Alejandro González Alducin

Expediente 192/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
192/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Alejandro González Alducin
  • Reyna Pérez Pérez
  • Jovita Bautista Nava
  • Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
  • Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Alejandro González Alducin mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento del laudo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, emitido en acatamiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto; atento a su petición, dígase al promovente que queda expedito su derecho de solicitar a la autoridad responsable la ejecución de dicho laudo, ya que dentro las facultades de este tribunal colegiado respecto del cumplimiento de ejecutorias de amparo no se encuentra la de ordenar la ejecución del acto reclamado, como se advierte del Título Tercero, Capítulo Primero, de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, uno de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso b) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo el escrito de agravios, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp La Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis C E R T I F I C A: que la presente foja corresponde al acuerdo dictado el uno de marzo de dos mil veintiuno en el recurso de revisión ******************** y que, con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que el presente acuerdo obra en sus términos en el expediente electrónico, por lo que éste coincide en su totalidad con el expediente impreso. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, este Órgano Colegiado concedió a Alejandro González Alducín, la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. En su lugar emita otro en el que: a) Reitere todas aquellas determinaciones que no son materia de concesión del amparo. b) Con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre los reclamos cuyo fundamento fue el Convenio 2015 celebrado entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado y otros organismos públicos, con el Sindicato de Trabajadores "7 de Mayo", prescindiendo de considerar que el actor no tiene derecho a ellos por no haber figurado como trabajador de base o estar sindicalizado y, en caso de condena, observe la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada; con excepción del reclamo de prima vacacional, a razón del 60%, pues sobre esta prestación deberá reiterar el pronunciamiento de condena existente" (foja 92 vuelta). Mediante autos de veinte de febrero y uno de octubre de dos mil veinte (fojas 171 a 173 y 229 a 234), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad. Por lo mismo, de nueva cuenta se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días proveyera lo necesario para acatar en sus términos la sentencia de amparo, y en cada uno de aquellos requerimientos se precisó que debía dejar insubsistente el laudo con el que pretendió cumplir el fallo protector y emitir uno nuevo en el que observara puntualmente lo dispuesto en la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable nuevamente informó acerca del cumplimiento, con lo que se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 284), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 292). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Cabe mencionar que el presente juicio de amparo está relacionado con el diverso 193/2019, promovido por Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el cual, en sesión de la misma fecha, se le negó la protección constitucional solicitada. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el catorce de enero de dos mil veinte la responsable emitió un nuevo laudo en el que dejó insubsistente el reclamado de seis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 101); a su vez, el veintiséis de febrero de dos mil veinte emitió otro laudo en el que dejó insubsistente aquel de catorce de enero previo (foja 181); finalmente, el seis de octubre del año en curso dictó otro nuevo laudo en el que dejó insubsistente el de veintiséis de febrero anterior (foja 242). En este último laudo, siguiendo los lineamientos del fallo protector reiteró las siguientes determinaciones que no fueron materia de la concesión de amparo: 1. La existencia de la relación laboral entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y el actor Alejandro González Alducin; así como el último puesto desempeñado por este último, esto es, Oficial de Partes adscrito a la Sala Civil-Familiar del citado Tribunal (foja 253). 2. La fecha de inicio del vínculo laboral (veintinueve de junio de dos mil diez), y que la legislación aplicable al asunto es la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente (foja 254). 3. La absolución respecto de la acción principal de reinstalación, lo mismo que la absolución por concepto de pago de salarios caídos y de reconocimiento de que el actor laboró como trabajador de base o definitivo por tiempo indeterminado; luego determinar que se desempeñó como trabajador de confianza y, por ende, que no goza de estabilidad en el empleo (fojas 254 vuelta a 256 vuelta). 4. El último salario quincenal percibido por el actor, por la cantidad de $4,759.93; pero que debió percibir como salario quincenal integrado la cantidad de $5,516.20 (foja 262 vuelta). 5. La absolución al demandado Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por concepto de pago de diferencias salariales (foja 263 vuelta). 6. La jornada laboral de siete horas diarias de lunes a viernes, más nueve horas extras a la semana (foja 265 vuelta). 7. La condena al pago de aguinaldo y prima vacacional, ambas proporcionales a dos mil dieciséis, por las cantidades de $4,068.04 y $1,829.66, respectivamente (fojas 267 y 281); así como la diversa condena al pago de horas extras por la cantidad de $49,168.08 (foja 281 vuelta). 8. La procedencia de la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada para circunscribir la litis al último año de servicios prestado por el actor (fojas 266 y 273). II. Finalmente, con libertad de jurisdicción, la responsable: a) Condenó al demandado Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala al pago de las siguientes prestaciones reclamadas con sustento en el Convenio de Trabajo 2015 Celebrado entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado y otros organismos públicos, con el Sindicato "7 de Mayo": 1. Incremento al salario diario a razón de 5% (fojas 273 vuelta y 274). 2. Despensa decembrina (artículo 12) [foja 274]. 3. Prima de quinquenio (foja 274 vuelta). 4. Fondo de ahorro (foja 275). 5. Ayuda para pasaje (ibídem). 6. Estímulo económico, a razón de nueve días de salario (foja 275 vuelta). 7. Aniversario del día del trabajo (foja 276). 8. Estimulo de capacitación (foja 278 vuelta). 9. Despensa especial, a razón de veintiocho días de salario (foja 279). 10. "Crisis económica" (ibídem). 11. Despensa (artículo 28) [foja 280). Todas ellas por la cantidad que con plenitud de jurisdicción estimó procedentes. b) Absolvió de las siguientes prestaciones reclamadas: 1. Seguro de vida institucional (foja 275). 2. Días de descanso obligatorio (foja 278). 3. Otorgamiento de servicio médico y de seguridad social, a través del O.P.D. Salud de Tlaxcala y/o I.S.S.S.T.E., y/o I.M.S.S. (foja 279 vuelta). 4. Otorgamiento de vivienda a través del INFONAVIT (foja 280). Para ello prescindió de considerar que tales condiciones generales de trabajo o contrato colectivo, no resultan aplicables al trabajador por no haberse desempeñó como trabajador de base o sindicalizado. No es obstáculo que en parte del mismo laudo (fojas 272 vuelta y 273) el Tribunal responsable haya asentado de manera general y errada que condenaba por estas últimas cuatro prestaciones; porque bajo el principio de congruencia conforme al cual los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos, se estima debe atenderse a la absolución señalada previamente decretada en la parte considerativa y reflejada en los resolutivos, y no al yerro destacado previamente, pues se advierte que éste es solamente de redacción. Por su idea jurídica se invoca como apoyo la jurisprudencia 501, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 331, Sexta Época, Materia Común, emitida por la ya extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS. SU AUTORIDAD SE EXTIENDE A LOS CONSIDERANDOS. En términos generales, la parte resolutiva de la sentencia, por sí misma, es la que puede perjudicar a los litigantes y no la parte considerativa, pero este principio debe entenderse unido al de congruencia, según el cual los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. Consecuentemente, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravio a los interesados, cuando se demuestra que no han conducido a la resolución ilegal". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Lo acordó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano