Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez

Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
579/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez
  • Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa **** *** *** *** mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente, distribúyanse las otras entre las demás partes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse estos autos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la sustanciación del citado medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el tribunal revisor se encuentre en posibilidad de sustanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca y qué órgano colegiado conoce del citado medio de impugnación, realícese la vinculación correspondiente. NOTIFÍQUESE; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 579/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez, por conducto de su apoderado legal Julio César Morales Carrasco, mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el trece de junio de dos mil veintitrés, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que más adelante se precisarán, y que estima violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 579/2023; y en proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés (fojas 25 - 29), este órgano jurisdiccional determinó admitir la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: De la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de acordar el escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 902/2020 (4), en que solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, contenido en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, consistente en la imposición de una multa; además, que se requiriera nuevamente al instituto demandado, la exhibición de la cantidad de $67,294.41 (sesenta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 41/1001 M.N.), a que fue condenado. La omisión de dictar las medidas eficaces que permitan el cumplimiento íntegro del laudo de quince de febrero de dos mil veintidós. Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. La omisión de dar cumplimiento al laudo de quince de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 902/2020 (4). La omisión de realizar las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para el cumplimiento del laudo de quince de febrero de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 902/2020 (4). Por otra parte, negó la existencia del diverso acto reclamado, consistente en la omisión de dictar las medidas eficaces que permitan el cumplimiento íntegro del laudo de quince de febrero de dos mil veintidós. Sin embargo, su negativa se desvirtúa, y se considera cierto el acto reclamado, ya que en la fecha de la presentación de la demanda de amparo (trece de junio de dos mil veintitrés), no había dictado las medidas a efecto requerir el cumplimiento del laudo, pues ello aconteció mediante proveído de once de julio del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; de ahí la existencia del mismo. Lo que se corrobora con la constancia remitida al efecto, consistente en los autos del juicio laboral 902/2020(4), al que se le concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de esa Ley. Por su parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por conducto de su apoderado legal, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento dictado en el juicio laboral y de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento del mismo; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues conforme a las constancias remitidas por el Presidente responsable, se advierte, no se ha dado cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. Causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, consistente en la omisión para acordar su petición presentada el doce de abril de dos mil veintitrés; dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, pues conforme a las constancias de autos se advierte, la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de la junta responsable, el doce de abril de dos mil veintitrés, Julio César Morales Carrasco, apoderado del actor Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez, solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, contenido en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, consistente en la imposición de una multa; además, que se requiriera nuevamente al instituto demandado, la exhibición de la cantidad de $67,294.41 (sesenta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 41/1001 M.N.), a que fue condenado (foja 179 del tomo de pruebas). Atento a dicha petición, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés (fojas 215 - 216 ídem), dio respuesta al mismo, en el sentido de que no había lugar a acordar de conformidad su petición, relativa a hacer el efectivo el apercibimiento decretado a la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mediante auto de dieciséis de marzo del año en curso, toda vez que el demandado informó las acciones que se encuentra realizando ante las autoridades correspondientes, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral. Dicho auto fue notificado a la parte actora, el catorce de julio del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 217 ibídem). Luego, al haber ocurrido tal circunstancia con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (trece de junio de dos mil veintitrés), ello conduce a establecer cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia invocada, y conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, con número de registro digital 168189, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." También se actualiza la referida causa de improcedencia, por lo que hace a los distintos actos reclamados consistentes en la omisión de dictar las medidas eficaces que permitan el cumplimiento íntegro del laudo de quince de febrero de dos mil veintidós (reclamado al Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado); la omisión de dar cumplimiento al laudo de quince de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 902/2020 (4), así como la omisión de realizar las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para el cumplimiento del laudo de quince de febrero de dos mil veintidós (reclamados al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca), por lo siguiente. De las copias certificadas obtenidas del juicio laboral 902/2020 (4), se tiene que: 1. Por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno (foja 12 del tomo de pruebas), la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo a Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez, demandando al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el pago de doce días de salario profesional, por cada año laborado, por concepto de prima de antigüedad; radicándose al efecto el juicio 902/2020(4). 2. Substanciado el juicio en sus etapas, el quince de febrero de dos mil veintidós, la referida Junta dictó el laudo correspondiente, en el cual, condenó al Instituto demandado al pago de la prima de antigüedad reclamada (fojas 57 - 59 ibídem). 3. Inconforme con el referido laudo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, interpuso juicio de amparo directo en contra del mismo; dicho juicio fue radicado bajo el número 338/2022, y resuelto el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, quienes negaron el amparo y protección de la Justicia Federal al instituto demandado (fojas 78 - 97 del tomo de pruebas). 4. En proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (foja 176 ídem), la Presidenta Ejecutora requirió al demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que dentro del plazo de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $67,294.41 (sesenta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 41/100 M.N.) a favor del actor Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez; o bien, previas las adecuaciones presupuestarias, presentara un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación deba pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondría una multa equivalente a $1,037.40 (un mil treinta y siete pesos 40/100 M.N); ordenó girar oficios a la Secretaría de Finanzas, Administración, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, así como al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien preside la Junta Directiva del Instituto demandado, para comunicarles la condena impuesta al instituto demandado; finalmente, ordenó girar oficio a la Jefatura de Gabinete, para que dentro del ámbito de sus atribuciones tomara las medidas necesarias para el cumplimiento de lo condenado. 5. Mediante escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés (fojas 174 - 176 del tomo de pruebas), suscrito por Carmen Monserrat Revilla Pérez, en su carácter de apoderada del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, adjuntó el memorándum IEEPO/DSJ/JL/1599/2023, de veinticuatro de marzo del año que transcurre, en que el Director de Servicios Jurídicos, solicitó a la Directora Financiera de dicho instituto, le informara a la brevedad a esa Dirección a su cargo, si sería posible autorizar la cantidad de $67,294.41 (sesenta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 41/1001 M.N.), a favor del actor Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez; así también le solicitó, le informara si era procedente de conformidad a lo establecido en los artículos 4 y 42 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, autorizar un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación deba pagarse en ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa 6. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, Julio César Morales Carrasco, apoderado del actor Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez, solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, contenido en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, consistente en la imposición de una multa; además, que se requiriera nuevamente al instituto demandado, la exhibición de la cantidad de $67,294.41 (sesenta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 41/1001 M.N.), a que fue condenado (foja 179 del tomo de pruebas). 7. En respuesta a dicha petición, la Presidenta Ejecutora de la Junta responsable, emitió el proveído de once de julio de dos mil veintitrés (fojas 215 - 216 ídem), en que a efecto de tener por cumplido el laudo dictado en el juicio laboral, realizó lo siguiente: * Requirió al demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que dentro del plazo de tres días hábiles, acreditara la respuesta otorgada o el seguimiento dado al memorándum número IEEPO/DSJ/JL/1599/2023, de veinticuatro de marzo del año en curso, en que el Director de Servicios Jurídicos, solicitó a la Directora Financiero de dicho instituto, le informara a la brevedad a esa Dirección a su cargo, si sería posible autorizar la cantidad de $67,294.41 (sesenta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 41/1001 M.N.), a favor del actor Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez; así también le solicitó, le informara si era procedente de conformidad a lo establecido en los artículos 4 y 42 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, autorizar un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación deba pagarse en ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. * Apercibió a la demandada, que en caso de no dar cumplimiento lo solicitado, se le impondrá una multa equivalente a $1,037.40 (un mil treinta y siete pesos 40/100 M.N.) De ahí que, el dieciséis de marzo y once de julio del año en curso, se emitieron los autos en que se adoptaron las medidas necesarias con la finalidad de que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cumpla con la totalidad de las prestaciones que fueron materia de análisis en el procedimiento laboral de origen. Lo anterior demuestra, que si bien la autoridad responsable ocasionó la paralización del expediente laboral de origen (al omitir dictar la determinación correspondiente al escrito que presentó el apoderado del aquí quejoso, el doce de abril de dos mil veintitrés), dicha omisión cesó con la emisión del referido auto de once de julio del año en curso, fecha posterior a la presentación de demanda (trece de junio de dos mil veintitrés). Además, que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, condenado en ese procedimiento laboral, ha informado las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al laudo, relacionadas con la autorización de los recursos necesarios para realizar el pago de la cantidad a que fue condenado el citado Instituto. En tales condiciones, si la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, debido a la omisión de la autoridad responsable, en dictar las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento del laudo emitido el quince de febrero de dos mil veintidós, y del demandado, de realizar las adecuaciones presupuestarias para lograr su cumplimiento; dejó de existir la situación que dio motivo a la interposición del presente juicio, reponiéndose al quejoso el derecho fundamental que consideró vulnerado. Máxime, que resulta indispensable, que el trabajador solicite al presidente ejecutor que continúe la ejecución del laudo, puesto que la ley laboral no contiene precepto alguno que establezca la obligación de las Juntas de impulsar de manera oficiosa el procedimiento de ejecución del laudo, ni de requerir al trabajador para que promueva a fin de hacer valer su derecho adquirido e interrumpir el término de su prescripción. Lo expuesto, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo aplicable en el trámite del citado juicio, que establece lo siguiente: "Artículo 771.- El Tribunal cuidará, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en contrario." Dicho precepto expresamente establece que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario; lo que pone de manifiesto que la autoridad laboral sólo tiene la obligación de impulsar el procedimiento cuando se encuentre en trámite para que no opere la caducidad, no así respecto a la ejecución del laudo, pues respecto de ella es susceptible de operar la prescripción en perjuicio del trabajador. Así es, ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo dispone tal circunstancia, sino por el contrario, el artículo 519, fracción III, prevé el término prescriptivo, así como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 2a./J. 9/2000, Novena Época, publicada en la página 130 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, con número de registro digital 192369, de rubro y texto: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo deriva que prescriben en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y que, transcurrido este término, el presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De estos preceptos legales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so pena de que su acción se declare prescrita en atención a que dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse en ese sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés particular." De ahí que al actualizarse las citadas causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 579/2023, promovido por Alejandro Ezequiel Mayoral Ramírez, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residentica en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de catorce de julio pasado y remite los autos originales del expediente laboral ******************** de su índice. Por tanto con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas documentales las constancias que se anexan al oficio de cuenta, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Ahora, con las documentales remitidas, consistentes en los autos originales del expediente laboral ******************** del índice de la responsable, fórmese por separado tomo de pruebas, identificado como tomo I, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado para su consulta. Acúsese a la responsable el recibo que solicita. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta se advierte, en proveído de catorce de julio del año en curso, se requirió a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a fin de que remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral ********************, de su índice; sin que obren en autos las referidas constancias; no obstante, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días para que cumpla con el requerimiento formulado en dicho auto; por tanto resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se programan nuevamente las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

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