Alejandro David Várguez Castillo
Expediente 1238/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandro David Várguez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el treinta de octubre del presente año; sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. ANTECEDENTES En el segundo punto resolutivo de la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa Alejandro David Várguez Castillo, por conducto de su apoderado legal Francisco Alberto Torres Cataño, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: "a) Que se dejen insubsistentes los recibos de pago 237120, 237121, 237887, 237888, 237889, 239409, 239410, 239411, 239412 y 239413 de la serie QF, y el cobro de la suma por concepto "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA. b) Se devuelvan las cantidades que por dicho concepto le fueron cobradas de manera indebida al quejoso. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir un nuevo recibo de pago purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración". Por acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad remitió el oficio número AAFY/DJ/CAE/1454/2023, de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, recibido por auto de dieciocho siguiente, mediante el cual informó que se emitió la resolución de fecha veintisiete de septiembre del presente año, donde se procedió a devolver la cantidad actualizada de los recibos de pago 237120, 237121, 237887, 237888, 237889, 239409, 239410, 239411, 239412 y 239413 de la serie QF, a favor de Alejandro David Várguez Castillo. Asimismo adjuntó, copia certificada del acta de notificación y del cheque número 401 de fecha doce de octubre de dos mil veintitrés, por la cantidad de $1,193.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 M.N.). ANÁLISIS Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno incidental respectivo, adjuntándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. DESTINO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a la parte quejosa de la vista de cumplimiento: treinta de octubre del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés (fecha en que la responsable emitió la resolución por la que ordenó la devolución al quejoso). Fecha de recepción del oficio de cumplimiento: diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, y anexo que acompaña; que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que la notificación para las partes de la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se hizo el veintidós siguiente, y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio, y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la ley de la materia, se le impondrá en lo individual, multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal, que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1238/2023-VII-B, promovido por Alejandro David Várguez Castillo, por conducto de su apoderado legal Francisco Alberto Torres Cataño, contra el acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica por el uso de la FIREL en fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, compareció Alejandro David Várguez Castillo, por conducto de su apoderado legal Francisco Alberto Torres Cataño, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuye a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 1238/2023-VII-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa; la cual previo diferimiento, tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57, fracción IV, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El impuesto del 20% adicional al pago de derechos aplicado en los recibos de pago con folios 237120, 237121, 237887, 237888, 237889, 239409, 239410, 239411, 239412, 239413, 240729 y 240730 de la serie QF. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues no obstante su Director Jurídico los negó al rendir su informe justificado (registro 14099); realizó diversas manifestaciones de donde se desprende su existencia. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable sostiene la improcedencia del juicio de amparo, alegando que la parte quejosa no observó el principio de definitividad del juicio de amparo, en razón de que no se agotó previamente el recurso ordinario, lo que resulta infundado. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Ahora bien, existen diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación, en consecuencia, en el caso que nos ocupa procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse una de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que lo rige, ya que se reclaman actos relacionados con el cobro, ejecución y recaudación por concepto de un derecho, carentes de fundamentación. No obstante lo anterior, en el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De los preceptos señalados se advierte que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que la parte quejosa demuestre su interés jurídico, del cual, su afectación debe ser de manera personal y directa. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma o acto u omisión reclamados; ello, siempre que alegue que éstos violan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; pudiendo promoverlo por sí, su representante legal, su apoderado o por cualquier persona en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente. Al respecto, es pertinente invocar la jurisprudencia 1ª./J. 168/2007 con número de registro digital 170500 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De los preceptos legales aludidos, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que protege los derechos humanos del gobernado contra los actos de las autoridades; que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o sea, aquélla a quien perjudique una ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que importe una afectación a su esfera de derechos. A través del ejercicio de la acción constitucional, el quejoso reclama la tutela de un derecho público subjetivo que estima fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron el acto reclamado, o sea, mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental en el que se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce. Por tanto, quien ejerce la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo afectado por algún acto u omisión de las autoridades responsables y frente a tal evento, requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal; es decir, tiene necesidad que se respeten los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte que alega han sido vulnerados, porque al haber resentido un perjuicio, un menoscabo o un detrimento en su esfera jurídica, tiene interés en que la Justicia Federal el ampare. Así, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 fracción I, en relación con el 6, ambos de la Ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito indispensable que solamente quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, puede acudir a la vía constitucional. Por ello, si el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del quejoso sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Ahora bien, el quejoso Alejandro David Várguez Castillo, reclama la aplicación del impuesto del 20% adicional al pago de derechos reflejado, entre otros, en los recibos de pago con folios 240729 y 240730 de la serie QF. Así, a lo expuesto por el aquí quejoso, el enfoque de afectación no puede ser otro que el atinente a la causación de un agravio personal y directo a un derecho subjetivo (presupuestos del interés jurídico), máxime que no refiere algún perjuicio derivado de su especial situación frente al orden jurídico y se trata de una omisión administrativa. Aunque, la parte peticionaria de protección constitucional bajo protesta de decir verdad manifestó tal aplicación por parte de la autoridad aquí señalada como responsable, sin embargo, es insuficiente, para demostrar fehacientemente la vulneración a su derecho humano de afectación jurídica. Lo anterior, por cuanto hace a los recibos de pago con folios 240729 y 240730 de la serie QF, en los que aparece como datos del receptor y trámite Guillermo Ávila Vázquez. Por ende, al tratarse de un ajeno a la presente Litis, ello origina que no justifique su interés jurídico, ni legítimo, para ejercer la acción constitucional, ya que no está demostrado el perjuicio del que se adolece en relación con esos recibos de pago en concreto. Además, el hecho de que se tenga por presumida en términos de ley la existencia del acto reclamado, no es suficiente para demostrar su interés jurídico, de ahí que la presunción legal del acto no subsana la falta de acreditación del interés jurídico ni legítimo de la parte promovente del amparo. Es aplicable al caso la tesis publicada en la página trescientos setenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, octava época, con número de registro digital 208500 cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En tal sentido, es dable afirmar que tratándose del acto reclamado en este juicio, el quejoso debió acreditar fehacientemente que presentó las solicitudes en lo que hace a los recibos de pago con folios 240729 y 240730 de la serie QF, que generaron la aplicación del impuesto reclamado; de ahí, que al no hacerlo no demostró su interés jurídico para acudir a juicio por cuanto a dichos recibos respecta. En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio en cuanto al análisis de fondo de los recibos de pago con folios 240729 y 240730 de la serie QF; con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."; y Al no quedar pendiente el análisis de alguna diversa causa de improcedencia del juicio de amparo, planteada por las partes o que deba examinarse de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Análisis de la litis. Resulta substancialmente fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, motivo por el cual deberá de otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal. Sostiene el impetrante del amparo, que es ilegal el actuar de la autoridad responsable por falta de fundamentación y motivación, ya que el impuesto adicional consignado en los recibos de pago reclamados, no tiene sustento jurídico, pues no se informó el concepto por el cual se cobra un veinte por ciento adicional a los derechos que adquirió. Resulta fundado el concepto de violación relatado con antelación y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En principio debe determinarse, aun brevemente, lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. El artículo 16 Constitucional, en su parte conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Este derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Del artículo Constitucional antes transcrito, en su parte conducente, se desprenden como requisitos que todo acto de autoridad tener, los siguientes: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se concluye que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que, no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados, como sucede en el presente caso. Se dice lo anterior, ya que el quejoso manifestó en su demanda que los días diez y dieciocho de julio pasado, al realizar diversos pagos, tuvo que desembolsar un 20% adicional en cada uno de ellos, sin que se le informe el concepto por el que se le cobró de tal manera. Así las cosas, de los recibos de pago exhibidos por el quejoso, si bien se advierte en lo que aquí interesa la descripción: "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR RPPC", en modo alguno, se desprende que la responsable hubiese señalado el fundamento legal por el cual hizo el cobro de ese impuesto adicional del 20%, pues no obstante asentó la denominación del impuesto adicional que aplicó, con ello no demuestra que su actuar hubiese estado ajustado a derecho. Esto es, la autoridad responsable debió emitir y/o expedir un acto particularizado, es decir, un recibo de pago en el que además de indicar el nombre completo del impuesto que se le estaba cobrando al quejoso, debía asentar su fundamento legal, con la finalidad de que el gobernado tenga conocimiento correcto y completo de ello, respetando su derecho fundamental de seguridad jurídica. Lo cual no aconteció. A lo que se suma, que la responsable, al rendir su informe justificado tampoco señaló el fundamento legal del referido impuesto, con el que al ser un acto meramente administrativo, pudiera considerarse que complementó el acto reclamado, de conformidad al último párrafo, del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, se llega a la determinación de que la autoridad responsable no acreditó haber emitido los recibos de pago de manera adecuada, siendo que eso resultaba necesario para que el quejoso estuviera en posibilidad de conocer la causa legal del proceder de la autoridad y así estar en aptitud, en su caso, de combatir la ley que contiene el referido gravamen. En las condiciones expuestas, se concluye que el acto reclamado no satisface el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues como ya se precisó anteriormente, el acto de que se duele el quejoso resulta violatorio de sus derechos fundamentales. Por ello, ante la ilegalidad del acto de autoridad, se impone conceder el amparo para los efectos siguientes: a) Que se dejen insubsistentes los recibos de pago con folios 237120, 237121, 237887, 237888, 237889, 239409, 239410, 239411, 239412 y 239413 de la serie QF, y el cobro de la suma por concepto "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA." b) Se devuelvan las cantidades que por dicho concepto le fueron cobradas de manera indebida al quejoso. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir un nuevo recibo de pago purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que se opone a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro David Várguez Castillo, por conducto de su apoderado legal Francisco Alberto Torres Cataño, contra el acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones precisadas en la consideración cuarta de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Alejandro David Várguez Castillo, por conducto de su apoderado legal Francisco Alberto Torres Cataño, contra el acto que atribuyó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el considerando octavo, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
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