Alejandro De la Vega Calderón
Expediente 976/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro De la Vega Calderón
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguense sin mayor pronunciamiento los oficios signados por el Secretario del Consejo de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales pretende rendir el informe justificado requerido en el presente asunto; lo anterior, en virtud de que en proveído de diecisiete de enero del año en curso se resolvió en definitiva el presente asunto y en diverso de diez de febrero del presente se ordenó el archivo del mismo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de Alejandro de la Vega Calderón, en favor de Alexandra de la Vega Muñoz (quien al momento de la presentación de la demanda de amparo veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, contaba con la edad de diecisiete años, mediante el cual informa que la ahora mayor de edad de Alexandra de la Vega Muñoz recibió el doce de enero de dos mil veintidós la segunda aplicación de vacuna contra Covid-19, del laboratorio Pfizer, con número de lote 34030BD. Ahora bien, del estado de autos que guarda el presente asunto, se aprecia que el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno Alejandro de la Vega Calderón, en representación de Alexandra de la Vega Muñoz, compareció a esta instancia constitucional a reclamar del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, lo siguiente: La omisión de aplicar a la menor de diecisiete años de edad Alexandra de la Vega Muñoz el esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, Covid-19. Luego, mediante acuerdo de veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno se tuvo a los apoderados de la Secretaría de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, informando que a las diez horas del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la menor quejosa acompañada de sus familiares podría acudir a las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número uno, ubicada en Calle Plan de Ayutla número 78, colonia Chapultepec Sur de esta ciudad, para el efecto de que le fuera aplicada la primera vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, previamente la autorización signada por alguno de sus progenitores. De igual forma, con esta fecha se tiene al promovente del amparo informando que la aludida mayor de edad recibió el doce de enero del año actual la segunda aplicación del biológico en cita, con número de lote 34030BD, adjuntando el comprobante de vacunación respectivo. Lo expuesto se corrobora con las manifestaciones y constancia que se sirvió allegar la promovente del amparo, a las cuales de conformidad con los artículos 129, 130, 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno. Establecido lo anterior, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de aplicar a la menor Alexandra de la Vega Muñoz la vacuna contra el virus SARS-CoV-2; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber completado su esquema de vacunación, con lo cual se restituyó a la ahora quejosa mayor de edad en el pleno goce de sus derechos, como si le hubiera concedido la protección constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos las once horas con treinta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintidós, en que tendría verificativo la celebración de la audiencia constitucional Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio del Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que requirió a diversas autoridades para que de forma solidaria en breve tiempo den cumplimiento a la suspensión definitiva concedida dentro del presente incidente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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