Alejandro Díaz Madrid

Expediente 517/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
517/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Díaz Madrid y Otros.
  • Alejandro Díaz Madrid

Actuaciones

  1. Principal

    téngase recibida y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, la constancia que remiten la Jueza y Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, relativa al acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, toda vez que de su análisis se advierte que el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se recibió un oficio con el mismo contenido y se acordó lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. RECEPCION DE OFICIO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, ténganse recibido el comunicado de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, a través del cual acusa recibo del diverso oficio 14981/2021 e informa que mediante proveído de veintiséis de octubre de este año, aceptó la competencia declinada por este juzgado federal del expediente en que se actúa y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo bajo el número estadístico 1582/2021. REMISIÓN DE CONSTANCIAS AL HABERSE ACEPTADO LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE JUZGADO. De los presentes autos se advierte que obra agregado el comunicado del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devolvió diligenciado el exhorto 204/2021-I-E orden 588, enviado a fin de notificar el proveído de veintiuno de octubre del año en curso a los quejosos; por tanto, remítase el comunicado de referencia vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, para que esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. EXHORTO DILIGENCIADO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 204/2021-I-E orden 588, enviado a fin de notificar el proveído de veintiuno de octubre del año en curso a los quejosos. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno, sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo relativo toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo generó al momento de su remisión. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, toda vez que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, a quien se declinó la competencia para conocer del presente asunto, será quien se pronuncie al respecto, por lo que, en el momento procesal oportuno deberá ser remitida dicha comunicación y su anexo al órgano jurisdiccional citado. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por... Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 517/2021-I. SUSPENSIÓN DE PLANO. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los quejosos solicitan la suspensión de plano de los actos consistentes en ataques a la libertad personal, discriminatorios que pongan en grave riesgo la vida, salud, integridad y dignidad personal, sicofísica y sicoemocional, represalias, intimidación y represalias equiparadas a tortura, de los directos quejosos y cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, reclamados al Director y Dirección de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría, Subdirección y Subdirector Jurídico de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaría, Jefe y Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la Penitenciaría, Comité Técnico de la Penitenciaría, Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, todos en la Ciudad de México, así como a diversas dependencias de la Ciudad de México, a los Gobernadores de los Estados y diversos juzgados de distrito de varias entidades federativas del país, sin que de sus funciones se advierta que tengan injerencia en los actos que reclaman los peticionarios del amparo. Asimismo, de la certificación de cuenta, se advierte que en este Juzgado Federal, se recibió la demanda de amparo promovida por los mismos quejosos, radicada bajo número 516/2021-II, en el que en esta misma data, se proveyó lo relativo a la citada suspensión de plano respecto de los actos y autoridades responsables siguientes: Actos reclamados Autoridades responsables ataques a la libertad personal, discriminatorios que ponga en grave riesgo la vida, salud, integridad y dignidad personal, sicofísica y sicoemocional, represalias, intimidación equipara a tortura, de los directos quejosos y cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (1) Director de la Penitenciaria; (2) Sudirección y Subdirector Jurídico de la Penitenciaria; (3) Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría; (4) Subdirección y Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaría; (5) Jefe y Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la Penitenciaría; (6) Comité Técnico de la Penitenciaría; (7) Subsecretaría del Sistema Penitenciario; (8) Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, todos en la Ciudad de México. La medida cautelar se concedió para efecto que tales actos cesaran de inmediato; acuerdo en el que, por las razones expuestas, este Órgano Jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de su trámite y turno para su conocimiento al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. En ese contexto, respecto a la demanda de amparo que nos ocupa, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano que se solicita, debido a que como se advierte de la certificación que antecede, en el juicio de amparo 516/2021-II del índice de este Juzgado Federal, mediante proveído de esta misma data se decretó la misma, la cual se encuentra vigente su pronunciamiento. DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA. Ahora, en el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. Y de igual forma que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En la especie, los peticionarios del amparo señalan como actos reclamados: Traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro diverso; reubicación de dormitorio; intimidación equiparada a tortura; actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; represalias; discriminación; violación al principio pro persona; inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona; Asesoría inadecuada y Encubrimientos de actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo. Asimismo, señalaron como autoridades responsables al Director de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría, Subdirección y Subdirector Jurídico de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaría, Jefe y Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la Penitenciaría, Comité Técnico de la Penitenciaría, Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, Secretaria de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Gobernación, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Presidente de México, Jefa de Gobierno, Comisión de Derechos Humanos y Comisión Nacional de Derechos Humanos, Director de la Defensoría Pública y Defensor Público adscrito a la Penitenciaría, todos de la Ciudad de México; Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Ta(sic), Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas. Así como a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas excepto el Noveno de Tampico. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que los directos impetrantes se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en virtud de que los actos reclamados tendrán ejecución en el lugar donde se encuentre interno el directo quejoso; no obstante, al tener en cuenta que se señalaron como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de treinta circuitos judiciales, comprendido también a los jueces de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, incluida la suscrita, con excepción del Juez de Noveno de Distrito en Tampico, Tamaulipas, el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito -Ciudad de México- es el ubicado en el Decimonoveno Circuito Judicial, cuya demarcación territorial se asienta en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas. Es así, dado que una vez que fue consultada la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se obtuvo que los órganos jurisdiccionales más cercanos al Primer Circuito son los ubicados en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. Se cita a fin de robustecer lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 75, con registro digital 190008, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO EN LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN", por lo que de conformidad con el criterio jurisprudencial invocado, será competente el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito. En virtud de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, por ser el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito y no encontrarse señalado como autoridad responsable, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. NOTIFICACIÓN A LOS AGRAVIADOS DIRECTOS Y CERTIFICACIÓN DE SU ESTADO FÍSICO. Luego, dado que el promovente señala que los quejosos directos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinoza González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Erick Adrián Rosas Gamiño o Alexis Anaya Morales, Alejandro Díaz Madrid y Cristian Giovanni Ortiz Ramírez, se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria CDMX, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, que se encuentre en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a la parte quejosa, dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.

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