Alejandro de Jesus Gonzalez Montaño

Expediente 254/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
254/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandro de Jesus Gonzalez Montaño

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de ocho de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitió el Auxiliar Encargado del Área de Amparos de la Junta Especial Numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al cual remitió constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, realizando las manifestaciones que se desprenden del escrito registrado con el número de orden 3774, las cuales se ordenaron tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, haciéndose consistir en que la autoridad responsable de INMEDIATO y de no existir impedimento legal alguno emita la interlocutoria que resolviera la planilla de liquidación en los autos del procedimiento laboral de su índice. Mediante acuerdo de catorce de octubre siguiente, causó ejecutoria la sentencia de amparo; por lo que, en ese mismo proveído se requirió a la responsable para que acatara puntualmente su cumplimiento. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que mediante resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de la presente anualidad, la junta responsable resolvió la planilla de liquidación en los autos del procedimiento laboral de su índice. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que no se encuentra conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues aduce que en la resolución en comento no se actualizaron las prestaciones condenadas a la fecha de resolver, ni ordenó su ejecución, ni impuso medidas de apremio necesarias para hacerla cumplir; sin embargo, no le asiste la razón a la aludida oficiante, dado que la autoridad responsable acreditó haber dictado la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación, tal y como fue la concesión del amparo, en tanto que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se encuentran encaminadas a la ilegalidad de la resolución, la cual no fue materia del presente juicio.

  2. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, el catorce de febrero de dos mil veintitrés , de la cual se desprende los motivos por los cuales no le fue posible practicar la notificación a la parte quejosa, el auto de ocho de febrero pasado, por las razones que en la misma se exponen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista el contenido del proveído en comento, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale diverso domicilio cierto para tal efecto.

  3. Principal

    Con efectos de notificación personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III,,inciso a) de la Ley de Amparo, se realiza la presente notificación del acuerdo dictado el 08/febrero/2023 al QUEJOSO en la que se resolvió lo siguiente: Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, por su propio derecho, contra actos de autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, procede DESECHARLA DE PLANO al actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse por las expresiones "manifiesta" e "indudable" para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, y en qué momento deben analizarse. Al hacerlo, puntualizó al primer vocablo como lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara; y precisó que el segundo significa, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. La Segunda Sala estableció que para advertir la notoria e indudable improcedencia de un asunto debe atenderse al escrito de demanda, en su caso a la aclaración realizada, y a sus respectivos anexos; y que es posible determinar la inviabilidad del juicio desde su promoción, cuando esté demostrada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron manifestados claramente por el impetrante o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Dichas consideraciones pueden consultarse en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 297/2011, de donde deriva jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2001071, y título: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Es oportuno decir que, si bien en el criterio invocado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó una causa de improcedencia del juicio de amparo distinta a la que es materia de estudio en el presente asunto, lo cierto es que las razones contenidas en la ejecutoria destacada resultan aplicables por identidad de razón en el caso, como enseguida se verá. Así las cosas, la interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo, exige que la improcedencia del juicio biinstancial tenga como apoyo que, desde un plano objetivo, el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda de amparo se advierte que se reclama: ? La resolución de diez de enero del dos mil veintitrés dictada en el juicio mercantil ejecutivo 865/2021, que resolvió el recurso de revocación contra el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se previno para que señalara un perito con apercibimiento que de no hacerlo, se nombraría en su rebeldía. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevén: [se omite transcripción] De la interpretación gramatical del precepto transcrito, se advierte, en lo aquí interesa, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea la última resolución dictada dentro de ésta, en la cual se podrán reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución Lo anterior significa que, las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, dado que se trata de cosa juzgada y se evita con ello el abuso del juicio de amparo biinstancial. De ahí que, el acto reclamado surge en la fase ejecutiva de tal procedimiento, por lo que no puede considerarse como acto que amerite ser analizado en forma inmediata en el juicio constitucional, pues no se está decidiendo en definitiva respecto de la ejecución de lo resuelto en sentencia. Por lo que, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, pues éste obedece tanto a razones de interés social, como al mandato expreso del artículo 17 constitucional, que exige a la autoridad prontitud en la impartición de la justicia; lo cual se obtiene, si la procedencia del juicio de amparo contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo. En ese contexto, si el procedimiento de donde deriva el acto reclamado es básicamente de ejecución por la naturaleza del juicio, es menester destacar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, indica que tratándose de actos de ejecución de sentencia el juicio constitucional sólo es procedente cuando se combata la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Bajo esta premisa, resulta claro que el acto reclamado en esta vía constitucional, evidentemente no constituye la última resolución emitida en el indicado procedimiento de ejecución que se ha instaurado en el juicio original, por ende, no se encuentra en la hipótesis de procedencia del juicio constitucional. Por lo que hasta en tanto no exista un auto o resolución en la que se declare implícita o expresamente que se ha cumplido cabalmente con la ejecución de sentencia o, en todo caso, uno en el que se manifieste la imposibilidad material de cumplir con ello, es improcedente el juicio de amparo. Y, en ese supuesto, estará en posibilidad de reclamar la violación que pretende impugnar. Así pues, como ya se adelantó, debe desatacarse que los actos intermedios acontecidos dentro del periodo de ejecución, no son combatibles a través del juicio de amparo, para evitar así obstáculos en el cumplimiento de sentencias o autos elevados a la categoría de ejecutoriada, de ahí que lo que aquí se combate no es un acto que de momento deba reclamarse en amparo indirecto, pues en todo caso, ello debe hacerse hasta que culmine el aludido periodo de ejecución, esto es, hasta que el juzgador de instancia realice el examen de todas las actuaciones que concurren en la fase de ejecución y haga la declaratoria de cumplimiento o de la imposibilidad de cumplir lo estipulado en la transacción judicial, la cual podrá ser combatida mediante el juicio de amparo biinstancial, previa su preparación. Sin que tampoco se esté en los casos de excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos dictados en etapa de ejecución, esto es, que se trate de aquellos que violen de manera directa derechos sustantivos y que además sean ajenos a la cosa juzgada. ? Esto es así, ya que como se narra del escrito de demanda, la resolución de diez de enero del dos mil veintitrés dictada en el juicio mercantil ejecutivo 865/2021, que resolvió el recurso de revocación contra el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se previno para que señalara un perito con apercibimiento que de no hacerlo, se nombraría en su rebeldía, lo que revela que dicho acto constituye la materia de la misma. Así las cosas, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley invocada. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Asimismo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Se exhorta al resto de las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.

  4. Principal

    Conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

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