Alejandro Cuevas Muñoz

Expediente 838/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
838/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Cuevas Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el seis de junio de dos mil diecinueve (foja 52), por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibido que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Luego, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que en sesión de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez de Distrito Rubén Olvera Arreola a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de junio de este año, en sustitución del Juez Luis Ávalos García, lo que se hizo del conocimiento mediante oficio SEADS/689/2019, y se informa para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el tres de junio de dos mil diecinueve; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que dice: Agréguese a los autos el oficio enviado por la Tesorera Municipal de Guadalajara, Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector; por lo que se le tiene en vías de cumplimiento. Ahora bien, en atención a las manifestaciones que realiza la autoridad oficiante; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, acuda a las instalaciones de la autoridad responsable para efecto de recoger la cantidad otorgada en el presente sumario constitucional, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo indicado, se procederá a actuar de conformidad a lo estipulado en el arábigo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte la inexistencia del oficio a la autoridad responsable, a efecto de notificarle el proveído de diez de abril pasado, por el que este Juzgado admitió la demanda y le requirió por su informe justificado; por tanto, reexpídasele copia simple del acuerdo en cita y del escrito de demanda, para los efectos legales a que haya lugar. En razón de lo referido en el párrafo que antecede, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, por así permitirlo la agenda oficial.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 04/abril/2019; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitió la Subdirectora Ejecutiva de Normatividad de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en suplencia por ausencia del Titular de dicha Coordinación, al cual acompañó copias certificadas de diversas constancias. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la resolución dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de revisión 141/2018, por la que revocó la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó el amparo solicitado; haciéndose consistir aquéllos, en que: a) Se dejara insubsistente el oficio. b) Emitiera otro en el que otorgara la autorización para el autoconsumo lúdico o recreativo de la marihuana. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se requirió a la autoridad responsable a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el veintiuno de enero de dos mil diecinueve dejó insubsistente el oficio señalado y otorgó la referida autorización. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa por conducto de su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el sentido de que no se encontraba conforme con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo efectuado por la autoridad responsable; toda vez, que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios al originar el oficio coartó el derecho reconocido en su favor vía la emisión de la ejecutoria de amparo, pues indebidamente le exigió con fundamento en el artículo 284 de la Ley General de Salud: Un certificado taxonómico o de análisis de las semillas de marihuana a importar. Certificación de factura de adquisición de semilla de marihuana extrajera, ante las oficinas consulares mexicanas. Acudir a la aduana del aeropuerto en la Ciudad de México a fin de obtener la semilla de marihuana extranjera. Lo anterior es ineficaz. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el recurso de revisión 141/2018, concedió el amparo solicitado bajo las consideraciones literales siguientes: "Ahora bien, con las destacadas ideas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que utiliza este Tribunal Colegiado para decidir el presente amparo indirecto en revisión, llega a la conclusión de que son fundados los agravios planteados por el quejoso aquí recurrente en cuanto a que los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos de la "marihuana" (sembrarla, cultivarla, cosecharla, prepararla, poseerla y transportarla), son inconstitucionales porque afectan de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Alega el recurrente que la prohibición del consumo de "marihuana" implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad; restricción que no se encuentra justificada, ya que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado liberal que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana. Así, en síntesis sostuvo que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética. En la sentencia del Juez de Distrito calificó de infundados esos argumentos del quejoso, señalando, entre otras cosas, que los artículos impugnados no limitan el derecho a elegir la apariencia, actividad o manera en que las personas desean proyectar y vivir su vida, ni tienen como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos al quejoso, sino que los mismos se encuentran dirigidos a tutelar y hacer eficaz el derecho a la salud de la población en general. Sin embargo, de las ideas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retomadas por este Tribunal Colegiado, se obtiene que una vez analizados los beneficios y los costos de la medida impugnada, consideró que el "sistema de prohibiciones administrativas" conformado por los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, impugnados por el quejoso, ocasionan "una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha medida". A pesar de que la Suprema Corte reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege la Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada, se determinó que no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo. Adicionalmente, se mostró que existen medidas alternativas que intervienen en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consistentes en regímenes de permisiones sujetos a las condiciones que el legislador considere pertinentes. En este orden de ideas, esas regulaciones pueden ser acompañadas por políticas públicas educativas y de protección a la salud. Por lo demás, si bien estas alternativas representan costos económicos para el Estado y la sociedad en general, éstos son comparables a los que se originan a través del sistema de prohibición al consumo personal. Así, a pesar de que el "sistema de prohibiciones administrativas" conformado en la Ley General de Salud supera las dos primeras gradas del examen de proporcionalidad, al haberse establecido que se trata de una medida que busca proteger la salud y el orden público y resulta idónea para alcanzar dichos objetivos, se trata de una medida que no sólo es innecesaria al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y al orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar. Con todo, debe enfatizarse que no se minimizan los daños que puede ocasionar la "marihuana" en el consumidor mayor de edad; sin embargo, la decisión sobre su uso sólo le corresponde a cada individuo en lo personal. Así, se considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad la posibilidad de decidir responsablemente si se desea experimentar los efectos de esa sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona. Por ende, este Tribunal Colegiado considera tal como lo hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo lúdico o recreativo del vegetal estupefaciente denominado "marihuana" (sembrarla, cultivarla, cosecharla, prepararla, poseerla y transportarla), resultan inconstitucionales porque afectan de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad; inconstitucionalidad que no supone autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de la mencionada "marihuana", ya que el ejercicio del derecho propio no debe perjudicar a terceros. Por otra parte, el vicio de inconstitucionalidad antes destacado no afecta a los distintos artículos 234 y 368 de la Ley General de Salud también reclamados en la demanda de amparo, porque los aludidos preceptos no forman parte del sistema administrativo que prohíbe la siembra, cultivo, cosecha, elaboración y cualquier otra conducta relacionada con el autoconsumo de "marihuana". Al respecto, el Juez de Distrito, en la sentencia recurrida consideró constitucionales los referidos preceptos bajo consideraciones similares a las expuestas para respaldar la regularidad constitucional de los demás preceptos impugnados. En el recurso materia de la presente revisión se combatió el fallo recurrido bajo argumentos que, como en la demanda, partieron de considerar a los artículos 234 y 368 de la Ley General de Salud como parte del sistema de prohibiciones establecidas en dicha legislación. Sin embargo, como lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 234 no hace más que establecer una relación de substancias que deben considerarse como estupefacientes, lo que en sí mismo no implica una prohibición, pues en todo caso es el artículo 237 impugnado el que infiere determinadas prohibiciones relacionadas con diversas sustancias y vegetales, entre éstos la "marihuana". Esto es, a diferencia del artículo 245 de la Ley General de Salud, que no se limita a establecer una relación de substancias, sino que respecto a las mismas establece medidas de control y vigilancia que se deben adoptar respecto de cada una de las substancias ahí agrupadas (en cinco grupos acordes al posible uso terapéutico de las sustancias y a la susceptibilidad de su uso indebido), el artículo 234 se limita a enlistar de forma meramente declarativa, aquellas substancias que deben ser consideradas como estupefacientes. Por su parte, el artículo 368 de la Ley General de Salud se limita a proporcionar una definición de lo que debe entenderse por "autorización sanitaria" y a referir el tipo de autorizaciones posibles, sin que ello implique prohibición alguna. Así pues, puede concluirse que los artículos 234 y 368 de la Ley General de Salud no forman parte del sistema prohibitivo que impugnó el quejoso en su demanda de amparo, puesto que se insiste, ninguna prohibición puede derivarse del texto de dichos preceptos que, en realidad, son más bien declarativos. Luego, al no existir argumentos distintos a los que implican una supuesta prohibición, bajo los que pueda analizarse la constitucionalidad de los mencionados dispositivos, debe concluirse que no existen elementos suficientes para estimar inconstitucionales dichos preceptos, pues se insiste, los mismos no contienen prohibición alguna. Por ello es que respecto a los mencionados artículos 234 y 368 de la Ley General de Salud debe negarse la protección constitucional solicitada por el promovente. En cambio, procede conceder al quejoso el amparo que solicita, para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la "Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios" deje insubsistente el oficio de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, en el que había negado la autorización solicitada por el promovente para el autoconsumo lúdico o recreativo de la "marihuana", y en su lugar emita otro en el que le otorgue la autorización a que hacen referencia los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, respecto del estupefaciente y para los fines a los que se ha hecho referencia anteriormente, en el entendido de que dicha autoridad no podrá utilizar las porciones normativas cuya inconstitucionalidad ha sido declarada en los términos antes expuestos como base para dictar la resolución relativa". En lo que aquí interesa, que procedía conceder el amparo solicitado a fin de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios dejara sin efectos el oficio y emitiera otro en el que otorgara la autorización únicamente para el autoconsumo lúdico o recreativo de la marihuana; es decir, para su siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transportación. Consecuentemente, la parte quejosa parte de una premisa falsa al considerar que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios al imponerle diversas condicionantes para efectivizar su pretensión de importar semillas de marihuana extranjera, incumplió la ejecutoria de amparo. Primero, porque basta una simple lectura a la resolución constitucional respectiva, para colegir que la concesión no tuvo algún efecto que constriñera a la referida Comisión, el permitir a la parte garantista la importación de semilla de marihuana extranjera; segundo, ya que lo demandado por aquélla, no le impide la efectivización de la autorización concedida únicamente para el autoconsumo lúdico o recreativo de la marihuana, o sea, para sembrarla, cultivarla, cosecharla, prepararla, poseerla y transportarla, sino que, solamente le requiere colmar algunos aspectos a fin de importar una semilla extranjera.

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