Alejandro Carmona Ledezma

Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1279/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Carmona Ledezma
  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, llevador de la carpeta judicial OAX/000615/2022

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SENTENCIA. VISTO, para resolver los autos del juicio de amparo 1279/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO: Demanda de amparo. Mediante demanda presentada el cinco de noviembre de dos mil veintidós, de forma electrónica mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, registrada el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el siete de noviembre de esa anualidad, promovida por ********************, por conducto de su defensor público federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, con la demanda de amparo se ordenó formar el expediente relativo, se registró en el libro de gobierno con el número 1279/2022 y se previno a la parte quejosa la aclarara en los términos precisados en dicho proveído. El quince de noviembre de la pasada anualidad se admitió a trámite de la demanda de amparo, y se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado. TERCERO. Cambio defensor. En proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado informó que el directo quejoso revocó al defensor público federal que lo asistía en su defensa y, en su lugar, designó, como su defensora particular, a la licenciada Aidee Barrientos Salinas. El trece de enero de este año se requirió al directo quejoso a fin de que manifestara si era su deseo, o no, continuar la tramitación de este juicio de amparo a través de la licenciada Aidee Barrientos Salinas, a quien designó como su nueva defensora particular en el proceso penal del que derivan los actos reclamados. Atento a que el quejoso expresó su voluntad de continuar la tramitación de este sumario a través de la defensora particular aludida, se ordenó hacer del conocimiento dicho particular a la aludida profesionista, además de correrle traslado con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; actuación que fue practicada por el actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl. CUARTO. Emplazamiento de terceros interesados. En auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados: Agentes del Ministerio Público Federales a) Jesús Manuel Álvarez Irineo y b) Ángel Armando Bautista Chávez. Germán Martínez Vargas, asesor jurídico CEAV. QUINTO. Audiencia constitucional. El dieciocho de abril de este año se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto se reclama a una autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama de la juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado: El auto de vinculación a proceso de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta judicial ********************. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable, juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieren hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Cabe precisar que, de ser procedente, se hará el uso del principio de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, incluso ante la ausencia de éstos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tratarse la parte quejosa del imputado en el proceso penal de origen. SEXTO. Estudio de fondo. Se estima conveniente analizar de manera conjunta los conceptos de violación formulados por el quejoso, dada la estrecha relación que existe entre sí, lo cual encuentra su fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, y no causa perjuicio a la parte quejosa, pues la ley no prohíbe el estudio en forma conjunta de los conceptos de violación, siempre y cuando se analicen todos los puntos planteados. Resulta oportuno destacar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tengan la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 constitucional. En ese entendido, en el análisis que se efectuará en esta sentencia serán considerados los requisitos que ahora señala el referido artículo 16 de la Constitucional Federal, pues, acorde a la reforma, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; como así lo ilustra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Y la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 430, registro 167829, del rubro siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 TAMBIÉN DEPENDE DE LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL PROPIO DECRETO, LO CUAL ES DETERMINANTE PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD RELATIVO". En ese contexto, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, celebrada en la carpeta judicial 615/2022 y que fueron ponderadas por la juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, es decir, este Juzgado de Distrito debe limitarse a analizar los datos de prueba que le fueron ofrecidos a la juez responsable, porque, de considerar otros elementos probatorios, se vulneraría el artículo que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.1º.8 P (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, tomo III, visible en la página 2902, registro 2007612, del rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Ahora, el auto de vinculación a proceso de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta judicial 615/2022, está regido por el artículo 19 constitucional, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Es importante destacar que el auto de vinculación a proceso constituye un acto de molestia, y los requisitos para su dictado se contemplan en el artículo 19 constitucional; dicho numeral dispone que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se requiere que los datos de prueba acrediten que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probable responsabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, para la emisión del auto de vinculación a proceso, el juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues tal cuestión es permitida únicamente al representante social, al imputado y a su defensa; quienes en la audiencia inicial, específicamente, el fiscal que formule la imputación, deberá reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información que proporcionen las partes, con lo que el juzgador deberá emitir el auto de vinculación, motivo por el cual no puede exigírsele en este estado procesal describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente, por no tenerlos a la vista, pues, se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le proporcionen las partes. Así, resulta necesario mencionar los siguientes antecedentes del acto reclamado de forma sucinta y que obran en el disco remitido por la autoridad responsable, a saber: A. El quince de octubre de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación inicial en la carpeta judicial 615/2022, instruida contra ********************, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria (minuto 00:47:26 Parte 1 de A1). B. El agente del Ministerio Público le comunicó la imputación por los siguientes hechos (minuto 00:47:53 Parte 1 de A1). 1. La carpeta de investigación 615/2022, iniciada en su contra se originó con motivo de la puesta a disposición que realizaron los elementos de la policía federal ministerial en colaboración con los elementos de la Guardia Nacional y que los hechos "corren agregados dentro del informe policial homologado" 2. El doce de octubre de dos mil veintidós conducía -el quejoso- el vehículo de motor Chevrolet, modelo Aveo, sedan, placas de circulación PCX1438, del Estado de México, color guinda, sobre la carretera federal 190, a la altura del kilómetro 219+000, del tramo Jalapa del Marquez, Tehuantepec, Oaxaca. 3. Al acercarse al punto identificado con conos, trafitambos y con señalamientos que se encuentran enfrente del COBAO, plantel número 35 de Jalapa del Marquez; fue detenido por el policía federal ministerial al conducir a exceso de velocidad, sin respetar los reductores de velocidad. 4. Al ser entrevistado por los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal ministerial, escucharon el acento de los tripulantes, el cual es diferente al de los de la región; y uno de los tripulantes, específicamente el copiloto, les ofreció que les daría para el refresco. 5. Advierten también que una de las personas que viajaba en la parte trasera manifestó ser de Ecuador, motivo por el cual los elementos aprehensores pidieron el apoyo al Instituto Nacional de Migración. 6. Al arribar el elemento del Instituto Nacional de Migración a dicho lugar y previa entrevista con los tripulantes, determinó que las personas son de origen ecuatoriano, que eran transportadas -por el quejoso- hacia la ciudad de Oaxaca y que se encuentran de manera irregular en el país, esto para evadir las volantas migratorias de rescate humanitario y a las demás autoridades; y que dicho transporte lo realizaba con el fin de obtener un lucro indebido. 7. Las personas que firman el informe policial homologado son Jesús Adrián Espejel Oaxaca, Antonio Sanjuan Hernández (policías federales ministeriales) y Damián Aquino Miranda (guardia nacional). 8. Dichos hechos actualizan el delito de violación a la Ley de Migración en la hipótesis de a quien transporte por el territorio nacional a una o varias personas de origen extranjero que se encuentren de manera irregular en el país, esto con la finalidad de evadir la revisión migratoria y así obtener un lucro indebido; ilícito previsto en el artículo 159, fracción III, con la agravante prevista contemplada en el artículo 160, fracción I, de la citada Ley de Migración, en relación con los artículo 7, 8 y 9, párrafo primero y 13, fracción II, del Código Penal Federal. 9. Que se actualiza la agravante porque dentro de las cinco personas que fueron rescatadas, una de ellas es menor de edad, del sexo femenino. C. Una vez que se le comunicó la imputación y los hechos que obran en la carpeta de investigación, y previo cuestionamiento, ******************** se reservó su derecho a declarar (minuto 00:52:51 Parte 1 de A1). D. El agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y dio a conocer que en el legajo de investigación existían diversos datos de prueba, a saber (minuto 00:53:08 Parte 1 de A1). Informe policial homologado de doce de octubre de dos mil veintidós, suscrito por Jesús Adrián Espejel Oaxaca, Antonio Sanjuan Hernández (policías federales ministeriales) y Damián Aquino Miranda (guardia nacional). Dictamen en materia de criminalística de campo, emitido por la perito María Teresa Ortiz Cordero, con folio 7974. Dictamen en materia de tránsito terrestre, emitido por la perito Marlen Gómez González, con folio 7969. Documentación fotográfica emitida por el perito Miguel Ángel Santiago Rojas, con número de folio 7973. Oficio 1590/2022 emitido por la licenciada Leticia Girón Gómez, jefa de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Migración. Inspección "al lugar de la detención", practicada por el elemento Antonio Salinas Santos, el trece de octubre de dos mil veintidós. Inspección al vehículo de motor, practicada por el elemento Antonio Salinas Santos, el trece de octubre de dos mil veintidós. Inspección de un teléfono celular, dos billetes y cinco tarjetas plásticas, practicada por el elemento Antonio Salinas Santos, el trece de octubre de dos mil veintidós. Entrevista practicada a Ricardo Luna Estrada, por el elemento Antonio Salinas Santos, el trece de octubre de dos mil veintidós. Entrevista practicada a Armando de la Cruz Rey, por el elemento Antonio Salinas Santos, el trece de octubre de dos mil veintidós. Entrevista practicada a Damián Aquino Miranda, por el elemento Antonio Salinas Santos, el trece de octubre de dos mil veintidós. Entrevista practicada a Constantino García Sánchez, por el elemento Antonio Salinas Santos, el trece de octubre de dos mil veintidós. Entrevistas practicadas "a las personas" de origen ecuatoriano, practicadas por Luis Alberto Flores Espinosa. E. Después de haberse desahogado las pruebas ofrecidas por el agente del Ministerio Público investigador, se concedió el uso de la voz al imputado y a su defensa, quienes se acogieron al plazo constitucional ampliado (minuto 01:35:26 Parte 1 de A1) y se fijaron las diez horas del veinte de octubre de dos mil veintidós para resolver su situación jurídica (minuto 01:36:41 Parte 1 de A1). F. El veinte de octubre de dos mil veintidós se vinculó a proceso al imputado de referencia (minuto 00:46:06 Parte 4 de A2). Hecha la anterior reseña, se estima apegada a derecho la determinación de la autoridad judicial responsable, en la que se dictó auto de vinculación a proceso contra el ahora quejoso ********************, pues atendió lo dispuesto por el artículo 19, párrafo primero, constitucional, que dispone que para vincular a proceso a una persona debe establecerse lo siguiente: a) El delito que se reprocha al imputado. b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c) Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este último requisito, se precisa que para dictar el auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, se debe resolver la vinculación o no a proceso, con base en los datos de prueba a que haga referencia el agente del Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a ello, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Así, en la resolución de situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos; como así lo ilustra la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Además, es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el sistema de justicia penal oral y acusatorio. Los primeros (requisitos de forma) son los siguientes: De forma. 1.1. Que sea emitido por una autoridad judicial competente. 1.2. Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del juez, en el sentido de que desarrolla una investigación contra el imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento. 1.3. Que el imputado haya rendido declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia, debido a que, por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción. 1.4. Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional. 1.5. Que de la exposición del Fiscal se exprese el hecho que se señale como delito que se reprocha al imputado; además: 1.6 El lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. Los segundos (requisitos de fondo), son los siguientes: De fondo Que de los antecedentes de la investigación expuestos por la agente del Ministerio Público se adviertan datos de prueba que establezcan: 2.1. La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, 2.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2.3. Además, deberá indicar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Así, de la reproducción y estudio del disco óptico (DVD) que contiene la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, celebrada en la carpeta judicial 615/2022 en la que se vinculó a proceso al ahora quejoso, al tenor del artículo 19 constitucional, como correctamente lo consideró la responsable, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo antes precisados; es decir, la resolución de vinculación a proceso reclamada se dictó ajustada a derecho; por ello, no irroga violación alguna a los derechos humanos del ahora quejoso, en los términos que a continuación se precisarán. En cuanto a los requisitos de forma, el primero (1.1.) se cumplió, pues la resolución en la que se dictó el auto de vinculación a proceso fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, por la juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado; asimismo, por cuanto hace a la competencia (objetiva), respecto de la materia, al ser hechos delictuosos cuyo conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal del fuero federal por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron sobre la carretera federal 190, a la altura del kilómetro 219+000, del tramo Jalapa del Marquez, Tehuantepec, Oaxaca; lugar donde ejerce jurisdicción la autoridad señalada como responsable; asimismo, se encuentra legitimada para resolver la situación jurídica (minuto 00:18:12 Parte 4 de A2). El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho (1.2), ya que la representación social formuló imputación contra el ahora quejoso, esto es, el fiscal, en la audiencia de quince de octubre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial 615/2022, ante la presencia de la juez responsable, comunicó al aquí quejoso el desarrollo de la investigación respecto de los hechos que informó como constitutivos del delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado conforme al diverso numeral 160, fracción I, de la misma legislación (minuto 00:18:31 Parte 4 de A2). El tercero de los requisitos también se encuentra satisfecho (1.3.), en razón de que en la audiencia de imputación se advierte que la jueza de control hizo saber al imputado su derecho a declarar o guardar silencio; derecho que ejerció, inicialmente, cuando manifestó que se reservaba el derecho de declarar, según se advierte del archivo del disco versátil (minuto 00:18:52 Parte 4 de A2). En relación al cuarto de los requisitos (1.4.), debe indicarse que el imputado, previo asesoramiento de su defensa, solicitó que su situación jurídica se resolviera en el plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se señaló el veinte de octubre de dos mil veintidós, para resolver su situación jurídica. El quinto de los requisitos (1.5.) también se encuentra colmado, puesto que en el auto de vinculación a proceso dictado al quejoso se especificó el ilícito por el cual se le formuló imputación, esto es, el delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado conforme al diverso numeral 160, fracción I, de la misma legislación. Por lo que hace al sexto requisito (1.6.), el mismo se encuentra acreditado, en razón que, en el acto reclamado, en el cual la representación social formuló imputación, se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos, conforme a lo que se narró, que enseguida se describe: 1. El doce de octubre de dos mil veintidós, el quejoso conducía el vehículo de motor Chevrolet, modelo Aveo, sedan, placas de circulación PCX1438, del Estado de México, color guinda, sobre la carretera federal 190, a la altura del kilómetro 219+000, tramo Jalapa del Marquez, Tehuantepec, Oaxaca. 2. Al acercarse al punto identificado con conos, trafitambos y señalamientos que se encuentran enfrente del COBAO, plantel número 35 de Jalapa del Marquez; fue abordado por los elementos de la Guardia Nacional y de la policía Federal Ministerial, ya que iba a exceso de velocidad y sin respetar los reductores de velocidad. 3. En ese momento los elementos de seguridad se percataron que los tripulantes de ese automotor tenían un acento diferente al de la región; además de que el copiloto les ofreció que les daría para el refresco. 4. Una de las personas que viajaba en la parte trasera del vehículo manifestó ser de Ecuador, motivo por el cual los elementos aprehensores pidieron el apoyo al Instituto Nacional de Migración. 5. Al arribar el elemento integrante del Instituto Nacional de Migración a dicho lugar y previa entrevista con los tripulantes, determinó que las personas son de origen ecuatoriano; que se encontraban de manera irregular en el país, que eran transportados por el quejoso hacia la ciudad de Oaxaca, evadiendo las volantas migratorias para rescate humanitario y a las demás autoridades. 6. Que la Fiscalía lo califica como un delito en materia de migración, particularmente la hipótesis de transportar a personas extranjeras por territorio nacional, con el fin de obtener un lucro indebido, y que además entre las personas iba una menor de edad. Que dicho ilícito se encuentra previsto en la Ley de Migración con una pena de ocho a dieciséis años, y sancionado con multa de cinco mil a quince mil días, en caso de albergar o transportar por el territorio nacional, con el objeto de obtener, directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros, con el fin de evadir la revisión migratoria y se agrava hasta en una mitad de las penas previstas cuando las conductas se realizan respecto de niñas, niños y adolescentes. 7. Se establece para ese momento procesal, de manera razonable: la existencia de las personas extranjeras, que son los sujetos pasivos del delito, esto es, personas que no sean de nacionalidad mexicana; también la conducta que es: su transporte, consistente en su traslado por territorio nacional, es decir, llevándolos de un lugar a otro, dentro de las entidades federativas y todos los lugares que integran el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución del país; y que esto se realice, además, con el fin de obtener un lucro, es decir una ganancia económica, por llevar a cabo ese transporte. 8. Además, que se realice en ciertas circunstancias que denoten que se pretende evadir la revisión migratoria, es decir, evitar que las personas extranjeras sean sujetas al control de migración, ya sea tomando rutas alternas para no pasar por los puestos de revisión migratoria, simular algún viaje, o tomar algunas medidas para pasar inadvertidos ante la autoridad de migración. 9. Así, se puede establecer el transporte de personas extranjeras, ecuatorianas por territorio nacional. Así, de forma correcta, la juez responsable consideró que existía suficiencia probatoria en el caso particular, debido a que con los datos de prueba se acreditó el hecho penalmente relevante de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, por lo siguiente: La juez responsable al emitir el auto de vinculación a proceso consideró los medios de convicción siguientes (minuto 00:23:54 Parte 4 de A2): Informe policial homologado que relata que el doce de octubre de dos mil veintidós, el quejoso iba conduciendo un vehículo Chevrolet, Aveo, acompañado de personas extranjeras, entre ellas, una niña; que trató de evadir el puesto de revisión que tenía implementado la Guardia Nacional, pues no se detuvo al pasar los topes, incluso tomó otro carril -contrario-, para rebasar. Informe que se corrobora con los dictámenes en fotografía terrestre y tránsito terrestre, que dan cuenta del vehículo, esto es, del medio de transporte empleado, así como de sus características. Que, a su vez, se concatenan con el oficio del Instituto Nacional de Migración, respecto de las personas extranjeras, en cuanto expone que se trata de personas en situación irregular en el país, que no habían tenido un ingreso previo al Estado Mexicano. La inspección "al lugar de la detención" da cuenta que se trata de una carretera que corre de Oaxaca a Tehuantepec, así como del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, COBAO, al que se refiere el informe policial homologado, respecto del cual tomó fotografías; en tanto que la inspección del vehículo informa que dicho automotor tiene vidrios polarizados o entintados, que no permiten ver desde el exterior hacia el interior. Las entrevistas a los diversos elementos, de la policía federal ministerial y Guardia Nacional, Ricardo Luna, Armando de la Cruz y Damián Aquino resultan coincidentes con lo expuesto en el informe policial homologado, pues refirieren que tuvieron conocimiento de los hechos; pues, el primero, dio aviso que el vehículo que conducía el quejoso se pasó los reductores de velocidad, dando "alerta" de dichos hechos; el segundo recibió dicha "alerta"; y el último elemento citado comandaba el puesto de control provisional preventivo. En tanto que Constantino García, elemento del Instituto Nacional de Migración, da cuenta de que se le llamó para verificar "la calidad" de unas personas a fin de determinar si eran extranjeros, o no, corroborando dicho supuesto -de que eran extranjeros-, además de que aquéllos no contaban con documentos para estar legalmente en el país; aunado a que dichas personas en entrevista, ante su asesor jurídico, refirieron ser de nacionalidad extranjera. Así, la juez responsable determinó que con dichos datos de prueba se puede establecer que las personas -extranjeras- eran trasladadas a bordo de un vehículo, Chevrolet, aveo, conducido, al parecer, por el aquí quejoso, por territorio nacional, al menos por el Estado de Oaxaca, por la carretera Tehuantepec-Oaxaca. Pues, precisó, el informe policial homologado conserva validez probatoria, pese a que la defensa expresó, por una parte, que aquél no es creíble; y, por otra, que atento al criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 275/2019, las autoridades de migración no tienen facultades para realizar revisiones fuera de los lugares para el tránsito internacional de personas; no obstante, refirió la responsable, que al tratarse de un precedente y de que los hechos a los que aquél se refiere, resultan diversos a los acontecidos en el caso, pues el puesto de control provisional preventivo ya se encontraba establecido por la Guardia Nacional, y a ese puesto se hicieron presentes los elementos de policía federal ministerial, para realizar funciones de investigación, como les instruyó el agente del Ministerio Público, y solicitaron el auxilio de la Guardia Nacional. Ello evidencia que no se trata de un puesto de revisión migratoria o una revisión migratoria en lugares distintos a los predestinados por la ley, como lo señaló el Máximo Tribunal de la Nación; máxime que en aquél se contempla la facultad que tienen las autoridades distintas a las de migración para requerir documentación a personas extranjeras dentro del territorio nacional en supuestos diversos y con sustento en diversas legislaciones. En el caso, el puesto de revisión de control provisional preventivo tiene sustento en las leyes que rigen la seguridad pública, entre otros, el artículo 21 constitucional, además de que los elementos de la policía federal ministerial se encontraban realizando funciones de investigación como lo contempla el aludido numeral, bajo el mando del Ministerio Público; por lo que, si en esas funciones ajenas a la de migración se percataron de un vehículo que no tomó en cuenta los señalamientos, no disminuyó su velocidad, que el elemento de Guardia Nacional que estaba abanderando le indicó que se detuviera, no obstante, no "hizo caso", pues se pasó los topes, trató de irse y de no pasar por el puesto de revisión tomando el carril en sentido contrario, ello le generó sospecha, del por qué el conductor, aquí quejoso, no quería pasar por el puesto de control policial, el cual es ajeno al control migratorio al cual se avocó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el precedente invocado por la defensa. Así, el motivo por el cual se ordenó al vehículo detenerse, y que fue atendido por el quejoso, fue la actitud que adoptó de tratar de no tener contacto con la autoridad, especialmente con la policía federal ministerial, que estaba cumpliendo funciones de investigación, y se auxilió de la Guardia Nacional, a quienes se les llamó para verificar la información de la persona que conducía el vehículo; no obstante, dado que el agente de la Guardia Nacional se encontraba en movimiento en ese tramo carretero, realizando volantas móviles de rescate humanitario, se llamó al agente de Migración quien acudió al llamado de la policía federal ministerial y de la Guardia Nacional. Personal de Migración que, no obstante de que no tuvo intervención en el hecho ilícito, se hizo presente en el lugar al cual fue llamado, a fin de salvaguardar los derechos de las personas extranjeras, verificar su nacionalidad y, en su caso, se les rescatara. Así, los elementos de la policía federal ministerial y de la Guardia Nacional se habían percatado de que las personas, al menos en ese momento, se adscribieron como extranjeras, ecuatorianas y, por ende, "ya había flagrado el delito"; por lo que la intervención del elemento del Instituto Nacional de Migración fue para corroborar la información y rescatar a las personas extranjeras. Por lo anterior se detuvo al quejoso, de manera legal, en flagrante delito, al ir transportando por territorio nacional a personas con calidad de extranjeras; además de que las manifestaciones que hicieron esas personas -extranjeras- al elemento Espejel Oaxaca, generaron una sospecha razonable de que se pudiera estar cometiendo un delito, y que las víctimas fueran las personas extranjeras. Por otra parte, las manifestaciones expresadas por los extranjeros en cuanto dijeron "échenos la mano jefe, le damos para el refresco", al no estar detenidas en ningún momento, ni ser imputadas de ningún delito, son permisibles, en tanto fueron espontáneas, sin coacción, no fueron requeridas por los policías para obtener una respuesta incriminatoria, y la Suprema Corte es consistente en el sentido de que se pueden hacer preguntas a las personas sobre su ruta, destino, identidad, hasta en tanto no sean detenidas, en razón de lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal; entonces, lo que dijeron las personas -extranjeras- a los policías en cuanto ofrecieron dinero o alguna dádiva para que los dejaran ir, no es una declaración auto incriminatoria. Por otra parte, precisó la responsable que al margen de que en el parte policial homologado no se hubiera precisado que el vehículo en el que se transportaba a las personas extranjeras contara con vidrios entintados o polarizados, dicho aspecto fue expuesto en el dictamen pericial en criminalística que le fue realizado; y que esa característica de los vidrios -entintados o polarizados- no permiten ver su interior desde el exterior. En tanto que el arribo del elemento del Instituto Nacional de Migración, al puesto de control, para realizar funciones de rescate, en diez o quince minutos posteriores a que se le solicitó su apoyo, resultaba creíble. Así, el informe policial homologado es creíble, es claro, conserva su valor probatorio, y permite establecer, en conjunto con los demás datos de prueba, el transporte de personas extranjeras, ecuatorianas, por territorio nacional. Respecto de que dicho transporte se haya realizado con la intención de obtener un lucro, una ganancia económica y de evadir la revisión migratoria; refirió la responsable que atento a que la ley no establece medios de comisión específicos de dicha evasión -de la revisión migratoria-, y que aquélla puede realizarse, tratando de evitar los puestos de revisión migratoria, tomando rutas alternas, mediante actos de simulación, esto es, que aun cuando se pase ante la autoridad migratoria, las personas pasen inadvertidas a la misma autoridad. En el caso, las personas extranjeras, de inicio no ingresaron de forma legal al país; no tenían, ni querían, pasar por la revisión de la autoridad migratoria; los vidrios del vehículo que tripulaban eran polarizados, por lo que no se podía ver desde el exterior al interior las personas que iban a bordo; por lo que, aunque hubiera pasado el vehículo ante la autoridad migratoria, de inicio no sería posible ver a las personas que lo tripulaban. Por otra parte, las maniobras efectuadas por el quejoso, evidencian su intención de evadir el puesto de control, dado que intentó, desde el inicio, de no pasarlo, en tanto que no adoptó las medidas para disminuir su velocidad, incluso, refieren los elementos de la Guardia Nacional que se pasó los topes, y trató de tomar el carril en sentido contrario para rebasar y no pasar el puesto de control; esas circunstancias denotan que, sabiendo de la calidad de las personas extranjeras que transporta en su vehículo, hizo todo lo necesario para no pasar ante la autoridad, para que aquéllas no fueran sometidas al control migratorio, inclusive atentando contra su integridad y de las personas, tomando el carril contrario para poder rebasar y no pasar por el control de migración. En cuanto al lucro, expresa la responsable que las acciones realizadas por el quejoso para eludir el control migratorio denotan su intención de percibir una ganancia económica, dinero, algo en especie, por el transporte de las personas extranjeras, ello, a fin de compensar las consecuencias que implicaba realizarlo, entre ellas, el riesgo de perder su libertad, ante la comisión de un delito; además, al realizar un viaje en un vehículo, que no se advierte si es, o no, de su propiedad, en un lugar que no es el de su residencia, implica el pago del combustible; en su caso, casetas, peaje, comida, bebidas hidratantes para poder realizar el viaje; todo eso, de manera conjunta e integral permite establecer que no se trató de un viaje por condiciones humanitarias, por el que el quejoso quisiera ayudar a las personas ecuatorianas, pues no hay dato de que, por lo menos, pertenezca a una asociación civil u organización no gubernamental. Así, de manera indiciaria y considerando la totalidad de las circunstancias, como lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto establece que la valoración de los datos y elementos de prueba será conjunta, armónica e integral permiten establecer que el quejoso pretendía obtener alguna ganancia económica al realizar ese tipo de viaje. Por lo que, determinó la responsable, se puede establecer que realizó el traslado de las personas extranjeras, ecuatorianas, por el Estado de Oaxaca, con el fin de evadir la revisión migratoria, incluso, porque realizó maniobras para evadir la revisión, en el caso, de la Guardia Nacional y que ello lo realizó con el fin de obtener una ganancia económica; además, el transporte de las personas extranjeras, lo realizó respecto de una menor de edad. En tanto que el informe rendido por personal del Instituto Nacional de Migración expone cuál es la calidad de las personas -extranjeras- y que una de las personas transportadas se trató de una menor de edad; aspecto que fue determinado atento a la información que se advirtió del certificado médico y sus características anatómicas; además de que se entrevistó a las personas extranjeras, y la mamá de la niña aportó el pasaporte de su hija, del que se advierte su nacionalidad -ecuatoriana- y su edad. De ese modo, los datos de prueba analizados por la juez responsable son suficientes para determinar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado conforme al diverso numeral 160, fracción I, de la misma legislación. Por tanto, los antecedentes relatados por la Fiscalía y considerados por la juez responsable arrojaron los suficientes y razonables indicios para corroborar los elementos integrantes de la conducta atribuida, consistentes en: Una acción dirigida a albergar o transportar por el territorio nacional, de un punto geográfico a otro, a uno o varios extranjeros. Que ese albergue o transporte se realice con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. En cuanto a la probable participación, dijo la juez responsable (minuto 00:44:28 Parte 4 de A2) que también quedó colmada, pues el quejoso fue señalado tanto por la policía federal, como por el personal del Instituto Nacional de Migración, como la persona que conducía el vehículo y trató de evadir la revisión de la Guardia Nacional, tomando el carril contrario, transportando a personas de nacionalidad extranjera y que fueran vistas a bordo del vehículo, sin que se le perdiera de vista. Que dicha acción se realizó de manera dolosa, pues era consciente de que transportaba, en su vehículo, personas de nacionalidad extranjera, con la intención de llevarlas a un lugar determinado sin pasar por la revisión migratoria, conducta que se prolongó en el tiempo, pues mientras se realizó el traslado del lugar de donde partió -aunque aquél no se conoce- hasta la intervención de la autoridad policiaca, se concretó el traslado de las personas, sin que se advierta alguna causa de exclusión del delito o que extinga la acción penal. Razones todas por las que consideró justificada la existencia del delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, y la probabilidad de que ******************** intervino en su comisión; por lo cual dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Conclusión que se estima ajustada a derecho, fundada y motivada con suficiencia, ya que, como quedó reseñado, en estricto acatamiento de la facultad que le confiere el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez de Control responsable valoró cada dato de prueba y los analizó en su conjunto, justificando los motivos de su determinación, pues especificó qué se obtenía de cada uno de ellos y de qué forma servían para acreditar el hecho imputado, y los relacionó en la audiencia; determinación que se encuentra apegada a derecho, pues, efectivamente, existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito de transportar por territorio nacional a personas extranjeras con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria y la probabilidad de que ******************** lo cometió. En ese contexto, el análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar que devienen infundados, por lo siguiente: La parte quejosa argumenta que se vulneraron en su perjuicio sus derechos humanos y el debido proceso, pues los datos de prueba aportados por la Fiscalía "no son razonables" para considerar que se ha cometido el ilícito en estudio, medularmente porque no se acredita a) el lucro b) ni la finalidad de evadir la revisión migratoria; además de que la responsable no debió otorgar valor probatorio a las expresiones vertidas por los extranjeros al policía federal ministerial Jesús Adrián Espejel Oaxaca, particularmente las consistentes en "ya denos chance jefe y le damos para el refresco", "vamos aquí adelante a Oaxaca", "venimos de aquí atrás", "oficial somos de Ecuador". Invocando, en apoyo, a los conceptos vertidos, las tesis de rubros: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN.", "DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO." Así como la diversa de rubro: "DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. SI LOS POLICÍAS CAPTORES, POR SÍ Y SIN LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, TOMARON LA DECLARACIÓN AUTOINCRIMINATORIA DEL IMPLICADO CONTENIDA EN EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, ES LEGAL QUE EL JUEZ DE CONTROL, EN SU DECISIÓN, NO LA CONSIDERE Y LA EXCLUYA DEL MATERIAL PROBATORIO." Del análisis realizado a la resolución reclamada, no se advierte que la autoridad judicial responsable hubiere realizado una inadecuada apreciación de los datos de prueba que fueron vertidos por el fiscal; que dicha apreciación no se hubiera ajustado a los principios que rigen el debido proceso legal, que los hubiera alterado o que se actualice una infracción a las reglas fundamentales de la lógica, los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. En efecto, como se señaló con anterioridad, acorde con el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de un auto de vinculación a proceso exige, entre otras cuestiones, que los datos establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, entre los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, conforme al artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que a) se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y b) que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, se entenderá que obran datos que establecen la actualización de un hecho delictivo cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Ahora, de conformidad con los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba se valorarán de manera libre y lógica, esto es, con base en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Las reglas de la lógica rigen el razonamiento de tipo deductivo, inductivo o abductivo bajo los principios de a) identidad, b) no contradicción, c) tercero excluido y d) razón suficiente. Por su parte, los conocimientos científicos implican el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación y que, por regla general, es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento. Finalmente, las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que, por ello, pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados, esto es, son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso. Los requisitos que se exigen en las máximas de la experiencia son: a) deben ser aceptadas en el ambiente sociocultural en que el juez se desarrolla y mueve, a modo de patrimonio de la cultura media, b) no deben estar contradichas por los conocimientos científicos vigentes y aceptados en la comunidad, y c) no deben oponerse a otras de semejante valor que se apoyan en el sentido común, en la experiencia o en la observación. Así, hasta este momento procesal, los datos aportados permiten advertir, como así lo determinó la responsable, la actualización de la conducta que se atribuye al quejoso, consistente en el transporte de un punto geográfico a otro, de varios extranjeros, incluida una menor de edad, por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria. En tanto que los datos de prueba constituyen indicios razonables para acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto de la forma en la que se transportó por territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, incluida una menor de edad. En primer término, porque se actualiza la acción consistente en el transporte por el territorio nacional, de un punto geográfico a otro, a uno o varios extranjeros; pues dicha acción -transporte- acorde con el significado otorgado por el diccionario de la Real Academia Española, lo es "Llevar a alguien o algo de un lugar a otro"; en el delito imputado al quejoso, se refiere a la realización de movimientos que impliquen el desplazamiento por el territorio nacional de uno o varios extranjeros a un lugar distinto de aquel en que se encontraban. Sin que sea trascendente a) la distancia entre un punto geográfico y otro, o bien, b) que se desconozca el lugar en el que inició el recorrido el sujeto activo con los sujetos pasivos, en tanto que únicamente se requiere, como elemento esencial, que éste desplace dentro del territorio nacional a uno o varios extranjeros de un medio geográfico a uno diverso, lo que queda demostrado, precisamente, cuando es detenido a bordo de un vehículo en el que se encontraron uno o varios extranjeros que, por su naturaleza, se utiliza para transportar personas, circulando, en principio, sobre una carretera que, de igual manera, permitía trasladarse de un punto geográfico a otro. Ciertamente, el hecho de que el elemento de la policía federal ministerial haya solicitado al quejoso que detuviera la marcha del vehículo de motor que conducía y en el que transportaba a las personas extranjeras, sobre la carretera federal 190 que corre de Oaxaca a Tehuantepec, es un aspecto que, por sí mismo, revela que dichas personas fueron objeto de transportación de un punto geográfico a otro, sin que sea necesario demostrar con algún medio de prueba el lugar donde inició el desplazamiento o su destino, ya que se cuenta con el dato objetivo de que se detuvo al quejoso cuando a través de un vehículo trasladaba a los migrantes indocumentados. En segundo término, porque la finalidad de evadir la revisión migratoria, también se actualiza. En efecto, acorde con la definición otorgada por el diccionario de la Real Academia Española, evadir significa "Evadir un daño o peligro/ Eludir con arte o astucia una dificultad prevista/ Fugarse". Y, para comprender a qué se refiere evadir la revisión migratoria se realizan las siguientes precisiones. En principio, debe señalarse que de acuerdo con el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, los movimientos migratorios que pasan por México se componen por grupos de personas que abandonan sus países de origen por problemas relacionados con la violencia, la pobreza o la exclusión social. A menudo, el traslado de un país a otro se produce en la clandestinidad, debido a las restricciones impuestas por las políticas migratorias, al aumento en la seguridad de las fronteras, y la multiplicación de los retenes y controles migratorios. De acuerdo con la Ley de Migración, el control migratorio consiste en la revisión de los documentos que exhiben las personas nacionales o extranjeras que pretenden ingresar o salir del país. Éste se realiza en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, que son los espacios físicos fijados para el paso de personas de un país a otro. Ejemplo de éstos son los aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres autorizadas. Para ingresar de manera regular al país, las personas extranjeras deben acreditar una condición de estancia, la cual depende de su intención de residencia, de la actividad que desarrollarán en el país, o bien, de criterios humanitarios o de solidaridad internacional. Las condiciones de estancia previstas en ley se dividen en dos grupos: visitante y residente. En los filtros de control migratorio, las personas extranjeras deben presentar los documentos siguientes: a) pasaporte o documento de identidad y viaje, y b) cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, o c) tarjeta de residencia o autorización de la condición de estancia. Asimismo, deberán proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. Cuando las personas migrantes no cumplen con los requisitos para su internación a México, el Instituto Nacional de Migración determina su rechazo. El rechazo es la decisión adoptada por el propio instituto en los filtros de control migratorio ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por la que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no cumplir con los requisitos para ello. Mientras son devueltas a su país de origen o residencia, las personas extranjeras permanecen en los lugares destinados al tránsito internacional de personas. Por su parte, la revisión migratoria consiste en comprobar, fuera de los lugares destinados al tránsito internacional, la regularidad de la situación migratoria de personas extranjeras en el territorio nacional. Generalmente, se realiza en puntos de revisión carretera. La verificación migratoria, en cambio, se refiere a las visitas que realiza la autoridad migratoria en lugares o zonas determinadas para corroborar el cumplimiento de los requisitos para la estancia regular de personas extranjeras en México. Usualmente tiene lugar en los domicilios particulares o laborales de las personas migrantes. Las diligencias de verificación y revisión coinciden en que están destinadas a comprobar los requisitos para la estancia regular en el país de las personas que quieren ingresar a México. La diferencia entre ellas es que la revisión se enfoca en la vigilancia del tránsito de las personas extranjeras, generalmente en puntos estratégicos (carreteras o terminales de autobús, por ejemplo). En tanto que la verificación implica la realización de una visita a una determinada persona o lugar en virtud del conocimiento previo de ciertas circunstancias sobre su situación migratoria. En tal sentido, efectivamente, el lugar donde fue detenido el quejoso no constituye un "espacio ubicado en el lugar destinado al tránsito internacional de personas, donde el Instituto [Nacional de Migración] autoriza o rechaza la internación regular de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos", pues no se trata de un filtro de revisión migratoria; como tampoco se trató de un punto de revisión migratoria, pues el punto control instalado sobre la carretera que transitaba el quejoso, y que intentó evadir obedecía a las labores de investigación que realizaban elementos de la policía federal ministerial bajo el mando del Ministerio Público, ajenas a las de revisión migratoria. Ahora, dado que el elemento normativo del tipo penal por el que fue vinculado el quejoso exige que el transporte de los extranjeros sea con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro con el fin de evadir la revisión migratoria, y que dicho aspecto no requiere un medio de comisión específico, en tanto que puede actualizarse en diversas formas. Y, atento a que todo conductor de una unidad de motor, se presume tiene conocimiento que al transitar por cualquier carretera, particularmente las vías federales, como en el caso, en términos de lo dispuesto en el numeral 58 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, debe obedecer las disposiciones contenidas en el aludido Reglamento, así como los dispositivos para el control del tránsito y las que deriven de las posiciones corporales, ademanes, señales visibles y audibles de los policías federales. Por tanto, de advertir la existencia sobre el tramo de la carretera que transita algún punto de control instalado por alguna autoridad sea del ámbito, municipal, local o federal, debe reducir la velocidad y obedecer las instrucciones que pudieran brindarle las autoridades que ahí se encuentren; lo anterior, a fin de garantizar, en primer término, su seguridad, la de los tripulantes del vehículo y de la sociedad en general. En ese tenor, si, en el caso, el quejoso, a la altura del kilómetro 219+000, del tramo Jalapa del Márquez, Tehuantepec, Oaxaca, de la carretera federal 190, particularmente enfrente del COBAO, plantel 35, no obstante la existencia del puesto de control provisional preventivo, identificado con conos y trafitambos, continúo la conducción de su vehículo a exceso de velocidad, se pasó los topes, invadió un diverso carril, que era el del sentido contrario al en que conducía; ello evidencia que su intención era la de evadir la revisión de su unidad de motor o de las personas que la tripulaban; pues, como se indicó, en razón de las obligaciones que tiene como usuario de una vía federal, al advertir la existencia de un puesto de control es evidente, por una parte, que el automotor debe permanecer sobre el carril en que circula, disminuir la velocidad de tránsito y, finalmente, estar atento a las instrucciones que puedan otorgársele; lo que, en el caso, no ocurrió, pues las maniobras que el quejoso realizó sugieren su intención de no pasar por la revisión de la autoridad encargada del puesto de control, esto es, de evadir la revisión respectiva. Apoya lo expuesto la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS. ASPECTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL TÉRMINO "OCULTAMIENTO" PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El ocultamiento a que se refiere el segundo párrafo del artículo citado no sólo puede darse por medios físicos que impidan que las autoridades vean a los extranjeros transportados ilegalmente, sino que también es factible de actualizarse a través de otras formas. Lo anterior es así, si se considera que si bien la ley de la materia no especifica qué elementos han de tomarse en cuenta para estimar cuándo existe el ocultamiento, por ello es menester acudir a la definición del vocablo de referencia: La voz ocultar, según el Diccionario para Juristas, editado por Mayo Ediciones, significa esconder, disfrazar, tapar, encubrir a la vista, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad. Así, el término ocultar que contiene el delito sujeto a estudio es un elemento normativo de intelección jurídica, es decir, que requiere de una valoración jurídica para ser comprendido o entendido; por ende, si falta este elemento, cuya función es hacer más comprensible la descripción objetiva de la conducta, entonces se estará ante la ausencia de uno de los elementos integrantes del ilícito descrito en el artículo 138, párrafo segundo, de la Ley General de Población, por lo que la conducta desplegada no daría nacimiento a la hipótesis delictiva de transportar por territorio nacional a uno o varios extranjeros indocumentados con propósito de tráfico y con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria. Así pues, debe afirmarse que el ocultamiento tiene dos matices: por un lado es de aspecto objetivo, cuando se refiere a disfrazar, tapar, encubrir a la vista; por otro lado, cuando se refiere a esconder, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad, resulta evidente que el ocultamiento deviene en subjetivo, el cual no necesita de medios físicos para actualizarse, sino situaciones que atañen al yo interno de las personas, y que se constituyen cuando la actividad del sujeto activo del delito se verifica en forma engañosa, en la que se advierta que se ha hecho uso de medios que encubran o protejan con mucho cuidado su actuar, para así conseguir violar la ley frente a las autoridades. Por tanto, el elemento normativo consistente en el ocultamiento debe entenderse en el sentido de llevar una cosa de manera escondida, disfrazada, tapada, encubierta a la vista, callando advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazando la verdad encubierta o secreta, para con ello evitar que sea detectada, ya sea por temor a la ley o con el fin de eludirla. Finalmente, el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, también se advierte actualizado; ello, atento a que no se trató de un viaje realizado por razones humanitarias o que el quejoso pretendiera ayudar a las personas de nacionalidad ecuatoriana, pues no refirió formar parte de una asociación u organización encargada de brindar asistencia a personas migrantes ni que tuviera un vínculo familiar con las personas extranjeras; por lo que si la acción que realizó la constituyó el transporte de extranjeros por territorio nacional, sin ubicarse en alguno de los supuestos apuntados y al haberse realizado ese transporte en un vehículo de motor, que implica gastos que deben ser cubiertos, como lo son, entre otros, la gasolina, desgaste de la unidad, casetas, hidratación o alimentos durante el camino; es inconcuso que la intención del quejoso era la de obtener un lucro directa o indirectamente por dicho transporte por territorio nacional; como así lo ilustra la tesis siguiente: "TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MIGRACIÓN. EL ELEMENTO SUBJETIVO "LUCRO" EN ESTE DELITO, OBTENIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PUEDE INFERIRSE ACUDIENDO A LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL Y NO SÓLO DEMOSTRARSE MEDIANTE PRUEBAS DIRECTAS. El citado precepto prevé que comete dicho delito quien con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, por lo que será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual, o inminente. Sin embargo, para demostrar el elemento subjetivo "lucro", ya sea que se obtenga directa o indirectamente, no es indefectible que obren pruebas directas de las que se obtenga un señalamiento directo y específico en el sentido de que el inculpado fuera a obtenerlo, pues puede inferirse acudiendo a la prueba circunstancial, porque lo que pretendió el Órgano Reformador, solamente como nota novedosa al delito -dado su traslado normativo-, fue que la internación del sujeto pasivo sea con fines de lucro, ya sea de forma directa o indirecta; de ahí que si a la víctima se le proporciona alojamiento y comida, se le provee de traslado y se prueba que el sujeto activo fue detenido con aquélla en un punto geográfico muy cercano a la línea divisoria entre un país y otro, sin que se advierta un gesto meramente altruista, de labores de asistencia o de ayuda humanitaria, ello pone de manifiesto que existió el ánimo de lucro en la conducta desplegada por el inculpado; por lo que el juzgador no puede perder de vista elementos subjetivos que conducen a aquella inferencia, por ejemplo, que el sujeto activo era la persona que iba a internar a la víctima a otro país y que le fue entregada por diversas personas (quienes la movilizaron por territorio nacional y le proveyeron los elementos necesarios para tal fin, como transporte, hospedaje, alimentación y demás cuidados), todo lo cual excluye la posibilidad de acoger como hipótesis que se tratara de una ayuda de beneficencia. Por el contrario, la intención de haberla proveído de esos cuidados, revela el propósito de obtener algo a cambio, al inferirse la inminencia de recibir un beneficio económico o en especie, atenta a la previa inversión que implicaron aquellas atenciones (pago de transportación y hotel) y que la empresa criminal concluiría con el traslado de la víctima a otro país." Además, se estima que la juez natural actuó de forma apegada a derecho en relación a la valoración de las expresiones vertidas por las víctimas de nacionalidad extranjeras, pues aquéllas dan cuenta de que se trata de personas extranjeras, en razón a que su acento es diferente "al de los mexicanos" o "a los de la región"; además, expresaron de dónde venían, al referir: "de aquí atrás", y hacia dónde se dirigían "aquí adelante, a Oaxaca"; aunado a que dichas expresiones no se trata de una narración aislada, pues se concatenan con los diversos datos de prueba; de ahí que fue correcta la determinación de la autoridad judicial responsable. Y, en torno al argumento del quejoso, relativo a que la juez responsable no ponderó los datos de prueba conforme a la lógica, máximas de la experiencia y razonabilidad que se requiere para la emisión de un auto de vinculación a proceso; contrario a ello, la ponderación que realizó la responsable con base en las máximas de la experiencia permitían señalar que el hecho de no disminuir la velocidad, saltarse los topes e inclusive circular en un carril diverso al en que se conduce, en inmediación de puesto de control preventivo ubicado en la carretera en que transita, sugiere la intención de evadir una revisión, sea del conductor, el vehículo o de las personas que lo tripulaban, por lo que la apreciación realizada por la juzgadora de ninguna manera riñe con la libertad de apreciación de los datos de prueba que le fueron referidos, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que las tesis que invoca sean aplicables, al menos, para los fines que pretende la parte quejosa, pues, como ya quedó establecido, en la resolución combatida la juez responsable valoró cada dato de prueba y fueron estudiados en su conjunto de manera justificada al precisar su valor probatorio y la forma en que se aportaba para acreditar el hecho imputado; además, las expresiones de referencia, fueron vertidas por las víctimas del ilícito que se imputa al quejoso -las personas extranjeras-, no así por el imputado; y aquéllas constituyeron únicamente un indicio para determinar su nacionalidad, su procedencia y destino, pues dicho aspecto fue corroborado, posteriormente, por la autoridad del Instituto Nacional de Migración, en presencia de su asesor jurídico. De ahí que, como ya se precisó, la juez responsable realizó una adecuada valoración y ponderación de los datos de prueba; además, su determinación se encuentra fundada y motivada. Por lo anterior, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra el auto de vinculación a proceso de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta judicial ********************, reclamado a la juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dicta la sentencia respectiva.

  2. Principal

    PRAL.1279/2022.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. 1° Oficio posterior. Agréguese únicamente para que obre el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, en funciones de jueza de Control; lo anterior, en virtud de que el veintidós de noviembre pasado se acordó idéntico comunicado con el mismo contenido. 2° Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad, ofreciendo como prueba, las consistentes en: "Constancia sobre vinculación a proceso". "Constancia sobre medida cautelar". Disco versátil digital (DVD), que contiene la videograbación de la audiencia inicial y su continuación respecto de la carpeta judicial ********************/********************, del control de la responsable. Índices cronológicos del desarrollo de dichas audiencias. 3° Se reserva proveer sobre la admisión y desahogo del medio de convicción ofrecido, hasta en tanto concluya la licencia oficial del titular de este órgano jurisdiccional. 4° Resguardo de disco. Finalmente, guárdese, en la Secretaría, el disco DVD de referencia. Notifíquese. Así lo acordó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/********************, de la misma fecha; y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1279/2022 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. 1° Informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, en funciones de jueza de Control, mediante el cual rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2° Reserva DVD. Tomando en consideración que la responsable oficiante manifiesta que remite, entre otros, a) copia certificada de las constancias que se emitieron por escrito, b) del disco que contiene la videograbación de la audiencia inicial y su continuación relativas a la carpeta judicial ********************/********************, de su control, y atento a que el comunicado de referencia fue recibido vía sistema integral de seguimiento de expedientes; resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se reciba, en su caso, el aludido medio de convicción. 3° Informa defensor. Se tiene a la responsable oficiante informando, entre otras cuestiones, que: En audiencia inicial el directo quejoso ******************** nombró como defensor al público federal, licenciado ********************, a quien se le discernió el cargo respectivo en esa actuación. Posteriormente, "mediante ocurso lo revocó" y designó, con ese carácter, a la licenciada ********************; sin que hasta la data del comunicado (17/11/********************) haya sido ratificada dicha designación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que: Una vez que haya sido ratificada la designación de la licenciada ******************** como defensora del imputado ********************, en autos de la carpeta judicial ********************/********************, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional. 4° Se reserva. Se reserva acordar respecto del emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto sean recepcionadas las pruebas referidas en párrafos precedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    INC 1279/2022 MESA 8 INC 1279/2022 MESA 8 Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1279/********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Radicación. Mediante auto de quince de noviembre del año en curso, en cumplimiento al proveído de esa fecha dictado en el juicio de amparo 1279/********************, se formó el incidente de suspensión solicitado por ********************, por conducto de su defensor Público Federal, licenciado ****, contra un acto de la jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y de otras autoridades. SEGUNDO. Medida cautelar. En el auto incidental se concedió la suspensión provisional, se solicitó a la autoridad responsable el informe previo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión de los actos reclamados, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2, y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de la suspensión del acto reclamado respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. Con el objeto de proveer en relación a la suspensión solicitada, en términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca (en su carácter de ordenadora y ejecutora), lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la carpeta judicial ********************/********************/********************, del sumario de la citada responsable, el veinte de octubre de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo la autoridad responsable convino en la existencia del acto reclamado. CUARTO. Estudio de la suspensión definitiva. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece que los requisitos para conceder la medida cautelar son: Que lo solicite la parte quejosa. Que no se contravenga el orden público y el interés social. El primer punto está satisfecho, pues del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, en su carácter de imputado en una causa penal. Respecto al segundo punto, de igual forma se cumple, ya que no se advierte que de concederse la medida suspensional se afecte el orden público ni el interés social. Por tanto, con fundamento en los artículos 138, fracción I, 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva al quejoso ********************, para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y el quejoso quede a disposición de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta judicial ********************/********************/********************, por la jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por lo que a su libertad personal se refiere, y a disposición del juez de su causa únicamente para la continuación del procedimiento penal que se le instruye. Precisión. La suspensión así decretada no impide que la autoridad responsable determine, de ser el caso, las medidas alternas que las partes le llegaren a plantear o para que, de estimarlo procedente, determine o varíe alguna de las medidas cautelares impuestas a al quejoso. Duración de la suspensión definitiva. La medida cautelar así concedida surte sus efectos desde luego, y hasta en tanto se notifique a la(s) responsable(s) el auto que declare que ha causado ejecutoria la sentencia que, en su oportunidad, se dicte en el juicio de amparo principal. QUINTO. Se reserva archivar el incidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, en relación con lo señalado en el apartado 3.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se reserva proveer lo relativo al archivo de este incidente de suspensión, hasta en tanto se acuerde el archivo del expediente principal como asunto concluido. Por lo expuesto, fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva al quejoso ******************** contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca en la carpeta judicial ********************/********************/********************, el veinte de octubre de dos mil veintidós; en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. En el momento procesal oportuno, se ordena dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano