Alejandro David Varguez Castillo
Expediente 1554/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1554/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandro David Varguez Castillo
Actuaciones
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintisiete minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1554/2023-VI, promovido por ********************por conducto de su representante ******************** estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, el cual obra agregado en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe de ley de la autoridad responsable para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda; así como, las remitidas por la responsable junto a su informe justificado. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta de que la parte quejosa no presente alegatos y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán no presentó pedimento alguno; por lo que, la Jueza acuerda: Téngase por perdidos los derechos de la parte quejosa para formular alegatos y de la representante social para presentar pedimento. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1554/2023-VI promovido por ********************por conducto de su apoderado ******************** contra el acto que reclama de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que ********************por conducto de su apoderado ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De una revisión integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: - El cobro del impuesto adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social, contenido en los recibos de pago número de serie ********************, folios ********************, todos de quince de septiembre de dos mil veintitrés; y de la serie ********************, con folios ********************, todos de veinticinco de septiembre del año en curso. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamando, manifestando que el impuesto que se le cobró al quejoso en los recibos de pago electrónicos de folios relacionados, no viola el principio de proporcionalidad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la aludida autoridad, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que con quince y veinticinco de septiembre del presente año, se expidieron a nombre del quejoso los recibos de pago electrónicos con número de serie ********************, folios ********************, y de la serie ********************, con folios ********************, , de los que se advierte que entre los conceptos cobrados se encuentra el denominado "impuesto adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social por RPPC". Asimismo, de las propias manifestaciones de la responsable en su informe de mérito, aunque negó el acto, expresa que sí le fue cobrado dicho impuesto al quejoso en los aludidos recibos de pago; en consecuencia, en el caso deben estimarse cierto el acto reclamado, por las razones expuestas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con número de registro 211004, visible a página 391, con el rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 62, último párrafo, de la Ley de Amparo, se procede al examen de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553, del Tomo VI, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En su informe con justificación, el Director Jurídico de la Administración Fiscal de Yucatán expone que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1, fracción I y el diverso 5°, fracción II, todos de la referida ley de la materia, ya que los recibos de pago reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues únicamente son un medio para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del quejoso, pues el quejoso quien acudió a las oficinas recaudadoras de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán y realizó el pago del impuesto adicional. Al respecto, esta resolutora desestima la citada causa de improcedencia, por los siguientes motivos. De la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 294, de rubro: TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, así como de la ejecutoria que le dio origen, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos constituye solamente el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente y no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal, debido a que es el gobernado quien voluntariamente acude a liquidar dicho impuesto, sin que exista un acto coercitivo de la autoridad correspondiente. En la propia ejecutoria que motivó la aludida jurisprudencia, señaló que no acontece lo mismo en relación con la determinación unilateral del monto a pagar por concepto de dicho impuesto o la negativa a proporcionar los servicios administrativos ante la existencia de algún adeudo por el concepto señalado, al constituir indudablemente actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni requerir del consenso de la voluntad del afectado, debido a que la autoridad administrativa encargada del trámite ejerce una facultad de decisión, por lo que constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio le es irrenunciable. De esta manera, del criterio referido puede deducirse que, en términos generales, el recibo de pago de una contribución no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley, en el caso de que la autoridad no haya intervenido en la determinación del tributo ni hubiese desarrollado actos diversos e independientes de la autodeterminación realizada por el propio contribuyente. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando en el recibo de pago se hace referencia a otros conceptos como parte del monto pagado, como podrían ser los de asistencia social, mejoras en servicio público, fomento al deporte, servicio de almacenaje, servicio de grúa y certificado médico, entre otros, esto es así, debido a que en esos dos supuestos, es evidente que la liquidación de los referidos conceptos fue realizada por la propia autoridad recaudadora, ya que no derivan directamente del pago derivado del impuesto autodeterminado, ni la actividad de la exactora se contrae a recibir pasivamente el pago que el particular realiza luego de haber sido determinado y liquidado por diversa autoridad, lo que pone de manifiesto que se trata de aspectos introducidos unilateralmente por dicha autoridad al momento del cobro y evidencia la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la referida autoridad, pues a través del cobro reflejado en el recibo de pago crea, modifica o extingue por sí o ante sí, una situación que afecta la esfera jurídica de aquél, ejerciendo facultades de decisión; de ahí que constituya un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Sostiene lo anterior, la tesis Tesis: V.2o.P.A.13 A (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página 3037, con registro digital 2012863, de la Décima Época, con el rubro y texto siguientes: RECIBO DE PAGO DE UNA MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO LA ENTIDAD RECAUDADORA LIQUIDA EL MONTO DE LA INFRACCIÓN Y/O DE CONCEPTOS NO REFERIDOS EN LA BOLETA CORRESPONDIENTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 182/2008). De la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 294, de rubro: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", así como de la ejecutoria que le dio origen, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos constituye solamente el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente y no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal, debido a que es el gobernado quien voluntariamente acude a liquidar dicho impuesto, sin que exista un acto coercitivo de la autoridad correspondiente; de igual manera, señaló que no acontece lo mismo en relación con la determinación unilateral del monto a pagar por concepto de dicho impuesto o la negativa a proporcionar los servicios administrativos ante la existencia de algún adeudo por el concepto señalado, al constituir indudablemente actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni requerir del consenso de la voluntad del afectado, debido a que la autoridad administrativa encargada del trámite ejerce una facultad de decisión, por lo que constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio le es irrenunciable. De esta manera, del criterio referido puede deducirse que, en términos generales, el recibo de pago de una contribución no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley, en el caso de que la autoridad no haya intervenido en la determinación del tributo ni hubiese desarrollado actos diversos e independientes de la autodeterminación realizada por el propio contribuyente. En esas condiciones, si con motivo de una multa determinada por un agente de tránsito, el particular efectúa ante la tesorería el pago respectivo, sin que la entidad recaudadora realice determinación alguna, adoptando la postura pasiva de fungir sólo como receptora del pago, éste no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, no sucede lo mismo cuando en la boleta de infracción no se advierte que el oficial de tránsito hubiese determinado o liquidado alguna multa o infracción ni establecido las bases para cuantificarla (como acontece por ejemplo cuando se fija en específico el número de salarios mínimos que habrán de pagarse con motivo de la infracción), y en el recibo de pago se precisa la cantidad que el contribuyente debió enterar por concepto de multa por la infracción referida en la boleta, o bien, cuando en el recibo también se hace referencia a otros conceptos como parte del monto pagado, como podrían ser los de asistencia social, mejoras en servicio público, fomento al deporte, servicio de almacenaje, servicio de grúa y certificado médico, entre otros. Lo anterior es así, debido a que en esos dos supuestos, es evidente que la liquidación de dicha infracción y de los referidos conceptos fue realizada por la propia autoridad recaudadora, ya que no derivan directamente de la boleta de infracción, ni la actividad de la exactora se contrae a recibir pasivamente el pago que el particular realiza luego de haber sido determinado y liquidado por diversa autoridad, lo que pone de manifiesto que se trata de aspectos introducidos unilateralmente por dicha autoridad al momento del cobro y evidencia la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la referida autoridad, pues a través del cobro reflejado en el recibo de pago crea, modifica o extingue por sí o ante sí, una situación que afecta la esfera jurídica de aquél, ejerciendo facultades de decisión; de ahí que constituya un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera, la autoridad responsable Agencia de Administración Fiscal del Estado hizo valer que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico en este juicio. La causal hecha valer debe desestimarse al resultar infundada. Al respecto, los aludidos numerales en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos señalados se advierte que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que la parte quejosa demuestre su interés jurídico, del cual, su afectación debe ser de manera personal y directa. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma o acto u omisión reclamados; ello, siempre que alegue que éstos violan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; pudiendo promoverlo por sí, su representante legal, su apoderado o por cualquier persona en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente. Al respecto, es pertinente invocar la jurisprudencia 1ª./J.168/2007 con número de registro digital 170500 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De los preceptos legales aludidos, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que protege los derechos humanos del gobernado contra los actos de las autoridades; que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o sea, aquélla a quien perjudique una ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que importe una afectación a su esfera de derechos. A través del ejercicio de la acción constitucional, el quejoso reclama la tutela de un derecho público subjetivo que estima fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron el acto reclamado, o sea, mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental en el que se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce. Por tanto, quien ejerce la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo afectado por algún acto u omisión de las autoridades responsables y frente a tal evento, requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal; es decir, tiene necesidad que se respeten los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte que alega han sido vulnerados, porque al haber resentido un perjuicio, un menoscabo o un detrimento en su esfera jurídica, tiene interés en que la Justicia Federal el ampare. Así, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 fracción I, en relación con el 6, ambos de la Ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito indispensable que solamente quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, puede acudir a la vía constitucional. Por ello, si el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del quejoso sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Ahora bien, el quejoso ********************reclama la aplicación del impuesto del 20% adicional al pago de derechos reflejado en los recibos de pago número de serie ********************, folios ********************, todos de quince de septiembre de dos mil veintitrés; y de la serie ********************, con folios ********************, todos de veinticinco de septiembre del año en curso. Así, a lo expuesto por el aquí quejoso, el enfoque de afectación no puede ser otro que el atinente a la causación de un agravio personal y directo a un derecho subjetivo (presupuestos del interés jurídico), máxime que no refiere algún perjuicio derivado de su especial situación frente al orden jurídico y se trata de una omisión administrativa. Así, de la revisión de las documentales que fueron adjuntadas por la autoridad responsable y las cuales gozan de eficacia probatoria plena, se advierte la existencia de los recibos de pago antes mencionados, los cuales se encuentran expedidos a nombre del aquí quejoso. Por lo que claramente se advierte la aplicación por parte de la autoridad aquí señalada como responsable del cobro tildado en inconstitucional y, por tal motivo, se debe tener por demostrado el interés jurídico de la parte quejosa en este asunto y por tal motivo, se reitera, deba desestimarse la causal de improcedencia hecha valer. Finalmente, el Director Jurídico de la Agencia de Administrativa Fiscal de Yucatán, con residencia en esta ciudad, sostiene la improcedencia del juicio de amparo, alegando que parte quejosa no observó el principio de definitividad del juicio de amparo, en razón de que no se agotó previamente el recurso ordinario, lo que resulta infundado. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Ahora bien, existen diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación, en consecuencia, en el caso que nos ocupa procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse una de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que lo rige, ya que se reclaman actos relacionados con el cobro, ejecución y recaudación por concepto de un derecho, carentes de fundamentación. Ello, pues de los argumentos de la parte impetrante del amparo, se advierte que su agravio deriva de la falta de fundamentación del impuesto adicional del 20% que de manera genérica le impuso la responsable, por lo tanto, en el caso, el acto se ubica en una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que es precisamente cuando el acto carezca de fundamentación. En tanto que la responsable realizó diversos cobros a la parte quejosa indicando solamente lo siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR RPPC", esto es, el cobro realizado no contiene el precepto legal en el cual se fundamente el cobro de ese impuesto adicional; lo que pone en evidencia que los recibos de pago reclamados carecen de fundamentación y, por ende, se actualiza un caso de excepción. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/6 A (10a.), de rubro siguiente: ALUMBRADO PÚBLICO. LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL COBRO, EJECUCIÓN Y RECAUDACIÓN DEL DERECHO RELATIVO BASADOS EN EL AVISORECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DONDE ÚNICAMENTE SE LEEN LAS SIGLAS "DAP" O CUALQUIER SIMILAR, ACTUALIZAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR ENDE, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD. Aunado a lo anterior, el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a garantizar la supremacía constitucional y a evitar que todas las autoridades actúen fuera de los principios y lineamientos que alberga la Constitución Federal, y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es un medio de control de esa naturaleza, que aunque heterónomo, una vez integrada es obligatoria para cualquier órgano jurisdiccional y, por ende, la violación a la Constitución está implícita en la inobservancia de una jurisprudencia. En efecto, la doctrina y aun la Suprema Corte de Justicia de la Nación han aceptado que la jurisprudencia es fuente del derecho; esta última ha considerado que aquélla emerge de la fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes, en función de su aplicación a los casos concretos analizados y precisamente por ser fuente del derecho, dimana su obligatoriedad. En ese orden de ideas, cuando exista jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dable sostener que, independientemente de que trate un aspecto de legalidad debe analizarse la acción constitucional, al existir una violación manifiesta de la ley contra el quejoso que lo dejó sin defensa, estimar lo contrario implicaría un desconocimiento respecto de la notoria inconstitucionalidad del acto reclamado, derivada precisamente de la existencia de jurisprudencia. En ese sentido, resulta infundada la causa de improcedencia alegada. Al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este Juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa; por tanto, procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados consistentes en los recibos de pago número de serie ********************, folios ********************, todos de quince de septiembre de dos mil veintitrés; y de la serie ********************, con folios ********************, todos de veinticinco de septiembre del año en curso. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Para el estudio del presente asunto serán examinados los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción, al no existir disposición en la Ley de Amparo, que obligue al juzgador a transcribirlos para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. El análisis de los motivos de disenso se realizará sobre la óptica de la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, pues existe jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado inconstitucionales las leyes locales y municipales que establecen impuestos adicionales cuyas tasas son el pago que se deba efectuar por concepto de otro impuesto. Ahora, en la demanda de amparo, el quejoso argumenta que es indebido el cobro del veinte por ciento adicional calculado sobre el concepto de derechos y patentes en los recibos de pago número de serie ********************, folios ********************, todos de quince de septiembre de dos mil veintitrés; y de la serie ********************, con folios ********************, todos de veinticinco de septiembre del año en curso, porque carecen de fundamento legal; en consecuencia, es violatorio del derecho de proporcionalidad y equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Suplido en su deficiencia es fundado el concepto de violación, ya que el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, contiene un mecanismo de cobro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional. El impuesto cuyo cobro se reclama se encuentra previsto en la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, en los términos siguientes: Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social Sección Primera Del Objeto Artículo 42. El objeto de este impuesto, lo constituyen las erogaciones que se realicen por concepto de impuestos y derechos establecidos en esta ley. Sección Segunda Del Sujeto Artículo 43. Están obligados al pago del impuesto establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que efectúen las erogaciones a que se refiere el artículo inmediato anterior. Sección Tercera De la Base Artículo 44. La base de este impuesto, la constituirá el monto total de las erogaciones que realicen los contribuyentes, por concepto de pago de impuestos y derechos estatales. Sección Cuarta De la Tasa Artículo 45. El impuesto a que se refiere este capítulo, se determinará aplicando a la base, la tasa del 20%. Sección Quinta De la Causación y Época de Pago Artículo 46. Este impuesto se causará y pagará simultáneamente, con el pago de los impuestos y derechos objeto del mismo. Así, pues, las normas reproducidas establecen el impuesto adicional, cuyos sujetos obligados son los particulares, que de manera directa o solidaria lleven a cabo las erogaciones que se realicen por concepto de impuestos y derechos establecidos en la Ley de General de Hacienda del Estado de Yucatán, cuya base es el monto total de dichos pagos, con una tasa del veinte por ciento, destinándose para la ejecución de obras materiales y asistencia social. Los elementos que conforman la contribución del impuesto adicional, son: »» Sujeto pasivo. Las personas físicas o morales que sean contribuyentes de impuestos o derechos municipales. »»Objeto. Gravar los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos en la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. »» Hecho imponible. Realizar pagos por concepto de impuestos o derechos previstos en Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. »» Base gravable. El monto total de las erogaciones que realicen los contribuyentes, por concepto de pago de impuestos y derechos estatales. »» Tasa. Una tasa fija general del 20% para todos los impuestos y derechos. »» Época de pago. El pago se efectuará en el momento en que se realice el pago del impuesto o del derecho estatal que cause el impuesto adicional. De lo cual, se deduce que el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, es diferente del impuesto o derechos estatales sobre los que se causa, toda vez que cuenta con todos los elementos para ser considerado como un impuesto y no como una tasa adicional o sobretasa del que le sirve como base. En primer lugar, no está así establecido en todos y cada uno de los ordenamientos que prevén los supuestos de causación de los impuestos y derechos, sino que se encuentra previsto en un ordenamiento diverso como lo es la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. En segundo lugar, en este ordenamiento se señalan los sujetos pasivos, el objeto, el hecho imponible, la base gravable, la tasa y la época de pago, identificándose que el objeto del impuesto adicional, es el pago de impuestos y derechos estatales, elementos que difieren de los correspondientes a los impuestos principales. Además, la base gravable del impuesto adicional, es diversa a la del derecho o impuesto sobre el que se causa, como ya se dilucidó en el apartado anterior de este mismo considerando. En ese sentido, mientras que en los impuestos y derechos estatales se gravan los ingresos y el patrimonio del contribuyente, en el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, se grava el monto del pago de un tributo, sin atender a la operación o actividad económica que dio origen a su pago. Ahora, respecto al tema, se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos que prevén el impuesto adicional, resolvió que estas contribuciones violan el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no participan de los mismos elementos que los diversos tributos que sirven de base, lo que se traduce en que el impuesto adicional no sólo grava exclusivamente un impuesto imponiéndole una doble tasa, sino que el impuesto adicional tiene por objeto gravar todos los impuestos y derechos municipales. Determinación que quedó plasmada en la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.) de rubro: IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes. Como se puede observar, la Suprema Corte en el criterio en cita, precisó que los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos que prevén el impuesto adicional, violan el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues este impuesto no participa de los mismos elementos que los diversos tributos que sirven de base, lo que se traduce en que el impuesto adicional no se circunscribe a un impuesto imponiéndole una doble tasa, sino que el impuesto adicional tiene por objeto gravar todos los impuestos y derechos municipales. Criterio que resulta aplicable al caso, ya que la ley hacendaria yucateca, contiene el mismo mecanismo de recaudación que el descrito en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, cuyo contenido se declaró inconstitucional al ser contrario al principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, Constitucional y que ingresa, sin mayor dificultad, dentro del ámbito de regulación de ésta. Es así, pues en ambos preceptos legales se establece una contribución que grava todos los impuestos y derechos municipales y, en consecuencia, no se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. En esa tesitura, el cobro del Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, dado que la persona que pague más impuestos y derechos estatales, erogará una cantidad superior por concepto de impuesto adicional que aquél que pague menos impuestos y derechos. Lo anterior, sin que se atienda a la capacidad contributiva de la persona, ya que no se toma en consideración la manifestación de riqueza de éste, sino que se atiende a un elemento ajeno como lo es el monto del pago de un impuesto o derecho estatal; es decir, a una erogación que no modifica positivamente su patrimonio, sino que lo disminuye, aunado a que implica la imposición de una carga extra en su obligación tributaria, que resulta violatoria del principio de proporcionalidad, tutelado por el artículo 31, fracción IV, Constitucional. Es de citarse la tesis P.XXXV/2010, de rubro y texto: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RESPETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS, QUE ÉSTA ENCUENTRE RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO GRAVADO Y QUE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE GRAVABLE SE RELACIONEN ESTRECHAMENTE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varios criterios sobre el aludido principio tributario derivado de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que conviene considerar al analizar si una contribución lo respeta: I. Originalmente no se reconocía en el citado precepto constitucional una verdadera garantía hacia los gobernados, sino sólo la facultad potestativa del Estado relativa a su economía financiera; II. Posteriormente, se aceptó que el Poder Judicial de la Federación estudiara si una ley transgredía dicho numeral considerando que aunque no se encontrara dentro del capítulo relativo a las garantías individuales, su lesión violaba, en vía de consecuencia, los artículos 14 y 16 constitucionales; III. Después, se reconoció que aquel numeral contempla una verdadera garantía hacia los gobernados cuya violación era reparable mediante el juicio de garantías considerando lo exorbitante y ruinoso de una contribución; IV. Ulteriormente, se aceptó que la proporcionalidad es un concepto distinto a lo exorbitante y ruinoso estableciendo que su naturaleza radica en que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de manera que quienes tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Conforme a estas bases se desarrolló el ámbito de aplicación o alcance del principio de proporcionalidad a cada uno de los elementos de los tributos directos: i) Referido a la tasa o tarifa, se consideró que el pago de los tributos en proporción a la riqueza gravada puede conseguirse no sólo mediante parámetros progresivos, sino igualmente con porcentajes fijos; ii) En relación con los sujetos, se estableció que las contribuciones deben estar en función de su verdadera capacidad, es decir, existir congruencia entre el gravamen y su capacidad contributiva, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público; iii) Por cuanto se refiere a la base, tomando en cuenta que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica y que las consecuencias tributarias son medidas en función de la respectiva manifestación de riqueza gravada, siendo necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto; y iv) Finalmente, por lo que se refiere al objeto, se estableció que para evaluar la capacidad contributiva del causante, ésta debía estar en relación directa con el objeto gravado. Acorde con lo anterior, se concluye que un tributo directo respeta el principio de proporcionalidad tributaria, cuando exista congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva de los sujetos, que ésta encuentre relación directa con el objeto gravado y que el hecho imponible y la base gravable tengan igualmente una sensata correspondencia, pues de no colmarse alguno de estos parámetros aquél será inconstitucional." Expuesto lo anterior, en el particular, de los recibos de pago número de serie ********************, folios ********************, todos de quince de septiembre de dos mil veintitrés; y de la serie ********************, con folios ********************, todos de veinticinco de septiembre del año en curso, se desprende que el quejoso erogó la cantidad total de $5,031.00 (cinco mil treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondientes al impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social por RPPC. Es decir, la autoridad hacendaria adicionó al derecho por inscripción en general, la cantidad correspondiente al Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social, correspondiente al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En tal virtud, al haber aplicado en perjuicio del solicitante del amparo un impuesto cuyo mecanismo de recaudación es idéntico a uno diverso declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al violar en principio de proporcionalidad tributaria establecido en la carta magna, es que debe conceder la protección constitucional a para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación, a fin de restituir a la quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, se concede el amparo para el efecto de que: 1. La Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $5,031.00 (cinco mil treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), que es la suma correspondiente al impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, que fue cobrado en los recibos de pago número de serie ********************, folios ********************, todos de quince de septiembre de dos mil veintitrés; y de la serie ********************, con folios ********************, todos de veinticinco de septiembre del año en curso. 2. La cantidad que se devuelva deberá estar debidamente actualizada, e incluir los recargos e intereses generados, tomando como base la fecha de presentación de la demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************contra el acto que reclamó de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo; por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en representación de la autoridad responsable, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad, el mencionado en su informe de mérito. Téngase a la autoridad responsable proporcionando sus correos electrónicos, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales que adjunta a su informe de cuenta, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, a efecto de rendir su informe justificado; por tal razón, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su ligar, se fija el VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de un año a que hace referencia el artículo 15 de la Ley de Amparo, a fin de que el directo quejoso YOVANNY JOSE MCKENZIE CORDERO, se apersone al presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado; en consecuencia, con fundamento en lo que establece el propio dispositivo citado de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesta la demanda de amparo de que se trata, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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