Alejandro Ek Canul

Expediente 881/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
881/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Ek Canul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada el veintiuno de junio del presente año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado a la autoridad responsable, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente, debiendo conservarse el original del mismo, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I, inciso b), del citado artículo 18, éste debe ser depurado. Asimismo, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, devuélvanse al Juez responsable, los dos discos compactos en formato DVD, mismos que remitiera junto con su informe de ley y en los que constan las audiencias celebradas en el proceso penal natural; lo anterior, sin que sea necesario que remita el acuse de recibo relativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alejandro Ek Canul alias "Marisco" y/o "Huero", contra el acto que reclamó del Juez del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Umán, por los motivos precisados en esta resolución. Notifíquese; publíquese la sentencia con supresión de datos personales, captúrese el día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida por Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio del Juez del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con un anexo y un disco compacto en formato DVD que acompaña, con los que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, remitiendo la versión digital de la audiencia de formulación de la imputación solicitada en proveído de treinta y uno de mayo anterior. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha documentación de cuenta, por el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, a efecto de que, en su caso, manifiesten lo que su interés convenga, debiendo relacionarse al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y dado que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. Ahora bien, debe recordarse que en el presente juicio, a través de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se otorgó el amparo y protección de la justifica federal a Alberto, Wilbert Olegario, Hortencia, Eufrasia, Candelaria Eduvigis, Vicente, Andrea Avelina y Francisca Nidelvia, todos de apellidos Canché Cool, a efecto de que el Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, dentro del término de quince días, contados a partir del siguiente en que le fuera notificado el auto en que la sentencia adquiera firmeza, en términos del artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, concluya con la integración del expediente respectivo a efecto de que sea puesto a disposición del titular de la secretaría de su adscripción para la autorización de la expedición del título solicitado, posterior a lo cual, en caso favorable, deberá tramitar, por medio del órgano competente de su institución, la inscripción del título correspondiente ante el Registro y en el Registro Público de la Propiedad en el Estado de Yucatán y solicitar al Registro Público de la Propiedad Federal la inscripción correspondiente. Por su parte, el Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad; así como la Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, Jefa del Departamento de titulación de la Dirección General de la Propiedad Rural y el Subdirector de Terrenos Nacionales, todos ellos integrantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, en términos de los artículos 12 y 35, fracción VIII, del Reglamento Interior de la secretaría de su adscripción, deberían coadyuvar a la restante responsable para lograr el total cumplimiento de la ejecutoria dentro del plazo otorgado. Ahora bien, por acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria del toca 248/2017, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, por medio del cual confirmó la sentencia de amparo, por lo cual se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. El doce de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio del Director General adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Director General de la Propiedad Rural y del Jefe de Departamento de Titulación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través del cual se informó que se habían girado las instrucciones pertinentes a efecto de que la Dirección General adjunta de Regularización de la Propiedad Rural realizara las gestiones conducentes a efecto de acatar el fallo protector. Posteriormente, el veintiocho de noviembre siguiente, se tuvo al mismo Director General adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informando que instruyó a la Dirección General adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, a efecto de que solicite al archivo de terrenos nacionales el expediente administrativo 735120, relativo al predio denominado "Prolongación Pakal 3", que fue objeto del juicio de amparo; informe si éste contaba con declaratoria de terreno nacional; si existía el pago del avalúo correspondiente, así como su depósito; y, si se contaba con el cuadro de construcción o coordenadas UTM. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se informó a este juzgado por parte del Director General adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que se había ordenado a la Delegación en Yucatán, la reposición delos trabajos de deslinde y medición realizados sobre el terreno en litis, pues estos no obraban glosados en autos del expediente administrativo 735120; asimismo, se le conminó a efecto de que realizara las gestiones necesarias ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Yucatán, para la inscripción de la Declaratoria de Terreno Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y nueve. Atento a lo anterior, en proveído de esa misma fecha, se concedió al aludido Director, una prórroga de veinte días hábiles a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, al no tener noticia por parte de las autoridades respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se ordenó requerirles nuevamente el cumplimento respectivo. Atento a lo cual, se recibió el oficio del Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual informó que debían reponerse los trabajos de deslinde y medición del terreno adjudicado a la parte quejosa, pues éste se sobreponía a dos predios ya titulados, siendo que no era posible programar dicha diligencia pues se estaba en espera de la autorización para realizar la contratación del personal que se encargaría de dicha diligencia. Asimismo, se informó que se había solicitado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la información respecto a si la resolución de Declaratoria de Terreno Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, dentro de la cual se encuentra ubicado el terreno reclamado por los peticionarios de amparo, se encontraba inscrito en sus archivos. Posterior a este, después de dos requerimientos de cumplimiento realizados a las autoridades responsables, a través de los proveídos de seis y dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió nuevamente un oficio del Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través del cual reiteró, en similares términos, lo informado en su último oficio, precisando que se había señalado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de realizar los trabajos de deslinde y medición sobre el predio "Prolongación Pakal Tres". Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, el doce de abril de dos mil diecinueve, se recibió el oficio de la Directora General Adjunta "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través del cual informó que se había realizado la diligencia de medición y deslinde respecto del terreno de marras, quedando en espera de que el Registro Público de la Propiedad informara si la Declaratoria de Terreno Nacional, dentro de la cual se encontraba la porción antes delimitada, se encontraba inscrita en sus archivos. Atento a lo anterior y a las razones expuestas por dicha autoridad remitente, se concedió una nueva prórroga de treinta días hábiles a efecto de que se concluyera con las gestiones necesarias para acatar en sus términos la ejecutoria de amparo. Concluido el término anterior, nuevamente sin que las autoridades responsables hubieren remitido información alguna respecto del cumplimiento a la ejecutoria, el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se pronunció el correspondiente requerimiento para tal efecto. Requerimiento que al no haber sido atendido por la Directora General Adjunta "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, propició el dictado de un nuevo requerimiento acontecido el cuatro de julio siguiente. Posterior a lo cual, el nueve de julio siguiente, se recibió respuesta por parte de la mencionada autoridad, en donde informó que, a su vez, la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, le había informado que la Declaratoria de Terreno Nacional a que se ha hecho referencia no se encontraba registrada, pues para que esto aconteciera era necesario que el Catastro correspondiente le hubiere asignado un número de Tablaje, además de que resultaba necesario se le proporcione un plano de localización geográfica emitido por el Registro Agrario Nacional o en su defecto por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que corresponda a la manifestado en la Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y nueve. Por lo que este juzgado vinculó al procedimiento de ejecución a la aludida Directora, para el efecto de que realizara la totalidad de gestiones necesarias para dotar de un número de tablaje a la superficie declarada como Terreno Nacional. Atento a lo cual dicha Dirección informó a este juzgado que el Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le remitió los planos solicitados, de los cuales advirtió que la superficie a que se refirió la solicitud abarcaba una extensión de más de treinta y seis mil cuatrocientas treinta y nueve hectáreas, que, a su vez, formaban parte del territorio de cuatro municipios del Estado. Con lo cual se corrió traslado al Delegado Federal en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de que realizaría las gestiones necesarias a efecto de que se cumpliera con la ejecutoria de amparo y dicha situación fuere solventada. A lo que, a través del oficio recibido en este juzgado el siete de agosto de dos mil diecinueve, el Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que reiteraron la petición de asignación de tablaje a la oficina catastral en el Estado, quedando en espera de la respuesta por parte de la autoridad registral. Así, luego de diversos requerimientos, se tuvo a la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán informando que había asignado números de tablaje a tres de las cuatro porciones del terreno que conformaban la superficie declarada como Terreno Nacional, siendo que la última, ubicada en el municipio de Hunucmá, Yucatán, por no corresponder a su competencia, debía ser asignado por el Catastro de dicho municipio. Atento a lo anterior, se requirió nuevamente al Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a efecto del que realizare las gestiones conducentes ante el catastro municipal restante a efecto de lograr la asignación de tablaje necesaria, siendo que dicha autoridad atendió el requerimiento tres días después, informando que continuaba a la espera de la respuesta por parte de la autoridad registral. Siendo que este juzgado optó por requerir al Catastro Municipal de Hunucmá, Yucatán, a efecto de que atendiera la solicitud realizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de cumplir con la ejecutoria de mérito. Posterior a lo cual, existieron sendos requerimientos a dicho Catastro a través de los autos de catorce de octubre y cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, hasta que el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a dicha autoridad informado que había solicitado a la Dirección del Catastro del Estado de Yucatán, se le proporcionase personal capacitado y suficiente a efecto de realizar las labores de medición y deslinde en el terreno correspondiente. Continuado el procedimiento, el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, atento a la solicitud de la autoridad catastral de municipio de Hunucmá, Yucatán, se requirió a la parte quejosa a efecto de que se realice la limpieza y desmonte del área de terreno sobre el cual se realizaría la diligencia de medición y delimitación. Atento a lo cual, el trece de enero de dos mil veinte, atento a la solicitud de la parte quejosa, se le concedió un plazo de treinta días hábiles a efecto de realizar los trabajos de limpieza y desmonte del área antes referida, la cual, se informó a este juzgado el dos de marzo siguiente, fue realizada. Por lo cual se requirió nuevamente a la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán y al Director del Catastro municipal de Hunucmá, a efecto de que se realizaran los trabajos de medición necesarios para la asignación del número de tablaje correspondiente. A lo que dichas autoridades informaron a través de su oficio de diez de marzo de dos mil veinte, que se señaló el veinticuatro de marzo siguiente, para la diligencia respectiva, situación que fue informada personalmente a los peticionarios de amparo por parte de este juzgado. Así las cosas, el veinte de agosto de dos mil veinte, derivado de la suspensión continua de funciones jurisdiccionales con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus Covid-19, se reanudaron los términos y plazos procesales en este asunto, por lo que se requirió a las autoridades catastrales a efecto de que cumplieran con la ejecutoria de amparo y realizaran las gestiones necesarias para la asignación del tablaje restante. Así las cosas, a través de su oficio de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la Directora de Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán informó que giró instrucciones al departamento técnico de su adscripción para que, con los datos proporcionados por el Director de Catastro de Hunucmá, se relazara el documento técnico que permitiera la asignación de tablaje correspondiente. Por lo que, en ese momento, ya se contaba con un plano informativo del cual se desprendían los datos relativos a ángulos, distancias entre vértices y coordenadas UTM del polígono; información con la cual permitían identificar y localizar el inmueble a fin de asignar número de tablaje respectivo, sin necesidad de realizar otra diligencia. Por lo que, con dicha información, el veinte de agosto de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria a las autoridades responsables. Siendo informado por parte del Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en su oficio recibido el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, que aún se encontraban a la espera de que el catastro municipal de Hunucmá asignara el número de tablaje correspondiente a la superficie de mérito. Por lo cual, a efecto de no causar mayor dilación en este asunto, este juzgado requirió al aludido catastro a fin de que informara las gestiones realizadas a fin de asignar el tablaje correspondiente; a lo que el Director de Catastro requerido informó en su oficio de cinco de octubre de dos mil veinte, que no era posible acceder a lo anterior, pues existía discrepancia en las medidas referentes a las medidas de la porción de terreno declarada como Terreno Nacional y la que era reclama en este juicio de amparo por la parte quejosa. A lo que nuevamente este juzgado, a fin de evitar dilaciones innecesarias en el asunto, realizó un acuerdo en donde se precisaron a la autoridad catastral las medidas de los terrenos relacionados, conforme a los antecedentes del juicio de amparo, requiriéndole nuevamente el correspondiente cumplimiento. Asimismo, en el mismo proveído se conminó a las autoridades responsables a efecto de que se coordinen con las autoridades catastrales para subsanar de manera expedita, cualquier inconsistencia o irregularidad en el trámite respectivo. Finalmente, a efecto de lograr un eficaz cumplimiento, se vinculó al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en su calidad de superior jerárquico a fin de conminar a las responsables a cumplir con la ejecutoria de amparo; lo anterior, bajo los apercibimientos respectivos. Así las cosas, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se tuvo al Catastro Municipal de Hunucmá informando que se había realizado la asignación del número de tablaje correspondiente a la porción territorial perteneciente a su municipio, por lo cual se requirió a las responsables para que cumplan con la ejecutoria de amparo y concluyan con la integración del expediente administrativo 735120, relativo al predio denominado "Prolongación Pakal Tres", ubicado en el municipio de Tetíz, Yucatán, con una extensión de 85-30-74 hectáreas. Al no obtener respuesta por parte de las responsables y derivado de una nueva suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente cumplimiento a las autoridades responsables. Atento a lo cual, el ocho de febrero siguiente, se tuvo al Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informando que continuaba a la espera, del oficio original relativo al Catastro Municipal de Hunucmá, en donde se hubiere asignado el número de tablaje a la porción de terreno correspondiente a su competencia. Por lo que este juzgado, en aras de lograr una impartición de justicia pronta, requirió oficiosamente a la aludida autoridad catastral a efecto que remita el oficio correspondiente a la Delegación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Requerimiento que se tuvo por satisfecho el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno y con el cual se requirió nuevamente cumplimiento a las autoridades responsables dentro de sus respectivos ámbitos competenciales. Recuesta que fue reiterada a través del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno y la cual fue atendida por el Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en donde informó que había solicitado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio la inscripción de la resolución presidencial de veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero siguiente, quedando nuevamente en espera de que dicho registro efectuara lo conducente y una vez que esto aconteciera, dicha unidad podría estar en aptitud de hacer lo propio. Atento a lo antes expuesto este juzgado vinculó al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y le requirió a efecto de que realice la totalidad de gestiones necesarias a efecto de realizar la inscripción requerida. Requerimiento que la autoridad registral atendió a través del oficio acordado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno y mediante el cual se expuso la imposibilidad de registro debido a lo incompleto de las solicitudes realizadas ante su potestad. Por lo que en ese mismo auto se requirió nuevamente a las autoridades responsables a efecto de que cumplieran con la ejecutoria de amparo y proporcionaran la información necesaria para la culminación del trámite de inscripción de los tablajes en el Registro Público. A raíz de lo anterior, el trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán informando que se había realizado la inscripción de la resolución presidencial de veintinueve de enero de mil novecientos sesenta y nueve; por lo que en ese mismo auto se requirió a la Delegación Estatal en Yucatán a efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo. Luego, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Subdelegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, informando que, dentro del ámbito de su competencia, había cumplido con las gestiones necesarias para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En razón de los diversos requerimientos que le fueron realizados, el veinte de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informando por primera ocasión que se encontraba verificando la debida integración del expediente administrativo de origen, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se tuvo nuevamente a la citada Dirección de Ordenamiento informando que para la debida integración del expediente, se era necesario requerir a los solicitantes a efecto de que informaran si la posesión que ostentaron del predio denominado "Prolongación Pakal 3", era de forma mancomunada o cada uno detentaba la posesión de una fracción del terreno, a efecto de emitir el o los títulos de propiedad que correspondan, por lo que giró oficio a la Delegación Estatal a efecto de realizar la notificación correspondiente. Luego de diversos requerimientos, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informando que el diecisiete de agosto anterior, se realizó la notificación correspondiente a los solicitantes, por lo cual no le correspondía realizar diversa acción en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo cual se requirió nuevamente cumplimiento a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Siendo que dicha dependencia informó el uno de septiembre de dos mil veintiuno, que continuaba a la espera de recibir las constancias de notificación relativas a la prevención realizada a los solicitantes, por lo que había requerido su remisión a la Delegación Estatal para esta en aptitud de continuar con el procedimiento de integración respectivo. En atención a un nuevo requerimiento por parte de este juzgado, el trece de octubre de dos mil veintiuno, se recibió un nuevo oficio de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en donde informó que había recibido las constancias de notificación relativas a la prevención realizada a los solicitantes respecto al tipo de posesión detentada, por lo que desde esa fecha se encontraba realizando una revisión minuciosa de las constancias que integran el expediente administrativo a efecto de estar en aptitud de continuar con las actuaciones subsecuentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a un par de requerimientos de este juzgado realizados el ocho y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió un oficio de la aludida dirección, el cual fue acordado el veintitrés de noviembre siguiente, y en el cual, a pesar de lo ya señalado en su diverso oficio acorado el trece de octubre de dos mil veintiuno, informó que aún no contaba con las constancias de notificación realizada a los solicitantes a efecto de integrar el expediente administrativo de origen. Precisándose en el auto que recayó a dicha promoción, que si bien la autoridad refería que el expediente administrativo aún no estaba integrado, no se apreciaba que hubiere realizado gestión alguna para lograr su cometido en aras de cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que nuevamente se le requirió cumplimiento a efecto de que realizara en conjunto con la Delegación Estatal, la totalidad de gestiones para cumplir con la ejecutoria de amparo. Siendo que el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en atención a diversos requerimientos de este juzgado, la Directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de la Propiedad Rural informó, en una tercera ocasión, que dicha dependencia continuaba en una revisión minuciosa de las constancias del expediente administrativo a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo. Posterior a un nuevo requerimiento realizado por este juzgado a las autoridades responsables, el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se recibió un nuevo oficio signado por la Titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en donde solicitó una prórroga para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que en esa misma data se le concedió una prórroga de quince días para tal efecto. Concluida la prórroga concedida, el dieciséis de mayo del año en curso, se recibió el diverso oficio remitido por la Directora de Ejecutorias en representación del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en donde informó que se continuaba con la revisión del expediente administrativo relativo al predio denominado "Prolongación Pakal 3" y en el que se detectó que era necesario que se les remitan los siguientes documentos: Resultado de los Trabajos de medición y deslinde. Superficie analítica. Si existe sobreposición con propiedad privada o social. Colindancias, vértices y cuadro de construcción y plano. Superficie susceptible de enajenar. Cédula de identificación de vocación. Explotación, uso y aprovechamiento del suelo; y, Identificar las Unidades de Gestión ambiental, Áreas Naturales Protegidas o el valor ambiental. Lo anterior, a efecto de integrar el expediente administrativo correspondiente y poder cumplir con la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes del procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo se advierte que la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural no ha cumplido con la integración y verificación del expediente administrativo de forma diligente y en atención al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se afirma lo anterior, pues como ya se ha dicho fue desde el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, cuando refirió por primera ocasión encontrarse revisando minuciosamente la integración del expediente relativo al predio denominado "Prolongación Pakal 3"; es decir, dicha autoridad ha tardado más de un año en realizar la sola verificación de constancias y es solo debido a los múltiples requerimientos de este juzgado que se realiza gestión alguna para lograr dicho cometido. Esto es así, pues como también se ha dicho en los requerimientos que se han realizado, dicha autoridad se limita a señalar los impedimentos que se presentan ante ella para lograr la integración del expediente, pero no se advierte que realice seguimiento alguno a sus requerimientos o impulse el procedimiento respectivo a menos que sea en cumplimento de requerimiento por parte de este juzgado. De ahí que deba considerarse que la ejecutoria de amparo no se encuentre cumplida y por tal motivo deba requerirse nuevamente a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que en el lapso de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, concluya con la integración del expediente administrativo 735120 a efecto de que sea puesto a disposición del Titular de la Secretaría de su adscripción para el efecto de que se determine la procedencia o no de la expedición del título solicitado. Para lo cual deberá desempeñar un papel activo en el seguimiento de sus requerimientos y actuaciones a fin de lograr dentro de ese término la integración ordenada. Para efecto de que lo anterior tenga debido cumplimiento, con fundamento en el propio numeral 192 de la Ley de Amparo, hágase extensivo el requerimiento anterior al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su carácter de superior jerárquico de la aludida autoridad. Apercibidas que, de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la ley de amparo; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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