Alejandro Delgadillo Vázquez

Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
120/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Delgadillo Vázquez
  • Procuraduria General de la República, Delegación Estatal de San Luis Potosí.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. A efecto de iniciar el estudio propuesto, es menester precisar que el seis de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público Federal, Encargada del Despacho de la Unidad de Atención Inmediata San Luis Potosí, deje insubsistente la determinación de quince de enero de dos mil dieciocho y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios de que adolecía la anterior, fundándola y motivándola, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en el último considerando de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, tales lineamientos consistían en los motivos por los cuales no se fundó y motivó adecamente el acto reclamado. Por proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, se declaro ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el tres de enero de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor Unidad de Atención Inmediata San Luis Potosí, remitió copia autentificada del acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación NA/SLP/SLP/0000108/2018 de la que se advierte que dejó sin efectos la determinación de quince de enero de dos mil dieciocho, u ordenó se generara un número de atención, para que sea asignado a un Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad de Atención Inmediata en San Luis Potosí, y este de inicio a la carpeta de investigación correspondiente por los hechos denunciados por el aquí quejoso. De lo expuesto resulta inconcuso que la autoridad responsable acató la ejecutoria de amparo, ya que dejó sin efectos la determinación de quince de enero de dos mil dieciocho y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria, sin que se estime que se incurrió en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor Unidad de Atención Inmediata San Luis Potosí, con un anexo que acompaña, por el que informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia del oficio y anexo de que se trata; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE DECLARA QUE SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO HA CAUSADO EJECUTORIA. SE REQUIERE A AUTORIDAD(ES) RESPONSABLE(S) POR EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, APERCIBIDAS DE MULTA Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE A TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA TRÁMITE DE INEJECUCIÓN.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 120/2018-VI, promovido por Alejandro Delgadillo Vázquez, contra actos del Delegado Estatal en San Luis Potosí de la Procuraduría General de la República y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada al día hábil siguiente a este Juzgado (ocho de febrero del año en curso), Alejandro Delgadillo Vázquez por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que hizo consistir en: "AUTORIDAD RESPONSABLE. La Procuraduría General de la Republica Delegación Estatal de San Luis Potosí." "ACTO RECLAMADO 1.- La determinación de la autoridad responsable de no conocer mi denuncia presentada el 15 de enero de 2018 a las 14:46. ACTO RECLAMADO 2.- La omisión de integrar una carpeta de investigación a mi denuncia presentada el 15 de enero de 2018 a las 14:46." El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por ampliada la demanda en los siguientes términos: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: La Procuraduría General de la Republica Delegación Estatal de San Luis Potosí. La Agente del Ministerio Público Federal, Encargada del Despacho de la Unidad de Atención Inmediata San Luis Potosí." "ACTO RECLAMADO 1.- La determinación de la autoridad responsable de no conocer mi denuncia presentada el 15 de enero de 2018 a las 14:46. ACTO RECLAMADO 2.- La omisión de integrar una carpeta de investigación a mi denuncia presentada el 15 de enero de 2018 a las 14:46." SEGUNDO. Derechos humanos que la quejosa considera violados. La parte quejosa indicó como derechos humanos violados los reconocidos en el artículo 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de nueve de febrero del año en curso, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable sus informe con justificación; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Así, mediante sentencia de veintisiete de marzo del año en curso, se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Inconformes con dicha determinación, el Fiscal de Procesos Penales, en ausencia del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la Republica y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, interpusieron recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, quien lo radicó bajo el número 194/2018 y mediante ejecutoria de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, revocó la resolución impugnada, ordenando reponer el procedimiento en el presente juicio constitucional para los efectos ahí precisados. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el siete de noviembre del año en curso, Alejandro Delgadillo Vázquez amplió su demanda (fojas 162 a 166). En proveído de nueve de noviembre del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda inicial, respecto de la autoridad y acto referido; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; y se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias que el juez responsable adjuntó a su informe justificado se obtiene que la resolución reclamada se notificó personalmente al quejoso el quince de enero de dos mil dieciocho. (foja 29) La citada notificación surtió efectos al día siguiente, según lo dispone el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Y el plazo mencionado comenzó a correr en la data posterior, esto es, el diecisiete de ese propio mes y año, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo. Por lo que se concluye que el término de quince días, transcurrió del diecisiete de enero al siete de febrero del año en curso, descontando por inhábiles el veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de enero, tres, cuatro y cinco de febrero de esa anualidad, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Luego, si la demanda de amparo se promovió el siete de febrero de dos mil dieciocho, es claro que se encuentra dentro del plazo antes mencionado. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, de la ampliación de la misma y de las constancias que obran en autos se advierte que el acto reclamado lo constituye: La determinación de quince de enero de dos mil dieciocho, en la que la autoridad responsable estimó carecer de competencia para conocer de los hechos denunciados por el quejoso; y como consecuencia, no integrar una carpeta de investigación. CUARTO. Actos inexistentes. La autoridad responsable Delegado Estatal en San Luis Potosí de la Procuraduría General de la República, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye; sin que esa negativa se encuentre desvirtuada con prueba alguna en contrario (fojas 25 a 30) Por tanto al no acreditarse en autos la existencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado de la Agente del Ministerio Público de la Federación, Supervisor Unidad de Atención Inmediata San Luis Potosí, precisado en el considerando tercero de la presente determinación, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. (fojas 175 a 179) Tiene aplicación la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia de la resolución reclamada se corrobora con las constancias que la referida autoridad responsable remitió en vía de justificación, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Y la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". SEXTO. Improcedencia. Atento a la técnica que rige el juicio constitucional, previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse de oficio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no haberse hecho valer alguna, ni advertirse de oficio, se procede a estudiar los conceptos de violación, sin que para ello sea menester transcribirlos, toda vez que ello no infringe de alguna manera los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo. Norma el criterio anterior, la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que a letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. El concepto de violación que se analizará enseguida es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, en los términos y para los efectos que más adelante se precisarán. El promovente aduce sustancialmente que la determinación emitida por la autoridad responsable, viola en su perjuicio las garantías otorgadas en los artículos 14, 16 y 21 Constitucionales, porque no se encuentra debidamente fundada y motivada, negándole su derecho de acceso a la justicia, al no cumplir con la obligación que tiene de investigar y perseguir los delitos, no conocer su asunto y tampoco integrar una carpeta de investigación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, estipula: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.]" De dicho precepto se sigue que todo acto de autoridad deberá estar fundado y motivado, por tanto, resulta conveniente dejar establecido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. La fundamentación se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos; a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes expuesto encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia 40, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y seis, del Tomo III, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cincuenta y siete, del Tomo 30 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época, cuyo rubro y texto, dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". Ahora bien, los artículos 21 Constitucional y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]" "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; [.] V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; [.] XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; [.] XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; [.]" De las disposiciones constitucional y legal transcritas, se advierte que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, quien tiene el deber de recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; así como iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda, ejerciendo la conducción y el mando de la investigación de los delitos, y en su caso determinar el archivo temporal o el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados la legislación secundaria; o por el contrario, ejercitar la acción penal ante los tribunales correspondientes. Ahora bien, en la determinación de quince de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Federal, Encargada del Despacho de la Unidad de Atención Inmediata San Luis Potosí, en lo que interesa señaló: "ACUDE EL C. ALEJANDRO DELGADILLO VÁZQUEZ, QUIEN MANIFIESTA QUE ACUDE ANTE ESTA AUTORIDAD FEDERAL A FIN DE INGRESAR EL ESCRITO SIN FECHA, SUSCRITO POR REFERIDA PERSONA MEDIANTE EL CUAL FORMULA DENUNCIA EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE", POR UN HECHO POSIBLEMENTE CONSTITUTIVO DE DELITO EN BASE A LOS SIGUIENTES HECHOS, ".MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A PRINCIPIOS DE DICIEMBRE DE 2017, EL SUSCRITO AL TENER FALLAS EN MI COMPUTADORA PORTÁTIL, ME VI EN LA NECESIDAD DE ADQUIRIR UNA NUEVA, POR LO QUE UNA VEZ ADQUIRIDA, ME TRASLADE A MI DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CORDILLERA OCCIDENTAL 760, DE LA COLONIA LOMAS 4ª SECCIÓN, DE ESTA CIUDAD CAPITAL, EN DONDE ME CONCECTE A LA RED DE INTERNET INALÁMBRICO (WIFI) QUE CONTRATE CON LA COMPAÑÍA AXTEL, ENTONCES, AL ENCENDER LA COMPUTADORA PORTÁTIL Y ABRIR EL NAVEGADOR DE INTERNET PARA CONECTARME A MI CORREO ELECTRÓNICO ME DIO LA OPCIÓN PARA INGRESAR AL CORREO ELECTRÓNICO DELGADILLO.A@GMAIL.COM, CABE DESTACAR QUE DICHO CORREO ELECTRÓNICO TIENE EN DESUSO APROXIMADAMENTE 10 AÑOS YA QUE EN 2010, CONSTITUÍ UNA SOCIEDAD DENOMINADA OROZCO-DELGADILLO, S.C., Y EL MENCIONADO CORREO ELECTRÓNICO FUE EL QUE DÍ DE ALTA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE ME LLEGARAN TODOS LAS NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD CIVIL MENCIONADA ANTE DICHA AUTORIDAD, POR LO QUE DECIDÍ ABRIR EL CORRE ELECTRÓNICO "DELGADILLO.A@GMAIL.COM, PARA VERIFICAR LA ACTIVIDAD QUE HUBIERA EN DICHO CORREO PERO POR TENER TANTOS AÑOS EN DESUSO NO RECORDABA LA CONTRASEÑA, POR LO QUE DI CLIC EN LA OPCIÓN DE RECUPERAR CONTRASEÑA ENVIÁNDOME UNA NUEVA CONTRASEÑA AL CORREO ELECTRÓNICO ALEJANDRO_D1@HOTMAIL.COM, CORREO QUE USO ACTUALMENTE, ENTONCES AL TENER LA CONTRASEÑA, PARA ACCEDER AL CORREO, ELECTRÓNICO "DELGADILLO.A@GMAIL.COM, INGRESE Y FUE ENTONCES QUE ME PERCATE DE QUE HUBO ACTIVIDAD EN DICHO CORREO ELECTRÓNICO DURANTE LOS AÑOS QUE YO NO LOS USE, DONDE SE RECIBIERON CORREOS CON ORIGEN EN DIFERENTES PAÍSES, INCLUSIVE HASTA CORREOS DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DE PAÍSES EN LATINOAMÉRICA, ASÍ COMO INSTITUCIONES BANCARIAS DE LOS CUALES YO DESCONOZCO EN SU TOTALIDAD...", AL RESPECTO DÍGASELE AL COMPARECIENTE QUE EL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER LOS HECHOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEMÁS RELATIVOS EN LA MATERIA, MOTIVO POR EL CUAL SE ORIENTA AL COMPARECIENTE PARA QUE ACUDA ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y SE (SIC) ESTA QUIEN CONOZCA DE LOS HECHOS AL TRATARSE DE UNA AFECTACIÓN A UN PARTICULAR (PERSONA FÍSICA O MORAL), ELLO AL NO ENCONTRARSE EN ALGÚN SUPUESTOS (SIC) DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASIMISMO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA JURISPRUDENCIA VISIBLE EN PÁGINA 1080, DEL TOMO XXVII, AGOSTO DE 2008, CUYO RUBRO Y TEXTO ES EL SIGUIENTE: ".DELITOS DEL ORDEN FEDERAL NO TODOS LOS QUE ESTABLECE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL REVISTEN ESE CARÁCTER, SINO ÚNICAMENTE LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN"." De la transcripción que antecede, se puede advertir que la responsable incumplió con la obligación impuesta por nuestra Carta Magna de fundar y motivar adecuadamente su acto de autoridad. En efecto, en la citada resolución, la responsable de que se trata, se limitó a establecer que esa autoridad únicamente estaba facultada para conocer de aquellos delitos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás relativos en la materia, y que como los hechos puestos de su conocimiento por el denunciante se traducían en una afectación a un particular (persona física o moral), no encuadraban en las hipótesis normativas previstas en el primero de los numerales invocados y, por tanto, se orientaba al compareciente a que acudiera ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí, para que fuera ésta quien conociera de los mismos. Sin embargo, en un primer aspecto, debe decirse que para que la autoridad responsable cumpliera con el requisito de fundar debidamente su determinación, era indispensable que además de invocar los preceptos que contemplan su competencia como autoridad del orden Federal, también precisara aquél dispositivo constitucional o legal que la autorizara para inhibirse de recibir la denuncia que le fue presentada por Alejandro Delgadillo Vázquez, así como iniciar la investigación correspondiente y en su caso, de estimar que carecía de competencia, remitirlo a la autoridad respectiva. De igual manera, para considerar debidamente motivada su determinación, resultaba indispensable que, ante la obligación que tiene como autoridad investigadora y persecutora de los delitos, estableciera de manera clara y precisa, por qué los hechos sometidos a su consideración no encuadraban en todas las hipótesis de competencia que señala el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o aquellas que contempla el diverso numeral 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, especialmente expresando las razones por las cuales estima que el hecho denunciado no es punible en el orden federal, verbigracia, por no estar comprendido en leyes federales y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Ello, pues no es suficiente que afirme en forma dogmática que no se actualizaba ninguna de ellas, únicamente por el hecho de que la afectación solamente era a la esfera de un particular (persona física o moral); lo cual no es suficiente, en la medida en la que, las disposiciones normativas que regulan la competencia de los delitos del orden federal establecen otras hipótesis que en todo caso debían ser abordadas por la responsable, para que de esa forma pudiera establecer válidamente que carecía de competencia para conocer de los hechos denunciados y, en consecuencia, legitimar la limitante impuesta al quejoso de dar trámite a su denuncia en esa sede de procuración de justicia. Por tanto, es evidente que la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente su determinación, lo que evidentemente infringe en perjuicio del aquí promovente sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, en términos del criterio previamente citado; conforme a los artículos 77 fracción I y 78 de la Ley de Amparo, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la ley de la materia, el amparo de la Justicia Federal debe concederse a Alejandro Delgadillo Vázquez, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público Federal, Encargada del Despacho de la Unidad de Atención Inmediata San Luis Potosí, realice lo siguiente: Deje insubsistente la determinación de quince de enero de dos mil dieciocho y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios de que adolecía la anterior, fundándola y motivándola, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en el último considerando de la presente sentencia de amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo 120/2018-VI, promovido por Alejandro Delgadillo Vázquez, contra el acto reclamado del Delegado Estatal en San Luis Potosí de la Procuraduría General de la República, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Alejandro Delgadillo Vázquez, contra los actos de la Agente del Ministerio Público Federal, Encargada del Despacho de la Unidad de Atención Inmediata San Luis Potosí, que quedó precisado en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones jurídicas expuestas en el considerando séptimo del propio fallo y para los efectos señalados en el último apartado. Notifíquese.

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