Alejandro Barranco Lizarraga
Expediente 114/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alejandro Barranco Lizarraga
- Juez de Control Oral Penal del Distrito Judicial Uno, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en proveído de esta fecha, causó ejecutoria la resolución por la que se sobreseyó el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 114/2021 Certificación. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, quejoso y fiscal federal adscrita-, así como los informes justificados rendidos por las autoridades siguientes: jefe de Causas y Atención Ciudadana del Juzgado Oral de lo Penal de Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, de esta ciudad; agentes del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ambos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; y, comisario general y jefes de grupo encargados de la base operativa Hermosillo y del departamento de Citaciones y Querellas, todos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y con residencia en esta localidad. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los citados informes con justificación; de igual forma, que la autoridad señalada como responsable, jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada para ello, y que por acuerdo de dieciocho de marzo de la presente anualidad, se declaró la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado del departamento de Órdenes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y en cuanto a la inexistencia de dicha autoridad, resuélvase este juicio de derechos, por lo que hace al resto de las autoridades responsables y actos que se les atribuyen. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con la documental allegada por una de las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Alejandro Barranco Lizárraga, contra los actos atribuidos al juez de Control Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el nueve de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el día siguiente a este juzgado de distrito, Alejandro Barranco Lizárraga, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de dieciséis de febrero siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio a la representación social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto con ejecución en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: Del juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora: La orden de aprehensión librada en su contra. De los agentes del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ambos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora: La integración de la carpeta de investigación ATP/HER/012/00236/2-2021 -número único de caso SON/HER/FGE/2021/012/04650-; y, La orden de investigación, localización, búsqueda, citación, presentación, aprehensión o detención librada en su contra. Y del comisario general y jefes de grupo encargados de la base operativa Hermosillo, del departamento Órdenes de Aprehensión y del departamento de Citaciones y Querellas, todos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora: El cumplimiento a las órdenes reclamadas. Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos atribuidos al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, a los agentes del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, y al jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado del departamento de Citaciones y Querellas, consistentes en la orden de aprehensión reclamada y su ejecución, pues al rendir su informe justificado negaron el acto que se les atribuye. De igual manera, no es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, jefe de grupo encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, consistente en la ejecución de la citada orden de aprehensión, pues con independencia que fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, lo cierto es que las autoridades responsables ordenadoras negaron la existencia de la citada orden de captura. Además, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran la negativa formulada por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." De igual manera resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, de rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En consecuencia, ante la negativa de los actos que les reclama el peticionario del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dichos actos, por lo que hace a las autoridades señaladas. Existencia de los actos reclamados En otro orden, son ciertos lo actos atribuidos a los agentes del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, así como al comisario general y jefe de grupo encargado de la base operativa Hermosillo, ambos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, pues por lo que hace a los representantes sociales señalados, si bien negaron el acto que se les atribuye, lo cierto es que hacen manifestaciones que evidencian su certeza; en tanto que los señalados en último término, así lo manifestaron en su respectivo informe con justificación. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305 y la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad de los actos combatidos se corrobora con la documental que al efecto acompañó el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, consistente en la orden de investigación solicitada por la agente del Ministerio Público Comisionada al Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la citada fiscalía, derivada de la carpeta de investigación ATP/HER/012/00236/2-2021 -número único de caso SON/HER/FGE/2021/012/04650-. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, en relación a los actos reclamados por el quejoso, consistentes en la integración de la carpeta de investigación ATP/HER/012/00236/2-2021 -número único de caso SON/HER/FGE/2021/012/04650-, así como la orden de investigación, localización, búsqueda, citación, presentación librada en su contra y su ejecución, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, con relación con el precepto 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que dichos actos no irrogan perjuicio a la parte quejosa en su esfera jurídica; En efecto, los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De los preceptos transcritos, en concordancia con el numeral 107 de la Constitución Federal, se advierte que para definir la procedencia de la acción de amparo, conforme al ámbito conceptual de esas normas, es necesario que el acto o ley reclamados, en un juicio de derechos fundamentales, cause perjuicio al quejoso o agraviado. De ese modo, por perjuicio se debe entender la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho que cuando es transgredido faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ese quebranto o demostrar al menos, la existencia de un interés legítimo al respecto, consistente en la pretensión personal, individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, susceptible de traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso de que se trate, derivado de un ataque a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pero que de anularse le reportará una ventaja o mejoría jurídica, por hallarse en una situación especial o cualificada respecto de ese acto de autoridad. En ese sentido, la afectación al interés (jurídico o legítimo), con relación al juicio de amparo surge cuando la actuación del órgano del Estado, causa perjuicio a la esfera legal del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de prerrogativas y obligaciones de los que es titular o, como ya se dijo, a partir de su específica pretensión cualificada frente al acto de autoridad; por tanto, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de jurídicos o legítimos, es menester que la facultad objetiva se haga cargo de ellos a través de una norma, o que el acto de autoridad cuyo contenido normativo, aunque no esté dirigido directamente a afectar los derechos del accionante, por sus efectos legales irradiados colateralmente, pueda ocasionarle un perjuicio o privación de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en relación con éste o en el ordenamiento legal. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas sustentadas por el Pleno y Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubros: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO." e "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". De esa forma, se ha establecido la diferencia entre interés jurídico (el cual deriva del ejercicio de un derecho fundamental del que el reclamante se refiere como titular); el legítimo, que es personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y legalmente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio legal en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera de derechos en acepción amplia, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole; finalmente, el interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un provecho personal para el interesado, pues no supone perjuicio a su esfera legal en algún aspecto. Hecha la anterior precisión, es necesario tener en cuenta que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en esencia, delimita las obligaciones y prerrogativas que durante la fase de investigación desformalizada le confiere la Constitución a esta institución pública. Asimismo, se hace notar que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito, es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar que ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión. En ese contexto la iniciación, desarrollo y, en el caso específico, los actos encaminados a integrar una carpeta de investigación, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal; máxime que la integración de una carpeta de investigación en contra del aquí quejoso, no se traduce en violación a sus derechos fundamentales, tales como la privación de su libertad, posesiones o derechos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/11, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Así como la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), que establece: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Y, por las razones que la contienen, la diversa tesis 1a. CXXXV/2004, que reza: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." VI. Decisión En esa virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados y la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en términos del numeral 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo contra el acto de ejecución atribuido a las responsables, pues no fue impugnado por vicios propios, sino con motivo del acto atribuido a las autoridades administrativas investigadoras responsables. Cobra aplicación al caso en particular, la tesis VI.2o.J/338, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Alejandro Barranco Lizárraga, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Agréguese a los autos sin mayor determinación el oficio que remite el agente del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en esta ciudad, toda vez que se acordó lo conducente en proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
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