Alejandro David Várguez Castillo
Expediente 865/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandro David Várguez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el nueve del actual mes; sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. ANTECEDENTES En el primer punto resolutivo de la sentencia firmada el once de julio de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa Alejandro David Várguez Castillo, por conducto de su apoderado legal Francisco Alberto Torres Cataño, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: " a). Que se dejen insubsistentes los recibos de pago 212188 y 212189 de la serie QF y el cobro de la suma por concepto "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR RPPC." b) Se devuelvan las cantidades que por dicho concepto le fueron cobradas de manera indebida al quejoso. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir un nuevo recibo de pago purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración." Por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la resolución de mérito y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad remitió el oficio número AAFY/DJ/CAE/1071/2023, de cuatro de agosto de dos mil veintitrés y recibido por auto de siete siguiente, mediante el cual informó que se emitió la resolución de fecha veinte de julio del presente año, donde se afecta el importe de los recibos de pago 212188 y 212189 de la serie QF, por la devolución de la cantidad actualizada incluyendo intereses resultando en $239.00 M.N. (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 00/100 M.N.) a favor del C. Alejandro David Várguez Castillo, asimismo adjuntó entre otros, copia certificada del oficio AAFY/DR/R/RS/0296/2023 que contiene dicha resolución y del cheque número 234 de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, por la cantidad de $239.00 M.N. (SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 00/100 M.N.), notificado el citado quejoso, de lo anterior el cuatro de agosto del presente año. ANÁLISIS Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno incidental respectivo, adjuntándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. DESTINO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: siete de agosto de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a la parte quejosa de la vista de cumplimiento: nueve de agosto del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio AAFY/DJ/CAE/1071/2023, signado por el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con lo informado por la autoridad responsable, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de once de julio del año dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en cuyo primer punto resolutivo, se CONCEDIÓ A LA PARTE QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado ese propio día a este órgano jurisdiccional, compareció ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuye a la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 865/2023-VIII-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa; la cual tuvo lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El cobro de un impuesto adicional del 20%, en los recibos oficiales emitidos por la responsable, con números de folio ******************** y ******************** de la serie ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues no obstante su Director Jurídico los negó al rendir su informe justificado; realizó diversas manifestaciones de donde se desprende su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis. Resulta substancialmente fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, motivo por el cual deberá de otorgársele el amparo y protección de la Justicia Federal. Sostiene el impetrante del amparo, que es ilegal el actuar de la autoridad responsable por falta de fundamentación y motivación, ya que el impuesto adicional consignado en los recibos de pago reclamados, no tiene sustento jurídico, pues no se informó el concepto por el cual se cobra un veinte por ciento adicional a los derechos que adquirió. Resulta fundado el concepto de violación relatado con antelación y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En principio debe determinarse, aun brevemente, lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. El artículo 16 Constitucional, en su parte conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Este derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Del artículo Constitucional antes transcrito, en su parte conducente, se desprenden como requisitos que todo acto de autoridad tener, los siguientes: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se concluye que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que, no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados, como sucede en el presente caso. Se dice lo anterior, ya que el quejoso manifestó en su demanda que el uno de junio del año en curso, al realizar el pago de los recibos ******************** y ******************** de la serie ********************, tuvo que desembolsar un 20% adicional en cada uno de ellos, sin que se le informe el concepto por el que se le cobró de tal manera. Así las cosas, de los recibos de pago exhibidos por el quejoso, si bien se advierte en lo que aquí interesa la descripción: "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR RPPC", sin que se aprecie en modo alguno, que la responsable hubiese señalado en dicho recibo, el fundamento por el cual hizo el cobro de ese impuesto adicional del 20%. No pasa inadvertido que la responsable refiera en su informe justificado que ese cobro que se le hizo al quejoso corresponde al pago del impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social y su fundamento, pues con ello no demuestra que su actuar hubiese estado ajustado a derecho, ya que la autoridad responsable debió emitir y/o expedir un acto particularizado, es decir, un recibo de pago en el que además de indicar el nombre completo del impuesto que se le estaba cobrando al quejoso, debía asentar su fundamento legal, con la finalidad de que el gobernado tenga conocimiento correcto y completo de ello, respetando su derecho fundamental de seguridad jurídica. Por lo anteriormente expuesto, se llega a la determinación de que la autoridad responsable no acreditó haber emitido los recibos de pago de manera adecuada, siendo que eso resultaba necesario para que el quejoso estuviera en posibilidad de conocer la causa legal del proceder de la autoridad y así estar en aptitud, en su caso, de combatir la ley que contiene el referido gravamen. En las condiciones expuestas, se concluye que el acto reclamado no satisface el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, pues como ya se precisó anteriormente, el acto de que se duele el quejoso resulta violatorio de sus derechos fundamentales. Por ello, ante la ilegalidad del acto de autoridad, se impone conceder el amparo para los efectos siguientes: a). Que se dejen insubsistentes los recibos de pago ******************** y ******************** de la serie ******************** y el cobro de la suma por concepto "IMPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL POR RPPC." b) Se devuelvan las cantidades que por dicho concepto le fueron cobradas de manera indebida al quejoso. Resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá emitir un nuevo recibo de pago purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo (fundamentación), pues debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que la parte impetrante del amparo, desde la presentación de la demanda, manifestó su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, lo cual fue acordado favorablemente mediante proveído de cinco de junio del año en curso; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, contra el acto que reclamó de la Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
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