Alejandro Gabriel Ross Gonzalez
Expediente 2373/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2373/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandro Gabriel Ross Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito Alejandro Gabriel Ross González, representante común de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al apercibimiento que se le hizo en proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, con siete copias y un anexo, contra actos que reclama del Secretario Ejecutivo del Comité para la Atención del Programa Especial para el Otorgamiento de Becas en Instituciones Educativas Particulares Incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En ese sentido, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, en principio, debe precisarse que el acto que por esta vía reclama la parte impetrante de amparo, consiste medularmente, en el oficio NO.SE/DESPACHO/0331/4193/2022, de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, con motivo del recurso de revisión que interpuso por escrito de fecha catorce de septiembre del año que transcurre, en el que se le informó los motivos por el que no fue beneficiada del apoyo de beca solicitada a favor de la menor M.B.R.P. y derivado de lo anterior la negativa de otorgar la beca a la aludida menor. Así, en consideración de la suscrita, en relación al indicado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo los peticionarios del amparo deben agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. En tales condiciones, del análisis de la demanda de amparo, se llega a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio se actualiza por cuanto se refiere al citado acto reclamado. Lo anterior es así, en tanto que, previamente a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra los actos que reclama, esto es, el juicio contencioso administrativo. En efecto, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en su artículo 4, fracción II, establece lo siguiente: "Artículo 4. Competencia. El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: . II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. Del citado precepto desprende que los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por su parte, los preceptos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: "ARTICULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. (REFORMADO, D.O. 18 DE JULIO DE 2017) Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." "ARTICULO 7. Serán partes en el procedimiento: I.- El actor. II.- El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad Estatal o Municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) El titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. c) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas o el Síndico Municipal. III.- El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "ARTICULO 8. Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión". De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. Siendo que en el presente caso las autoridades responsables son precisamente pertenecientes al Gobierno del Estado de Yucatán. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse que conforme a lo dispuesto por el artículo 4 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, así como los artículos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en contra del acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de constitucional de amparo, es evidente que la parte peticionaria debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, pueden obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por la aludida autoridad responsable. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, pues en primer lugar, a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ya que en el caso particular no tiene porqué garantizarse el interés fiscal, dada la esencia del acto que se combate, habida cuenta que no se trata de contribuciones, requisitos que son en todo caso los que también establecen los tres preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión del acto que reclama la parte quejosa, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser el acto reclamado por la parte quejosa, un acto administrativo que se ejecutó en su agravio, éste debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, del Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185065, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." De igual manera apoyo a lo anteriormente considerado la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, en la página 152, con número de registro 223170, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." Sin que represente un obstáculo que la parte quejosa alegue falta de fundamentación y motivación, pues de la lectura del oficio reclamado, no se advierte que adolezca de dicho vicio, en virtud de que la autoridad responsable invocó, entre otros, el ordenamiento jurídico consistente en el Acuerdo ORD./IX/05/09/2022 de la Segunda Sesión Ordinario del Comité para la Atención del Programa de Especial para el otorgamiento de Becas en Instituciones Educativas Particulares Incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; asimismo, la autoridad responsable expresó la razones por la que consideró no beneficiar a la alumna M.B.R.P, del apoyo de la beca solicitada; luego se desprende, que el oficio reclamado no carece de fundamentación como pretende hacer valer, ni de motivación, pues se señalaron las razones por las cuales se negó el beneficio de apoyo de la beca solicitada, por lo que el acto reclamado no se encuentra en los casos de excepción que refiere la fracción XX del citado numeral 61 de la Ley de Amparo. Así las cosas, previo a acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió observar el principio de definitividad mediante el indicado juicio contencioso administrativo, empero, al no haberlo hecho así, deviene en que se surta de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que procede desechar de plano la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/3992/2022, de cuatro de octubre de dos mil veintidós, signado por la Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho de dicha Delegación, junto con un anexo, asimismo, se advierte que obra en autos diversos oficios signados por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo por el Director en Jefe y por el Director General de Registro y Control Documental, por medio de los cuales informan el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC* COPIA AUTORIZADA "Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/3992/2022, de cuatro de octubre de dos mil veintidós, signado por la Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho de dicha Delegación, junto con un anexo, asimismo, se advierte que obra en autos diversos oficios signados por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo por el Director en Jefe y por el Director General de Registro y Control Documental, por medio de los cuales informan el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. - - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES.- - - - -RÚBRICAS." ASÍ CONSTA Y APARECE EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA ENTREGAR A LA PARTE INTERESADA EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL, EN MÉRIDA, YUCATÁN A SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VENTIDÓS.
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