Alejandro Correa Artasanchez

Expediente 1224/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1224/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Correa Artasanchez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1224/2023-IV. Puebla, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo signada en forma autógrafa por el quejoso **** por derecho propio, contra un acto del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en San Martín Texmelucan sic, Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, como los acuerdos de este juzgado, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integrarán al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que cuando le sea posible, transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico. Digitalización de la demanda. El escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En el presente caso, se advierte que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia, con las características de notoria y manifiesta. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: [.] Esa resolución fue dictada por el juez indicado en la demanda -como única responsable-, quien desestimó la revocación interpuesta contra el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, donde se repuso el plazo otorgado a los imputados para contestar la acusación, pese a la oposición que había expresado el quejoso. Así que al declararse infundado el recurso de revocación, se mantuvo el acuerdo que había otorgado a los imputados un nuevo plazo de diez días para contestar la acusación, como lo solicitó el defensor de estos en la causa penal **** En esa causa, el quejoso tiene el carácter de víctima. Sin embargo, la mencionada resolución -la que desestimó la revocación- no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse una causal de improcedencia desde este acuerdo, porque resulta manifiesta e indudable. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.. De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así quedó establecido en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad, 1 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, que involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte del juzgador. Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procesos para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal.2 Todas esas premisas conducen a visualizar que el reclamo planteado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que la resolución de veintisiete de octubre dos mil veintitrés, emitida por el juez señalado como responsable, no resolvió el fondo del proceso penal donde el quejoso tiene el carácter de víctima, pues únicamente desestimó la revocación que éste presentó a través de su asesoría jurídica, contra el acuerdo que repuso el plazo para contestar la acusación y otorgó un nuevo plazo de diez días a los imputados, como lo solicitó la defensa de estos. De modo que los efectos de esa resolución, pueden desvanecerse en el futuro si llega a dictarse una sentencia condenatoria en el expediente de juicio oral, que desde luego favorecería al quejoso en su carácter de víctima, pues el juez responsable no ha decidido la materialidad del delito ni la plena culpabilidad. Más aún, si los efectos de la resolución de marras trascendieran a la eventual sentencia definitiva que se dicte contra los imputados, estará el quejoso en posibilidad de interponer el recurso de apelación para que un tribunal de segunda instancia la examine. Pero al no haberse decidido el fondo del asunto, debe estimarse que la resolución combatida por el quejoso carece de los atributos de imposible reparación, ya que la causa penal sigue en trámite y hacia la etapa de juicio oral, en la cual se decidirá con base en la acusación planteada por la representación social, si existen elementos probatorios más allá de toda duda razonable, para considerar que los acusados son responsables del hecho o hechos por los cuales llegue a decretarse la apertura del juicio oral. Luego, es válido afirmar que de momento no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso -como víctima-, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Entonces, debe estimarse que la resolución de veintisiete de octubre dos mil veintitrés el único acto combatido, que declaró infundado el recurso de revocación y mantuvo el acuerdo que otorgó un nuevo plazo a los imputados para contestar la acusación, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite del proceso referido y por ende, no constituye un acto de ejecución irreparable, dado que jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Por tanto, se declara que el acto combatido por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. En tales condiciones, se desecha la solicitud de protección con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, dado que la resolución atribuida al juez responsable no tiene los atributos de imposible reparación. Anotaciones internas. Por otro lado, se instruye a la oficial judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico y autorizados El quejoso solicitó recibir notificaciones personales por la vía electrónica y tener acceso al expediente electrónico, para lo cual proporcionó el usuario siguiente: ****. Luego, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, que habilite la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico para el quejoso, con el referido nombre de usuario, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Por otra parte, se tiene como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las profesionistas **** y ****, porque así fue solicitado y estas tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, queda autorizado en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, la restante persona nombrada por el quejoso, porque no tiene registrada su cédula profesional en el referido sistema electrónico. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. De cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso vía electrónica; y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano