Alejandro Daniel Hernández Ángeles
Expediente 403/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2021
Partes del expediente
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (19/05/2021 no se tiene como tercero interesado)
- Alejandro Daniel Hernández Ángeles
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el informe justificados rendido por el Presidente en representación de la Junta Especial Número Veintinueve de la federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, sin que se dé vista a las partes, por lo que se expondrá más adelante. PRUEBA En términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, copia certificada del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, integrado dentro del expediente J.29/158/2020 de su estadística; la cual se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, visto el informe justificado de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de lo estipulado en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: ? Por revocación; y, ? Por sustitución. El primer supuesto -por revocación -, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto -por sustitución-, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria; por lo que, para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera identificada con el número de registro 193758, tesis 2ª./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La diversa, con número de identificación 196820, tesis 2ª./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución en el expediente laboral 158/2020. El acto reclamado que dejó de existir, pues la autoridad responsable veintiséis de abril pasado señaló las once horas del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga lugar la audiencia en comento, por ende, se aprecia que cesaron los efectos del acto reclamado. Incluso la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado copia certificada del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, integrado dentro del expediente J.29/158/2020. Documental que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tal consideración se desprende del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, pagina 731, Quinta Época, con registro 321701, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". En consecuencia, tal como se evidencia de lo relatado, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese la demanda de amparo promovida por Alejandro Daniel Hernández Ángeles, por propio derecho, contra el acto y autoridad responsable, que enseguida se precisan: ACTO RECLAMADO --La omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución en el expediente laboral 158/2020. AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. RADICACIÓN DEL ASUNTO Se registra este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 403/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los dispositivos 1, fracción I, 2, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. INCIDENTE Sin que se tramite incidente de suspensión al no haberse solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al Ministerio Público de la Federación, para lo cual se deja copia de la demanda en la actuaría. AUDIENCIA Con sustento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, para la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinte minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. PETICIÓN A LAS AUTORIDAD DEL INFORME JUSTIFICADO Por tanto, en términos de los artículos 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se solicita el informe justificado a las autoridades responsables y que según el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 22/2018 (10a.), del epígrafe: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE", mismo que deberán rendir dentro del plazo de quince días contado desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de esta determinación; cuya temporalidad concedida si bien no puede ser reducida por este juzgado federal ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita, ello no implica que las responsables pueda allegar sus informes antes de ese tiempo, como por ejemplo, cuando no acepten el acto reclamado. En el entendido de que en el citado informe, las autoridades responsables tendrán que exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y, en su caso, deberán acompañar copia certificada y legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, apercibidas que, de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, según dispone el numeral 117 ibídem, además de que con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización. Para el caso de que deba acompañar las constancias inherentes al acto reclamado, se solicita que las remitan por medio de mensajería rápida al domicilio de este tribunal constitucional, sito en avenida Doctor Nicolás San Juan, ciento cuatro, primer piso, colonia Exrancho Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca, Estado de México. De igual manera, se señala a la autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificará por lista, mientras que se realizaran de manera personal, la primera, a través de oficio, en términos del artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, así como atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar; siendo aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.)4, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Se pide a las autoridades remitan a este juzgado la información solicitada al correo electrónico institucional -7jdomajf2cto@correo.cjf.gob.mx- y para cualquier confirmación de recibido puede comunicarse al número (01) 722 236 05 00, extensión 2481;en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se les solicita que al momento de rendir el informe justificado proporcionen un correo electrónico institucionalen el que puedan ser notificadas y que sirva de enlace con este órgano jurisdiccional; lo anterior, a fin de dar mayor celeridad a las comunicaciones que sirvan ordenarse dentro del presente juicio. Parte tercera interesada Ahora, no ha lugar a tener como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social o Restaurantes Izy de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, toda vez que la dilación procesal reclamada en el presente juicio de amparo también le afecta a la contraparte en el juicio de origen, por lo cual no tiene un interés contrario a la parte quejosa. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.". No obstante, se considera que esa interpretación dejó de ser aplicable en la actualidad, pues la Ley de Amparo, en su artículo 5°, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de un interés adverso para sostener la existencia de un tercero interesado antagonista de la parte quejosa, lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que el actor como la demandada esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En otro punto, a las personas que señala como autorizados, se les tiene con tal carácter en los términos solicitados, de acuerdo a lo establecido al numeral 12 de la citada ley. PRUEBAS En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten dada su propia y especial naturaleza las pruebas que invoca la parte quejosa en la demanda de cuenta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Con excepción de la instrumental pública de actuaciones del expediente laboral 158/2020, en razón de que no obra en autos. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO En términos del artículo 64 de la Ley Amparo, las partes tienen la obligación de comunicar de inmediato a este juzgado en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento; además de informar si en el expediente de origen las partes promovieron amparo indirecto con anterioridad al presente y, de ser así, proporcionar el número del último y la denominación del órgano jurisdiccional que conoció de éste; con el apercibimiento que en caso de incumplimiento sin causa justificada, se les aplicará multa de cien unidades de medida y actualización, con relación en el numeral 251 ibídem; en el entendido que en el caso de que la partequejosa sea el trabajador, la multa será por una Unidad de Medida y Actualización. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese.
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