Alejandro González Ramos

Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
567/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandro González Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción Oficio. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y anexos que acompaña consistentes en el original del juicio de amparo 1517/2023 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ..., por sí y en representación de su menor hija de iniciales A. G. V.; ello, en razón de que mediante resolución de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia legal para conocer del referido asunto, declinándola a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por sí y en representación de su menor hija de iniciales ya citadas, contra actos del 1. Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Rioverde, San Luis Potosí y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 567/2023-II-1. Pronunciamiento en relación con la competencia planteada. Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la Jueza Primera de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, estimó carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda de amparo, aduciendo que la parte quejosa señaló como acto reclamado el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, pronunciado por el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, en autos del expediente 475/2022 y su acumulado 699/2022, en el cual se ordenó el cambio de guarda y custodia de la infante de que se trata y ordenó la entrega inmediata de dicha menor a su madre ..., para lo cual instruyó al diligenciario de su adscrito, se constituya en el domicilio ubicado en ..., San Ciro de Acosta, San Luis Potosí y requiera al quejoso por la entrega inmediata de dicha menor. Asimismo, la homóloga federal expresó que el acto no se encuentra dentro de su jurisdicción territorial, citando el Acuerdo General 3/2013, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, seis con residencia en la capital del mismo nombre y dos en Ciudad Valles, toda vez que refiere que el acto requiere ejecución material en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, por lo que consideró que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar en dicha localidad en la que este órgano jurisdiccional ejerce competencia por razón de territorio. Sin embargo, respetuosamente, no se comparte el criterio que sostiene el juzgador declinante y, por ende, no se acepta la competencia planteada, por las razones que se exponen a continuación. Del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas. Así, las dos primeras reglas de competencia exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; además, lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito. Lo anterior revela que el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un procedimiento accesible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del procedimiento, como lo prevé el artículo 17 Constitucional. En el caso, el quejoso reclama el auto por el que se ordenó el cambio de guarda y custodia de la quejosa menor de edad y ordenó su entrega inmediata a su madre ..., para lo cual instruyó al diligenciario de su adscrito, se constituyera en el domicilio ubicado en ..., San Ciro de Acosta, San Luis Potosí y requiriera al quejoso la entrega inmediata de la menor de edad. Ahora, de los antecedentes de la demanda se advierte: Desde el cuatro de enero de dos mil veintidós, el quejoso tiene bajo su resguardo a la infante de que se trata, en el domicilio ubicado en ... El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en ..., fue emplazado por el Actuario adscrito al Juzgado Segundo Familiar del Tercer Distrito Judicial en Rioverde, San Luis Potosí, del juicio de controversias del orden familiar 475/2022, iniciado en su contra por ... por la guarda y custodia de su menor hija, aquí quejosa. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el juez responsable decretó la guarda y custodia provisional de la menor a favor del solicitante de amparo, y decretó la acumulación del juicio 699/2022 al diverso 475/2022. El siete de septiembre de dos mil veintidós, el juez de origen ordenó girar oficio a la presidenta del DIF Municipal de Rioverde, San Luis Potosí, para que informara sobre la disponibilidad de las instalaciones, a fin de que se llevaran a cabo convivencias entre la menor y su madre. El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la institución municipal de referencia, informó que tales convivencias podrían realizarse en esas instalaciones en Rioverde, San Luis Potosí, los miércoles y viernes de cada semana en un horario de once a trece horas. El siete de noviembre de dos mil veintitrés, se le notificó el auto reclamado, por el que se decretó el cambio de guardia y custodia de la menor quejosa a favor de su madre. Como se observa, hasta este momento procesal, acorde a los antecedentes narrados, en el caso en concreto, se actualiza la regla indicada en el inciso b), toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende que el acto reclamado tuvo ejecución material inicialmente en Rioverde, San Luis Potosí, y continuó en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí. Por tanto, resulta que la Jueza Primera de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es la competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ..., por sí y en representación de su menor hija de iniciales ya precisadas, contra actos del 1. Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con sede en Rioverde, San Luis Potosí y otra autoridad; al ser la jueza que previno, pues la parte quejosa presentó la demanda de amparo ante ese juzgado federal. Sirve de apoyo la tesis II.3o.P.23 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con registro digital 2021726, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 902, de rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS TENGAN EJECUCIÓN EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN ALGUNO DE ELLOS, A PESAR DE QUE ANTE ÉSTE NO SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). La regla de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.", no puede aplicarse literal y aisladamente para establecer que con apoyo en esa hipótesis es competente cualquier Juez de Distrito del país, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, soslayando apreciar cuáles son estos Distritos y qué evidencia que en alguno de ellos podría tener ejecución el acto reclamado, porque sólo así podrá definirse la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer del medio de control constitucional; por tanto, el alcance de tal porción normativa debe desentrañarse en armonía con lo que preceptúa el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto se interpondrá "... ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..."; disposición de la que se infiere que tratándose de actos susceptibles de ejecución, siempre deberá atenderse a donde ésta tendrá lugar, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. De ahí que al suscitarse un conflicto competencial entre Jueces de Distrito para seguir conociendo de una demanda de amparo; uno, el que previno en el conocimiento del asunto, quien no ejerce jurisdicción en alguno de los lugares en que deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados que así lo ameritan; y otro, el que sí ejerce jurisdicción al menos en uno de ellos; motiva que se finque la competencia para seguir conociendo de la demanda constitucional, a favor del segundo. Así como la tesis I.5o.P.16 K (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital 2014770, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 1001 de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE TERRITORIO. EN TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE LUGARES O ÁMBITOS ESPACIALES DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTE LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). El párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, a diferencia de la abrogada ley, contiene una novísima hipótesis en torno al lugar de ejecución ("Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.") que al igual que la hipótesis del párrafo primero del citado numeral, el lugar o ámbito espacial de ejecución sigue siendo la pauta para la determinación de la competencia por razón de territorio. Sin embargo, la diferencia entre ambos párrafos estriba en que mientras el primero presupone que la ejecución se materializa en un solo lugar o en una sola jurisdicción; el segundo contempla la posibilidad de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, que por la naturaleza de tracto sucesivo del acto, éste tuviere sucesiva realización en dos o más lugares o distritos. Así, en ese párrafo segundo el legislador creó una regla de competencia territorial que, comprendiendo esos dos o más lugares de ejecución, se define a favor del Juez de Distrito ante el que materialmente se presente la demanda de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal, no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto al Juzgado declinante con auto inserto de la presente determinación; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita, la determinación que recaiga al presente. Mediante oficio que al respecto se gire, hágase esta circunstancia del conocimiento de la Jueza Federal declinante, adjuntándole los autos del mencionado juicio, previa copia certificada que se obtenga y formación del cuaderno de antecedentes relativo, solicitando el acuse de recibo respectivo. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese.

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