco que tiene con el quejoso. En tercer lugar, de los conceptos de violación no se advierte algún pronunciamiento por parte del quejoso, sobre la omisión de acordar las mencionadas peticiones correspondientes a un procedimiento del cual, en ninguna parte de su escrito refirió dicha conducta omisiva. Por lo que, resulta impreciso de cuál o cuáles son los actos que pretende reclamar; pues se genera duda sobre la verdadera pretensión del quejoso. De ahí la necesidad de que se aclare la demanda, empero, debe indicarse que la aclaración tendrá que realizarla el quejoso sin variar los antecedentes de la demanda, porque estos ya fueron relatados con la protesta de decir verdad. Por consiguiente, deberá evaluar el quejoso la pertinencia de limitar lo que se le está indicando, a fin de evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo. Todo lo cual obliga a requerir la aclaración de la demanda de amparo, con el propósito de no dejarlo en estado de indefensión respecto de las imprecisiones entre el señalamiento de los actos reclamados y de los antecedentes de la demanda. No obstante, la aclaración deben realizarla el propio quejoso porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual resulta viable que el quejoso perfeccione el señalamiento de actos reclamados, dado que esto corresponde a quienes suscriben la demanda en términos del artículo 108, de la Ley de Amparo. Dichas aclaraciones se realizan en beneficio del peticionario, puesto que de no hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión respecto del acto o actos que aquí se pretenden señalar. Debe destacarse que procesalmente corre a cargo del peticionario señalar con precisión los actos que se reclama, así como a las autoridades que desea señalar como responsables, sin que sea dable suplirlo en su deficiencia en ese específico aspecto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO" . Lo anterior, con la finalidad de establecer la litis constitucional por la cual va a versar este juicio. Prevención Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción II, IV y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a Alejandro García Romero, para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Refiera si de lo que se duele, es de una orden de aprehensión o detención, así como su ejecución; o bien 2. Manifieste si su reclamo consiste en la omisión de acordar sus peticiones y de ser el caso, deberá precisar cuáles son, cuándo presentó los escritos, ante que autoridades, así como exhibir los acuses de recibo correspondientes, donde contenga los respectivos sellos de recibido; o bien 3. Precise si su voluntad recae, en realidad, en señalar la imposición de alguna medida de protección a que se refiere el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en cuyo caso, deberá señalar a cuál de ellas se refiere. 4. Señale como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a. Si ya fue citado por el agente del ministerio público, en su carácter de imputado. b. Si se ha apersonado a la misma por escrito; en cuyo caso deberá señalar la fecha en que presentó el escrito de apersonamiento y el acuerdo recaído por la representación en razón de dicho escrito, así como si le solicitaron (por escrito) que levantara la medida de protección impuesta que aquí reclama. c. Si en la indagatoria, la medida de protección que reclama, fue ratificada (si fuera el supuesto) por un juez de control en términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. d. Si la tercera interesada a la que hace referencia es un miembro de su familia y el grado de parentesco que tiene. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que la diferencia que llegara a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Indicación que también se hizo en el diverso juicio de amparo 244/2021 -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria-. Escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exenta de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que señala en la demanda (ubicado en la ciudad de Puebla) y como autorizado en los mismos términos a Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, pues no se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la parte quejosa el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a la actuaria judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este juzgado, que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda original al expediente. Por último, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.

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