Alejandro Daniel Sánchez Guerrero
Expediente 281/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Daniel Sánchez Guerrero
Actuaciones
- Principal
+PRAL. 281/2019 5-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil diecinueve. Firmeza del desechamiento de la demanda de amparo. ... se advierte que ha transcurrido el término de cinco días ... sin que el quejoso ******* interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de marzo de este año, por el cual se desechó su demanda de amparo -fojas 54 a 60-. .. se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del acuerdo de desechamiento, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo. ... archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de tal característica, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devolución de constancias. Toda vez que este asunto está concluido, se ordena la devolución del expediente original del juicio de divorcio incausado ********, exhibido por la juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro -foja 10-. Notifíquese. (...)
- Principal
PRAL.281/2019-5B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Visto el oficio signado por de la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, mediante el cual remite a) el expediente relativo al juicio de amparo directo 135/2019 formado con motivo de la demanda promovida por Alejandro Daniel Sánchez Guerrero, contra actos del juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y b) el expediente original del juicio de divorcio incausado 1496/2018; fórmese expediente impreso y electrónico, y radíquese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 281/2019. Aceptación de competencia. Por las razones que expone la autoridad oficiante, mismas que este órgano judicial comparte, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada; acúsese el recibo correspondiente, y comuníquese esta determinación a las partes. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Tomo anexo. Con el expediente original del juicio de divorcio incausado 1496/2018, remitido por la autoridad oficiante, se ordena formar el primer tomo anexo a este juicio de amparo, respetando su folio y entresello. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa impugna la resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente familiar 1496/2018, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la parte en la que la autoridad judicial le impone la obligación de proporcionar alimentos de manera provisional a favor de sus menores hijos (2) -foja 14-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, del estudio de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" El artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. En relación con el principio de definitividad existe el criterio siguiente, que no contraviene a la actual Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). En la especie, el incumplimiento al principio de definitividad se estima verificado ante la omisión de la parte quejosa de agotar el recurso ordinario de defensa previsto en el artículo 664 novodecies, 670, 671, 672, 673, 674, 675 y demás relativos aplicables, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, con el que puede lograr la anulación o revocación del acto reclamado. Cierto, en virtud de que, como se indicó, el quejoso impugna la parte relativa de la resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente familiar 1496/2018, relativo al juicio de divorcio incausado, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la que la autoridad judicial le impone la obligación de proporcionar alimentos de manera provisional a favor de sus menores hijos (2) -foja 14-. Medida provisional que la juez responsable fijó en atención a que las partes del referido procedimiento de divorcio no llegaron a un acuerdo respecto al convenio relativo a los alimentos que se deben ministrar a sus menores hijos -foja 69 del expediente familiar 1496/2018-. Determinación que admite el recurso de apelación, cuya procedencia está prevista en el citado artículo 664 novodecies, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece: "Artículo 664 Novodecies.- La sentencia que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente es apelable en el efecto devolutivo la resolución que recaiga respecto del o los convenios presentados." En tal virtud, previo a la promoción del juicio de amparo, resultaba necesario agotar el recurso de apelación a que se refiere el numeral transcrito, pues dicho medio ordinario puede provocar la anulación o revocación de la resolución reclamada. Se invoca en apoyo a lo anterior, por los razonamientos que contiene, la tesis con registro 2003036 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES. De la interpretación del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe entenderse que el término "resoluciones" engloba a los decretos, autos y sentencias previstos por el artículo 79 del mismo código, por lo que si dichas determinaciones constituyen resoluciones, y el artículo citado en primer término no distingue entre el tipo de resoluciones que pueden impugnarse, y tampoco prohíbe la impugnación de los actos emitidos después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, sino más bien lo permite expresamente al establecer que "las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto de los convenios presentados" son recurribles, debe concluirse que el artículo citado en primer término permite expresamente la impugnación de las diversas resoluciones que se emitan después de decretada la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa. Lo anterior es compatible con lo señalado en la exposición de motivos correspondiente, en cuanto el legislador da un tratamiento distinto a la disolución del vínculo matrimonial y a la determinación de las obligaciones que subsisten a la terminación de dicho vínculo, dado que sostuvo que simplificar el proceso de divorcio "permitiría poner más énfasis en los demás puntos controvertidos"; se pronunció expresamente en cuanto a la procedencia del recurso de apelación para impugnar las cuestiones materia de los convenios y manifestó que uno de los objetivos de la reforma era que "los justiciables encuentren en la autoridad un instrumento idóneo para dirimir sus conflictos". No debe pasarse por alto que las cuestiones inherentes al matrimonio objeto de los convenios constituyen prestaciones principales de la demanda, y que por lo tanto, la sentencia definitiva del juicio de divorcio es aquella que resuelve en forma definitiva todas esas cuestiones y, por lo tanto, las resoluciones que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial deben ser recurribles; de otra manera el procedimiento previsto para dirimir dichas controversias no podría ser un instrumento idóneo, pues se privaría a las partes de la posibilidad de inconformarse con las resoluciones. Además, de no permitirse la impugnación de cualquier auto o resolución que ponga fin a una controversia sin decidir el fondo de la misma, podrían quedar sin resolverse ciertas determinaciones que por su materia resultan de suma importancia, ya que atañen a cuestiones relacionadas con menores y alimentos. En conclusión, si la sentencia que resuelve todas las prestaciones contenidas en la demanda y contestación constituye la sentencia definitiva, porque resuelve en su totalidad lo relativo a las obligaciones que subsisten a la disolución del vínculo matrimonial, en términos del primer párrafo del artículo 685, y del segundo párrafo del artículo 691, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni se trata de persona extraña al procedimiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. en cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Así como la tesis XXI.1o.45 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo contenido es: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de plano, se desecha la demanda de amparo promovida por Alejandro Daniel Sánchez Guerrero. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que señala en su demanda. Con apoyo en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado al licenciado Humberto Javier López Hernández, por estar dado de alta en el sistema para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las demás personas que menciona la parte quejosa en su demanda. Lo anterior, en virtud de que no se encontró registro de sus cédulas en el referido sistema. Publicación de datos personales En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE LO HAGA EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miguel Ángel Ovando Jerónimo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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