Alejandro Cruz Pérez
Expediente 347/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro Cruz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso Alejandro Cruz Pérez; en atención a su contenido, como lo solicita y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copias certificadas de las constancias que señala, quien deberá firmar por su recibo en autos, para debida constancia.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION, al haberse sobreseído en el juicio de amparo y el original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción y depuración de los mismos; en el entendido de que será con posterioridad al TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso; en atención a su contenido, como lo solicita y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copias certificadas de las constancias que señala, quien deberá firmar por su recibo en autos, para debida constancia.
- Principal
Vista la copia certificada del oficio de cuenta, signado por la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional en representación del Delegado y Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que dio contestación a lo peticionado por el quejoso; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Ahora bien, de autos se advierte que el acto reclamando en el presente biinstancial consiste en la omisión de proveer el escrito de veintiséis de enero del año en curso, presentado por el Alejandro Cruz Pérez, en el que solicitó lo siguiente: "ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, promoviendo por mi propio derecho y señalando como domicilio particular el ubicado en localidad Los Bálsamos S/n en la localidad Los Bálsamos, Cosamaloapan, Veracruz con código postal 953300; con número telefónico 288-11-55-878 así también señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el DESPACHO DOS LETRA "A" DE LA CASA MARCADA CON ELNÚMERO 410 DE LA CALLE DOS NORTE DE LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA; autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre, así como para exhibir, recibir y recoger toda clase de documentos y valoras, aun los de carácter personal, al ABOGADO MARIO RANGEL RODRIGUEZ, quien cuenta con cédula profesional número 1737329 con datos de registro en el libro tres foja treinta siete y con número progresivo 146 de fecha siete de enero de 1993, con números telefónicos 044-22-23-44-03-18 y 044- 22 23 54 58-21. Ante usted respetuosamente comparezco a fin de exponer las siguientes consideraciones de carácter legal. Que con fundamento en los artículos 8 y 35 fracción V).23 del Apartado 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de este escrito se me tenga por presente e:1 tiempo y forma legal solicitando se me otorgue la pensión por jubilación por cesantía en edad avanzada de acuerdo a la prerrogativa de edad y años se servidos, toda vez que el suscrito cumple los presupuestos establecidos por la Ley Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el artículo Decimo Transitorio, como se describe a continuación (.) Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, a usted Ciudadano Jefe de Departamento respetuosamente solicito: PRIMERA.- Tenerme por presente en tiempo y forma legal son este escrito solicitando se me otorgue la pensión por jubilación en relación a lo estipulado por el artículo Décimo Transitorio de la citada Ley del lSSSTE, a la que tengo derecho. (.) SEGUNDA.- Tenerme por exhibidos las documentales públicas que se enlistaron con antelación. TERCERA.- Previos los trámites administrativos a que haya lugar, tenga bien otorgarme la pensión por jubilación a que el suscrito tiene derecho en ajuste a la ley citada" Por otra parte, la responsable Titular de la Unidad Jurídica Delegacional en representación del Delegado y Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por oficio 1.4.0809/18 de dos de mayo del año en curso, dio contestación a lo solicitado por el quejoso, en los siguientes términos: "Lic. Arturo Escobar Meléndez Subdelegado de Prestaciones dependiente de la Delegación Estatal en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, competente para dar cumplimiento, toda vez que forma parte de la Delegación Estatal del ISSSTE en Veracruz, cuya jurisdicción territorial abarca el que ocupa el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo anterior en términos de lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 1, 78, 79 Y 80 segundo párrafo del estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 19 y 26 apartado "A" fracciones 1, V y XXVI del Reglamento Orgánico de la Delegaciones Regionales y Estatales del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como los diversos 1 párrafo segundo, 3, 8, 16 fracción 111 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, doy contestación a su escrito de fecha 26 de enero de 2018, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece: "Articulo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de derechos los ciudadanos de la República, A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de /a autoridad a quien se haya dirigido la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario". Esto es, emitir por escrito el acuerdo correspondiente a la petición planteada y la haga del conocimiento, sin importar el sentido de la misma ya que al respecto el imperativo constitucional obliga a toda autoridad a emitir un acuerdo a toda petición, independientemente del sentido de la respuesta emitida. Derivado del escrito, mediante el cual solicita: "se me otorgue la pensión por jubilación por cesantía en edad avanzada de acuerdo a la prerrogativa de edad v años de servicio, toda vez que el suscrito cumple los presupuestos establecidos por la Lev del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el artículo Décimo Transitorio", me permito comunicarle lo siguiente: Es de aclarar que lo solicitado "pensión por jubilación por cesantía en edad avanzada" no existe, ahora bien respecto a esa terminología existen dos tipos de pensiones, la pensión por jubilación, y la pensión por cesantía en edad avanzada. En ese orden de ideas es de informarle que de la revisión realizada al Sistema Administrador de Otorgamiento (SAO) el cual contiene la historia laboral de todas aquellas que cotizan o cotizaron para alguna dependencia federal, se encontró que tiene un tiempo de cotización de 10 años, 11 meses y 10 días, que abarca del 01 de febrero de 1985 al 15 de noviembre de 1995, para la Secretaría de Educación de Veracruz, en ese supuesto para acceder a la pensión por jubilación se requiere, de conformidad a lo establecido por la Ley del ISSSTE, lo siguiente: "... 11.A partir del primero de enero de dos mil diez: a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación conforme a la siguiente tabla: Años Edad Mínima de Jubilación Trabajadores(as) (.) La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja;.." Como se puede apreciar no reúne los años de cotización suficientes para acceder a este tipo de pensión. En lo que respecta a la pensión por cesantía en edad avanzada, la citada Ley del ISSSTE manifiesta: ".c) Tendrán derecho a Pensión por cesantía en edad avanzada, los Trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto. La Pensión a que se refiere esta fracción será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, aplicando los porcentajes que se especifican en la tabla siguiente: 60 años de edad 10 años de servicios 40% 61 años de edad 10 años de servicios 42% 62 años de edad 10 años de servicios 44% 63 años de edad 10 años de servicios 46% 64 años de edad 10 años de servicios 48% 65 o más años de edad 10 años de servicios 50% El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado. La edad mínima para pensionarse por cesantía en edad avanzada se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente: Años Edad para pensión por cesantía en edad avanzada (.) Las Pensiones a que tengan derecho las personas a que se refiere la tabla anterior iniciarán en cuarenta por ciento en cada renglón y se incrementarán en dos por ciento cada año' de edad hasta llegar a la Pensión máxima de cincuenta por ciento;... " Del precepto legal señalado es de observarse que para tener derecho a la pensión de cesantía en edad avanzada es necesario cumplir como mínimo 2 requisitos fundamentales, que son en primera tener 10 años de cotización y segunda cumplir con determinada edad al momento de haber causado baja del servicio activo, siendo para este año 2018 la edad de 65 años. De la copia simple de la hoja única de servicios que anexa en su petición se aprecia que su fecha de baja fue el 15 de noviembre de 1995, de acuerdo a su RFC a la edad de 37 años cumplidos. Es por ello que si bien es cierto tiene el tiempo mínimo de cotización para acceder a ese tipo de pensión, también lo es que al momento de causar baja no contaba con la edad mínima para que le sea otorgado ese beneficio, razón por la cual no es posible acceder de manera favorable a su petición, es decir, no es factible otorgar pensión alguna por parte de este Instituto. (.)." Asimismo, la responsable remitió la factura de cuatro de mayo del año en curso, relativa a la correspondencia depositada en la Oficialía de Partes Delegacional para su envió por servicio de correo certificado con acuse de recibo del que se advierte que se ordenó la notificación del aquí quejoso, respecto del oficio 1.4.3.809/2018, por el que dio respuesta a su solicitud de veintiséis de enero del año que transcurre. En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada el veinticuatro de abril del año en curso, y el dos de mayo siguiente, la responsable proveyó lo conducente respecto al escrito de veintiséis de enero de la presente anualidad, presentado por el aquí quejoso, en el que solicitó le otorgaran la pensión por jubilación y cesantía; por ende, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) En otras palabras, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión de las responsables Delegado y Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, de acordar su escrito de veintiséis de enero del año en curso y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a dichas autoridades a efecto de que se pronunciara en relación al citado escrito; luego, al existir constancia de que le dieron contestación, tal y como ha quedado asentado en párrafos precedentes, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. Cabe precisar que en el caso concreto, no procede dar vista a la parte quejosa, para el efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda que dio origen al presente asunto, con la contestación realizada por la autoridad que señaló como responsable, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, pues de no estar conforme con esta deberá acudir a la vía contenciosa administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que establece lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" De lo anteriormente transcrito, se advierte que en los casos relacionados con las pensiones de los civiles sean éstas a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los derechohabientes deberán acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para combatir las resoluciones que no satisfagan su régimen pensionario, es decir, la vía contenciosa administrativa es la idónea para impugnar la contestación a la solicitud en materia de pensiones. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."
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