Alejandro Escobar Zamora

Expediente 575/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
575/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Escobar Zamora
  • Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que adjuntaron a sus informes justificados, sin que sea necesario pedir acuse de recibo, toda vez que son copias certificadas. Finalmente, para el caso de que las autoridades responsables se encuentren gozando de periodo vacacional; comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que ésta reanuden sus labores, entregue los oficios respectivos, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Incidental

    L Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, en términos del punto 7.1.1 (2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que adjuntaron a sus informes justificados, sin que sea necesario pedir acuse de recibo, toda vez que son copias certificadas. Finalmente, para el caso de que las autoridades responsables se encuentren gozando de periodo vacacional; comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que, precisamente en el día en que ésta reanuden sus labores, entregue los oficios respectivos, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 575/2021; y, RESULTANDO: ÚNICO. Mediante escrito presentado vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; Pedro García Córdoba, en representación del quejoso Alejandro Escobar Zamora, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Previo desahogo de prevención formulada al quejoso, se admitió a trámite la demanda de que se trata y, luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución General la República, 36, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos; en razón de que se reclaman actos dictados dentro de un procedimiento de naturaleza penal, que producen efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable la siguiente: Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México: 1. Resolución de siete de junio de dos mil veintiuno emitida en el toca de apelación 194/2021, que confirmó el auto de vinculación a proceso de catorce de abril de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta administrativa 45/2021 en contra del quejoso por el delito de FALSO TESTIMONIO, cometido en agravio de la Administración de Justicia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 40). Certeza que se corrobora con el original del toca de apelación 194/2021, así como diez discos en formato DVD relacionados con el expediente virtual de la carpeta administrativa 45/2021, constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°; así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.).". De la porción legal transcrita, se advierte que se prevé como supuesto de improcedencia el vinculado al hecho de que los actos señalados como reclamados se hubieren consentido ya sea: i) expresamente o ii) por manifestaciones de voluntad que impliquen dicho consentimiento. Dicha causal se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, expresión que debe ser indudable y completa, es decir, debe revelar de manera evidente que el particular se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ciertamente, la expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del amparista se traduce en un motivo de improcedencia del juicio de amparo -que, desde luego, impide examinar la constitucionalidad de ese acto y, en su caso, ordenar la restitución de derechos fundamentales que eventualmente se consideraran transgredidos-; y, en ese tenor, exige que la expresión o manifestación de voluntad revele que existe conformidad con ese acto sin duda o parcialidad alguna, pues la intención de la regla de improcedencia es evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero no vedar u obstaculizar el estudio de la constitucionalidad de una decisión de autoridad, por virtud de una actitud que no manifieste de manera directa e indubitable que se ha conformado con ella. En la especie, mediante oficio registrado con el número 11705, signado de manera electrónica por la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, informó a este Juzgado de Distrito que a su vez, recibió el diverso oficio del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, a través del cual comunicó las resultas de la audiencia de continuación de intermedia, celebrada el once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 45/2021, seguida en contra del quejoso, entre otros, y de la que se desprende, que al estar reunidos los requisitos de ley, se aprobó la suspensión condicional del proceso a favor del quejoso y otros, girándose oficio al Centro Estatal de Medidas Cautelares para que supervise el cumplimiento de las condiciones a que se comprometieron cumplir los gobernados, por el lapso de un año, fijándose las trece horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia para verificar el cumplimiento de la suspensión condicional. Lo que además, se corroboró a partir del minuto 41:14 del disco compacto que fue remitido por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, registrado con el número de promoción 12404, relativo a la citada audiencia de once de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso consisten en el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contiene un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, tiene como efecto que pueda darse la extinción de la acción penal. De las premisas expuestas se desprende que el peticionario de amparo al solicitar la suspensión condicional del proceso, externó su conformidad para cumplir con las condiciones que ahí se le impusieron, con el propósito de obtener su libertad, lo que se considera constituye una manifestación de la voluntad que implica el consentimiento del acto reclamado. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 220/2016, determinó que cuando el quejoso -en su calidad de imputado suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, pues persigue un beneficio, ya que consiente las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Por tanto, si el quejoso aceptó concluir el proceso penal a través de la suspensión condicional, lo cierto es que su intención de acceder a una salida alterna, conlleva la aceptación de los hechos materia de la vinculación, pues como se advierte de lo narrado, en la diligencia de treinta de junio último, manifestó estar dispuesto a cumplir con las sanciones que se le impusieran, lo que revela de manera evidente que se conformó con la decisión y consecuencias integrales que implica el acto de autoridad reclamado, pues implícitamente reconoció los hechos que se le reprochan. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2014495, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, que establece: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el juicio respecto del acto aquí reclamado. Lo anterior, impide analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006, publicada en Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte, página 49, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En relación con las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 2ª./J. 32/2018 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el seis de abril de dos mil dieciocho, con registro 2016525, de rubro: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN.", se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que no fueron citados por el quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, por propio derecho, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese; y de manera electrónica al quejoso.

  4. Principal

    L. Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. OFICIO Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; por medio del cual, informa que en audiencia de continuación intermedia-código nacional, celebrada el once de noviembre del año en curso, dentro de la causa administrativa 45/2021 de su índice, acordó aprobar la suspensión condicional del proceso a prueba por el plazo de un año, mismo que concluye el once de noviembre de dos mil veintidós, para lo cual adjunta un disco compacto en el que obra dicha diligencia. En ese tenor, glósese el oficio de cuenta al cuadernillo de antecedentes aperturado el veintidós de noviembre del año en curso y una vez que se dicte la resolución definitiva, para que obre como corresponda. Notifíquese como legalmente corresponda.

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