Alejandro Fidel Enrique Cruz George
Expediente 488/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 23 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Alejandro Fidel Enrique Cruz George
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 373 y 374), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 377 y 378). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. En sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, este órgano colegiado concedió a ********************, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".que la Sala responsable: a). Deje insubsistente la sentencia reclamada, única y exclusivamente en relación con el demandado ********************; por lo que deberá reiterar dicho fallo respecto de los enjuiciados ********************, ********************, así como ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, en virtud de que ninguno de ellos impugnó la aludida sentencia. b). Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que en relación con dicho enjuiciado, la parte actora no acreditó el elemento identidad de la acción reivindicatoria ejercida y, por ende, lo absuelva de las prestaciones reclamadas." (foja 277 ibídem). II. Por resolución de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la entonces Presidencia de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, determinó que la junta responsable no cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo, por lo siguiente: "II. Uno de los efectos de la concesión fue para que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, única y exclusivamente en relación con el demandado ********************; por lo que debía reiterar dicho fallo respecto de los enjuiciados ********************, ********************, así como ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, en virtud de que ninguno de ellos impugnó la aludida sentencia. Del análisis integral de la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo, se advierte que la Sala Ad quem dejó insubsistente el fallo reclamado en relación con el quejoso y, en consecuencia, emitió otra en la que consideró que respecto del mismo la actora no demostró el tercer elemento de la acción reivindicatoria, consistente en la identidad del bien perseguido con el que posee el demandado, por las razones previamente narradas. Sin embargo, no emitió ningún pronunciamiento en el sentido de reiterar la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional, respecto de los enjuiciados referidos, en virtud de que ninguno de ellos lo impugnó a través del juicio de amparo directo correspondiente. En ese sentido, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. Luego, si en el fallo constitucional se constriñó a la sala responsable a reiterar la sentencia reclamada por cuanto hace a los enjuiciados que no la impugnaron a través del juicio de amparo uniinstancial, pero no lo hizo, es inconcuso que incurrió en defecto al cumplir el fallo constitucional. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CCXLII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 415, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión." En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós y dicte otra en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a ********************. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 258, del ordenamiento legal en cita. III. En virtud de haberse determinado que la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, resulta innecesario el análisis de los argumentos formulados por la tercera interesada sucesión intestamentaria a bienes de ******************** o María ********************, que tienden a poner de manifiesto el incumplimiento del fallo constitucional." III. Del examen de las constancias que ahora remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós: a. Dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (que en principio había dictado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo), y ordenó traer los autos a la vista para dictar la resolución correspondiente (foja 344). El siete de diciembre de dos mil veintidós, pronunció otro fallo en el que: b. Reiteró la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte (la cual constituyó el acto reclamado dentro del juicio de amparo directo 488/2021), únicamente respecto de los enjuiciados ********************, ********************, así como ******************** y ******************** ambos de apellidos ********************, en virtud de que ninguno de ellos impugnó la aludida sentencia. Al respecto, determinó lo siguiente: "Asimismo, se indica que la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil vente, que constituyó el acto reclamado ante la autoridad federal queda firme por cuanto hace a los demandados ********************, ********************, Eduardo ******************** y ******************** ********************, toda vez que ninguno de ellos impugnó a través del juicio de amparo correspondiente dicha resolución, en virtud de que los efectos de la concesión del amparo fueron únicamente en relación con el demandado ********************." c. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, determinó que en relación con el enjuiciado ********************, la parte actora no acreditó el elemento identidad de la acción reivindicatoria ejercida, para lo cual consideró, en esencia, lo siguiente: Dentro de los dictámenes que se desahogaron en el juicio natural, los peritos exhibieron croquis del predio de la parte actora, el cual refieren cuenta con mil doscientos veintisiete punto sesenta metros cuadrados, y está afectado en quinientos cincuenta metros cuadrados, por tres construcciones de los demandados, entre ellas la fracción del enjuiciado ********************. No obstante, la opinión de los expertos no precisa la superficie, así como las medidas y colindancias de cada una de esas construcciones, por lo que no se tiene la certeza de que una de ellas corresponda a la fracción que ostenta el demandado en mención. Los croquis que adjuntaron los peritos a su dictamen, no son idóneos para demostrar la identidad entre la fracción de terreno que reclama la actora y aquella cuya propiedad ostenta el demandado, pues no se acreditó que la primera fracción del predio denominado "********************", adjudicada a ********************y, posteriormente adjudicada a la actora, la cual se subdividió en dos fracciones (siendo la segunda materia de la reivindicación), haya sido invadida por el demandado, quien indicó que adquirió la fracción de terreno cuya propiedad ostenta, por compraventa que celebró con ********************, respecto de un bien que era de su propiedad. Los peritos no definen exactamente dónde se ubican los inmuebles reclamados, es decir, en qué parte de la segunda fracción de ese predio se encuentran edificadas las construcciones, pues no se precisa su orientación conforme a los puntos cardinales, de acuerdo con las medidas y colindancias que el demandado refirió se mencionan en la escritura pública de compraventa que ofreció al contestar la demanda. Es insuficiente que los peritos insertarán una imagen respectiva del inmueble de la actora y del predio que posee el demandado, para determinar que éste se encuentra inmerso en aquél. Las fotografías que exhibió uno de los peritos, sólo reflejan las imágenes que en ellas aparecen, pero no permiten determinar la ubicación de los inmuebles que se advierten en las citadas placas fotográficas, y por ende tampoco pueden demostrar que el inmueble cuya propiedad ostenta el enjuiciado esté inmerso en el predio de la demandante. El cuestionario al tenor del cual se desahogó la prueba pericial, pone de manifiesto que la parte actora no formuló punto que conllevara a los peritos a establecer la ubicación de ambas fracciones de terreno y reflejar en un plano o croquis ese análisis. Los peritos no adjuntaron a los dictámenes los levantamientos topográficos que dicen realizaron respecto de los inmuebles en estudio, lo que resultaba necesario para determinar si el predio del enjuiciado, se encuentra inmerso en el bien cuya reivindicación pretende la actora, o bien, dentro del predio de su vendedor ********************. Era relevante probar lo anterior, pues el predio de ********************, quien resulta ser hermano de la accionante y vendedor del demandado ********************, colinda con el inmueble de la actora, aunado a que el inmueble de la accionante y el de su hermano, se identifican con el mismo nombre: "Segunda fracción del predio ********************". No asiste razón a la apelante al aducir que la prueba confesional a cargo del demandado referido, acreditó el tercer elemento de la acción reivindicatoria, puesto que no es la prueba idónea para demostrar tal extremo. Por las anteriores razones, absolvió al enjuiciado ********************, de las prestaciones que le reclamó su contraria. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese, electrónicamente al quejoso y personalmente a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta; con el primero, se envía copia certificada del auto de seis de este mes, del que se advierte que se dejó insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós; y, con el segundo se remite copia certificada de la sentencia de siete del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa y personalmente a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 322 y 323), siendo que a la tercera interesada sucesión intestamentaria a bienes de Herminia Herrera Mota o María Herminia Herrera Mota, se les tuvo por desahogada mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (fojas 330 y 331), manifestando que se incurrió en defecto en el cumplimiento al fallo protector. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, este órgano colegiado concedió a Alejandro Fidel Enrique Cruz George, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".que la Sala responsable: a). Deje insubsistente la sentencia reclamada, única y exclusivamente en relación con el demandado Alejandro Fidel Enrique Cruz George; por lo que deberá reiterar dicho fallo respecto de los enjuiciados Carolina Coyotzi Molina, Paula García Rodríguez, así como José Eduardo Gabriel y Juan Evaristo ambos de apellidos Reyes Coyotzi, en virtud de que ninguno de ellos impugnó la aludida sentencia. b). Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que en relación con dicho enjuiciado, la parte actora no acreditó el elemento identidad de la acción reivindicatoria ejercida y, por ende, lo absuelva de las prestaciones reclamadas." (foja 277 ibídem). I. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de diez de octubre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, y ordenó traer los autos a la vista para dictar la resolución correspondiente (foja 288). El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, pronunció otro fallo en el que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, determinó que en relación con el enjuiciado Alejandro Fidel Enrique Cruz George, la parte actora no acreditó el elemento identidad de la acción reivindicatoria ejercida, para lo cual consideró, en esencia, lo siguiente: Dentro de los dictámenes que se desahogaron en el juicio natural, los peritos exhibieron croquis del predio de la parte actora, el cual refieren cuenta con mil doscientos veintisiete punto sesenta metros cuadrados, y está afectado en quinientos cincuenta metros cuadrados, por tres construcciones de los demandados, entre ellas la fracción del enjuiciado Alejandro Fidel Enrique Cruz George. No obstante, la opinión de los expertos no precisa la superficie, así como las medidas y colindancias de cada una de esas construcciones, por lo que no se tiene la certeza de que una de ellas corresponda a la fracción que ostenta el demandado en mención. Los croquis que adjuntaron los peritos a su dictamen, no son idóneos para demostrar la identidad entre la fracción de terreno que reclama la actora y aquella cuya propiedad ostenta el demandado, pues no se acreditó que la primera fracción del predio denominado "Xometitla", adjudicada a Romualdo Herrera Palacios y, posteriormente adjudicada a la actora, la cual se subdividió en dos fracciones (siendo la segunda materia de la reivindicación), haya sido invadida por el demandado, quien indicó que adquirió la fracción de terreno cuya propiedad ostenta, por compraventa que celebró con José Fernando Herrera Mota, respecto de un bien que era de su propiedad. Los peritos no definen exactamente dónde se ubican los inmuebles reclamados, es decir, en qué parte de la segunda fracción de ese predio se encuentran edificadas las construcciones, pues no se precisa su orientación conforme a los puntos cardinales, de acuerdo con las medidas y colindancias que el demandado refirió se mencionan en la escritura pública de compraventa que ofreció al contestar la demanda. Es insuficiente que los peritos insertarán una imagen respectiva del inmueble de la actora y del predio que posee el demandado, para determinar que éste se encuentra inmerso en aquél. Las fotografías que exhibió uno de los peritos, sólo reflejan las imágenes que en ellas aparecen, pero no permiten determinar la ubicación de los inmuebles que se advierten en las citadas placas fotográficas, y por ende tampoco pueden demostrar que el inmueble cuya propiedad ostenta el enjuiciado esté inmerso en el predio de la demandante. El cuestionario al tenor del cual se desahogó la prueba pericial, pone de manifiesto que la parte actora no formuló punto que conllevara a los peritos a establecer la ubicación de ambas fracciones de terreno y reflejar en un plano o croquis ese análisis. Los peritos no adjuntaron a los dictámenes los levantamientos topográficos que dicen realizaron respecto de los inmuebles en estudio, lo que resultaba necesario para determinar si el predio del enjuiciado, se encuentra inmerso en el bien cuya reivindicación pretende la actora, o bien, dentro del predio de su vendedor José Fernando Herrera Mota. Era relevante probar lo anterior, pues el predio de José Fernando Herrera Mota, quien resulta ser hermano de la accionante y vendedor del demandado Alejandro Fidel Enrique Cruz George, colinda con el inmueble de la actora, aunado a que el inmueble de la accionante y el de su hermano, se identifican con el mismo nombre: "Segunda fracción del predio Xometitla". No asiste razón a la apelante al aducir que la prueba confesional a cargo del demandado referido, acreditó el tercer elemento de la acción reivindicatoria, puesto que no es la prueba idónea para demostrar tal extremo. Por las anteriores razones, absolvió al enjuiciado Alejandro Fidel Enrique Cruz George, de las prestaciones que le reclamó su contraria. II. Uno de los efectos de la concesión fue para que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, única y exclusivamente en relación con el demandado Alejandro Fidel Enrique Cruz George; por lo que debía reiterar dicho fallo respecto de los enjuiciados Carolina Coyotzi Molina, Paula García Rodríguez, así como José Eduardo Gabriel y Juan Evaristo ambos de apellidos Reyes Coyotzi, en virtud de que ninguno de ellos impugnó la aludida sentencia. Del análisis integral de la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo, se advierte que la Sala Ad quem dejó insubsistente el fallo reclamado en relación con el quejoso y, en consecuencia, emitió otra en la que consideró que respecto del mismo la actora no demostró el tercer elemento de la acción reivindicatoria, consistente en la identidad del bien perseguido con el que posee el demandado, por las razones previamente narradas. Sin embargo, no emitió ningún pronunciamiento en el sentido de reiterar la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional, respecto de los enjuiciados referidos, en virtud de que ninguno de ellos la impugnó a través del juicio de amparo directo correspondiente. En ese sentido, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. Luego, si en el fallo constitucional se constriñó a la Sala responsable a reiterar la sentencia reclamada por cuanto hace a los enjuiciados que no la impugnaron a través del juicio de amparo uniinstancial, pero no lo hizo, es inconcuso que incurrió en defecto al cumplir el fallo constitucional. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CCXLII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 415, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión." En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable, procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós y dicte otra en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a Alejandro Fidel Enrique Cruz George. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 258, del ordenamiento legal en cita. III. En virtud de haberse determinado que la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, resulta innecesario el análisis de los argumentos formulados por la tercera interesada sucesión intestamentaria a bienes de Herminia Herrera Mota o María Herminia Herrera Mota, que tienden a poner de manifiesto el incumplimiento del fallo constitucional. Notifíquese, electrónicamente al quejoso y personalmente a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
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