Alejandro De la Torre Domínguez

Expediente 528/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
528/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandro De la Torre Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en juicio en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Tomos de prueba. Por otra parte, se advierte, que obra en el Juzgado un legajo de pruebas ?TOMO I? exhibido por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Dos del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la citada autoridad acuse recibo del citado tomo. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en unión de Mario Alberto Huerta López, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes que obran en autos; así como con los informes justificados rendidos por la mayoría de las autoridades responsables. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de quince de julio de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Rocío Armida de la Torre Domínguez, la cual fue emplazada a juicio el veintisiete siguiente. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por el quejoso y las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: se tiene a la parte quejosa formulando las manifestaciones vertidas en sus alegatos, y a las partes restantes se les tiene por perdido el derecho de hacerlos, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 528/2022; y, Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Alejandro de la Torre Domínguez solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Gobernador del Estado de Sonora, y otras autoridades. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracciones II y V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuidos a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados por la parte quejosa: Del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial 2 con residencia en Ciudad Obregón y del Administrador del citado órgano jurisdiccional. La omisión de separarse de la causa penal 713/2021, por la excusa y recusación planteada en su contra. Del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora: La omisión de dar trámite a la recusación presentada por el quejoso en contra de Hugo David Silva Toledo, Juez Oral Penal del Distrito Judicial de Ciudad Obregón. Del Gobernador, Supremo Tribunal de justicia y Fiscal General de Justicia, todos del Estado de Sonora: La instrucción dada al Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia familiar, así como al juez de la causa para la fabricación e integración de la carpeta de investigación en contra del quejoso, registrada bajo el NUC: SON/COB/FGE/2019/171/54206. Debe precisarse que no pasa inadvertido para este juzgador que el solicitante del amparo señala como actos reclamados destacados omisiones, violaciones e incumplimiento a la ley y de un deber legal, falta de notificación, derecho de audiencia, abuso de autoridad, violaciones constitucionales lo que aduce le ha generado tortura psicológica; sin embargo, no es dable tenerlos como actos reclamados, en virtud que dichas inconformidades las hace valer como violaciones cometidas en el proceso penal; de ahí que no deban considerarse como tal, pues se trata en realidad, de conceptos de violación. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.3o.A.J/26 (8a.), cuyo rubro dispone: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION." Tampoco se inobserva que, en el capítulo de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se hace referencia al futuro dictado de órdenes de aprehensión; no obstante, debido a que para fijar correctamente la litis constitucional, debe armonizarse los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, así como atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, no es dable tener como acto reclamado a la emisión de futuras órdenes de aprehensión, debido a que no se advierte la intención del quejoso en ese sentido, ni se advierte que se señalara como una orden emitida, sino futura, y por lo tanto, e incierta. Lo anterior se estima apegado a lo que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe con justificación, con excepción del Gobernador del Estado de Sonora, quien fue omiso. Sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. Lo anterior, es acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que señala: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Además, la inexistencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias remitidas por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Dos del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, consistente en copia certificada de la causa penal 713/2021, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 197, 199, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo conforme al precepto 2°, por tratarse de instrumentos públicos, de las que se advierte que, contrario a lo alegado por el quejoso, el citado juzgador así como el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, dieron el trámite correspondiente a la recusación planteada en contra del juez señalado como autoridad responsable. Se afirma lo anterior, debido a que de las citadas constancias se advierte copia certificada del oficio 940, mediante el cual, el Secretario General de Acuerdos de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, remitió al juzgado oral el escrito de recusación planteado por el quejoso en contra del juez señalado como responsable, a fin de que proveyera lo conducente al trámite, en términos del artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, de tales constancias se observa copia certificada del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, donde el juez señalado como responsable ordenó enviar los autos al Primer Tribunal Colegiado Regional del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Obregón, a fin de que calificara la recusación planteada. Asimismo, obra copia certificada del oficio 128/2022, del que se aprecia que el Primer Tribunal Colegiado Regional del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Obregón, comunicó al juez señalado como responsable que la recusación planteada resultó infundada, por lo que devolvió los autos de la causa penal al juzgado oral, a fin de que se continuara con la secuela procesal correspondiente. De igual forma, de las citadas constancias, se advierte que la carpeta de investigación NUC SON/COB/FGJE/ 2021/171/54206, así como la causa penal 713/2021, se integran por el delito de violencia familiar, presuntamente cometido por el aquí quejoso, en contra de Rocío Armida de la Torre Domínguez; y no, como se alega por orden del Gobernador, Supremo Tribunal de Justicia y Fiscal General de Justicia, todos del Estado de Sonora. En ese sentido, aun y cuando el Gobernador del Estado de Sonora, fue omiso en rendir su informe, lo cierto es que no procede tener por presuntivamente cierto el acto reclamado, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que esa presunción se actualiza salvo prueba en contrario, lo que en el caso acontece, ya que como se vio, de las constancias remitidas por el juez señalado como responsable se observa que no son ciertos los actos reclamados. Decisión En esa virtud, ante la inexistencia de los actos que reclama el peticionario del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar la citada negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dichos actos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Alejandro de la Torre Domínguez, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV del presente fallo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Mario Alberto Huerta López, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Daniel treinta de agosto de dos mil veintidós treinta de agosto de dos mil veintidósMario Alberto Huerta López

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de agosto de dos mil veintidós. Se recibe exhorto. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 86/2022, con número de orden 126/2022; en tal razón, téngase por emplazada al presente juicio de garantías a la parte tercera interesada Rocío Armida de la Torre Domínguez. Sin necesidad de acusar de recibo del presente oficio, toda vez que se remitió por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de quince de julio del año en curso, se requirió a la tercera interesada Rocío Armida de la Torre Domínguez, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que a la fecha lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha determinación y se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se notifiquen por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto efectúe el señalamiento de mérito, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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