Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez
Expediente 806/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada) haya recurrido la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ALEJANDRO EZEQUIEL MAYORAL RAMÍREZ; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 806/2022; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. ALEJANDRO EZEQUIEL MAYORAL RAMÍREZ, por conducto de su apoderado legal Julio César Morales Carrasco, mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el seis de julio de dos mil veintidós, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que más adelante se precisaran, y que estima violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión para acordar su petición presentada el trece de mayo de dos mil veintidós. Así también, la omisión para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral 902/2020(4). Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la omisión para dar cumplimiento al laudo dictado en el referido juicio laboral. TERCERO. La Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias remitidas al efecto, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 902/2020(4), a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de esa Ley. Por su parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por conducto de su apoderado legal, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues conforme a las constancias remitidas por el Presidente responsable, se advierte, no se ha dado cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En el caso, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por conducto de su apoderado legal, considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues estima no le reviste el carácter de autoridad responsable, al haber sido parte demandada en el juicio natural. Es infundada la causa de improcedencia invocada. En efecto, pues contrario a lo manifestado por la responsable, sí le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues la calidad de patrón del Instituto mencionado en el juicio laboral, conforme al cual se ubicó en un plano de igualdad o de coordinación con el demandante -aquí quejoso-, no impide que tenga el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando en virtud de la emisión de una condena en su contra, y del incumplimiento a ésta se desplaza de esa posición a ejecutado contumaz. Sustenta lo anterior, la contradicción de tesis 422/2010, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, estableció que cuando un ente de la administración pública federal o entidad federativa omite dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en el juicio en el que figuraron como demandadas, constituye un acto de autoridad para efectos del amparo; tal ejecutoria dio origen a la jurisprudencia visible con el registro digital 161652, de rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No impide la aplicación del criterio jurisprudencial en cita, el hecho de interpretar el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que no resulta aplicable a la materia del trabajo, sin embargo, tal precepto es de contenido similar al numeral 6 de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, conforme al cual se excluyen de la ejecución forzosa, los bienes propiedad del Estado, al ser inembargables, lo que a la vez cimienta la presunción legal de solvencia económica que tienen en su favor los entes de la administración pública federal, estatal y municipal por gozar de reconocida solvencia económica y, por ende, se encuentran en aptitud de cumplir voluntariamente las sentencias que se dicten en su contra cuando comparezcan a determinado procedimiento jurisdiccional en calidad de parte y sean vencidos. De ahí que, por la exclusión que existe en la ley a favor del Instituto responsable, se ubica en un plano superior a la actora dentro del juicio de origen, en este caso, la parte trabajadora, quien no puede hacer efectiva la condena en los bienes del demandado; por ende, indiscutiblemente, tales actos de desacato constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Conforme a lo expuesto, se concluye que el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, sí tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en el presente asunto. Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, consistente en la omisión para acordar su petición presentada el trece de mayo de dos mil veintidós; dicho numeral establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, pues conforme a las constancias de autos se advierte, la parte quejosa mediante escrito presentado ante el Presidente responsable el trece de mayo de dos mil veintidós, solicitó se despachara ejecución respecto del laudo dictado en el juicio laboral 902/2020(4). Atento a dicha petición, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dio respuesta al mismo, en el sentido de que no había lugar a acordad de conformidad, toda vez que la parte demandada interpuso juicio de amparo directo en contra del laudo dictado en el juicio de origen, concediéndose la suspensión de la ejecución del mismo. Luego, al haber ocurrido tal circunstancia con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil veintidós), ello conduce a establecer cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia invocada, y conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Sin que impida resolver en los términos expuesto, el hecho de no remitirse la constancia de notificación del aludido proveído, toda vez que ello se cumplió con la vista otorgada mediante acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se agregó el informe justificado de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Al no haber diversa causa de improcedencia que estudiar, se procede al análisis del fondo del asunto. QUINTO. Aduce en esencia la parte quejosa en su único concepto de violación, que la omisión por parte del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y de Arbitraje del Estado, para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral 902/2020(4), y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para cumplirlo, vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial completa y efectiva, en su vertiente a la ejecución de las sentencias previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es infundado el sintetizado concepto de violación, y para ello, conviene narrar en esencia los antecedentes del acto reclamado. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo a ALEJANDRO EZEQUIEL MAYORAL RAMÍREZ, demandado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el pago de doce días de salario profesional, por cada año laborado, por concepto de prima de antigüedad; radicándose al efecto el juicio 902/2020(4). Substanciado el juicio en sus etapas, el quince de febrero de dos mil veintidós, la referida Junta dictó el laudo correspondiente, en el cual, condenó al Instituto demandado al pago de la prestación reclamada. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, interponiendo juicio de amparo directo en contra del laudo dictado en el juicio de origen; juicio que fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, radicándose bajo el número 338/2022. Por auto de uno de julio de dos mil veintidós, y con motivo de la petición del Instituto demandado, se concedió la suspensión del acto reclamado (laudo), para el efecto de que no se ejecute, manteniéndose las cosas en el estado en que se encuentran. Siendo este el estado de los autos del juicio laboral 902/2020(4). Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. (.)". El referido artículo, en sus párrafos segundo y sexto, alberga diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; y ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento es imperativo para el Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado -en la etapa de ejecución de laudo-, y para el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca -como autoridad condenada-, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento que la administración de justicia se ajuste a esas bases fundamentales. De lo anterior se sigue, que el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de una resolución comprende la remoción de todos los obstáculos que lo impidan, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así como los derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), visible al registro digital 2018637, de rubro "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA." definió al derecho de ejecución plena de las sentencias como parte de la última etapa de la tutela jurisdiccional efectiva, aquella identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél; señalando a éste como relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Precisado lo anterior, y como se dijo al inicio del presente considerando, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa devienen infundados, pues como se advierte de los antecedentes narrados, la autoridad demandada en el juicio de origen, interpuso juicio de amparo directo contra el laudo dictado en el mismo, el cual fue admitido a trámite por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Circuito Judicial, con el número 338/2022, pendiente de resolución, por lo tanto, dicho laudo no ha quedado firme. Aunado a lo anterior, mediante proveído de uno de julio de dos mil veintidós, el Presidente Ejecutor responsable, concedió la suspensión del acto reclamado -laudo-, para el efecto de que no se ejecutara el mismo, manteniéndose las cosas en el estado en que se encontraban; razón por la cual, no se ha requerido su cumplimiento. En ese orden de ideas, es evidente que el Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, está impedido legalmente para iniciar el trámite de ejecución del laudo de referencia, y por consecuencia, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para cumplirlo, al encontrarse pendiente de resolución el juicio de amparo directo interpuesto en su contra. No pasa desapercibo para este órgano jurisdiccional, el artículo 190 de la Ley de Amparo, el cual dispone entre otras cosas, que tratándose de laudos, la suspensión se concederá, a juicio del presidente del tribunal, de manera que no se ponga al trabajador en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, suspendiéndose su ejecución, en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Dicho precepto condiciona, en lo que es materia del presente asunto, que la suspensión de la ejecución de un laudo procederá sólo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia del trabajador y deberá negarse por el monto estimado que permita al obrero subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo. Así, en el caso, se tiene que la acción principal demandada en el juicio de origen fue el pago de la prima de antigüedad, y a la cual fue condenado el Instituto demandado. Conforme a ello, y como bien lo determinó el Presidente Ejecutor responsable, el trabajador -hoy quejoso-no se encuentra en peligro de no poder subsistir mientras dura el juicio de amparo, pues cuenta con una pensión por jubilación, de ahí que la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, por el momento no sea jurídicamente posible. En las relatadas consideraciones, y al resultar infundados los concepto de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ALEJANDRO EZEQUIEL MAYORAL RAMÍREZ, contra los actos reclamados al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, e Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, consistentes en la omisión para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral 902/2020(4). Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 806/2022, promovido por ALEJANDRO EZEQUIEL MAYORAL RAMÍREZ, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ALEJANDRO EZEQUIEL MAYORAL RAMÍREZ, contra los actos reclamados al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, e Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, consistentes en la omisión para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral 902/2020(4), por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte, en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, se agregó el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que, conforme a la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio que envía la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.
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