Alejandro Cruz Gómez
Expediente 408/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Cruz Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 408/2019, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y la autoridad responsable Síndico Municipal y del Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de Tlalpujahua, Michoacán. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las referidas probanzas ofertadas por la parte quejosa y por las autoridades en comento; por otro lado, a la parte tercera interesada le precluye su derecho para hacerlo. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Toda vez que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de abril de dos mil diecinueve (fojas 2 a 24), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Alejandro Cruz Gómez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLES: 1.- El H. Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, Representado por su Síndico Municipal Constitucional, del citado Ayuntamiento, Municipal, con domicilio ubicado en Portal Centenario No. 4, colonia Centro de Tlalpujahua, Michoacán. 2.-Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, con mismo domicilio ubicado en el Portal Centenario No. 4, colonia centro de Tlalpujahua, Michoacán. 2.- El Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Municipal de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, con mismo domicilio ubicado en el Portal Centenario No. 4, colonia centro de Tlalpujahua, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- De las Responsables, reclamo: La Ordenen y Ejecución por parte de las Responsables para para constituirse en el inmueble de mi propiedad ubicado en la Calle Jesús del Monte Numero 3, de la Población y Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán y que ampara la escritura pública número 5,018 de fecha 16 de enero del año 2013 otorgado ante la fe del Notario Público Número 76 en el Estado con residencia en la ciudad de Maravatío, Michoacán, y colocar alrededor de un local comercial que tengo construido en dicho inmueble unos sello con la leyenda de "SUSPENDIDO", así como un oficio marcado con el número OP/45/2019 con denominación de asunto: "Suspensión Provisional" pegado en la parte central de la cortina del local comercial, sin que en el caso concreto el suscrito me encuentre construyendo o edificando en dicha propiedad toda vez que la edificación que en dicho inmueble como lo es el local comercial ahí construido, data de más de tres años, sin que previo a los actos de imposición de dichos sellos con la referida leyenda se hubiere iniciado procedimiento en mi contra que culminara con la privación del derecho de poseer mi propiedad y específicamente mi local comercial el cual y desde que fueron colocados esos sellos no puedo tener acceso al mismo, lo anterior lo acredito con las placas fotográficas de los sellos que fueron colocados por las responsables. 2.- Reclamando también los efectos legales que hayan producido o pudieran producir los actos aquí reclamados. (.).". Actos que estimaron violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de doce de abril de dos mil diecinueve (fojas 25 a 28), se admitió a trámite la demanda de amparo; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (reverso de la foja 28); se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por Alejandro Cruz Gómez, por propio derecho, consiste en: La orden de suspender la construcción que se estaba realizando en el inmueble ubicado en la calle Jesús del Monte, número 3, del municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, así como su ejecución. Acto que atribuyó a las siguientes autoridades: 1. Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán; 2. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán; y, 3. Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Presiente Municipal del Ayuntamiento de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, al momento de rendir su informe justificado (fojas 60 a 67) manifestó que no es cierto el acto que se le reclama. Asimismo, cabe decir que la negativa de la responsable de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por inexistente el acto que se le reclama, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, apreciada directamente de las constancias de autos. También importa señalar que, por regla general, la parte quejosa tiene la carga de la prueba para demostrar la existencia del acto reclamado, directa o mediante el o los informes respectivos. Resulta ilustrativa, por igualdad de razón, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". Sin embargo, la parte solicitante del amparo no ofreció medio de prueba alguno para acreditar que efectivamente existe el acto que reclama de la autoridad referida, para así vincular a ésta a la certeza de los mismos, no obstante que tuvo conocimiento del informe justificado con suficiente anticipación. En ese contexto, ante la negativa de dicha autoridad y atendiendo a que la parte quejosa no demostró la existencia del acto que le reclama, aunado a que de las constancias que obran en el presente juicio de amparo tampoco se revela la certeza de éstos; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Al efecto se invoca, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 236, tomo VI, Sexta Época, del Apéndice 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. La Síndico Municipal y el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, al momento de rendir su informe justificado (fojas 36 a 59 y 68 a 120) negaron la existencia del acto reclamado. Sin embargo, del mismo informe y de las constancias que allegaron como complemento se advierte que la primera de las autoridades a través del oficio DJ/07/2019 de catorce de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Director Jurídico del ayuntamiento en cita comunicó al Director de Obras Públicas su oposición para la concesión de permiso de construcción dentro del inmueble ubicado en la calle Jesús del Monte, número 1, a un lado del módulo de turismo dependiente del Ayuntamiento de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, virtud a que dicha propiedad es parte del patrimonio del referido ayuntamiento y está pendiente un proceso legal de recuperación del mismo, por lo que no debe otorgarse permiso alguno hasta en tanto se resuelva en la vía civil lo procedente. Asimismo, en el informe del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, este refiere que es cierto que se colocaron nuevamente sellos de suspensión provisional, en razón de que los que se habían colocado el doce de enero de dos mil diecinueve fueron violados y no se encontraron en el lugar que estaban puestos, no obstante el apercibimiento que se le realizó a la parte quejosa en el sentido que el local en construcción no contaba con permiso y/o licencia para la venta. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que las responsables adjuntaron a su informe, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Atento a lo anterior, se desvirtúa la negativa realizada por la Síndico Municipal y el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En el caso se reclama la orden de suspender la construcción que se estaba realizando en el inmueble ubicado en la calle Jesús del Monte, número 3, del municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, así como su ejecución. Ahora, el aquí quejoso en su escrito inicial de demanda y en el aclaratorio de ésta, manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinte de marzo de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las constancias que remitió el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, específicamente del acta de suspensión que obra a fojas 115 a 120, se advierte que a las trece horas con doce minutos del doce de enero de dos mil diecinueve, la referida autoridad se constituyó en el domicilio ubicado en la calle Jesús del Monte, número 3 y/o carretera Tlalpujahua-La Venta, precisamente junto al módulo de información turística del municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, en compañía del Director del Departamento de Urbanismo y Servicios Públicos y del Director del Departamento Jurídico del ayuntamiento en cita, ante la presencia del aquí quejos Alejandro Cruz Gómez, para solicitarle la licencia de construcción, virtud a que sabía que no podía realizar obra alguna sin permiso, tal y como lo estipulan los artículos 277, fracción XVI, XXXII, 331, 346, 435, fracción I y demás relativos y aplicables del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, a lo que este último refirió que tenía una licencia federal y al pedirle que la exhibiera, indicó que en cuanto pudiera iba a subir ya que en ese momento no la tenía a la mano, por lo que las autoridades en comento le indicaron que mientras no acreditara tener la licencia se proseguiría a efectuar la suspensión de la obra en los términos precisados, se colocaron los sellos correspondientes y se apercibió al quejoso que de quebrantar los mismos conllevaría a una sanción ajustada a la norma aplicable. En ese sentido, contrario a lo aseverado por el aquí quejoso se estima que por lo menos desde dicha data -doce de enero de dos mil diecinueve-, tiene conocimiento de la existencia del acto reclamado. Lo anterior, no obstante que el quejoso no haya estampado su firma autógrafa en el acta de suspensión en comento, pues en la misma se hizo constar que éste refirió que no era necesario firmarla, por lo que en el acto se solicitó la presencia y colaboración de dos testigos -Ernesto Hernández Juárez y Enrique Soto Berrios- que dieran fe de los hechos y constataran que se abstuvo de firmar el acta en la que se le notificó el motivo de la suspensión de la construcción en comento, quienes firmaron al calce de dicho documento. Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de garantías será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran en tres momentos. 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien, 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Atento lo anterior, de conformidad con el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en el caso será aplicado el plazo establecido en el artículo 17, que establece quince días para presentar la demanda de amparo, el cual, de conformidad con el numeral 18, se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Es preciso señalar que, tratándose de la suspensión ejecutada sobre el bien mueble propiedad del quejoso que defiende en esta instancia, no actualiza ninguna de las excepciones mencionadas en el artículo 17 de la ley de la materia. Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el segundo supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, ya que del acta de suspensión de doce de enero de dos mil diecinueve se infiere que por lo menos desde dicha data el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado y de su ejecución, puesto que la diligencia se entendió directamente con él. En tal virtud, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En ese sentido, si de las constancias que integran el expediente administrativo de origen se aprecia que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado por lo menos desde el doce de enero de dos mil diecinueve. Entonces, el término para promover la demanda de amparo empezó a correr el catorce de enero de dos mil diecinueve y feneció el uno de febrero del mismo año, descontándose los días trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero del presente año, por tratarse de sábados y domingos; sin embargo, del sello de recibido estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residente en esta ciudad, se advierte que la demanda fue presentada el once de abril de dos mil diecinueve, esto es, dos meses con nueve días posteriores a la fecha en que concluyó el término para acudir a la presente instancia En consecuencia, la promoción de la demanda resulta extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que estemos frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo. Es aplicable la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 165582, con el siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". Así las cosas, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Cruz Gómez, respecto del acto y de las autoridades referidas en el considerando segundo y por los motivos expresados en el tercer y quinto considerandos de la presente resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por el quejoso Alejandro Cruz Gómez, por el cual pretende ampliar la demanda de amparo en los siguientes términos: "(.) AMPLIACIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Y se amplía con este escrito mi escrito inicial de demanda de amparo y se señala como nueva autoridad ordenadora: I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO: 1.- El H. Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua, Michoacán, con domicilio ubicado en Portal Centenario No. 4, colonia centro de Tlalpujahua, Michoacán. III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Ordenadora: 1.- El C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, Con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Maravatío, Michoacán. Ejecutoras: 1.- El C. Actuario y que se encuentra adscrito y al Mando de la Autoridad Ordenadora Responsable del Juzgado Ordenador señalado y que hubiere practicado todos y cada una de las notificaciones ordenadoras por la responsable ordenadora en el Juicio donde emanan los actos reclamados. 2.- El entonces C. Juez Menor de la Población y Municipio de Tlalpujahua, Michoacán, a la fecha extinto y representado por el Juzgado Menor con residencia en la ciudad de Maravatío, Michoacán, con domicilio ubicado en la calle Mina Número 144, zona centro de dicha ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- De la Responsable Ordenadora; reclamo: todas y cada una de las actuaciones verificadas en el Procedimiento de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Apeo y Deslinde, promovido por el aquí autoridad tercera interesada, y tramitado ante el índice de la Autoridad Responsable Ordenadora con el Número 463/2010, mediante el cual la autoridad responsable reconoció en la diligencia de inspección adminiculada con la pericial respectiva dentro del trámite del procedimiento aquí reclamado, que el inmueble propiedad del suscrito y amparado en la Escritura Pública Número 5,018 cinco mil dieciocho fecha 16 dieciséis de enero del año 2013 dos mil trece otorgada ante la fe del Notario Público Número 76 setenta y seis en el Estado con residencia en la Ciudad de Maravatío, Michoacán y que obra en autos, corresponde en propiedad del señalado en esta ampliación de demanda como tercero interesado, sin que en el trámite del citado procedimiento se me hubiera dado el derecho de audiencia como propietario y colindante del inmueble sujeto al apeo y deslinde en el juicio aquí reclamado. De las Autoridades aquí señaladas como ejecutoras, les reclamo todas y cada una de las notificaciones ordenadas por las Ordenadoras Responsables y en el cual nunca el suscrito fui notificado con motivo del trámite del procedimiento aquí reclamado, a pesar de ser el suscrito colindante del inmueble sujeto al apeo y deslinde en el juicio aquí reclamado, si no que por el contrario la autoridad aquí señalada como tercera interesada, refirió y señaló en el procedimiento aquí reclamado como parte del inmueble de su propiedad el inmueble del cual el suscrito tengo el dominio y la posesión amparado precisamente en el en la Escritura Pública Número 5,018 cinco mil dieciocho de fecha 16 dieciséis de enero del año de 2013 dos mil trece otorgada ante la fe del Notario Público Número76 (sic) setenta y seis en el Estado con residencia en la Ciudad de Maravatío, Michoacán y que obra en autos y que por ende nunca fui considerado como colindante con la finalidad de hacer valer mi derecho de oposición al trámite de ese procedimiento por pretender o incluir la tercera aquí interesada en su procedimiento de apeo y deslinde en el juicio aquí reclamado, el inmueble de mi propiedad. 2.- Reclamando también los efectos legales que hayan producido o pudieran producir el procedimiento aquí reclamado en esta ampliación de demanda. V.- FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad, señalo que la fecha del conocimiento real de la parte quejosa del nuevo actos aquí reclamado; lo fue el día 10 de mayo de la presente anualidad, como consecuencia de haberme impuesto del informe justificado rendidos por la Autoridades Responsables señaladas en mi escrito inicial de demanda. (.).". Al respecto, conviene señalar los casos en los que procede la ampliación de la demanda en el amparo indirecto: 1. Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; 2. Cuando se fundamente o motive el acto reclamado en el informe justificado; y, 3. Cuando el quejoso tenga conocimiento, por cualquier medio, de actos de autoridad vinculados con los reclamados, y pueda recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo XVIII, Julio de 2003, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". -Lo resaltado y subrayado es propio de este juzgado-. Por otra parte, en el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como autoridades y acto reclamado los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLES: 1.- El H. Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, Representado por su Síndico Municipal Constitucional, del citado Ayuntamiento, Municipal, con domicilio ubicado en Portal Centenario No. 4, colonia Centro de Tlalpujahua, Michoacán. 2.-Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, con mismo domicilio ubicado en el Portal Centenario No. 4, colonia centro de Tlalpujahua, Michoacán. 2.- El Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Municipal de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, con mismo domicilio ubicado en el Portal Centenario No. 4, colonia centro de Tlalpujahua, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- De las Responsables, reclamo: La Ordenen y Ejecución por parte de las Responsables para para constituirse en el inmueble de mi propiedad ubicado en la Calle Jesús del Monte Numero 3, de la Población y Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán y que ampara la escritura pública número 5,018 de fecha 16 de enero del año 2013 otorgado ante la fe del Notario Público Número 76 en el Estado con residencia en la ciudad de Maravatío, Michoacán, y colocar alrededor de un local comercial que tengo construido en dicho inmueble unos sello con la leyenda de "SUSPENDIDO", así como un oficio marcado con el número OP/45/2019 1con denominación de asunto: "Suspensión Provisional" pegado en la parte central de la cortina del local comercial, sin que en el caso concreto el suscrito me encuentre construyendo o edificando en dicha propiedad toda vez que la edificación que en dicho inmueble como lo es el local comercial ahí construido, data de más de tres años, sin que (.).". En proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por el Presidente, Síndico y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua, Michoacán, el cual se publicó por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación el nueve siguiente. Ahora, en el ocurso de cuenta el aquí quejoso comparece a ampliar su demanda respecto de la falta de notificación a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre apeo y deslinde número 463/2010, del índice del entonces Juzgado Menor de Tlalpujahua, Michoacán, promovidas por el Ayuntamiento Municipal de dicha localidad, así como todo lo actuado dentro del citado expediente. Lo expuesto, permite advertir que la parte quejosa de ninguna manera amplía su demanda respecto de actos de autoridad vinculados con los reclamados, sino que pretende ampliar la misma contra diversa autoridad y contra diversos actos que no guardan relación con los originalmente planteados, ni derivan del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pese a que el quejoso manifieste que del informe justificado aparecen datos no conocidos por él y que se encuentran vinculados con el acto reclamado inicialmente. Es decir, la ampliación que promueve es improcedente porque a pesar de que el quejoso considera que los nuevos actos se encuentran directamente vinculados con el señalado inicialmente, lo cierto es que el acto por el que pretende ampliar lo reclama por vicios propios. Tan es así, que todos los conceptos de violación que hace valer en su libelo de cuenta respecto del acto por el que pretende ampliar, los encamina precisamente a atacar la falta de notificación de la tramitación de las referidas diligencias de jurisdicción voluntaria; circunstancia que de ninguna manera puede considerarse vinculada al acto inicialmente reclamado consistente en la orden de suspender la construcción que se estaba realizando en el inmueble ubicado en la calle Jesús del Monte Numero 3, de la Población y Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, así como su ejecución. Sustenta a lo anterior, la tesis I.9o.A.1 K (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1283, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO PRETENDEN IMPUGNARSE NUEVOS ACTOS POR CONSIDERARLOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL SEÑALADO INICIALMENTE, PERO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS. De la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", se colige que la citada figura procede en el amparo indirecto, en los siguientes casos: 1. Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; 2. Cuando se fundamente o motive el acto reclamado en el informe justificado; y, 3. Cuando el quejoso tenga conocimiento, por cualquier medio, de actos de autoridad vinculados con los reclamados, y puede recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia. En ese orden de ideas, dicha ampliación es improcedente cuando pretenden impugnarse nuevos actos por considerarlos directamente vinculados con el señalado inicialmente, pero se reclaman por vicios propios -verbigracia, por encontrarse indebidamente fundados y motivados-, pues es claro que se trata del planteamiento de nuevos conceptos vinculados con actos distintos a los reclamados inicialmente que no pueden formar parte de la litis constitucional pues, aceptar lo contrario, facilitaría innumerables ampliaciones, en perjuicio de la garantía de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario del juicio de garantías.". Resulta conveniente invocar por analogía jurídica la jurisprudencia VI.2o.C. J/240, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1339, Tomo XIX, Enero de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos.". Además, en el presente asunto no podría tenerse al Ayuntamiento Municipal de Tlalpujahua, Michoacán, con el carácter de autoridad responsable y a la vez con el de parte tercera interesada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1°, fracción I y último párrafo, así como por el diverso 5°, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, que a la letra expresan: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; (.).". En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de demanda pretendida por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
se notifica a la parte quejosa por medio de lista el proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de conformidad con el artículo 27 fracción III y 29 de la ley de amparo.
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