Alejandro David Várguez Castillo

Expediente 1460/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1460/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandro David Várguez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1460/203-II, promovido por ********************por conducto de su apoderado legal ********************, contra el acto que reclama de la Agencia de Administración Fiscal del Estado; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado electrónicamente el seis de septiembre de dos mil veintitrés, ********************por conducto de su apoderado legal ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado. SEGUNDO. ADMISION DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclaman actos con ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar los actos que por esta vía se reclaman. En ese sentido, la parte quejosa reclama: El cobro del impuesto adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social, contenido en los recibos de pago número de serie DG, folios ******************** y ********************, todos de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director Jurídico, en representación de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, pero vertió manifestaciones que evidencian su certeza, pues su negativa se hizo descansar en que a su consideración, no reviste las características de un acto de autoridad, y no propiamente a que aquél era inexistente. Además, la certeza de los actos se corrobora con las copias certificadas de los recibos de pago que amparan el cobro del impuesto reclamado, los cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 8142 , que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Director Jurídico de la Agencia de Administrativa Fiscal de Yucatán, con residencia en esta ciudad, manifiesta que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues aduce que en el caso no se trata de un acto de autoridad, ya que con los recibos exhibidos por la parte quejosa únicamente demuestra que cumplió con el pago de sus obligaciones. Es infundada dicha causal de improcedencia invocada. De la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 294, de rubro: TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, así como de la ejecutoria que le dio origen, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de usticia de la Nación estableció que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos constituye solamente el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente y no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal, debido a que es el gobernado quien voluntariamente acude a liquidar dicho impuesto, sin que exista un acto coercitivo de la autoridad correspondiente. En la propia ejecutoria que motivó la aludida jurisprudencia, señaló que no acontece lo mismo en relación con la determinación unilateral del monto a pagar por concepto de dicho impuesto o la negativa a proporcionar los servicios administrativos ante la existencia de algún adeudo por el concepto señalado, al constituir indudablemente actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni requerir del consenso de la voluntad del afectado, debido a que la autoridad administrativa encargada del trámite ejerce una facultad de decisión, por lo que constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio le es irrenunciable. De esta manera, del criterio referido puede deducirse que, en términos generales, el recibo de pago de una contribución no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley, en el caso de que la autoridad no haya intervenido en la determinación del tributo ni hubiese desarrollado actos diversos e independientes de la autodeterminación realizada por el propio contribuyente. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando en el recibo de pago se hace referencia a otros conceptos como parte del monto pagado, como podrían ser los de asistencia social, mejoras en servicio público, fomento al deporte, servicio de almacenaje, servicio de grúa y certificado médico, entre otros, esto es así, debido a que en esos dos supuestos, es evidente que la liquidación de los referidos conceptos fue realizada por la propia autoridad recaudadora, ya que no derivan directamente del pago derivado del impuesto autodeterminado, ni la actividad de la exactora se contrae a recibir pasivamente el pago que el particular realiza luego de haber sido determinado y liquidado por diversa autoridad, lo que pone de manifiesto que se trata de aspectos introducidos unilateralmente por dicha autoridad al momento del cobro y evidencia la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la referida autoridad, pues a través del cobro reflejado en el recibo de pago crea, modifica o extingue por sí o ante sí, una situación que afecta la esfera jurídica de aquél, ejerciendo facultades de decisión; de ahí que constituya un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Sostiene lo anterior, la tesis Tesis: V.2o.P.A.13 A (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página 3037, con registro digital 2012863, de la Décima Época, con el rubro y texto siguientes: RECIBO DE PAGO DE UNA MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO LA ENTIDAD RECAUDADORA LIQUIDA EL MONTO DE LA INFRACCIÓN Y/O DE CONCEPTOS NO REFERIDOS EN LA BOLETA CORRESPONDIENTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 182/2008). De la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 294, de rubro: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", así como de la ejecutoria que le dio origen, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos constituye solamente el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente y no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal, debido a que es el gobernado quien voluntariamente acude a liquidar dicho impuesto, sin que exista un acto coercitivo de la autoridad correspondiente; de igual manera, señaló que no acontece lo mismo en relación con la determinación unilateral del monto a pagar por concepto de dicho impuesto o la negativa a proporcionar los servicios administrativos ante la existencia de algún adeudo por el concepto señalado, al constituir indudablemente actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni requerir del consenso de la voluntad del afectado, debido a que la autoridad administrativa encargada del trámite ejerce una facultad de decisión, por lo que constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio le es irrenunciable. De esta manera, del criterio referido puede deducirse que, en términos generales, el recibo de pago de una contribución no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley, en el caso de que la autoridad no haya intervenido en la determinación del tributo ni hubiese desarrollado actos diversos e independientes de la autodeterminación realizada por el propio contribuyente. En esas condiciones, si con motivo de una multa determinada por un agente de tránsito, el particular efectúa ante la tesorería el pago respectivo, sin que la entidad recaudadora realice determinación alguna, adoptando la postura pasiva de fungir sólo como receptora del pago, éste no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, no sucede lo mismo cuando en la boleta de infracción no se advierte que el oficial de tránsito hubiese determinado o liquidado alguna multa o infracción ni establecido las bases para cuantificarla (como acontece por ejemplo cuando se fija en específico el número de salarios mínimos que habrán de pagarse con motivo de la infracción), y en el recibo de pago se precisa la cantidad que el contribuyente debió enterar por concepto de multa por la infracción referida en la boleta, o bien, cuando en el recibo también se hace referencia a otros conceptos como parte del monto pagado, como podrían ser los de asistencia social, mejoras en servicio público, fomento al deporte, servicio de almacenaje, servicio de grúa y certificado médico, entre otros. Lo anterior es así, debido a que en esos dos supuestos, es evidente que la liquidación de dicha infracción y de los referidos conceptos fue realizada por la propia autoridad recaudadora, ya que no derivan directamente de la boleta de infracción, ni la actividad de la exactora se contrae a recibir pasivamente el pago que el particular realiza luego de haber sido determinado y liquidado por diversa autoridad, lo que pone de manifiesto que se trata de aspectos introducidos unilateralmente por dicha autoridad al momento del cobro y evidencia la existencia de una relación de supra a subordinación entre el gobernado y la referida autoridad, pues a través del cobro reflejado en el recibo de pago crea, modifica o extingue por sí o ante sí, una situación que afecta la esfera jurídica de aquél, ejerciendo facultades de decisión; de ahí que constituya un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo." Así, en el caso, de los argumentos que hace valer la parte impetrante del amparo, se advierte que su dolencia deriva de la falta de fundamentación y motivación al impuesto adicional del 20% que de manera genérica le asignó en sus recibos, esto es, no reclama el pago del tributo, sino el porcentaje del impuesto adicional. De ahí que en el caso y conforme a lo expuesto, sí se tenga como autoridad responsable a la Agencia de Administración Fiscal del Estado. Asimismo, la autoridad responsable indica que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que el quejoso no tiene interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, en virtud de que no se advierte que haya sido parte en la celebración del acto jurídico que motiva el pago del derecho en cuestión, causa de improcedencia que se estima infundada. Lo anterior se dice así, en virtud de que los recibos de pago que consignan el cobro del impuesto, se encuentran expedidos a nombre del directo quejoso; de ahí que haya resentido una afectación en su patrimonio con motivo del cobro del impuesto adicional, lo que resulta suficiente para acreditar la afectación a su esfera de derechos y por ende, el interés jurídico que se requiere para instar el juicio de amparo. En efecto, el artículo 5º de la Ley de Amparo establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Del precepto transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, según se corrobora de su texto, que es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." El presupuesto jurídico que contiene el precepto trascrito -interés jurídico-, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces no tendrá legitimación para promoverlo; en consecuencia, cuando acude al ejercicio de la acción constitucional, debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de derechos fundamentales resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o ley violatoria de sus derechos humanos, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como se denomina al que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o favorable o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle adversa, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparación de un perjuicio causado por su actuar. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis que a continuación se insertan: "INTERES JURIDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que era transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." "PERJUICIO E INTERES JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Consecuentemente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación por un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones: a) Un interés exclusivo, actual y directo; b) Reconocido y tutelado por la ley; y c) Esta protección legal se resuelva en aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debe distinguirse entre perjuicio e interés jurídico como condición para la procedencia del juicio de amparo con el perjuicio económico (no jurídico) sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es una condición para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto o grupo de individuos y no afectarse su esfera jurídica. En ese contexto, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: 1. Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no se tenía; o, 2. Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Pormenorizado lo anterior, en el particular la parte quejosa sustentó su reclamo en el pago del impuesto que señala como acto reclamado, cuyo pago acreditó con los recibos oficiales correspondientes, expedidos a su nombre y por el concepto referido, lo que a decir de la suscrita, se estima suficiente para acreditar la afectación a su patrimonio, necesaria para acudir a esta instancia constitucional en salvaguarda de ese derecho subjetivo. De ahí que no se actualiza la causal de improcedencia invocada. Finalmente, el Director Jurídico de la Agencia de Administrativa Fiscal de Yucatán, con residencia en esta ciudad, sostiene la improcedencia del juicio de amparo, alegando que la quejosa no observó el principio de definitividad del juicio de amparo, en razón de que no se agotó previamente el recurso ordinario, lo que resulta infundado. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Ahora bien, existen diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación, en consecuencia, en el caso que nos ocupa procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse una de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que lo rige, ya que se reclaman actos relacionados con el cobro, ejecución y recaudación por concepto de un derecho, carentes de fundamentación. Ello, pues de los argumentos de la parte impetrante del amparo, se advierte que su agravio deriva de la falta de fundamentación del impuesto adicional del 20% que de manera genérica le impuso la responsable, por lo tanto, en el caso, el acto se ubica en una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que es precisamente cuando el acto carezca de fundamentación. En tanto que la responsable realizó diversos cobros a la parte quejosa indicando solamente lo siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR RPPC", esto es, el cobro realizado no contiene el precepto legal en el cual se fundamente el cobro de ese impuesto adicional; lo que pone en evidencia que los recibos de pago reclamados carecen de fundamentación y, por ende, se actualiza un caso de excepción. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/6 A (10a.), de rubro siguiente: "ALUMBRADO PÚBLICO. LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL COBRO, EJECUCIÓN Y RECAUDACIÓN DEL DERECHO RELATIVO BASADOS EN EL AVISORECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DONDE ÚNICAMENTE SE LEEN LAS SIGLAS "DAP" O CUALQUIER SIMILAR, ACTUALIZAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR ENDE, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD." Aunado a lo anterior, el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a garantizar la supremacía constitucional y a evitar que todas las autoridades actúen fuera de los principios y lineamientos que alberga la Constitución Federal, y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es un medio de control de esa naturaleza, que aunque heterónomo, una vez integrada es obligatoria para cualquier órgano jurisdiccional y, por ende, la violación a la Constitución está implícita en la inobservancia de una jurisprudencia. En efecto, la doctrina y aun la Suprema Corte de Justicia de la Nación han aceptado que la jurisprudencia es fuente del derecho; esta última ha considerado que aquélla emerge de la fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes, en función de su aplicación a los casos concretos analizados y precisamente por ser fuente del derecho, dimana su obligatoriedad. En ese orden de ideas, cuando exista jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dable sostener que, independientemente de que trate un aspecto de legalidad debe analizarse la acción constitucional, al existir una violación manifiesta de la ley contra el quejoso que lo dejó sin defensa, estimar lo contrario implicaría un desconocimiento respecto de la notoria inconstitucionalidad del acto reclamado, derivada precisamente de la existencia de jurisprudencia. En ese sentido, resulta infundada la causa de improcedencia alegada. Al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este Juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa; por tanto, procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren, en aras del principio de economía procesal, aunado a que, no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a reiterarlos. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. El análisis de los motivos de disenso se realizará sobre la óptica de la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, pues existe jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado inconstitucionales las leyes locales y municipales que establecen impuestos adicionales cuyas tasas son el pago que se deba efectuar por concepto de otro impuesto. Ahora, en la demanda de amparo, el quejoso argumenta que es indebido el cobro del veinte por ciento adicional calculado sobre el concepto de derecho por inscripción en los recibos de pago número de serie DG, folios ******************** y ********************, todos de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, porque carece de fundamento legal, en consecuencia, es violatorio del derecho de proporcionalidad y equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se adelantó, suplido en su deficiencia es fundado el concepto de violación, ya que el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, contiene un mecanismo de cobro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional. El impuesto cuyo cobro se reclama se encuentra previsto en la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, en los términos siguientes: "CAPÍTULO VI Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social Sección Primera Del Objeto Artículo 42. El objeto de este impuesto, lo constituyen las erogaciones que se realicen por concepto de impuestos y derechos establecidos en esta ley. Sección Segunda Del Sujeto Artículo 43. Están obligados al pago del impuesto establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que efectúen las erogaciones a que se refiere el artículo inmediato anterior. Sección Tercera De la Base Artículo 44. La base de este impuesto, la constituirá el monto total de las erogaciones que realicen los contribuyentes, por concepto de pago de impuestos y derechos estatales. Sección Cuarta De la Tasa Artículo 45. El impuesto a que se refiere este capítulo, se determinará aplicando a la base, la tasa del 20%. Sección Quinta De la Causación y Época de Pago Artículo 46. Este impuesto se causará y pagará simultáneamente, con el pago de los impuestos y derechos objeto del mismo." Así, pues, las normas reproducidas establecen el impuesto adicional, cuyos sujetos obligados son los particulares, que de manera directa o solidaria lleven a cabo las erogaciones que se realicen por concepto de impuestos y derechos establecidos en la Ley de General de Hacienda del Estado de Yucatán, cuya base es el monto total de dichos pagos, con una tasa del veinte por ciento, destinándose para la ejecución de obras materiales y asistencia social. Los elementos que conforman la contribución del impuesto adicional, son: Sujeto pasivo. Las personas físicas o morales que sean contribuyentes de impuestos o derechos municipales. Objeto. Gravar los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos en la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Hecho imponible. Realizar pagos por concepto de impuestos o derechos previstos en Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. Base gravable. El monto total de las erogaciones que realicen los contribuyentes, por concepto de pago de impuestos y derechos estatales. Tasa. Una tasa fija general del 20% para todos los impuestos y derechos. Época de pago. El pago se efectuará en el momento en que se realice el pago del impuesto o del derecho estatal que cause el impuesto adicional. De lo cual, se deduce que el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, es diferente del impuesto o derechos estatales sobre los que se causa, toda vez que cuenta con todos los elementos para ser considerado como un impuesto y no como una tasa adicional o sobretasa del que le sirve como base. En primer lugar, no está así establecido en todos y cada uno de los ordenamientos que prevén los supuestos de causación de los impuestos y derechos, sino que se encuentra previsto en un ordenamiento diverso como lo es la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. En segundo lugar, en este ordenamiento se señalan los sujetos pasivos, el objeto, el hecho imponible, la base gravable, la tasa y la época de pago, identificándose que el objeto del impuesto adicional, es el pago de impuestos y derechos estatales, elementos que difieren de los correspondientes a los impuestos principales Además, la base gravable del impuesto adicional, es diversa a la del derecho o impuesto sobre el que se causa, como ya se dilucidó en el apartado anterior de este mismo considerando. En ese sentido, mientras que en los impuestos y derechos estatales se gravan los ingresos y el patrimonio del contribuyente, en el impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, se grava el monto del pago de un tributo, sin atender a la operación o actividad económica que dio origen a su pago. Ahora, respecto al tema, se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos que prevén el impuesto adicional, resolvió que estas contribuciones violan el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no participan de los mismos elementos que los diversos tributos que sirven de base, lo que se traduce en que el impuesto adicional no sólo grava exclusivamente un impuesto imponiéndole una doble tasa, sino que el impuesto adicional tiene por objeto gravar todos los impuestos y derechos municipales. Determinación que quedó plasmada en la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.) de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes." Como se puede observar, la Suprema Corte en el criterio en cita, precisó que los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos que prevén el impuesto adicional, violan el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues este impuesto no participa de los mismos elementos que los diversos tributos que sirven de base, lo que se traduce en que el impuesto adicional no se circunscribe a un impuesto imponiéndole una doble tasa, sino que el impuesto adicional tiene por objeto gravar todos los impuestos y derechos municipales. Criterio que resulta aplicable al caso, ya que la ley hacendaria yucateca, contiene el mismo mecanismo de recaudación que el descrito en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, cuyo contenido se declaró inconstitucional al ser contrario al principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, Constitucional y que ingresa, sin mayor dificultad, dentro del ámbito de regulación de ésta. Es así, pues en ambos preceptos legales se establece una contribución que grava todos los impuestos y derechos municipales y, en consecuencia, no se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. En esa tesitura, el cobro del Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, dado que la persona que pague más impuestos y derechos estatales, erogará una cantidad superior por concepto de impuesto adicional que aquél que pague menos impuestos y derechos. Lo anterior, sin que se atienda a la capacidad contributiva de la persona, ya que no se toma en consideración la manifestación de riqueza de éste, sino que se atiende a un elemento ajeno como lo es el monto del pago de un impuesto o derecho estatal; es decir, a una erogación que no modifica positivamente su patrimonio, sino que lo disminuye, aunado a que implica la imposición de una carga extra en su obligación tributaria, que resulta violatoria del principio de proporcionalidad, tutelado por el artículo 31, fracción IV, Constitucional. Es de citarse la tesis P.XXXV/2010, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RESPETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS, QUE ÉSTA ENCUENTRE RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO GRAVADO Y QUE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE GRAVABLE SE RELACIONEN ESTRECHAMENTE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varios criterios sobre el aludido principio tributario derivado de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que conviene considerar al analizar si una contribución lo respeta: I. Originalmente no se reconocía en el citado precepto constitucional una verdadera garantía hacia los gobernados, sino sólo la facultad potestativa del Estado relativa a su economía financiera; II. Posteriormente, se aceptó que el Poder Judicial de la Federación estudiara si una ley transgredía dicho numeral considerando que aunque no se encontrara dentro del capítulo relativo a las garantías individuales, su lesión violaba, en vía de consecuencia, los artículos 14 y 16 constitucionales; III. Después, se reconoció que aquel numeral contempla una verdadera garantía hacia los gobernados cuya violación era reparable mediante el juicio de garantías considerando lo exorbitante y ruinoso de una contribución; IV. Ulteriormente, se aceptó que la proporcionalidad es un concepto distinto a lo exorbitante y ruinoso estableciendo que su naturaleza radica en que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de manera que quienes tengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Conforme a estas bases se desarrolló el ámbito de aplicación o alcance del principio de proporcionalidad a cada uno de los elementos de los tributos directos: i) Referido a la tasa o tarifa, se consideró que el pago de los tributos en proporción a la riqueza gravada puede conseguirse no sólo mediante parámetros progresivos, sino igualmente con porcentajes fijos; ii) En relación con los sujetos, se estableció que las contribuciones deben estar en función de su verdadera capacidad, es decir, existir congruencia entre el gravamen y su capacidad contributiva, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público; iii) Por cuanto se refiere a la base, tomando en cuenta que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica y que las consecuencias tributarias son medidas en función de la respectiva manifestación de riqueza gravada, siendo necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto; y iv) Finalmente, por lo que se refiere al objeto, se estableció que para evaluar la capacidad contributiva del causante, ésta debía estar en relación directa con el objeto gravado. Acorde con lo anterior, se concluye que un tributo directo respeta el principio de proporcionalidad tributaria, cuando exista congruencia entre el gravamen y la capacidad contributiva de los sujetos, que ésta encuentre relación directa con el objeto gravado y que el hecho imponible y la base gravable tengan igualmente una sensata correspondencia, pues de no colmarse alguno de estos parámetros aquél será inconstitucional." Expuesto lo anterior, en el particular, de los recibos de pago número de serie DG, folios ******************** y ********************, todos de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se desprende que el quejoso erogó diversas cantidades, correspondientes al impuesto adicional para la ejecución de obras materiales. Es decir, la autoridad hacendaria adicionó al derecho por inscripción en general, la cantidad correspondiente al Impuesto Adicional para la Ejecución de Obras Materiales y Asistencia Social, correspondiente al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En tal virtud, al haber aplicado en perjuicio del solicitante del amparo un impuesto cuyo mecanismo de recaudación es idéntico a uno diverso declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al violar en principio de proporcionalidad tributaria establecido en la carta magna, es que debe conceder la protección constitucional a para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación, a fin de restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales violados, se concede el amparo para el efecto de que: 1.- La Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, devuelva a la parte quejosa las cantidades correspondientes al impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social, que fue cobrado en los recibos de pago número de serie DG, folios ******************** y ********************, todos de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. 2.- La cantidad que se devuelva deberá estar debidamente actualizada, e incluir los recargos e intereses generados, tomando como base la fecha de presentación de la demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra el acto que reclamó de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán; precisado en el considerando segundo y para los efectos precisados en el último subsecuente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, el quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1460/2023-II promovido por Alejandro David Várguez Castillo, por conducto de su representante legal. En audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con el auto admisorio, constancia de notificación a la autoridad responsable y su informe justificado, notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguidamente, la Jueza acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informe justificado de la responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. En el período de pruebas se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto que ofreció también está ultima, con su informe de ley. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración como corresponda, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado este período. Acto continuo, en el periodo de alegatos, se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho, por lo que la Jueza cierra esta etapa de la audiencia. Y al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Karla Alexandra Domínguez Aguilar. Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. Hilda Adriana Chan Canto. Secretaria de Juzgado.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de la vista que se le diera a las partes en auto de cinco de octubre del presente año, respecto del informe justificado correspondiente al Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y señalar nueva fecha para su celebración. En virtud de lo anterior, se señala el SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por identidad de razón, la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán y un anexo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad a los mencionados en su informe con justificación. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las prueba instrumental de actuaciones, presuncional en su doble aspecto y documental que adjunto a su informe de cuenta, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano