Alejandro Cruz Orta Lizcano
Expediente 698/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alejandro Cruz Orta Lizcano
Actuaciones
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Causa estado. En tal virtud, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del citado Acuerdo General, debido a que el cinco de junio de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir del VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de junio de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director General de la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, Organismo Descentralizado de la Administración Pública. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicita la autoridad oficiante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que menciona. Estado de autos. Visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado, así como del oficio y anexo de cuenta remitido con éste, por el Director General de la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, Organismo Descentralizado de la Administración Pública, se advierte que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, procederá el sobreseimiento en el juicio de amparo. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Director de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, la omisión de acordar la petición formulada en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Ahora, del anexo que acompañó al oficio de cuenta el Director General de la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí, se advierte que por determinación dictada el diecinueve de marzo de dos mil veintitrés, se proveyó respecto de la aludida promoción. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto, resulta inconcuso que la omisión reclamada no existía a la fecha de la presentación de la demanda (doce de mayo de dos mil veintitrés), ya que con anterioridad, es decir, el diecinueve de marzo de dos mil veintitrés, se emitió un acuerdo relativo a la promoción de treinta y uno de enero del año en curso. En efecto, al analizar el sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual se encuentra impreso en la parte superior derecha de la foja uno del escrito de demanda, se desprende que fue presentada el doce de mayo de dos mil veintitrés; y como quedó establecido en el párrafo anterior, el diecinueve de marzo del presente año, se emitió un acuerdo relativo a la promoción de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, cuya falta de hacer se reclama; es por ello que en el presente asunto no puede ocuparse de la omisión reclamada toda vez que ésta no existía a la fecha de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado señalado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo: XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la jurisprudencia número 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO" , toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que existe prueba plena que demuestra que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada, pues ello quedó demostrado con la documental pública que allegó al presente sumario la autoridad responsable. En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión anteriormente referida, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el ocho de junio de dos mil veintitrés, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto.********************San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.********************Estado de autos y certificación.********************Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara la sentencia dictada en este juicio el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.********************Causa ejecutoria.********************Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicha sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.********************Tomos de pruebas.********************Devuélvanse a la autoridad responsable II tomos de pruebas que adjuntó a su respectivo informe de ley. ********************Requerimiento.********************Con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación de este acuerdo, informe sobre el cumplimiento que hayan dado a la sentencia referida, cuyos efectos son los siguientes:****************************************"XI. EFECTOS DEL AMPARO.********************En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que el Tribunal laboral responsable:********************Deje insubsistente la resolución pronunciada el doce de julio de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente laboral ********************, de su índice, relativa al incidente de liquidación de laudo propuesto por la parte actora. ****************************************Dicte un proveído en el que, con fundamento en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, ordene el desahogo de las diligencias para mejor proveer que estime necesarias, entre ella, constate la posibilidad de realizar la consulta conducente en la página www.transparencia.slp.gob.mx, respecto a la información atinente a los tabuladores necesarios, que sirve para sustentar los montos de la planilla de liquidación.****************************************Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que proceda en derecho, ajustándose a los lineamientos establecidos en la presente resolución, de manera congruente, fundando y motivando su determinación.".****************************************Apercibimiento.********************Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258, del ordenamiento legal en cita, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.********************Lineamientos para la integración del expediente físico.********************Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, en el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física.********************Exhortación a las partes.********************Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.********************Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
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