Alejandro Contreras Torres
Expediente 208/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro Contreras Torres
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo en el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse por una parte sobreseído y por otra negado el amparo y la protección de la justicia federal; de igual forma, el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración, de los mismos con posterioridad al DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, de autos se advierte que obra por separado un cuaderno auxiliar de prueba formado con copias certificadas de las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad; por tanto, ya que resulta innecesaria su conservación, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario que acuse de recibo, pues obrará en autos la constancia de notificación correspondiente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y recibido por razón de turno ese mismo día en este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, Alejandro Contreras Torres demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables que a continuación se indican: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Magistrados que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 41 Acepta 2 Integrantes de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. 37 Niega La parte quejosa consideró violados sus derechos establecidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el acto que hizo consistir en: ACTO RECLAMADO.- Acuerdo dictado el 30 de enero del 2018 por la autoridad responsable CC. Magistrados que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, mediante el cual acepta la competencia para conocer de la demanda laboral interpuesta por el quejoso en contra del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, hoy en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, rural y Pesca del Estado, por haberse extinguido el Consejo de Desarrollo del Papaloapan, ya que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, órgano jurisdiccional donde presenté mi escrito inicial de reclamación, declinó su competencia para conocer y resolver el juicio laboral 112/VI/2017. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Este Juzgado de Distrito, al que por turno correspondió conocer de la demanda de amparo promovida por Alejandro Contreras Torres, la admitió en acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se mandó dar la intervención legal que le compete a la Fiscal Federal adscrita y a la parte tercera interesada; y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Determinación sobre la competencia para resolver este juicio de amparo. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los efectos de la resolución reclamada se materializaron en una ciudad en la que tiene competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en este juicio es el siguiente: El auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1377/2017-III del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; mediante el cual el referido órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Establecido el acto que se reclama en este juicio de amparo, procede analizar su existencia o inexistencia por tratarse de un presupuesto procesal necesario para su estudio. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable denominada Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto que le fue reclamado. Asimismo, la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba alguna tendiente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad del informe mencionado; por lo que al no haber ofrecido el quejoso prueba en contrario que desvirtúe tal negativa de la autoridad responsable, respecto del acto del que se duele, por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, únicamente respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que le fue reclamado; por tanto, se tiene por cierto para todos los efectos legales. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Aunado a lo anterior, la existencia del acto reclamado se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable en cita, recibidas en acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho; consistentes en copia certificada del expediente 1377/2017-III de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridad legalmente competente para ello. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; mismas que deberán estudiarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. En el caso, el director jurídico y representante legal de la autoridad tercera interesada Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con sede en esta ciudad, mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, manifestó que, a su criterio, se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que, argumenta, el quejoso consintió implícitamente la competencia declinada, ya que no combatió la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que se declinó la competencia que posteriormente fue aceptada en el acto que se reclama en este juicio de amparo y que, a su decir, es la que realmente causó afectación a la esfera de derechos del quejoso. Sin embargo, lo expresado por la autoridad tercera interesada resulta desacertado, pues la resolución mediante la cual se declinó la competencia no produjo una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso y, por ende, no estaba obligado a combatirla. Para explicar lo anterior, conviene destacar que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sin embargo, no debe perderse de vista que la procedencia del amparo indirecto en tal hipótesis se encuentra condicionada a que tales actos sean definitivos. En otras palabras, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontece cuando tal acto es definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechaza y no antes. Por tanto, si el aquí quejoso no combatió la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, de modo alguno puede tener como consecuencia que se haya consentido el acto reclamado, pues el amparo que contra esa resolución judicial se hubiese promovido sería improcedente, según lo explicado en párrafos precedentes. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 5; de rubro y contenido: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En esas condiciones, las causales de improcedencia invocadas por la autoridad tercera interesada no se actualizan, por lo que al no existir ninguna otra que se advierta de oficio o referida por alguna de las partes, se procede a realizar el estudio de fondo del acto reclamado. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para dar contexto al problema jurídico que se resolverá en esta sentencia, a continuación se precisan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. Mediante escrito signado el treinta de enero de dos mil diecisiete, el aquí quejoso Alejandro Contreras Torres demandó del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, el cumplimiento del contrato individual de trabajo y otras prestaciones. De dicha demanda correspondió conocer a la Junta Especial Número Seis, con sede en esta ciudad, radicándola bajo el número 112/VI/2017 de su estadística. Mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, la parte demandada promovió incidente de incompetencia por declinatoria, pues consideró que quien era competente para conocer de la demanda del ahora quejoso era el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. Posteriormente, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, la referida Junta dictó resolución en la que se declaró incompetente para conocer de la demanda del hoy quejoso y remitió el expediente al tribunal antes citado. Finalmente, el treinta de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dictó auto en el que aceptó la competencia planteada. La resolución indicada en el párrafo precedente es el acto reclamado en este juicio de amparo. SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado. Como cuestión previa es conveniente destacar que el estudio de este juicio de amparo se realiza bajo la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, toda vez que el aquí quejoso tiene carácter de trabajador en el juicio laboral de origen. Establecido lo anterior, el quejoso únicamente expresó un concepto de violación que debe tenerse por reproducido, sin que sea necesaria su transcripción, dado que tal circunstancia no lo deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por el Segundo Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No obstante, para mejor comprensión de esta sentencia, a continuación se sintetiza el motivo de disenso expresado en la demanda de amparo. El quejoso considera que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, no es competente para conocer de su demanda, pues afirma que él se desempeñaba como empleado de confianza (por haberse desempeñado como Subdirector Jurídico del ahora extinto Consejo de Desarrollo del Papaloapan) y que el artículo 11 de la Ley Estatal del Servicio Civil (ley que a su vez regula el procedimiento ante el tribunal en cita) dispone que esa ley no es aplicable a los trabajadores de confianza, por lo que de aceptarse la competencia se le deja en estado de indefensión, ya que esa ley no le aplica y no podrá defenderse. Asimismo, refiere que quien debe conocer de su demanda es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Por su parte, la autoridad responsable sostuvo la resolución reclamada con las siguientes consideraciones: XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. VISTO el oficio de cuenta, remitido por la Junta Especial número seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad capital, con anexo consistente en expediente número 112/V/2017 del que aparece que el C. ALEJANDRO CONTRERAS TORRES, demanda al CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN, la reinstalación y otras prestaciones, por lo tanto, de conformidad a los dispuesto por los artículos 55, 56 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 apartado A, fracción III; 3 fracción V; 46 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 4 y 183 fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, así como de la jurisprudencia ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto Estado como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Este Tribunal es competente para conocer del presente controvertido, por lo que se admite la demanda y se registra con el número 1377/2017-III, en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Tribunal, teniendo como única demandada a la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA DEL ESTADO DE VERACRUZ, ya que como se advierte del Decreto por el que se extingue el Consejo de Desarrollo del Papaloapan, publicado en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 314, de ocho de agosto de dos mil diecisiete, los recursos materiales y financieros asignados, adscritos y adquiridos, por cualquier medio, de dicho Consejo, pasaron a formar parte de la mencionada secretaría. Como se anticipó, el quejoso considera que la resolución reclamada es contraria a derecho ya que, a su decir, la autoridad responsable pasó por alto que no es competente para conocer de su demanda, pues en el artículo 11 de la Ley Estatal del Servicio Civil, se dispone que esa ley no es aplicable a los trabajadores de confianza, por lo que si él tenía carácter de confianza, por desempeñarse como Subdirector Jurídico, se le dejará en estado de indefensión, dado que la referida legislación no le aplica. Ahora bien, el artículo 11 de la legislación en comento, dice: ARTICULO 11.- Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los trabajadores: I.- De confianza; II.- De la Universidad Veracruzana; III.- De la Secretaría de Educación; IV.- De Seguridad Pública y Tránsito y Transporte; V.- De los Cuerpos de Supervisión y Custodia o Vigilancia de los Reclusorios del Estado; VI.- De las empresas constituidas con la finalidad de servir de fuentes de financiamiento, a cualquiera de las Entidades Públicas señaladas en los artículos 1 y 2 de esta Ley; y VII.- Las personas sujetas a contrato civil o al pago de honorarios. Conforme lo antes anotado, hay que definir si la exclusión contenida en el precepto legal en cita, tiene el alcance de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, no sea competente para conocer de la demanda del aquí quejoso, es decir, que el referido órgano jurisdiccional no sea competente para conocer de las demandas laborales promovidas por trabajadores de confianza de los Poderes del Estado, los municipios, así como los organismos descentralizados del Estado o municipales y las empresas de participación estatal o municipales, que tengan a su cargo función de servicios público. Para dar contestación a esa interrogante, conviene destacar que el artículo antes transcrito es esencialmente análogo al diverso 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice: ARTICULO 8o.- Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5; los miembros del Ejército y Armada Nacional con excepción del personal civil de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; el personal militarizado o que se militarice legalmente; los miembros del Servicio Exterior Mexicano; el personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que presten sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios. Ahora bien, el último precepto legal en cita fue analizado al resolverse el amparo directo en revisión 247/2009, de la estadística de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció: Finalmente, el recurrente sostiene que el precepto controvertido al señalar la exclusión de la aplicación de la ley reglamentaria en relación con los trabajadores de confianza, viola el artículo 14 constitucional, ya que los deja sin ley alguna que tutele su actuación, les señale sus obligaciones como trabajadores y les garantice sus derechos, por lo que se deja al trabajador de confianza en un total estado de indefensión, ya que no existe ninguna legislación laboral en la cual se regulen sus derechos y obligaciones. El agravio es infundado, toda vez que al señalar el artículo 8 de la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que quedan excluidos del régimen de esa ley, los trabajadores de confianza no significa que se les deje en estado de indefensión y sin ley aplicable, sino que debe entenderse en el sentido de que quedan excluidos de las prerrogativas propias de los trabajadores de base, entre ellas, del principio fundamental de la estabilidad en el empleo, que genera el derecho de reclamar la reinstalación en la fuente de trabajo o la indemnización constitucional por despido injustificado, que es una limitación impuesta por la propia fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, al establecer expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, por lo que se limitan algunos derechos a ese tipo de trabajadores, entre los cuales el más importante es el de la estabilidad o inamovilidad en el empleo, así como el derecho a sindicalizarse, los cuales se reservan para los trabajadores de base. Lo anterior no significa que los trabajadores de confianza al servicio del Estado no cuenten con leyes que los regulen porque dichos trabajadores, como ya se señaló, tienen reconocidos sus derechos laborales en el propio apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, cuya fracción XIV establece que gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede ser restringido, sino por el contrario, que debe hacerse extensivo a las condiciones laborales de cualquier trabajador donde queda incluido el pago de prestaciones tales como el salario ordinario, aguinaldo, quinquenio, entre otras, así como los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, que son medidas protectoras de carácter general, dentro de las cuales se incluyen, entre otros derechos, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, etcétera. Luego, la seguridad jurídica de los trabajadores de confianza, en cuanto a su relación de trabajo, está protegida específicamente por la Constitución, excluyéndolos de los derechos colectivos que consagra y, en cuanto a la relación de trabajo individual, de la estabilidad del empleo, lo que implica que el trabajador de confianza y el de base son regulados en forma diferente, tomando en cuenta sus características, también diferentes; por ende, el derecho constitucional a la reinstalación o la indemnización ante un cese corresponde únicamente a los trabajadores de base y no a los de confianza. Lo anterior tampoco significa que la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional no resulte aplicable a los trabajadores de confianza, porque la exclusión reflejada en el ordinal 8º solamente está referida al principio de estabilidad en el empleo y a las prerrogativas propias de los trabajadores de base, empero, en cuanto a las medidas de protección al salario y de seguridad social, les resulta plenamente aplicable para deducir los derechos correspondientes ante los tribunales laborales competentes, como incluso se desprende, en la parte conducente, de la siguiente tesis de jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. De conformidad con los artículos 115, fracción VIII, in fine; 116, fracción V y 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 2o., 4o., 6o., 8o., 9o., 37 y 96 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal del Estado de México, únicamente tienen derecho a demandar la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, los trabajadores al servicio de esa entidad que ocupen puestos de base o supernumerarios, mientras que los de confianza sólo pueden acudir ante los Tribunales de Arbitraje para dirimir conflictos que pudieran afectar sus derechos laborales en otras cuestiones, como las que se refieran a la protección de su salario y a las prestaciones del régimen de seguridad social. (Novena Época. No. Registro: 179153. Instancia: Cuarta Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Febrero de 2005. Materia(s): Laboral. Tesis: 4a./J. 22/93. Página: 322) En el mismo sentido de la posibilidad de demandar las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de confianza al servicio del Estado, derivadas de las medidas de protección al salario y la seguridad social ante los tribunales laborales competentes, se pronuncia indirectamente la siguiente tesis de jurisprudencia de esta Sala: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA. El hecho de que por no contestar en tiempo la demanda el tribunal correspondiente la tenga por contestada en sentido afirmativo, no tiene el alcance de tener por probados los presupuestos de la acción ejercitada, pues atento al principio procesal de que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los extintivos, impeditivos o modificativos de ella, si el actor no prueba los que le corresponden, debe absolverse al demandado, aun en el caso de que éste, por aquella circunstancia o por cualquier otro motivo, no haya opuesto excepción alguna, o bien, haya opuesto defensas distintas a dicha falta de acción. Por tanto, cuando un trabajador de confianza, que ordinariamente sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinstalación por despido, y a la parte demandada se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los presupuestos de la acción ejercitada y, por ende, debe absolverse a aquélla, habida cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación, en todo tiempo, de examinar si los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas. Con base en la ejecutoria y tesis que anteceden, es factible concluir que la exclusión que prevé el artículo 11 de la Ley Estatal de Servicio Civil del Estado de Veracruz, únicamente está referida al principio de estabilidad en el empleo y a las prerrogativas propias de los trabajadores de base, pero de modo alguno tiene el alcance de que la referida ley no sea aplicable a los trabajadores de confianza para fundamentar sus demandas cuando reclamen otras prestaciones, como pudieran ser las relacionadas con la protección al salario y de seguridad social. Consecuentemente, la exclusión en análisis tampoco tiene el alcance de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, no sea competente para conocer de las demandas laborales promovidas por trabajadores de confianza contra entidades públicas de los Poderes del Estado, los municipios, así como los organismos descentralizados del Estado o municipales y las empresas de participación estatal o municipales. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que del contenido del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se aprecia que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias laborales que se den entre la administración pública estatal y sus empleados. En esas condiciones, se considera que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda promovida por el aquí quejoso, sin que la exclusión prevista en el artículo 11 de la Ley Estatal del Servicio Civil, implique que ese tribunal no sea competente para conocer de la demanda en cuestión, pues tal disposición debe entenderse únicamente referida al principio de estabilidad en el empleo y a las prerrogativas propias de los trabajadores de base. En consecuencia, el primer motivo de disenso expresado por el quejoso es infundado. En esa lógica, si el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda del aquí quejoso es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, también es infundado el segundo motivo de disenso, en el que se sostiene que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda del aquí promovente es el Tribunal de Justicia Administrativa. Máxime, que del contenido de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que regulan la competencia de ese tribunal, se aprecia claramente que las prestaciones que reclama el aquí quejoso en el juicio de origen, no son susceptibles de tramitarse ante el citado órgano jurisdiccional. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, se niega el amparo y protección de la justicia federal a Alejandro Contreras Torres. Cabe destacar, que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. OCTAVO. Transparencia. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOVENO. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 208/2018 del índice de este juzgado, promovido por Alejandro Contreras Torres, únicamente respecto a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alejandro Contreras Torres, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando sexto, por los motivos expuestos en ese mismo considerando. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que aún no transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes, estén en oportunidad de conocer e imponerse del contenido del informe justificado con el que se le dio vista en proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, mismo que se les notificó por lista de acuerdos el día diez de abril de la presente anualidad, por lo que dicho término transcurrirá del doce al veintitrés de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, se procede a diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.
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